1. Presupuestos personales para jóvenes y personas mayores con discapacidad en Reino Unido
El programa piloto de presupuestos individuales concluyó el 31 de diciembre de 2007. La Red de Evaluación de Presupuestos Individuales (con la participación de la Unidad de Investigación de Política Social, la Unidad de Investigación de Servicios Sociales y el Kings College) presentará su informe en la primavera de 2008.
Este programa piloto ha producido un amplio volumen de materiales, con los que se prepara una Guía Práctica que sirva a los consejos para analizar las ventajas de poner en marcha el sistema de presupuestos individuales, y asistencia para llevarlo a cabo.
No obstante, y en vista del resultado de estos programas piloto, el gobierno de Reino Unido lanzó el pasado 10 de diciembre de 2007 el proyecto “Putting People First”, con el objetivo de avanzar más en el proceso de dar a los usuarios de servicios de asistencia más control y posibilidad de elección.
Este proyecto se ha puesto en marcha a través de un acuerdo entre el gobierno central, los gobiernos locales, el Sistema Nacional de Salud y la unidad de asistencia social. Para llevar a cabo este proyecto se ha anunciado una dotación de 723 millones de euros extra para los próximos tres años que servirán para transformar el actual sistema de asistencia social. Casi la mitad de estos fondos vienen del Sistema Nacional de Salud, consciente del impacto que la atención social tiene en la salud de las personas y en su bienestar.
De esta forma, a partir de abril de 2008, jóvenes con discapacidad y personas mayores de 150 municipios recibirán el control sobre cómo gastan el dinero que reciben de las administraciones locales para los gastos derivados de su atención. Los receptores de estos fondos, a través de las comunidades locales, recibirán en una cuenta bancaria el importe que antes disfrutaban a través de servicios públicos o presupuestos personalizados. Esta cuenta bancaria deberá ser diferente a su cuenta habitual, para evitar que se empleen para otros propósitos.
En esta aplicación piloto también cabe la opción de que el beneficiario decida en qué servicios quiere gastar los fondos y que sean las administraciones públicas quienes los abonen directamente y sin pasar por la cuenta del beneficiario.
Los receptores de las ayudas tendrán restricciones a la hora de hacer uso de esos fondos, que deberán emplearse para aquellos servicios que se hayan recogido en el plan de asistencia. En los programas piloto las administraciones locales responsables del programa recibían una vez al mes el extracto de la cuenta en la que se detallaba cómo se habían gastado los fondos.
El sistema de los presupuestos individuales (distinto al sistema de los presupuestos personalizados) se basa en que cada receptor de estas ayudas debe valorar sus necesidades personales y de salud, y decidir en qué servicios y con qué proveedores desea gastar esos fondos, de acuerdo con sus prioridades personales. No obstante, no se trata de un sistema aplicable a todo el mundo, puesto que la complejidad de contratar todos los servicios necesarios impide su aplicación a personas con un menor grado de autonomía.
En Reino Unido se habla de una revolución en el ámbito de la asistencia social, en la que el verdadero poder pasará a los individuos, que habían pasado de ser pacientes a ser clientes y que ahora pasarán a ser empleadores.
2. Análisis de iniciativas que fomenten la vida independiente de las personas con discapacidad y estudios al respecto
La Oficina sobre Discapacidad del Gobierno Británico publica periódicamente investigaciones en el marco de la “Independent Living Review”.
El primero de ellos se titula “Mejores resultados, menores costes” y analiza las implicaciones en los presupuestos de atención social y sanitaria de la adaptación y mejora de viviendas y equipamientos.
Esta investigación, realizada en colaboración con la Universidad de Bristol en Reino Unido, señala que las inversiones en adaptación de viviendas de personas mayores y de personas con discapacidad supondría un importante ahorro para los presupuestos públicos. Así, se podrían reducir en gran medida la atención en instituciones residenciales de las personas usuarias de sillas de ruedas, mientras que la adaptación de su propia vivienda resultaría mucho más económica y permitiría su vida independiente.
De la misma forma, la adaptación y la adquisición del equipamiento adecuado reducirían los costes de la asistencia domiciliaria, puesto que las personas mayores o con discapacidad podrían tener un nivel de autonomía más elevado.
También se podría reducir mediante la adecuada adaptación de la vivienda los accidentes más comunes de las personas mayores y con discapacidad, como son las rupturas de caderas que suponen millones de euros anualmente en toda Europa.
Un equipamiento adecuado reduciría, igualmente, los costes de atención sanitaria de las personas al cuidado de familiares con discapacidad y de los profesionales auxiliares de atención domiciliaria, que sufren frecuentemente de dolencias musculares y óseas debido al transporte de personas con movilidad reducida.
