La pareja de discapacitados intelectuales que pelea por recuperar a su recién nacida, actualmente bajo la tutela de la Junta, recurre a la vía judicial
03.03.09 - SILVIA TUBIO
03.03.09 - SILVIA TUBIO
Esmeralda, con casi dos meses de vida, es demasiado pequeña para saber hasta qué punto sus padres biológicos están dispuestos a luchar por ella, aunque los factores jueguen en su contra. La batalla emprendida por Sara y David, dos jóvenes gaditanos con discapacidad intelectual, para recuperar a su recién nacida proseguirá en los juzgados. Ambos se han puesto en manos de un letrado de Cádiz que se ha ofrecido a ayudarles y que en los próximos días presentará formalmente en los juzgados de Primera Instancia de Cádiz la oposición a la resolución administrativa de la Junta, que culminó con la suspensión cautelar de la patria potestad y el ingreso de la neonata en el centro de protección San Carlos de Chipiona.
Con ese acto jurídico, la representación letrada de la pareja recurre a la vía judicial y no va a esperar a que la Junta se pronuncie definitivamente, revocando la decisión inicial o confirmando la suspensión de la patria potestad. Bienestar Social siempre ha defendido que se adoptó esa resolución a partir de los informes emitidos por los Servicios Sociales de San Fernando, que alertaron del riesgo de desamparo de la menor. Esos factores que juegan en contra de la pareja son: la falta de recursos económicos y las dificultades añadidas para emprender una vida independiente dada la minusvalía severa que presentan los padres, quienes antes de nacer la pequeña vivían en un domicilio sin servicios básicos como luz y agua corriente.
Sin embargo, la historia de Sara y David ha provocado un aluvión de quejas y también ha movilizado a decenas de colectivos, como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que desde distintos puntos de España están reivindicando el derecho de Sara a ser madre y que la Administración vele por los intereses de ambas, sin que conlleve la retirada del bebé. Estas reivindicaciones han sido enviadas al Defensor del Pueblo Andaluz, que aún no se ha pronunciado.
Cuando el juez reciba la oposición firme del abogado, solicitará a la Junta que remita el expediente completo para que lo conozcan las partes, no sólo la defensa de la pareja sino también el Ministerio Fiscal. Posteriormente, se abre un plazo de veinte días, durante el cual los jóvenes presentarán una demanda contra la suspensión cautelar de la patria potestad.
Cambio de residencia
En estos momentos, la Junta sigue recabando información sobre los jóvenes, que han dejado el piso tutelado que les ofreció Afanas y han sido trasladados a una residencia que también gestiona esta organización en El Puerto. La Administración les permite visitar a su hija una vez por semana, durante una hora, en el centro de Chipiona.
Pero fuentes del entorno de la pareja, que están trabajando por reconducir la situación, explicaron a este medio que la madre está atravesando por un momento muy difícil, con crisis de ansiedad, porque teme que la Junta no modifique la resolución inicial y se oponga abiertamente a la demanda que en las próximas semanas será planteada en los juzgados de Primera Instancia.
stubio@lavozdigital.es
Con ese acto jurídico, la representación letrada de la pareja recurre a la vía judicial y no va a esperar a que la Junta se pronuncie definitivamente, revocando la decisión inicial o confirmando la suspensión de la patria potestad. Bienestar Social siempre ha defendido que se adoptó esa resolución a partir de los informes emitidos por los Servicios Sociales de San Fernando, que alertaron del riesgo de desamparo de la menor. Esos factores que juegan en contra de la pareja son: la falta de recursos económicos y las dificultades añadidas para emprender una vida independiente dada la minusvalía severa que presentan los padres, quienes antes de nacer la pequeña vivían en un domicilio sin servicios básicos como luz y agua corriente.
Sin embargo, la historia de Sara y David ha provocado un aluvión de quejas y también ha movilizado a decenas de colectivos, como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que desde distintos puntos de España están reivindicando el derecho de Sara a ser madre y que la Administración vele por los intereses de ambas, sin que conlleve la retirada del bebé. Estas reivindicaciones han sido enviadas al Defensor del Pueblo Andaluz, que aún no se ha pronunciado.
Cuando el juez reciba la oposición firme del abogado, solicitará a la Junta que remita el expediente completo para que lo conozcan las partes, no sólo la defensa de la pareja sino también el Ministerio Fiscal. Posteriormente, se abre un plazo de veinte días, durante el cual los jóvenes presentarán una demanda contra la suspensión cautelar de la patria potestad.
Cambio de residencia
En estos momentos, la Junta sigue recabando información sobre los jóvenes, que han dejado el piso tutelado que les ofreció Afanas y han sido trasladados a una residencia que también gestiona esta organización en El Puerto. La Administración les permite visitar a su hija una vez por semana, durante una hora, en el centro de Chipiona.
Pero fuentes del entorno de la pareja, que están trabajando por reconducir la situación, explicaron a este medio que la madre está atravesando por un momento muy difícil, con crisis de ansiedad, porque teme que la Junta no modifique la resolución inicial y se oponga abiertamente a la demanda que en las próximas semanas será planteada en los juzgados de Primera Instancia.
stubio@lavozdigital.es
3 comentarios:
Rosa Conca
No me creo que simplemente se la hayan quitado por vivir en un piso sin luz ni agua, con la de personas que hay viviendo así. Seguro que las alarmas saltaron por ser una pareja con diversidad funcional intelectual, si no ni se hubieran preguntado nada al respecto. Que se preocupen de dar las condiciones para poder vivir con dignidad.
Carmen Morales
La junta segun la convencion de la onu sobre los derechos de las personas con discapacidad (diversidad funcional) tiene la obligacion de ayudar a esta pareja a formar su familia y no a disolverla proporcionandole los medios que para ello sean necesarios pues eso tambien es velar por el interes de la menor
No es permisible que en un estado democrático se actúe de manera tan feudal, pues así es como se comportaron cuando entraron al hosspital y arrebataron de los brazos de la madre a Esmeralda, desplazando violentamente al padre contra la pared y protagonizando un episodio que dejaron alucinados a propios y extraños presentes en aquel momento. No se puede tolerar que los servicios sociales instigaran a Sara para que aceptase el aborto y que al no aceptarlo, les amenazasen con quitarles a su hija al nacer, abandonándola durante todo el tiempo de gestación. ¿Qué tipo de protección al menor es este que aplicó el más injusto de los abandonos cuando la ley les debe protección? Siento profunda vergüenza de quienes gobiernan un pueblo bajo estas premisas y con total ausencia de humanidad, como también siento vergÚenza de todos los que de una manera u otra, con silencios delatores se ponen de parte de quienes miran para otra parte, aún cuando nos mientan con proyectos de una vida diferente. Respecto del Defensor del pueblo andaluz, es mejor no entrar en ese terreno, pues seguramente en su trabajo arrastrará su penitencia. Dos meses enmudecido en un tema de estas características es demasiado para su condición. Todavía sigo esperando contestación a la queja que le envié. ¡País!
Enric Rubio
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