Peones de la dependencia
La excepción de la Ley, el cuidado familiar pagado, se ha hecho norma en Andalucía · Carmen Vega es un caso práctico
Pedro Ingelmo
Carmen Vega, junto a una foto suya tomada hace diez años, enseñando todo el papeleo que le ha permitido acogerse a la Ley de Dependencia.
Carmen Vega, 62 años, lo tiene todo muy ordenado: su casa y sus papeles. El primer papel es una tarjeta del INEM. Carmen es demandante de empleo, sella su tarjeta y figura en la escala Diez, que está reservada a los peones. Son eufemismos. Carmen no es peón y no demanda empleo porque ya tiene uno: dar de comer, asear y cuidar a su padre de 88 años. Cobra 493 euros por ello, un salario que le ha costado dos años de papeleo. No tiene derecho a paro, no tiene derecho a servicios médicos por sí misma y carece de vacaciones pagadas por su trabajo y fines de semana libres. Carmen es una más de una plantilla virtual de 40.236 andaluces a los que la Junta denomina cuidadores no profesionales. Son familiares que "hacemos el trabajo que no tiene capacidad para hacer la Administración". Carmen sería considerada un caso tipo, una categoría: persona sin ingresos propios, mujer, y de más de 50 años. Lo que en la Ley de Dependencia figuraba como una excepción, en Andalucía es la norma. Pero Carmen no quiere ser un caso tipo, Carmen es ella y sus problemas, no una categoría.
En septiembre, la consejera Micaela Navarro disfrazó de virtud la imprevisión y anunció una dotación de 200 millones de euros más, casi un 38% por encima de lo previsto, para asegurar la aplicación de la Ley. Ninguna estimación suponía que las valoraciones arrojarían, de 254.000 peticiones, un saldo de 190.000 grandes dependientes o dependientes severos .
"A la Administración no le pareció mala solución el cuidador no profesional porque era más barata que poner en marcha dispositivos de los que se carece", explica Torcuato Recover, abogado de la FEAPS-Andalucía. "Uno de los mayores problemas es la ausencia de plazas en los centros, por lo que se ofrecen plazas muy lejanas. Se reconoce el derecho en la valoración, pero no se puede aplicar". Por tanto, si el familiar se hace cargo, la Junta encuentra salida para personas mayores que sus servicios, muy por debajo de las ratios europeas, no pueden absorber.
La Junta trabaja a marchas forzadas. Se formará en tiempo récord a 13.000 cuidadores sin formacion, se han entregado créditos a pequeños ayuntamientos para que pongan en marcha la asistencia a domicilio y el número de plazas, todavía insuficiente, ha crecido un 30% en dos años. Primero fue la Ley, "con gran repercusión mediática", recuerda Recover, y luego lo demás.
Carmen era secretaria de artes gráficas en Madrid y lo dejó para volver a Cádiz para cuidar a su padre, pintor jubilado. De eso hace trece años. Vive en un piso del derruido Cerro del Moro por un pequeño alquiler. La pensión de su padre es de poco más de 500 euros y ella, sola, sin familia, ha estado con él día y noche. La salud de su padre se fue apagando y en 2006 un infarto fue el pistoletazo de un deterioro meteórico de continuos ictus y un diagnóstico final, leucoencefalopatía, que iban reduciendo su capacidad de movilidad, de lenguaje y del control de los esfínteres. Al tiempo, aparecían episodios agresivos. Desde que salió la Ley, Carmen pidió una valoración de dependencia. Pasó del 80% inicial al 90% y, de repente, como si se obrara una inexistente cura milagrosa, se zanjó con un 40%. Más papeleo sobre la evidencia y una decisión final: 94%. Su padre pasa las horas contemplando sin expresión una plaza interior desde su silla de ruedas.
Carmen tiene una foto de una mujer atractiva y sonriente. Es ella hace no tantos años, diez. Ahora le duelen las manos, la artrosis la invade. Cojea. También se ha venido abajo. Ella no lo dice, pero sus ojos no son los de la foto. El menisco se ha sumado a los achaques. El médico lo ha visto claro: hay que operar. La Junta también lo ha visto claro: opérese, nos llevamos tres meses a su padre, pero usted no cobra la ayuda. No cuida de su padre, no cobra. Así viene en la Ley. Carmen se rebela. "Estoy en un callejón sin salida. Necesitaré seis meses de rehabilitación. Tengo que recoger a mi padre a los tres meses, supongo que con muletas. Puedo recibir ayuda de dos horas diarias de asistencia domiciliaria... si renuncio al dinero. ¿Qué hago?".
