Es lo que denuncian los sindicatos a propósito del último invento del Gobierno de Esperanza Aguirre: la tarjeta-monedero. Está por ver si esta Comunidad, una de las que más incumplen la ley, aplica el acuerdo al que ha llegado el Consejo Territorial de Dependencia.
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha anunciado tras la reunión del Consejo Territorial de Dependencia, el acuerdo alcanzado entre su departamento y todas las comunidades autónomas, por el que se comprometen a dictaminar las prestaciones de dependencia en un plazo máximo de seis meses --que será de treinta días en el caso de niños menores de 3 años-- entre la fecha de entrada de la solicitud y el reconocimiento de este derecho. Asimismo, en el encuentro de consejeros autonómicos se ha acordado la realización de un seguimiento anual de las condiciones en las que vive el beneficiario y de la capacitación de sus cuidadores "para garantizar la calidad de las prestaciones recibidas". El nivel mínimo de protección garantizado por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se ha incrementado en un 1 por ciento.
Coincidiendo con esta reunión, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de servicios sociales ha hecho público un estudio en el que se revela que más de 250.000 españoles en situación de dependencia son "víctimas de una contención de expedientes" que les impide recibir la ayuda o prestación a la que tienen derecho. Es decir, estas 250.000 personas se encuentran en el llamado "limbo de la dependencia", el tiempo que pasa desde que se les reconoce una prestación o servicio y finalmente se les concede, una espera que a juicio de los expertos es "excesiva, abusiva y sin explicación posible" y que va desde los 12 hasta los 18 meses. 
No obstante, el "incumplimiento" no está generalizado en todas las comunidades autónomas. El informe destaca que mientras uno de cada tres dependientes atendidos en España vive en Andalucía, otras de las comunidades con más población, Madrid, "está ofreciendo una cobertura más allá del ridículo" y forma parte del "club de los desesperantes" con Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana. El responsable del estudio, José Manuel Ramírez, ha llegado a decir que "es muy difícil hacer entender a los madrileños hasta qué punto les está perjudicando la falta de voluntad política del Gobierno de Esperanza Aguirre para aplicar la Ley de Dependencia", pese a que los datos revelan que "sólo un 0,4% de la población está siendo atendida cuando la media nacional está en el 1,04%". Y añade que "el área roja de personas con derecho reconocido y a la espera es elevadísimo y existe un claro falseamiento de los datos migrados al Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD) por la imposibilidad de dictaminar en el momento de presentación de la solicitud". El estudio tilda esta situación de "indefendible" y "deleznable" y exige medidas a todos los poderes del Estado.
LOS 'ATAJOS' DE ESPERANZA AGUIRRE
Precisamente, este lunes, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha anunciado que los dependientes madrileños podrán elegir antes de verano la residencia concertada que deseen gracias a un cheque o tarjeta monedero cargada con dinero procedente de la administración autonómica. El dependiente recibirá en su tarjeta el dinero que le corresponda en función de su grado de Dependencia con el fin de poder afrontar los costes de la residencias concertada que elija. En el caso de que desee un centro que cueste más de la asignación de la tarjeta, será el propio dependiente el que ponga la diferencia.
Pero la medida tampoco ha sido bien recibida por los sindicatos. CC.OO. la ha calificado de "manipuladora" ya que, en su opinión, lo que se está diciendo al colectivo es que no les van a proporcionar una plaza en una residencia, sino que "les van a dar un cheque y que se busquen la vida, y si les falta dinero que lo pongan de su bolsillo". El sindicato ha señalado que la prestación vinculada o 'cheque-servicio' está considerada una excepción en la Ley de Dependencia, aplicable sólo para aquellos casos concretos en los que la Administración no pueda proporcionar un determinado servicio.
