Por José Luis Ferrando Lada/ Profesor de la UNED
Los diferentes colectivos de las personas con discapacidad quieren hacer oír su voz.
Están cansados de que unos y otros vayan a su particular juego político mientras contemplan sorprendidos que las expectativas que había provocado la ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia se van esfumando.
Unos y otros son las administraciones públicas -nacional y autonómica- a las que han señalado con el dedo, puesto que son ellas las que han de cumplir y hacer cumplir los contenidos de esta ley. Una ley que salió adelante en el Parlamento español con la aprobación de prácticamente todos los partidos. ¿A qué viene ahora lanzarse acusaciones a propósito de la aplicación que cada una de las administraciones ha de hacer de la ley? Estamos ante una ley que fue pensada en beneficio de las personas que requieren especiales ayudas para alcanzar algún grado de autonomía y una más cuidada atención para las situaciones de dependencia. Sus dos grandes pilares son la promoción de la autonomía y la atención a la dependencia.
Este doble objetivo marcado en la exposición de motivos de la ley no puede paralizar, desatender o minusvalorar los esfuerzos que las asociaciones o fundaciones de iniciativa social vienen realizando, algunas desde hace 50 años. El fantasma de la privatización de servicios como residencias, clubes de ocio, centros especiales de empleo, talleres ocupacionales, viviendas tuteladas? asusta a muchas familias y asociaciones.
A más de esa estrategia -que casi parece obedecer a un guión consensuado entre unos y otros-, dos nuevos elementos intervienen de manera explícita o de forma solapada. Por un lado, la excusa tantas veces repetida -y que les sirve de escudo para no invertir nada a causa de la cacareada crisis financiera- que es el argumento de que se sirven unos y otros cuando se les recuerda el compromiso legal: «No disponemos de recursos.» Y - por otro- el echar mano de los amiguetes que puedan lavar la cara, por ejemplo de la Administración autonómica, firmando unos cuantos convenios de colaboración, como ha ocurrido estos últimos días: deprisa y corriendo, y con todo lujo de fotografías.
Y ahí entran también las mismas asociaciones de familias sin ánimo de lucro: las que parece que han actuado desde el convencimiento de que ha llegado ya la hora de gritar el «¡ sálvese quien pueda!» y han optado por salvarse ellas solas como sea.
¿Qué va a ser de las demás asociaciones? ¿Van a quedar al margen de recibir apoyo de la Administración autonómica tantas pequeñas organizaciones de familias que, enfrascadas en la atención directa, no saben, no quieren o no pueden formar parte de esa trama de amiguismo?? ¿La ley 39/06 no era igual para todos?
Cansados de las viejas promesas convertidas en falsas expectativas, muchas familias afectadas y los mismos discapacitados -con carritos y muletas, y llegados de toda la comunidad autónoma en autobuses que ellos mismos se pagan, ¡y sería bueno que lo aprendieran los partidos políticos para sus mítines y concentraciones!- han decidido hacerse presentes hoy delante de las sedes de la Delegación del Gobierno y de la Presidencia de la Generalitat.
Precisamente en Valencia porque -me dicen- es precisamente aquí donde, según simples análisis de datos, más radicalizadas están las cosas y peores artes maneja nuestra Administración autonómica. Un afectado me sopla: ¡qué bueno sería que alguien explicara con detalle el alcance real de muchas de las noticias y cifras que maneja la conselleria del señor Cotino! ¿Contra quién van? Contra nadie y contra todo lo que parece ser una ceremonia de confusión: simplemente quieren que pueda percibir la ciudadanía cuál es la situación en que está al mundo de la discapacidad por culpa de unos y de otros.
Por eso se han manifestado ante sus sedes, para que les vean las caras: ellos y sus votantes. Porque ya están cansados de que les tomen el pelo con fotos, palabras bonitas y leyes que ahora dicen que se han convertido de golpe en una norma de imposible cumplimiento. Como algún discapacitado me ha dicho, «lo peor no es que no podamos disfrutar de los derechos que nos otorga el artículo 49 de la Constitución.
Lo que ahora más nos duele es que están matando la ilusión que ellos mismos habían alimentado con su ley antes de las pasadas elecciones». Los convocantes de la manifestación no han encontrado otro medio para desenmascarar los falsos pretextos y cifras mentirosas que unos y otros manejan. Necesitan gritar, aunque algunos ni pueden, y otros desconfían de que sus gritos puedan servir de algo.
Pero su presencia en el centro de la ciudad debería ser indiscutiblemente un aldabonazo que, según dicen, puede que no sea el último. Porque se preguntan hasta cuándo tendrán que estar esperando. Y no les queda mucho margen para ello.
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