La aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias
El Gobierno canario ´hace caja´ con los dependientes
Muchas de las personas con derecho a ayudas por la Ley de Dependencia no las reciben porque no han sido valoradas por la Administración canaria. domenech castelló (efe)
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha elaborado un informe que "demuestra el incumplimiento de los compromisos de financiación con la Ley de Dependencia por parte del Gobierno de Canarias y la falta de atención a las personas en situación de dependencia que residen en ese territorio".
SOL RINCÓN BOROBIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha elaborado un informe que "demuestra el incumplimiento de los compromisos de financiación con la Ley de Dependencia por parte del Gobierno de Canarias y la falta de atención a las personas en situación de dependencia que residen en ese territorio".
Una de las conclusiones a las que ha llegado la asociación es que el Gobierno canario "hace caja con la financiación que percibe de la Administración General del Estado para atender a las personas en situación de dependencia". Por cada dependiente atendido, el Ejecutivo de Paulino Rivero "se queda 849,37 euros al año".
A diciembre de 2009, los datos desvelan que, mientras el esfuerzo económico de los gobiernos de La Rioja o Cantabria supera los 70 euros por habitante, el Ejecutivo canario, "por cada persona en situación de dependencia que atiende, no sólo no realiza aportación alguna, sino que obtiene un superávit por el exceso de financiación estatal". Los datos con los que trabaja esta asociación son los que mensualmente hace públicos el Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), adscrito a la Seguridad Social.
El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, explica que Canarias tiene una larga lista de personas dependientes y en base a eso recibe dinero del Estado español.
Sin embargo, una cosa es el reconocimiento del derecho a la prestación y otra cosa es la aplicación efectiva del servicio. Es en este último aspecto donde falla la comunidad autónoma: "Como no da el servicio a todos los dependientes, no se gasta el dinero que recibe".
La estimación de la factura de gastos por las personas dependientes realmente atendidas en 2009 por la Comunidad Autónoma canaria es de casi menos cuatro millones de euros, según los datos del informe de la asociación.
Es decir, el Gobierno español dio más de 40 millones de euros a Canarias (sin contar los convenios del Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo) para atender a los dependientes, lo que supone el 90%.
A esta cifra hay que añadir más de ocho millones provenientes de las aportaciones de los usuarios, un 18%.
Sin embargo, los costes de los servicios y prestaciones a los dependientes no llegaron a 45 millones.
Así, "el saldo es que la comunidad canaria no habría necesitado desembolsar ni un solo euro", concluye el informe.
En el limbo. José Manuel Ramírez también llama la atención sobre el Plan Individual de Atención (PIA) que hay que aplicar para evaluar el grado de necesidad de las personas que solicitan las prestaciones de la Ley de Dependencia.
Según Ramírez, en Canarias se ha creado una especie de "limbo de la dependencia", porque muchas personas con derecho a la prestación no disfrutan de ella debido a que no han sido evaluadas a través del PIA. De hecho, añade, el Archipiélago "tiene en el limbo a dos de cada tres personas con derecho a prestación".
"Canarias es la comunidad autónoma que peor ha desarrollado la ley en todos los parámetros", afirma. "No entiendo por qué en lugar de hacer una reflexión para reorientar el tema, el Gobierno canario prácticamente hace una defensa a ultranza de su gestión diciendo que atienden a muchos dependientes. Eso es mentira".
La aplicación del sistema de servicios sociales con el que se justifica el Gobierno de Canarias "existe en España hace más de 20 años" pero "no genera derechos subjetivos". Esto quiere decir que cuando se acaba el presupuesto para mantener los servicios sociales ya no se pueden prestar más. Sin embargo, con la ley de Dependencia "sí se generan esos derechos" permanentes.
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