CCOO recuerda que la Ley prioriza claramente los servicios sobre las prestaciones económicas, instando a la Consejería de Servicios Sociales a aplicar la Ley y no "burlarla": "No han dejado de burlar la Ley, bien a través del silencio administrativo, que ya rechazó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), bien a través del establecimiento de dos procedimientos, uno para valorar y otro para establecer la prestación, que demora la ejecución de la prestación o bien provocando cortinas de humo que lo que ocultan es la desastrosa situación en la gestión de la Ley en la Comunidad de Madrid".
Según los últimos datos disponibles, elaborados por CC.OO., Madrid sigue siendo la última de la lista en la implantación de la Ley de Dependencia. Con un 0,69 por ciento, apenas llega a un tercio de la media nacional y es cuatro veces menor que en comunidades como la andaluza, situada en un 3,75 por ciento. En cuanto a la lista de espera, Madrid también tiene datos peores que la media nacional. Frente a un 38 por ciento de media, en Madrid cerca del 50 por ciento de los dependientes que ya tienen reconocido el derecho no han recibido la prestación.
UGT-Madrid coincide en el rechazo al anuncio de la Comunidad por estimar que "fomenta el despilfarro y discrimina a las personas según la renta". El sindicato califica de "populista" la medida anunciada por la Consejería: "Esta solución, improvisada y capciosa, contribuye al despilfarro de recursos públicos, fomenta la desigualdad entre los ciudadanos con menores ingresos y discrimina, por tanto, de acuerdo al nivel de renta. Sólo aquellas personas dependientes que puedan costear el precio de la residencia concertada, que se ve reforzada frente a la pública, serán beneficiarios de este derecho".
Según UGT, la iniciativa de habilitar una 'tarjeta monedero' parte de la idea de la cofinanciación entre el usuario y la Administración, que en este caso delega la prestación del servicio a una empresa, "que verá cómo aumenta notablemente su cuenta de resultados". "Aquellas personas que no puedan pagar la diferencia entre el coste de la residencia y la cantidad adelantada por la Administración se verán privados del disfrute de este derecho", indica y exige que el Gobierno regional frene con carácter inmediato "la privatización encubierta" del sistema de dependencia y diseñe la estructura del programa de inversiones "para cumplir la legislación algo para lo que, a su juicio, "es necesario que se aumenten el número de infraestructuras y plazas públicas".
"El anuncio de hoy no es sino una traba más para dilatar en el tiempo el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno regional con las personas dependientes que residen en la Comunidad de Madrid, condenándolas a seguir padeciendo los desafueros de una acción política que se desentiende de ellas, personas que son las más frágiles de la población de Madrid", señala UGT y, por último, asegura que la 'tarjeta monedero' no mejora la situación y, frente ello, "debe acelerarse el proceso de resolución de solicitudes, invertir en infraestructuras públicas y formar al personal encargado de la atención a los dependientes". "El resto no son sino cortinas de humo para hacer pagar a los dependientes el disfrute de su legítimo derecho".
Por su parte, los ayuntamientos socialistas de la región presentarán esta semana una propuesta formal a la Comunidad de Madrid para que sean los consistorios los que baremen a las personas susceptibles de recibir prestaciones en virtud de la Ley de Dependencia para agilizar la tramitación de ayudas, a pesar de que es una competencia del Ejecutivo regional. El anuncio lo ha hecho el secretario general del PSM, Tomás Gómez, que ha explicado que esta oferta se produce "ante a la inacción del Gobierno autonómico" y su "fracaso estrepitoso y falta de acción política en una materia sensible, prioritaria y que afecta a miles de personas en la Comunidad".
Según los datos que manejan los socialistas madrileños, en Madrid "hay 200.000 personas dependientes, de las cuales escasamente 16.000 tienen concedidos sus derechos y no todos ellos están percibiendo" las ayudas. "Algunos de ellos no llegan a percibir nunca los servicios y prestaciones a pesar de tenerlos concedidos", por lo que "los ayuntamientos socialistas dan un paso adelante y dicen: señora presidenta de la Comunidad de Madrid, como usted es incapaz, nos ofrecemos para hacer lo que usted no sabe, no puede o no quiere hacer".
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