Cuando la Ley se convierte en timo. / Mª Ángeles Sierra.

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Lo politicamente correcto en los tiempos que atravesamos es eso de decir que cualquier presentación nueva de ley o propuesta política, aunque sea deficitaria, no deja de suponer un avance en la evolución social de nuestro entorno.

Una de las leyes que como más políticamente correcta presentan todos los sectores políticos, sociales, administrativos y empresariales es la ya no tan nueva ley de autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia.

“Nos felicitamos de tener un nuevo derecho que antes no teníamos” Esta es la gran cantinela hipócrita o producto de la ignorancia que se escucha en todas partes. Sin embargo entrando en harina de los casos reales, para los que todavía pensamos, va a ser difícil que nos quiten de la cabeza que se ha convertido en una ley que más obedece a los caprichos de un brutal sistema capitalista y una de las leyes socialmente más sangrantes.

Lo que antes no se dejaba de hacer por humanidad, ahora se impone bajo un nuevo sistema de desigualdad territorial, de discriminación, de reducción de otros derechos en la práctica conquistados y de saqueo a los ciudadanos por parte de estómagos agradecidos y sistemas financieros .

El cacareado cuarto pilar del Estado del bienestar, más bien se ha convertido en el bienestar del Estado, y como no, a costa de sus ciudadanos. Porque si los cálculos no fallan para que la mesa siente bien las cuatro patas, lo que nos falta en España es una Ley de acción Social, vertebradora, capaz de acoger y dar soporte a todos los sectores sociales, superando e igualando cuanto menos al alza y con la aportación de la Administración General del Estado al conjunto de acciones sociales territoriales.

Esto costaba dinero y posiblemente un nuevo esfuerzo tributario social y muy especialmente empresarial y público, al que nadie estaría dispuesto, por lo que luego vinieron algunos inventos laterales de parcheo como entre otros, el famoso cheque-bebé, que además de un electoralista y desprogramado despilfarro, no lleva a nadie a buen puerto.

Así pués, hubo un trasvase con respecto al conjunto de lo necesario y se pensó tal vez en el sector que más demandaba, más consumía, -especialmente en sistema sanitario previamente tributado- y más había atesorado a lo largo del tiempo: La tercera edad. Poco tardamos los colectivos y las personas con diversidad funcional (discapacidad), no pertenecientes al colectivo de la tercera edad en hacerles saber, que nos habían sacado del invento ante situaciones similiares de necesidad de apoyos sociales para nuestro desenvolvimiento. Así pues no les quedó más remedio que incorporarnos en el saco del cacareo.

Lo primero que se nos dijo y todavía se mantiene es que se trata de una Ley Universal y fue cuando algunos leyendo “letras pequeñas” descubrimos que existe más de un único universo, porque al contrario que el resto de leyes universales del Estado, la de Sanidad, Pensiones y Educación ésta obedece a la fórmula del copago, no fijo, sino en función, de los niveles de rentas de sus ciudadanos, además de sus patrimonios, lo que acaba aminorando el valor igualitario del derecho.

Pero además de todo esto quizás quepa ejemplificar cómo funciona en la práctica el proceso, porque es como mejor se entienden las cosas; Caso simple, sin ir más lejos.

Acreditación de un grado de discapacidad del 74% y como no ha cotizado porque tampoco se le quiso en esta hipócrita estructura dar la justa y digna oportunidad de hacerlo, percibe como prestación no contributiva la millonaria cifra mensual de 312,43 €. Presenta una movilidad reducida y una cierta limitación para llevar a cabo determinadas tareas de vida diaria. Puestos a pedir esta persona podría quedarse sola pidiendo, pero no, la vamos a considerar objetiva y justa.

1.- En este caso, necesitaría únicamente un simple apoyo de ayuda a domicilio, para llevar a cabo las tareas del hogar que bajo sus circunstancias nos puede. Servicio que por otra parte muchos municipios de España ya venían prestando y de forma abaratada además de gratuita ante determinados supuestos. De entrada, como no superará la prueba del Grado III Nivel II de situación de dependencia que se plantea la ley atender en los primeros años de su funcionamiento, será emplazada por el sistema nacional de la dependencia a solicitarlo en otro momento. Allá para 2012, más o menos. Multipliquen los lectores similar a este supuesto por miles de ciudadanos contribuyentes directa o indirectamente al desarrollo de este país y no olviden además que se han publicado casos en medios de comunicación como el de una anciana de 98 años emplazada a 2011 para ser atendida por el sistema, ya que presenta ciertos niveles de movilidad y autonomía moral para su desenvolvimiento.

2.- Podría ser que el caso fuera como hay otros muchos miles de ellos de estar en disposición de un certificado de minusvalía superior al 75% y con reconocimiento de la necesidad de ayuda de tercera persona, lo que significaría que sus 312,43 € vendrían acompañados de un complemento económico a mayores del 50% es decir, 156,22€. También podría darse en este supuesto que tuviera una pensión contributiva, conforme a los niveles de cotización con el mismo complemento, cantidades estas siempre variables, que viniese acompañada de la prestación de invalidez absoluta con complemento de tercera persona.

Aquí y sin necesidad de pasar ningún baremo, si que le acogería el sistema, pero lo primero que haría sería poner encima de la mesa los 156,22 € de complemento, además de averiguar otro tipo de posibles ingresos, rentas o patrimonios, situación que no se produce con el resto de leyes universales Y después de hacer la primera criba, se comienza a ver hasta a la madre del cordero.

De entrada el complemento de tercera persona para nuevos solicitantes de pensiones no contributivas se lo han cepillado a través de un decreto y el complemento también de tercera persona de carácter contributivo aunque se sigue manteniendo, ha sufrido un lamentable aminoramiento, porque la idea es trasladar esa prestación directamente al sistema de la dependencia, haciéndola desaparecer en el tiempo. Es decir: Menos derechos.

¿Pero a qué conlleva esto? A que por un mismo derecho universal cada ciudadano en situación de necesidad acabe pagando distinto precio, masacrando a las clases más bajas cuyas opciones se van a ver diezmadas, primando a las clases más altas porque van a ver reducido el coste de unos servicios privados, (véase residencias, entre un 10 y un 20%) y ahogando a las clases medias, que serán las que por lógica se queden sin ver el cuento.

Existen dos tipos de prestaciones, las económicas y las de servicios. Las económicas para el cuidado de personas en situación de dependiencia, sin descuentos de aportaciones personales no alcanzan los 600 euros tanto para los casos de contratación de asistentes personales como para la ayuda a favor de familiares cuidadores de personas dependientes. ¿Y qué se han inventando nuestros antiguos combatientes de sistemas capitalistas? Que se hagan seguros de dependencia y se establezcan sistemas de hipotecas inversas que dejen las primas y el patrimonio en manos del sistema financiero para poder arañar unos poquitos euros.

El resto de prestaciones con las que contribuyen las administraciones públicas además de los usuarios de los servicios, nos lleva a aquello de seguir engordando capitales de un sistema de servicios sociales privatizado en un 80% de toda la red disponible y concertado para comprar voluntades, especialmente del movimiento asociativo imperante, que de ese 80% del pastel controla la insignificante migaja del 75% .

Podría seguir aduciendo y hasta me quedo con hambre, pero en definitiva resulta que cuando la ley se convierte en timo similar al de la estampita, a los manipulados ciudadanos no les queda más remedio que decir eso de: “Lo que antes era voluntad, ahora al menos es derecho” Sin embargo a los que todavía somos un poquito Insurgentes, la cosa que ya nos duele más bien nos dicta que cantemos que: “este pobre socialismo se acerca en caballo viejo”.