La segunda investigación se titula “Costes de la Vida Independiente”, en la que se analizan los costes derivados de la vida independiente de las personas con discapacidad para concluir que estos costes son iguales, cuando no menores, que los de la atención tradicional.
Para llegar a estas conclusiones el estudio analiza los costes de los centros de institucionalización frente a los costes asociados a una vida autónoma, como son los costes directos de los servicios de atención. Se tienen en cuenta, también, los estudios que hablan de los beneficios psico-sociales de la vida independiente de las personas con discapacidad frente a los de la estancia en instituciones.
3. Consulta nacional sobre oportunidades de mejora de las políticas y de los servicios facilitados por las administraciones públicas
En la primavera de 2007, la Oficina para la Discapacidad puso en marcha una consulta pública acerca de qué temas son importantes para las personas con discapacidad y en qué ámbitos de trabajo debería centrarse el gobierno.
La consulta abarcó todas las áreas que se consideran claves para la vida de las personas con discapacidad: educación, empleo, salud, vivienda, redes sociales y transporte. En el caso de Reino Unido, las competencias de algunos de los ámbitos citados en esta consulta están descentralizadas a Irlanda del Norte, Gales y Escocia.
Se llevaron a cabo tres grandes eventos de consulta en Londres, Manchester y Edimburgo, y, a través de las organizaciones locales de personas con discapacidad, se llevaron a cabo reuniones de consulta a menor escala. También se consultó a las organizaciones de personas con discapacidad y al público en general a través de la página web.
La consulta se centró en qué significa la igualdad para las personas con discapacidad, con las siguientes cuestiones:
- ¿Qué significa la igualdad para las personas con discapacidad?
- Ejemplos de igualdad que las personas con discapacidad hayan presenciado o conocido
- ¿Debería el gobierno avanzar en una normativa única sobre la discapacidad? O ¿Debería promover medidas en los distintos ámbitos de la vida de las personas con discapacidad?
- ¿Qué aspectos de la vida de las personas con discapacidad –en sus primeros años, en la transición a la vida adulta, el empleo y la vida independiente- debería centrarse el gobierno para comprobar qué avances se han alcanzado?
Además de las respuestas recogidas en las consultas presencias, se recibieron más de 400 respuestas escritas.
Las respuestas señalaron:
- La diversidad del grupo de personas que pueden considerarse como personas con discapacidad. Esto tiene un impacto considerable en la forma de medir la igualdad puesto que las circunstancias personales varían mucho, y porque hay importantes diferencias entre las personas con discapacidad y no sólo entre ellas y las personas no discapacitadas
- Las personas que participaron de la consulta apoyaban masivamente un modelo social de discapacidad, en el que las desigualdades experimentadas se perciben como causadas por políticas, prácticas y estructuras discapacitantes, y no como resultado de una situación personal.
- Se apuntaron un amplio número de campos en los que medir la igualdad: educación, transporte, empleo, vivienda, participación política, actitudes sociales, crímenes, etc.
Con las respuestas a esta consulta se está elaborando un listado de medidas que se usarán para analizar si las acciones del gobierno están produciendo algún cambio en la vida de las personas con discapacidad. Estas medidas se incluirán en el informe anual de 2007 de la oficina, que aún no se ha publicado.
4. Obligación legal de elaborar un plan para alcanzar la igualdad de las personas con discapacidad
En 2007 se llevó a cabo una auditoría acerca del grado de cumplimiento de las autoridades públicas locales de la obligación de publicar un plan para la igualdad de las personas con discapacidad dentro de su ámbito de competencias.
Esta obligación está contenida en la “Obligación de Igualdad de las Personas con Discapacidad”, una normativa aprobada el 4 de diciembre de 2006. La igualdad de las personas con discapacidad ya estaba recogida en el Disability Discrimination Act de 1995, pero esta normativa hace explícita la obligación tener en cuenta el impacto en las personas con discapacidad de cualquier medida que se lleve a cabo, así como de desarrollar y publicar un plan para lograr la igualdad de las personas con discapacidad, que sea accesible y que cuente para su elaboración con las propias personas con discapacidad.
Esta auditoría realizada entre Diciembre de 2006 y Enero de 2007 concluye que el 72% de las autoridades públicas habían publicado esta planificación para la igualdad de las personas con discapacidad, y que el 75% de éstas habían contado con las personas con discapacidad para su elaboración.
Esto supone que el 54% de las 1752 autoridades públicas consultadas habían contado con las personas con discapacidad lo que pone de manifiesto la necesidad de compartir buenas prácticas en este aspecto esencial de las políticas de discapacidad.
