La Generalitat sabía cuántas personas tenían derecho a la ayuda dos años antes de la Ley
Barcelona, 23 nov (EFE).- La Generalitat sabía cuántas personas discapacitadas tenían derecho a ayudas dos años antes de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en enero de 2007, ya que en 2005 tenía contabilizadas 356.530 con algún tipo de discapacidad, según datos del departamento de Acción Social y Ciudadanía.
Así lo ha denunciado el presidente del colectivo Papás de Álex, Antonio Moreno, quien ha indicado, en declaraciones a Efe, que el gobierno catalán "no puede argumentar ahora que no se esperaba la avalancha de peticiones que se ha producido".
Los datos del departamento de Acción Social y Ciudadanía de 2005 indican que ese año 356.530 personas padecían algún tipo de discapacidad, ya sea física motriz, física, visual, auditiva, psíquica o enfermedad mental.
La mayor parte de estos discapacitados se ubicaba en la comarca del Barcelonès, con 140.280 personas, a la que seguía la del Baix Llobregat (39.199), el Vallès Occidental (36.529) y el Vallès Oriental (14.203), como las más numerosas.
Moreno ha considerado que estas cifras "daban una idea de que la aplicación de la Ley de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia requería una preparación y supondría unos gastos importantes por parte de la administración, por lo que ahora no nos vale a los familiares de discapacitados que la Generalitat diga que quizá no se pueda aplicar por la crisis".
El Gobierno de Rodríguez Zapatero calculaba en el momento de la aprobación de la ley que el primer año de aplicación, 2007, se podrían atender unas 200.000 personas dependientes graves y que, progresivamente, se cubrirían todas las necesidades de este colectivo.
Este calendario ha resultado totalmente superado por la realidad, ya que cerca del 80% de los solicitantes de ayudas viven en su domicilio y no eran usuarios de los servicios sociales municipales, según la Generalitat, lo que ha retrasado el proceso de implementación de la ley, según la administración catalana.
Además, "la deficiente financiación de la Ley por parte del Gobierno dificulta también el despliegue", argumenta el departamento, que ha reclamado en reiteradas ocasiones más aportación estatal.
Este año se beneficiarán del sistema unas 55.000 personas en Cataluña, para lo que se han doblado este ejercicio los recursos destinados a atender a las personas con dependencia grado III y grado II nivel 2 (las más graves), superando los 702 millones de euros, según datos de Acción Social y Ciudadanía.
Aunque el presidente de Papás de Álex reconoce que el Estado debe aportar más para los dependientes que viven en Cataluña, "también es cierto que la aplicación de la ley no se hace todo lo bien que debería hacerse, y en eso está de acuerdo el Síndic de Greuges", asegura.
Por ello, Moreno propugna la creación de "un dispositivo de control de calidad en sus procesos administrativos y de relación transparente con el ciudadano", similar al que tienen otros departamentos, como el de Salud.
Este control de calidad debería hacer respetar los plazos que marcan las normativas, que los procesos de petición de ayudas pudiesen ser seguidos por los demandantes, e incluso que, en el supuesto de que un funcionario no atendiera como se debe a un ciudadano, poner una denuncia, ha explicado.
En este sentido, el departamento estudia la creación de una unidad específica de atención al cliente que pueda gestionar las consultas y las dudas de las personas dependientes.
También recuerda que el teléfono de la dependencia (900 300 500) atendió el pasado año 59.400 llamadas y que actualmente la media diaria supera las 500.
© EFE 2008
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