¡Hace ya tres años!
Su implantación es parte necesaria del Estado de Bienestar. La atención a las situaciones de dependencia, a las que todas las personas estamos expuestos, es un derecho ciudadano que debe ser convenientemente provisto por el Estado con las prestaciones y servicios adecuados, no con ayudas graciables fundamentadas en consolidar la hipoteca social de mantener a las mujeres en el hogar asumiendo más trabajo no remunerado. El Derecho a una vida digna no prescribe con la edad ni con las situaciones de dependencia, su atención adecuada es un deber público.
Al cumplirse tres años de vigencia de la Ley de la dependencia, denunciamos su lenta aplicación y nos dirigimos al Gobierno Valenciano, responsable de su desarrollo, para constatar y denunciar que:
Existe un gran retraso en su implantación: La valoración y resolución de los grandes dependientes debería haberse concluido en el 2007, y a finales de 2009 sigue pendiente.
El funcionamiento administrativo es lento y confuso: Es frecuente la pérdida de expedientes, la exigencia repetitiva de documentación ya presentada y la privatización sin control de los servicios.
No hay transparencia en una gestión nada participativa. Ausencia de interlocución: Hasta hace dos meses no tuvo lugar la primera entrevista con la administración después de años de solicitarla.
Interés de negar derechos regulando el silencio administrativo negativo.
Las solicitudes, que en realidad son personas, están amontonadas en una desordenada lista de espera, sin plazos de gestión ni sistema de comunicación sobre su tramitación, que son derechos, no lo olvidemos, de las personas en situación de dependencia.
Si quieres más información, ponte en contacto con la plataforma más cercana:
Al cumplirse tres años de vigencia de la Ley de la dependencia, denunciamos su lenta aplicación y nos dirigimos al Gobierno Valenciano, responsable de su desarrollo, para constatar y denunciar que:
Existe un gran retraso en su implantación: La valoración y resolución de los grandes dependientes debería haberse concluido en el 2007, y a finales de 2009 sigue pendiente.
El funcionamiento administrativo es lento y confuso: Es frecuente la pérdida de expedientes, la exigencia repetitiva de documentación ya presentada y la privatización sin control de los servicios.
No hay transparencia en una gestión nada participativa. Ausencia de interlocución: Hasta hace dos meses no tuvo lugar la primera entrevista con la administración después de años de solicitarla.
Interés de negar derechos regulando el silencio administrativo negativo.
Las solicitudes, que en realidad son personas, están amontonadas en una desordenada lista de espera, sin plazos de gestión ni sistema de comunicación sobre su tramitación, que son derechos, no lo olvidemos, de las personas en situación de dependencia.
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Alacant , Alzira , Aspe-La Romana-Hondón de las Nieves , Camp de Morvedre , Castelló , Crevillent , Elda-Petrer , Elx , L’Alcoià-El Comtat , La Costera-La Canal , La Rivera , Los Serranos , Sax y Comarca , Valencia y Vega Baja.
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