Informes desvelados por este periódico sobre la aplicación de la Ley de Dependencia reflejan comportamientos irregulares de algunas comunidades autónomas. Cada una de ellas tiene que contribuir a la aplicación en su territorio de esa norma de gran relevancia social con una cantidad igual a la aportada por el Estado. Sin embargo, Canarias, Baleares o Murcia reciben del Estado más dinero del que ellas ponen; y en casos como Valencia, Madrid y Canarias hay un considerable retraso en la aplicación de la ley. Urge aclarar si estas situaciones responden a la falta de dinero o de voluntad política, a la desidia o una mezcla de factores.
La única manera de saberlo es un debate público transparente sobre lo que gasta cada comunidad, cómo lo gasta y cuántas personas dependientes son realmente nuevas o meros maquillajes contables de servicios prestados anteriormente. Las comunidades han de facilitar sus datos y el Gobierno central ha de garantizar que una ley vital para tantas familias españolas, y que suscitó enormes esperanzas, se cumpla de modo que todos dispongan de la cobertura social que precisan en idénticas condiciones, vivan donde vivan. Porque el resultado es el aumento de las listas de espera de ciudadanos, ancianos en su mayoría, que luchan contra el tiempo y están siendo privados de un derecho que se les había prometido.
La aprobación de la Ley de Dependencia hace tres años fijó un marco de progreso que iba a situar a España a la altura de los países más avanzados en cobertura social. La nueva norma estaba llamada a convertirse en nuevo pilar del Estado de bienestar. Pero tres años después no se puede decir que se haya logrado alcanzar el objetivo, ni que la aplicación de la ley lleve el ritmo adecuado para conseguirlo. La galopante recesión ha cambiado prioridades y reducido la presión sobre unos Gobiernos agobiados ahora por el paro.
La fuerte descentralización de los servicios asistenciales hace imprescindible la cooperación de las Administraciones autónomas para la eficacia de la ley. Puede ser su fortaleza, pero es también su debilidad si no hay suficiente coordinación y absoluta transparencia. Es imperdonable que hoy por hoy la Ley de Dependencia languidezca por el incumplimiento de algunas Administraciones. Y que el Estado central no haya sido capaz de atajar ese problema.
No hay comentarios:
Publicar un comentario