El ejecutivo madrileño incumple.

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En defensa de la Ley de Dependencia

17-01-2010 – Por Carmen Sánchez Carazo

La mal llamada “Ley de dependencia”, pues debería ser llamada “ley de autonomía” por ser la ley que promueve la autonomía de las personas en situación de dependencia  y de sus familias, ha tenido todas las dificultades posibles para su aplicación por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid.

Teniendo en cuenta que los Servicios Sociales son competencia de las Comunidades Autónomas como establece nuestra Constitución y las leyes de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid, y de forma directa su presidenta Esperanza Aguirre, es la responsable del funcionamiento y gestión de los Servicios Sociales y también de todos los servicios relacionados con la dependencia. Por tanto, ella, Esperanza Aguirre, es la responsable de que en la Comunidad de Madrid se esté vulnerando un derecho tan importante como es el derecho a ser atendido en situación de dependencia, derecho a tener autonomía tanto las personas en situación de dependencia como sus familias.

Muchas asociaciones ante la falta de respuesta del gobierno de la comunidad de Madrid se han unido para defender los derechos de las personas y se han constituido 38 plataformas ciudadanas en defensa de la Ley de Dependencia y los Servicios Sociales Públicos, para defender la información y participación de las personas dependientes y todos sus derechos en la Comunidad de Madrid. Se han reunido con Tomás Gómez, secretario del PSM, para solicitar el apoyo necesario para que las personas a las que se les está vulnerando sus derechos puedan reclamar judicialmente. Así, para la defensa de los derechos de la Ley, y a petición de las plataformas, el Partido socialista de Madrid, ha habilitado un teléfono gratuito 900-10-14-71 y proporcionará asesoramiento jurídico gratuito a todas las personas que lo soliciten. En las primeras 48 horas se han recibido casi 200 llamadas y a los dos días de su puesta en marcha, el viernes 15 de enero, se han presentado las dos primeras reclamaciones.

A fecha de 1 de enero de 2010 el número de solicitudes registradas es de 61.000 pero solamente tienen concedida la ayuda 26.900 personas. Madrid es la Comunidad Autónoma que menos solicitudes de dependencia ha tramitado en relación a la población (en datos oficiales de 1 de enero  el 0,95 % de la población (60.362 personas) - la media estatal es de 2,19% de la población general-. En Madrid solo un 0,4 % de personas en situación de dependencia reciben una prestación o servicio. Casi la mitad de las personas con derecho reconocido se encuentran en el "limbo de la dependencia" a la espera que se defina el PIA -Programa Individual de Atención-.

PRESTACIONES  EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Teleasistencia                                     436
Ayuda a domicilio                           1.028
Centros día/noche                            3.975
Residencial                                    16.117
P.E. vinculada servici                         178
P.E. cuidados familiares                  5.150
P.E. Asistencia Personal18
Total                                              26.900

Y lo más grave es que, según han detectado plataformas y asociaciones, muchas personas que tienen concedida la ayuda tardan mucho tiempo en recibirla.

La atención a las situaciones de dependencia es un derecho ciudadano y no un sistema de ayudas graciables que dependan de la voluntad del gobierno de la Comunidad de Madrid. Las últimas declaraciones de Esperanza Aguirre culpando  a los profesionales de los atrasos y dificultades son totalmente falsas. Los y las trabajadoras sociales son profesionales con una gran cualificación técnica y humana. Los trabajadores no son los culpables de los retrasos y bloqueos, al contrario, trabajan sobresaturados de trabajo y con gran profesionalidad. La responsable es Esperanza Aguirre que no ha aumentado el número de trabajadores ni de medios para realizar un trabajo tan importante para las familias madrileñas. Además, Esperanza Aguirre ha amenazado con la privatización de un servicio que no debe ser privatizado pues como mandata la Ley la evaluación la debe de realizar funcionarios cualificados. Este derecho tan importante para las familias debe ser dotado de las prestaciones, trabajadores  y servicios adecuados.