Cuatro ciudadanos que solicitaron sus derechos con la Ley de Dependencia abrieron su casa a este diario hace dos años. Hoy, Mercedes está peor, Rosa ha perdido a su marido, Jesús reclama los atrasos y Victoria sobrevive. El desaliento prevalece.
La vida de cuatro familias con personas dependientes, dos años después
POR ÁFRICA PRADO Frustración, papeleo, trabas, quejas, supervivencia, vacío, lentitud y cansancio, mucho cansancio. Son palabras que pronuncian cuatro familias de la provincia que corrieron a solicitar las ayudas de la Ley de Dependencia poco después de abrirse el plazo. Entre los meses de mayo y junio de 2007 presentaron sus peticiones a la Generalitat y al finalizar el año contaron su situación a este diario. Si en medio año les dio tiempo a pasar de la euforia a la desilusión por la lentitud del proceso, aún en mantillas, dos años y medio más tarde reina la decepción, incluso entre dos familias que ya reciben una prestación económica, mientras las otras dos se sienten engañadas de principio a fin.
"Seguimos igual. Bueno, igual, no. Mi madre peor, yo más cansada, bastante más cabreada, y convencida de que están esperando que se muera. Es muy triste pensarlo pero esta sensación deberían sentirla los responsables de la Conselleria de Bienestar Social porque es de burla. Si no hay ley, no hay ley, pero si hay no es justo que nos agoten de esta forma".
Así de duro es el mensaje de Mercedes Navarro, vecina de Novelda de 56 años, que ha estado cuidando a sus padres más de una década. Cuando habló con este diario en diciembre de 2007 su padre acababa de fallecer, unos meses después de solicitar su valoración como gran dependiente, mientras que su madre -víctima de varios infartos cerebrales y dependiente absoluta de 84 años- continúa sin recibir la prestación a la que tiene derecho, a pesar de que ya tiene reconocida su condición.
"La chica que vino a valorarla ni pasó de la puerta. Nada más verla dijo 'grado III, nivel 2' (lo máximo). En marzo del año pasado recibí una carta diciéndome lo que correspondía por ayuda de cuidador familiar y aún estamos así. En esto, nada ha ido deprisa. Me he quejado, me he manifestado. No me creo nada", explica Mercedes, que hace años que dejó su trabajo y su casa para vivir en la de sus padres.
Desde diciembre de 2007, poco ha cambiado en el escenario donde viven madre e hija. La anciana sigue encamada, a las 6 de la mañana su hija la mueve para que su cuerpo no se llague, luego le da el desayuno con una jeringuilla y a mediodía las auxiliares de la Asociación de Alzheimer de Novelda -que acuden una hora al día y que paga Mercedes- la levantan y la asean, y a veces ella les dedica una sonrisa; las demás son para su hija, que nunca ha querido ingresarla en una residencia: "Prefiero renunciar a la ayuda que renunciar a mi madre", indica ella, que censura a quienes piensan que las familias de dependientes recurren a la prestación económica por la crisis en lugar de solicitar residencias. "Si en once años nadie se ha preocupado de mi madre, por qué se preocupan ahora", se pregunta.
Sin embargo, los años van pasando, y pesando, incluso para ella, que sólo busca un poco de ayuda en el cuidado de su madre, "por si tengo que salir a comprar o hacer algo, aunque más de una hora no la dejo sola". Mercedes reconoce que el problema de ser cuidador es "qué haces luego. Yo dejé de trabajar y no se cómo voy a remontar ni qué haré cuando mi madre no esté porque estoy muy cansada y no me veo con fuerzas para trabajar".
Rosa Blasco, de 67 años y vecina de Novelda, vivió durante tres años dedicada en exclusiva a su marido, paralizado por un infarto cerebral. En 2007 ya era dependiente absoluto y con el tiempo su estado fue empeorando, "llevaba oxígeno, tenía un aspirador, una máquina para alimentarle... Esto era un hospital".
Rosa esperaba que la ley le ayudara a contar con una persona un tiempo determinado para descansar un poco de una asistencia que la reclamaba las 24 horas del día. Presentó su solicitud en mayo de 2007 y su marido murió un año después sin ninguna resolución.
"Vinieron a valorarle pero encima le pusieron un grado menos, y luego falleció", apunta Rosa, a la que le cuesta mucho hablar de este episodio y lo hace por si con su denuncia ayuda a otras personas, tras añadir que "yo pedía una ayuda que estaba en la ley, no pedía una limosna y me siento totalmente engañada. Toda la asistencia de mi marido la pagué yo y cuando necesitaba la ayuda era entonces. Creo que teníamos derecho y no hubo una respuesta a tiempo".
