Por Margarita Alonso Guevara
El Estado español, nuestro gobierno español, está sentando las bases de 
un nuevo pacto por la educación. Porque como es natural, la sociedad cambia y acoge nuevas realidades para ir en consonancia con la actualidad. Realidades como los cambios demográficos, el envejecimiento de la población, la baja natalidad, pero la alta inmigración; y realidades como las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en los hogares y en las escuelas.
Sin embargo, nuestro gobierno sigue negando una realidad latente en nuestra democracia, sin querer o queriendo sigue obviando el derecho a vivir en igualdad de oportunidades que tenemos las personas con diversidad funcional, y prueba de ello es el nuevo pacto por la educación, en el que no se contempla en absoluto una vedadera educación inclusiva.
La educación es un derecho constitucional y como tal debiera serlo para todos los niños y niñas, debe ser un derecho garantizado desde la guardería hasta la inserción laboral, y este sólo se podrá garantizar con recursos humanos, profesionales preparados para atender a todo el alumnado, y no solamente en la formación cultural, sino sobre todo en la formación ciudadana; recursos materiales accesibles a todas las personas; y recursos logísticos suficientemente flexibles para atender a todas y cada una de las comunidades educativas: barrios, cudades, pueblos, etc.
Los niños y las niñas con diversidad funcional (no con discapacidad) necesitan pactos que los contemplen como ciudadanos y ciudadanas del Estado en el que viven, necesitan recursos a medida para poder ser y crecer en igualdad de oportunidades y derechos. Por eso unas cuantas madres de niños y niñas con diversidad funcional han creado este espacio en el que exponen un manifiesto y recogen firmas para que sus niños y niñas puedan acceder a una eficaz educación inclusiva.
Fuente: Periodista Digital
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