Madrid- 09/03/2009
Las personas con discapacidad y sus familias son un grupo social con señales de identidad propias que en los últimos años, en todos los países avanzados, se han convertido en destinatarios crecientes de legislaciones y políticas públicas singularizadas. Estas legislaciones y políticas parten de la comprobación del hecho de que estas personas, precisamente por su situación de discapacidad, presentan menores oportunidades para llevar una vida individual y social normalizadas y están sometidas a factores de exclusión que los colocan en una posición de inferioridad respecto de la ciudadanía sin discapacidad.
Para alcanzar una igualdad real, los poderes públicos y las sociedades han desplegado una acción pública y civil múltiple dirigida a evitar la discriminación de las personas con discapacidad, por un lado, y a dotarles de apoyos y recursos, por otro, a fin de que alcancen una posición equiparable a la del resto de miembros de su comunidad.
Esta acción ha sido particularmente intensa en la esfera del empleo y la ocupación. No afirmo nada novedoso si digo que el empleo es uno de los factores preferentes de socialización y de participación regular en la vida comunitaria. Para las personas con discapacidad, la importancia del acceso al mercado de trabajo se multiplica en relación con el resto de la población, pues empleo significa, en nuestro caso, vía privilegiada de participación social. Sin un puesto de trabajo, digno y de calidad, es muy difícil llevar una vida autónoma, independiente, y decidir por uno mismo. Sin empleo, las mujeres y hombres con discapacidad se colocan en posiciones de dependencia, al arbitrio de instancias ajenas al propio sujeto, y siempre en permanente peligro de marginación y exclusión sociales.
El empleo es un bien escaso y precioso para la discapacidad; en tiempos de expansión económica, y también en tiempos de crisis. Por este motivo, la acción movilizadora y transformadora del tejido social de la discapacidad se ha centrado en establecer condiciones que favorezcan el acceso regular a la ocupación por parte de este grupo de población. Hemos trabajado estos últimos años, con alguna eficacia, en tres grandes planos: la mejora del marco normativo regulador de la inclusión laboral de las personas con discapacidad; la toma activa de conciencia por la sociedad de las potencialidades laborales de estos trabajadores y la creación, a través de fórmulas de economía social, de empresas sostenibles, cuya justificación última ha sido la generación de empleo de calidad para estas personas.
Esta preocupación de movimiento social de la discapacidad por que el empleo de estas personas figure con entidad propia en la agenda política, económica y social del país, es la que ha llevado al Gobierno de España, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración, a reconocer al Cermi con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Esta alta distinción del Estado, cuya concesión agradecemos especialmente al Ministro Corbacho, que la propuso al Consejo de Ministros, no sólo nos honra; nos llena también de responsabilidad como discapacidad organizada; nos compromete más firmemente aún con el objetivo irrenunciable de avanzar en la inclusión laboral de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad.
Tenemos por delante, querido Ministro, el despliegue y aplicación de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de las Personas con Discapacidad 2008-2012, aprobada por el Gobierno de España en el mes de septiembre pasado, y que inaugura un nuevo e inédito marco de concertación entre la Administración General del Estado, los interlocutores sociales (sindicatos y organizaciones empresariales) y el sector de la discapacidad para el desarrollo de renovadas y vigorosas políticas de empleo con destino a las personas con discapacidad. Esta Estrategia, gestada en tiempos de expansión económica y de crecimiento del empleo, sigue plenamente vigente, porque todas las partes aspiramos a transformar estructuralmente los modelos de inserción laboral de la discapacidad, pero ha de ser urgentemente completada con un plan de medidas de choque contra la destrucción de empleo de trabajadores con discapacidad. La actual crisis, grave para todos, afecta de modo particularmente intenso al empleo de las personas con discapacidad. Sobre todo en la esfera del empleo protegido, estamos percibiendo los estremecedores efectos de la crisis, que se traducen en pérdida de empleos, costosamente logrados con el esfuerzo de años, y en el desmantelamiento de empresas y estructuras productivas. A través del diálogo, con consenso de las partes, con audacia y con creatividad, hemos de poner en práctica una serie de medidas eficaces que contrarresten las letales consecuencias de la crisis en el empleo de las personas con discapacidad.
Gracias, Ministro, por proponer la concesión de esta condecoración al Consejo de Ministros, y por hacernos entrega de la misma en nuestra sede, en este cálido acto, en el 12º aniversario de la creación del Cermi. Gracias, Ministra, por haber apoyado activamente su concesión y por haber querido compartir estos momentos de alegría con la representación de la discapacidad. Gracias también a las personas cuyas eficaces gestiones han desembocado en este acto: al Secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, y al diputado José Vicente Muñoz, amigos de la discapacidad y amigos del Cermi.
Asistimos a una época de inquietud e incertidumbre. Vivimos tiempos turbulentos y temerosos. Pero la precariedad extrema de este presente revuelto, no debe hurtarnos la posibilidad de imaginar y anticipar el futuro. No sabemos cómo será ese futuro; pero mantengamos la convicción –la ilusión, dirán los más escépticos– de que podemos forjarlo; de que será lo que deseemos. Pero para que sea eso, para que se asemeje a nuestra voluntad, el futuro ha de encontrarnos trabajando. Como movimiento social de la discapacidad, como Cermi, haremos honor a la alta distinción que hoy nos entrega el Gobierno de España del modo más provechoso que conocemos: trabajando por la discapacidad.
Muchas gracias.
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