SEGOVIA
La Ley de Dependencia pincha con el papeleo
UGT y PSOE lamentan los excesivos retrasos en la concesión de las ayudas, que a veces se demoran hasta dos años
Sólo el 20% de los demandantes de ayudas han recibido la prestación pedida
Va a ser cierto eso que dicen de que las cosas de palacio van despacio. El 'vuelva usted mañana' que tanto ha estigmatizado a la función pública se alarga, en algunos asuntos, más de la cuenta y de lo deseado por los usuarios. Los procesos burocráticos y el maremágnum de papeles a reunir y presentar para obtener el sello autorizador se hacen eternos, tanto que incluso hay personas que se mueren en el intento. No es una exageración, es un desgraciado hecho comprobado y denunciado por la Federación de Servicios Públicos de Unión General de Trabajadores (UGT) con respecto a la aplicación de la Ley de Dependencia, y más concretamente en lo que se refiere a la concesión de servicios o subvenciones a los demandantes de alguna de las líneas de ayuda incluidas en el sistema que se puso en marcha hace prácticamente tres años.
Ya se quejaba hace unos meses el delegado de la Junta en Segovia, Luciano Municio, de que el dinero era escaso y llegaba tarde. Se quejaba amargamente de que las partidas destinadas por el Estado a poner en práctica la teoría de la legislación sobre la atención a la dependencia eran rácanas. La conclusión que sacaba el representante autonómico en la provincia era que, al fin y al cabo, las familias se rascaban más el bolsillo que la Administración central.
Desproporción
Mientras el Ejecutivo central acarreaba a mediados de este ejercicio con el 16% de los costes de los servicios y de las ayudas establecidas, las familias ponían el 21% del importe que conlleva la aplicación de la normativa -algo más de un euro de cada cinco de las cuantías-. El resto de la cobertura económica corre a cargo de la Junta de Castilla y León, precisó en su día Luciano Municio. Un reparto de gastos, al menos en apariencia, desproporcionado.
Pero más allá de la cuestión financiera -que supondría reconvertir la problemática en un dilema similar al del liderazgo de otros proyectos como el palacio de congresos y exposiciones que aguarda la ciudad-, la Ley de Dependencia afecta directamente no sólo a la calidad de vida de los ciudadanos que carecen de la autonomía suficiente para valerse por sí mismas, sino a todas aquellas personas que les rodean y que se encargan de prestar la asistencia precisa. Son los cuidadores familiares, también contemplados en la normativa y que en cerca del 80% de los casos son mujeres.
El responsable de Organización de la federación de UGT en Segovia, Miguel Ángel Mateo, concluye que las buenas intenciones de la Ley de Dependencia han pinchado con el exceso burocrático. «Es un trámite demasiado farragoso, se piden demasiados documentos y requisitos», comenta el portavoz sindical. Todo ese tortuoso camino desemboca en formidables retrasos en el acceso a la prestación de turno solicitada, ya sea la ayuda a domicilio de la persona dependiente, la habilitación de una plaza en una residencia o el apoyo a los cuidadores familiares.
Norma estancada
El representante de UGT de Segovia percibe que el desarrollo de la ley de dependencia «se ha estancado». Miguel Ángel Mateo señala que a los servicios de asesoramiento que ofrece el sindicato han llegado casos particulares de retrasos de hasta dos años en la concesión de la ayuda.
Ese punto de vista es compartido por la secretaria provincial socialista de Bienestar Social, Isabel Olalla, quien recientemente ha denunciado que «más del 20% de los segovianos que tienen reconocida su situación de dependencia no acceden aún a ninguna de las prestaciones que recoge la ley». La portavoz del PSOE basa su queja en los propios datos hechos públicos por la Junta, encargada de gestionar las prestaciones y ayudas, líneas que, por su parte, impulsa y cofinancia el Gobierno socialista. Las estimaciones de Isabel Olalla y de Miguel Ángel Mateo coinciden en indicar que cerca de medio millar de segovianos no cuentan con los servicios solicitados, cuando en la provincia residen algo más de 3.000 ciudadanos que deberían beneficiarse de la legislación.
«No sirve decir que falta un documento, por ejemplo, para justificar el retraso que lleva la puesta en marcha de la ley, sino que hay que aprovechar el tiempo, comprometerse y esforzarse para que nuestros dependientes accedan lo antes posible a las ayudas y prestaciones y para dignificar su vida cotidiana», apunta Olalla
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