"No compartimos el auto. Ni este Gobierno ni los valencianos que nos dieron el apoyo. Este Gobierno continúa trabajando y con un apoyo cerrado, incondicional, al presidente Camps", esta es la reacción del Gobierno valenciano a la noticia de que Camps deberá sentarse en el banquillo.
Pero aunque la portavoz del gobierno valenciano crea que las urnas eximen de la responsabilidad penal, Camps será juzgado por un presunto delito de cohecho impropio. Esa es la reacción de su gobierno, auspiciada por el silencio del Partido Popular ante uno de los hechos más graves de nuestra democracia.
No podemos permitir que Francisco Camps siga ejerciendo su cargo de presidente cuando está en tela de juicio su honradez. El presidente de su partido y candidato a la presidencia del Gobierno de España debe apartar a un imputado de tan alta responsabilidad de inmediato.
En lugar de presentar candidatos con una trayectoria impecable de servicio publico, los líderes de algunos partidos políticos han utilizado todo tipo de ambigüedades y vacíos legales para incluir a imputados por delitos asociados con la corrupción en sus listas electorales.
Enviemos un mensaje claro y atronador: no queremos a imputados en las instituciones públicas.
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