Tras dos años de vigencia de la norma se evidencia que los principales problemas y carencias no son sólo cuestiones económicas.Fermín P. Pina
Domingo 01 de marzo de 2009
"La actual Ley es tan necesaria como débil e imprecisa"
Dos años después de que entrase en vigor la Ley de Dependencia, su implementación en el territorio nacional sufre enormes desigualdades entre las comunidades autónomas, además de que el propio texto ha demostrado padecer carencias importantes. No sólo se trata de una cuestión de números, sino también de la redacción y aplicación de la norma. La coordinación, metodología y sostenibilidad de la ley son asignaturas suspendidas para una norma con mucho camino aún por recorrer.El reciente estudio del Observatorio Nacional de la Dependencia, coordinado por el Centro de Investigaciones ERI Polibienestar y dirigido por Alicia Azaña, revela que España se encuentra a la cola de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en cuanto a las partidas presupuestarias dirigidas a dependencia. Mientras que la media se sitúa en el 1,25% del PIB, en España apenas alcanza el 0,6%, muy lejos de la mayoría de países europeos.
Los datos son aún peores si se tiene en cuenta el crecimiento de las personas dependientes previsto para 2010, que superará entonces el 6,2% de la población total española.
Carencias en coordinación, metodología y sostenibilidad
El director de ERI Polibienestar y Catedrático de Escuela Universitaria por la Universidad de Valencia, Jorge Garcés Ferrer, afirma que “la actual Ley de Dependencia es una medida necesaria e importante, pero a la vez muy deficiente por la concepción de la propia norma”.
La primera de las principales carencias del texto es la baja coordinación sociosanitaria que plantea. Según Garcés, “actualmente las actuaciones en sobre la dependencia son muy puntuales, llevadas a cabo por colectivos aislados con muy poca coordinación”. Jorge Garcés plantea la necesidad de crear “itinerarios profesionales programados que permitan colocar a los especialistas donde deben estar”.
Otro de los puntos débiles de la Ley de Dependencia evidenciado tras sus dos años de aplicación es la falta de metodología en la gestión de casos. “Es imprescindible tratar cada caso de forma individual, estudiar su incidencia y su progresión en el tiempo para poder optimizar los recursos”. Así, según Garcés, “se consigue que cada dependiente reciba la atención que necesita, de los profesionales que necesita y en el momento en el que lo necesita. Un aspecto que la actual Ley no perfila y deja de forma arbitraria”.
Mirando hacia el futuro, otro de los problemas de la Ley de Dependencia es la sostenibilidad. El sistema actual de pensiones y cotizaciones, así como el reparto de las mismas, plantea la incógnita de si en los próximos años será capaz de sostener a una población española cada vez más vieja y con una esperanza de vida exponencialmente más alta. No en vano los ciudadanos mayores de 65 años rozarán los 7,8 millones en 2010, superarán los 11,6 millones en 2030 y alcanzarán los 16,3 millones en 2050, según datos del INE recogidos en el “Informe sobre la Implementación de la Ley de Dependencia en España”. “Con este sistema, es improbable que nuestros hijos puedan disfrutar de las mismas prestaciones por jubilación o minusvalía que existen enla actualidad”, sostiene el director de ERI Polibienestar.
Aumento del gasto social
Así, es evidente que el problema en España no es sólo una cuestión económica. Según el catedrático, “la Ley de Dependencia demuestra el recalentamiento que el país sufre en su sistema sociopolítico y que se aprecia en todo el continente europeo”.
Según Garcés, “se ha producido un aumento en la desconfianza sobre los sistemas sociales y políticos paralelo al crecimiento en el gasto social, que repercute negativamente en los medios financieros”.
Sin embargo, esa crecida en el gasto social se concibe de forma paradójica: “Los ciudadanos quieren un sistema de seguridad bueno y de calidad. Pero no están dispuestos a pagarlo mediante sus impuestos”, afirma Garcés
Pacto de Estado por el Bienestar
“La Ley de Dependencia actual es tan necesaria como débil y mejorable. Después de dos años se ha demostrado que hay demasiados aspectos poco matizados, que hacen que los recursos no se aprovechen”, apunta Jorge Garcés.
En este contexto, un Pacto de Estado por el Bienestar se antoja como medida casi imprescindible para garantizar la asistencia a corto, medio y largo plazo de los millones de personas dependientes en España. Pacto propuesto y perseguido en numerosas ocasiones por el conseller de Bienestar Social, Juan Cotino y que definiría las necesidades de aplicación de una norma con independencia del color político de la clase gobernante, como se ha hecho a lo largo de los años de democracia con materias como la economía, el terrorismo o la justicia.
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