5. Mejora de la información para las personas con discapacidad
El Gobierno de Reino Unido considera que los servicios públicos deben ser de calidad, inclusivos y accesibles; la información, como servicio público de especial importancia, debe cumplir los mismos requisitos, y bajo esta premisa pusieron en marcha un proyecto para analizar en qué aspectos se puede mejorar el acceso a la comunicación de las personas con discapacidad.
La primera parte de este proyecto consistió en la elaboración de una guía con cinco principios básicos para mejorar el acceso a la información de las personas con discapacidad y cómo ponerlos en práctica tanto en pequeños proyectos como en grandes organizaciones. Esta guía va dirigida a las administraciones públicas y a las organizaciones del tercer sector.
Los cinco principios elaborados son:
- Asegurar la participación de las personas con discapacidad en el desarrollo de la información desde el principio
- Facilitar la información a través del mayor número posible de canales y de formatos
- Intentar satisfacer las necesidades de información del usuario
- Indicar claramente otros servicios
- Definir siempre la responsabilidad de la provisión de información
También se recomienda una buena planificación en la distribución de información y diseñarla con una perspectiva centralizada, señalando claramente los vínculos con otros servicios.
La segunda fase consistió en un informe acerca de cómo las personas con discapacidad reciben información sobre los servicios públicos y cómo la valoran. El informe recoge igualmente recomendaciones para la mejora de la información.
La investigación realizada en esta segunda fase puso de manifiesto la falta de información o la información poco clara es uno de los obstáculos para las personas con discapacidad a la hora de acceder a los servicios públicos, así como la fragmentación de la información en diferentes soportes, lo que dificulta su accesibilidad, y la fragmentación entre las distintas administraciones públicas.
Este estudio también señala que las personas con discapacidad tienden a confiar más en un primer momento, en la información facilitada por las organizaciones voluntarias y en las asociaciones de la comunidad. Los profesionales sanitarios y los familiares y amigos juegan un papel esencial en la transmisión de la información.
Actualmente, la Oficina para la Discapacidad del Gobierno británico está trabajando con 4 autoridades locales en la puesta en marcha de los cinco principios, así como en la implementación del informe acerca de la mejora de la información, en el que traba junto a organizaciones de personas con discapacidad y otras áreas del Gobierno.
6. Red de Asesores “Igualdad 2025”
El Gobierno de Reino Unido ha puesto en marcha un nuevo organismo asesor en materia de discapacidad. Se trata de una red de asesores para la igualdad en materia de discapacidad, que tiene como objetivo alcanzar la igualdad para las personas con discapacidad antes del año 2025 y que está compuesta por 21 personas con discapacidad.
Sus miembros no representan a ninguna organización de personas con discapacidad en particular, y vienen de entornos y profesiones muy diferentes.
Esta red también se propone asegurar la comunicación entre el Gobierno y las personas con discapacidad más marginalizadas y que se encuentran fuera de la escena política. Más concretamente, los objetivos de esta red son:
• Colaborar con el Gobierno para lograr la igualdad para las personas con discapacidad antes del 2025
• Ofrecer asesoramiento e información acerca de las personas con discapacidad basada en los puntos de vista y la propia experiencia de estas personas, así como en los valores que subyacen al trabajo de este foro
• Aconsejar a los diferentes departamentos gubernamentales sobre cómo llegar de manera efectiva a las personas con discapacidad
• Asistir al Gobierno en su labor de sensibilización hacia las personas con discapacidad acerca de sus propios derechos, cambiando los estereotipos y la actitud de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular
• Contribuir a garantizar que los poderes públicos cumplen con la normativa incluida en la Ley sobre Discapacidad en relación con el deber de garantizar la igualdad de las personas con discapacidad
• Asesorar al Gobierno en la implementación y el cumplimiento de los tratados y convenciones internacionales en Reino Unido
Igualdad 2025 ofrece al Gobierno un espacio de diálogo con las personas con discapacidad pero no sustituye ni reemplaza de forma alguna la obligación del Gobierno de dialogar directamente con las personas con discapacidad y con las organizaciones que las representan acerca de los temas que tienen repercusión en sus vidas.
El Gobierno ha solicitado a esta red que ponga especial énfasis en la participación en sus trabajos de niños y jóvenes con discapacidad.
Pese a que esta iniciativa se lanzó en 2006, la red se reunión por primera vez el 12 de noviembre de 2007. En 2008 comenzarán a organizar pequeñas reuniones y conferencias locales y regionales en varias zonas de Reino Unido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario