De lo abstracto a lo concreto.

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Ley de Dependencia: ¿dónde está el sentido común?

Por Jairo García García

Resumo la situación de mi abuela, con datos concisos, para no alargar el artículo.

Edad: 96 años.

Grado dos de dependencia reconocido.

Ayuda concedida: 320 euros mensuales (que serían 480 si acude a un centro de día o residencia pública o concertado).

Domicilio: San Justo-Villaviciosa.

Reside con su hijo y nuera que, aunque parezca increíble hoy en día, ambos trabajan. De lunes a viernes, acude a un centro de día en Villaviciosa, el único del concejo, que es privado.

Centro de día no privado que le correspondería: Nava.

Situación actual del centro de Nava: con lista de espera y con más de 40 kilómetros de recorrido, algo poco racional y hasta ilegal para sus condiciones físicas.

Centro de día alternativo que le ofrecen: Gijón, pero sin transporte, lo que obligaría a la familia a desplazarse 25 kilómetros dos veces al día para dejarla y recogerla en el centro (100 kilómetros diarios entre idas y vueltas).

Situación del centro de día de Villaviciosa: al borde del cierre, ya que, ante la situación económica del país, la mayoría de familias prefieren cobrar el dinero de la Ley de Dependencia en lugar de invertirlo en enviar a las personas dependientes a los centros.

Ante este panorama, me pregunto lo siguiente: cuando cierre el centro de día de Villaviciosa, si no puede acudir a Nava ni a Gijón, ¿quién la va a poder cuidar en condiciones? Únicamente queda como alternativa una residencia, que, además, iría contra la voluntad de la afectada y de toda la familia. Además, ¿cuántas residencias se pueden pagar con la ayuda de dependencia y poco más de 500 euros de pensión?

Por otra parte, los políticos nos piden reactivar la economía gastando dinero y luego, en una ley en que la excepción debería ser que la familia se quedara el dinero, ¿no nos dan otra opción?

Teniendo en cuenta que no es viable que vaya al centro de día de Nava, ni a Gijón, ¿tan difícil sería concertar plazas con el centro de Villaviciosa y, de esta forma, ayudar a evitar su cierre?

Un municipio con casi 20.000 habitantes y una población envejecida, ¿no necesita ese servicio?

¿Esa es la forma de este Gobierno de ayudar a jóvenes emprendedores? ¿Éstos son los que tienen que sacarnos de la crisis? ¿Los que tienen que reducir el paro? En lugar de tanta palabrería y engaño político, ¿no sería más práctico, fiable y barato aplicar el sentido común?