Ella pensó en reclamar "por los atrasos, si esto estaba en la ley, pero luego ya no tuve fuerzas. Me ha costado mucho salir de este pozo porque psicológicamente es muy duro lo que pasas, te quedas muy mal, y la única ayuda que tienes es la de la familia".
Rosa agradece la atención que recibió de los servicios sociales municipales de Novelda, pero confía en que las personas que ahora están como estuvo ella "no tengan que desesperarse y se agilicen los trámites por parte de la Generalitat o, de lo contrario, vamos a creer que lo que esperan es que los dependientes fallezcan uno a uno antes de darles solución".
Según los últimos datos de las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, alrededor de un millar de solicitudes presentadas en 2007 aún están pendientes de resolución en la Comunidad Valenciana, por lo que el colectivo reclamó a Bienestar Social un compromiso para resolverlas de forma prioritaria, sin respuesta hasta la fecha. El otro dato apuntado por la Plataforma es que 13.000 personas han fallecido durante la espera.
El caso de Victoria Sánchez, separada de 52 años, y su hija Inés -de 24, que sufre las secuelas de una meningitis: parálisis en la mayor parte de su cuerpo, dificultades del habla y problemas para tragar (disfagia) y respirar- ha tenido en dos años una respuesta más favorable que las anteriores en este tiempo. Aunque estuvo más de un año y medio en espera, hace meses que le autorizaron una prestación económica por cuidar de una gran dependiente de 580 euros, "con la que podemos sobrevivir porque yo no puedo trabajar al tener que estar todo el día con ella". Eso, sumado a la pensión de su hija, le permite hacer frente a los gastos médicos que requiere "pero vamos justitas, menos mal que la vivienda ya está pagada".
La madre, que recuerda que su solicitud iba encaminada a la posibilidad de que ambas pudieran desconectar unas horas y que su hija acudiera a algún centro, reconoce que eso aún no es posible. "Nos dieron tres opciones: la prestación económica, que Inés fuera al Hogar Provincial en horario escolar -donde sólo hay menores de 6 años y ancianos- o que viniera una persona tres horas al día de lunes a viernes, pero eso no me saca de apuros porque el resto del día qué hago. Me interesaba más tenerla en un centro pero ya me dijeron que aquí no había para ella", explica Victoria. En la Comunidad Valenciana, además, la prestación económica es incompatible con otros servicios, a diferencia de otras comunidades autónomas. Sobre la idea de acudir al Hogar Provincial con personas mayores, Inés -que piensa con lucidez, tiene un humor a prueba de bombas y es una coqueta- confiesa que "la verdad es que no me apetece, para eso me quedo aquí".
Su madre reconoce que pocas veces la puede dejar con otra persona, "sigo cuidándola yo. He estado enferma y he tenido que buscar a alguien pero es carísimo, porque mucha gente no se atreve y tiene que ser un profesional y te cobran 50 euros al día, sin contar la noche".
"Las cosas no son de la manera que quisiéramos pero nos podemos dar por contentas porque hay gente que está peor", apunta Victoria, cuya preocupación ahora es que debe hacer un cursillo de quince días como cuidadora, según le ha comunicado Bienestar Social, y a ver qué hago porque tendré que buscar a alguien para que se quede con ella".
Los padres de Jesús González, afectado de espina bífida de 41 años y reconocido como gran dependiente, reciben desde octubre de 2008 una prestación económica que ronda los 400 euros y no están conformes con el hecho de que los 17 meses anteriores, desde que formularon su solicitud, no hayan contado en la resolución de Bienestar Social.
La familia, que vive en Alicante, ha presentado un recurso de alzada solicitando la aplicación del carácter retroactivo que contempla la ley. Para ello, han recurrido a un abogado de oficio y su recurso está ahora en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Juan y Dolores, los padres, -de 73 y 68 años, respectivamente-, que hace dos años reconocían que era la primera vez en su vida que solicitaban una ayuda, apuntan que a su hijo "no le han dado lo que le pertenece, y si nos dijeron que el tiempo contaba desde la solicitud, ¿por qué no lo pagan?".
Dolores apunta que "esto es un jaleo y no sabéis la de papeles que hemos mandado. Esto lo hacen así para que la gente se canse y no haga nada, y mucha gente se aguanta. Pero si tiene derecho a que se lo paguen, que se lo paguen", mientras su marido añade que "yo a veces le digo a mi mujer que lo deje estar por el follón que es". Pero ella es tajante: "A mi me dicen que no ceda, que hay gente a la que sí le están pagando desde el principio ¿y porqué unos sí y otros no?"
Fuente: Información.es
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