Ese qué hago lo ha escuchado muchas veces Torcuato Recover sobre una ley que no sabe de excepciones. "Cada persona dependiente es un mundo". Mientras, la Administración se multiplica para atajar fraudes, familias que sacan a sus mayores de los geriátricos para percibir las ayudas. Lo resume uno de los expertos en discapacidad del país, Vicenç Navarro. "La Ley estimula una economía sumergida, pues los familiares utilizan el dinero de una manera informal, contratando a personal, la mayoría inmigrante, sin formación".
No es el caso de Carmen, que enseña su casa, orgullosa de que esté impoluta. Su padre se despide saludando levemente con la mano. Carmen ordena sus papeles de nuevo y cojea hasta la cocina. Es la hora de la comida. Papá ya tiene hambre.
En septiembre, la consejera Micaela Navarro disfrazó de virtud la imprevisión y anunció una dotación de 200 millones de euros más, casi un 38% por encima de lo previsto, para asegurar la aplicación de la Ley. Ninguna estimación suponía que las valoraciones arrojarían, de 254.000 peticiones, un saldo de 190.000 grandes dependientes o dependientes severos .
"A la Administración no le pareció mala solución el cuidador no profesional porque era más barata que poner en marcha dispositivos de los que se carece", explica Torcuato Recover, abogado de la FEAPS-Andalucía. "Uno de los mayores problemas es la ausencia de plazas en los centros, por lo que se ofrecen plazas muy lejanas. Se reconoce el derecho en la valoración, pero no se puede aplicar". Por tanto, si el familiar se hace cargo, la Junta encuentra salida para personas mayores que sus servicios, muy por debajo de las ratios europeas, no pueden absorber.
La Junta trabaja a marchas forzadas. Se formará en tiempo récord a 13.000 cuidadores sin formacion, se han entregado créditos a pequeños ayuntamientos para que pongan en marcha la asistencia a domicilio y el número de plazas, todavía insuficiente, ha crecido un 30% en dos años. Primero fue la Ley, "con gran repercusión mediática", recuerda Recover, y luego lo demás.
Carmen era secretaria de artes gráficas en Madrid y lo dejó para volver a Cádiz para cuidar a su padre, pintor jubilado. De eso hace trece años. Vive en un piso del derruido Cerro del Moro por un pequeño alquiler. La pensión de su padre es de poco más de 500 euros y ella, sola, sin familia, ha estado con él día y noche. La salud de su padre se fue apagando y en 2006 un infarto fue el pistoletazo de un deterioro meteórico de continuos ictus y un diagnóstico final, leucoencefalopatía, que iban reduciendo su capacidad de movilidad, de lenguaje y del control de los esfínteres. Al tiempo, aparecían episodios agresivos. Desde que salió la Ley, Carmen pidió una valoración de dependencia. Pasó del 80% inicial al 90% y, de repente, como si se obrara una inexistente cura milagrosa, se zanjó con un 40%. Más papeleo sobre la evidencia y una decisión final: 94%. Su padre pasa las horas contemplando sin expresión una plaza interior desde su silla de ruedas.
Carmen tiene una foto de una mujer atractiva y sonriente. Es ella hace no tantos años, diez. Ahora le duelen las manos, la artrosis la invade. Cojea. También se ha venido abajo. Ella no lo dice, pero sus ojos no son los de la foto. El menisco se ha sumado a los achaques. El médico lo ha visto claro: hay que operar. La Junta también lo ha visto claro: opérese, nos llevamos tres meses a su padre, pero usted no cobra la ayuda. No cuida de su padre, no cobra. Así viene en la Ley. Carmen se rebela. "Estoy en un callejón sin salida. Necesitaré seis meses de rehabilitación. Tengo que recoger a mi padre a los tres meses, supongo que con muletas. Puedo recibir ayuda de dos horas diarias de asistencia domiciliaria... si renuncio al dinero. ¿Qué hago?".
Ese qué hago lo ha escuchado muchas veces Torcuato Recover sobre una ley que no sabe de excepciones. "Cada persona dependiente es un mundo". Mientras, la Administración se multiplica para atajar fraudes, familias que sacan a sus mayores de los geriátricos para percibir las ayudas. Lo resume uno de los expertos en discapacidad del país, Vicenç Navarro. "La Ley estimula una economía sumergida, pues los familiares utilizan el dinero de una manera informal, contratando a personal, la mayoría inmigrante, sin formación".
No es el caso de Carmen, que enseña su casa, orgullosa de que esté impoluta. Su padre se despide saludando levemente con la mano. Carmen ordena sus papeles de nuevo y cojea hasta la cocina. Es la hora de la comida. Papá ya tiene hambre.
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