Aprobada por unanimidad la Ley de
Accesibilidad Universal al Transporte
La norma obliga a adaptar el sistema de transporte en el plazo máximo de ocho años
El conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, en los pasillos de las Corts se mostró satisfecho porque es la primera ley que presenta en las Corts y ha sido aprobada por unanimidad. En este sentido, destacó algunos aspectos de esta nueva normativa como el trazado de una línea roja en los que estará "terminantemente prohibido aparcar o estacionar vehículos, por ser zonas de acceso para personas con problemas de movilidad, especialmente en aceras y paradas de transporte urbano".
Sanciones de hasta 300.000 euros
También se exigirá la adaptación de un número mínimo de taxis o que los municipios de más de 20.000 habitantes adapten sus aceras en un periodo máximo de dos años. Flores resaltó la importancia de las sanciones, que pueden variar de los 150 euros hasta los 300.000.
Otro de los aspectos es que la nueva ley engloba a la totalidad de los elementos y servicios que permiten el desplazamiento de los ciudadanos, ya sea mediante modos de transporte mecanizados o no mecanizados, públicos o privados. Mario Flores que la ley "prioriza a los peatones y ciclistas frente a los vehículos motorizados en el reparto del espacio público, lo que demuestra la apuesta clara del Consell por conseguir ciudades más amables para todos los ciudadanos".
El conseller explicó que a partir de ahora "los municipios deberán elaborar un Plan de Adaptación de itinerarios urbanos a las personas con problemas de movilidad, evaluando el nivel de adaptación de todas las aceras y otros elementos destinados a los peatones de la localidad". Antes del 31 de diciembre de cada año, cada municipio elaborará un documento que refleje el grado de cumplimiento de los objetivos del Plan, documento que será sometido a información pública y trasladado al órgano de participación para su conocimiento.
Entre las obligaciones que marcará la ley destaca que todos los municipios de más de 20.000 habitantes deberán tener todas las aceras adaptadas en un periodo de cuatro años. Por lo que respecta a los municipios de menos de 20.000 habitantes que no alcancen las 10.000 viviendas, deberán adaptar su red peatonal a las necesidades de las personas con problemas de movilidad en los plazos más breves posibles y en todo caso en un plazo máximo de ocho años.
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