Una mujer reprocha a
Esperanza Aguirre, en un
acto, el retraso en la Ley
de Dependencia
PILAR ÁLVAREZ - Madrid - 07/10/2009
María Ángeles cogió ayer a Aguirre del brazo. La interceptó cuando salía del aula de una guardería nueva tras dejar una pregunta en el aire. "Presidenta, mi marido se murió antes de que le llegara la ayuda", le dijo. Y añadió: "La Ley de Dependencia no me sirvió, es una pena". Así, cara a cara, a menos de un metro, en un pasillo lleno de niños, vecinos, políticos, periodistas, la mujer le lanzó su reproche. "Nosotros hacemos la valoración en el momento que nos llega", le respondió Esperanza Aguirre.
Antonio sufrió un infarto cerebral que le dejó en cama durante cinco años
La presidenta acababa de salir de un aula llena en Fuenlabrada. Terminó un discurso sobre escuelas infantiles. Respondió -a pesar del empeño de sus asesores por evitarlo- a cuestiones relacionadas con el caso Gürtel o el chasco olímpico de Madrid. Pero no contestó a la última pregunta de este periódico sobre los retrasos en la tramitación de las ayudas de la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid. Sólo reciben ayuda la mitad de quienes tienen reconocido ese derecho, 18.588 personas. La Comunidad está por detrás de Castilla y León o Galicia en casos atendidos, a pesar de que ambas autonomías tienen muchos menos habitantes.
"No me ha gustado que se fuera sin responder, conozco a ancianos, a vecinas desbordadas, gente sin ayuda para nada, por eso la paré", explica María Ángeles Ortega ya en casa, con los ojos azules escondidos tras las gafas. Vive rodeada de recuerdos de su marido, Antonio Fernández. Conserva la cama hospitalaria, que compraron sin subvención, el sillón terapéutico con el que uno de sus hijos lo incorporaba.
Antonio, oficial de construcción, sufrió un infarto cerebral en 2003, con 63 años. Perdió la capacidad de hablar. Quedó inmóvil, "como esta lata de Coca-Cola", dice la mujer. María Ángeles dejó su trabajo de limpiadora para cuidarle. Pidió un crédito de 30.000 euros para reformar la casa: puertas más anchas, una ducha sin bordillo, más espacio en el salón... "Ha sido un enfermo muy sufrido, no daba guerra, pero había que estar con él todo el día", recuerda la mujer. Fernando, uno de sus hijos, le atendía por la mañana; ella, por la tarde, con sus otros tres hijos o algún vecino.
Fernando tramitó las ayudas. Llega al salón con un montón de papeles en cada mano. "Hice muchos viajes de un lado a otro... para nada", resume. Presentó la solicitud para que le reconocieran la situación de dependencia en mayo de 2007. En agosto llegó el expediente con la valoración: grado II, nivel 2, el segundo en importancia tras los grandes dependientes. El informe incluye una lista de ayudas posibles: teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día, dinero... El hombre murió siete meses después, en febrero de 2008, antes de recibir nada. Una portavoz de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales justificó ayer que la atención a enfermos con el grado de dependencia de Antonio entró en vigor en 2008. El plazo administrativo para responder era de seis meses, añade. No se retrasaron, aunque ninguna normativa les obliga tampoco a apurar los plazos de cada trámite. Para Antonio llegaron tarde. Su familia aún paga el préstamo que pidieron para hacer su vida más fácil.
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