Zapatero quiere más dinero autonómico para Dependencia a cambio de nuevos impuestos
Nueva pelea presupuestaria. Se veía venir, porque a las comunidades autónomas les está costando más dinero que al Estado, pero muchas de ellas dan largas a los exámenes iniciales de la dependencia para reducir los gastos. Las ayudas a la dependencia son el nuevo campo de batalla entre Gobierno y comunidades autónomas, política social frente a recortes presupuestarios.
El Gobierno sostiene que la mitad de los costes derivados de la aplicación de la Ley de Dependencia deben ser sufragados por las autonomías y pueden ser cubiertos de manera suficiente con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que entrará en vigor en 2010 y que contiene un incremento en el reparto de los ingresos que va desde el 33% hasta el 50% del IVA. Otro 50% en el caso de los ingresos por el Impuesto sobre la Renta (IRPF) y el 58% en el capítulo de los impuestos especiales.
Zapatero parece tener muy claro que los gastos que origine el Sistema de Dependencia deben sufragarse con ingresos impositivos y descarta otras vías complementarias de financiación, como las planteadas en el informe de cinco expertos independientes elaborado a petición del Congreso de los Diputados.
Este estudio, presentado en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados por el secretario general de Política Social y Consumo, Francisco Moza, proponía cinco formas de conseguir más recursos para una financiación que permita la aplicación suficiente de los servicios que hay que dar a los más de 800.000 dependientes reconocidos hasta el momento.
En este informe se proponía subir el IVA otros dos puntos o aumentar la cesión de lo recaudado de este impuesto a las comunidades; establecer una cotización para la pensiones, que los pensionistas paguen parte del coste de las recetas en las farmacias; recuperar el Impuesto sobre Sucesiones o suscribir un seguro obligatorio a partir de una determinada edad.
A pesar de todas estas recomendaciones, Zapatero está dispuesto a que las comunidades autónomas aumenten sus recursos propios para reducir sus déficits. Así, en 2008, diez de las diecisiete comunidades autónomas incumplieron el objetivo presupuestario que habían acordado con Economía.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera presentó un informe en el que se comprueba que más de la mitad de las comunidades había superado el límite pactado, que se situaba en el 0,75% del PIB. El problema es estructural, porque las comunidades más endeudadas fueron las que más se alejaron del objetivo inicial.
Es por ello, que la futura Ley de Economía Sostenible, que el Gobierno aprobará en las próximas semanas, prevé modificar el Impuesto sobre Circulación de los vehículos para que grave en mayor medida a los automóviles más contaminantes y sea más asequible para los pequeños utilitarios, tal y como se hizo con el de Matriculación.
En este texto, también se prevé incluir nuevos incentivos fiscales para las inversiones en eficiencia energética, energías renovables e I+D, que se aplicarán a través de desgravaciones en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades.
Se trata de un cambio de estrategia a favor de las comunidades autónomas, después de que el Ministerio de Ciencia e Innovación perdiese en la partida destinada a programas de I+D+i de los Presupuestos Generales del Estado para 2010 con un descenso del 3,1% respecto a 2009.
Mientras tanto, los ayuntamientos acumulan una deuda de 32.677 millones de euros —el 3,1% del PIB, según el Banco de España—, y los Presupuestos Generales para 2010 no van a ayudarles a sanear sus cuentas. La financiación de las haciendas locales de cara al año que viene cae un 18,2%, lo que supone casi 3.000 millones menos para las maltrechas arcas municipales. Este será el próximo capítulo de la lucha por las partidas presupuestarias.
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