Enfermos mentales exigen una salud mental "pública y de calidad"
CERCA DE 500 PERSONAS DENUNCIAN EN VALENCIA LA PRIVATIZACIÓN DE LA ASISTENCIA MÉDICA
Personas con enfermedad mental y familiares de los mismos, unos 500 según la organización, se concentraron este domingo en Valencia para exigir que se asegure una salud mental "pública y de calidad" y criticaron que "en los últimos tiempos vamos hacia una privatización de la sanidad y, en concreto, de la salud mental". La protesta se centró también en la transferencia de la gestión del centro de Bétera a la Conselleria de Bienestar Social y no a la de Sanidad.
Así se pronunció una portavoz de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Salud Mental de la que forman parte colectivos de familiares de personas con enfermedad mental, profesionales del sector, sindicatos y partidos políticos.
Todas estas personas se concentraron desde las 12.00 horas en la plaza de la Virgen de Valencia, donde la madre de una enferma leyó un manifiesto en el que reclamaban la mejora de los servicios públicos destinados a este colectivo.
La portavoz de la Plataforma, Maribel Lorente, aseguró no explicarse cómo la Comunitat Valenciana, "siendo una autonomía rica, en salud mental, en cambio, tiene uno de los ratios más bajos de camas por habitante destinados a estas personas de toda España". También criticó que faltan recursos humanos y materiales para la atención de enfermos mentales además de servicios como Viviendas de Protección Pública (VPP) destinadas para este colectivo.
En la misma línea, se mostró "absolutamente en contra" de que los servicios de rehabilitación de enfermos crónicos mentales dependan de la Conselleria de Bienestar Social. En este sentido, lamentó que la gestión del hospital psiquiátrico de Bétera (Valencia), que era competencia de la Diputación de Valencia, se haya transferido a Bienestar Social, aunque los trabajadores hayan pasado a formar parte de la Agencia Valenciana de Salud.
Para la portavoz, la rehabilitación psiquiátrica "debe depender de la Conselleria de Sanidad" ya que los asuntos que son competencia de Bienestar Social "son graciables, por lo que pueden ser suspendidas en caso de que no haya presupuesto", mientras que "todos tenemos derecho a recibir atención sanitaria".
Fuente: Panorama actual
Personas con enfermedad mental y familiares de los mismos, unos 500 según la organización, se concentraron este domingo en Valencia para exigir que se asegure una salud mental "pública y de calidad" y criticaron que "en los últimos tiempos vamos hacia una privatización de la sanidad y, en concreto, de la salud mental". La protesta se centró también en la transferencia de la gestión del centro de Bétera a la Conselleria de Bienestar Social y no a la de Sanidad.
Así se pronunció una portavoz de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Salud Mental de la que forman parte colectivos de familiares de personas con enfermedad mental, profesionales del sector, sindicatos y partidos políticos.
Todas estas personas se concentraron desde las 12.00 horas en la plaza de la Virgen de Valencia, donde la madre de una enferma leyó un manifiesto en el que reclamaban la mejora de los servicios públicos destinados a este colectivo.
La portavoz de la Plataforma, Maribel Lorente, aseguró no explicarse cómo la Comunitat Valenciana, "siendo una autonomía rica, en salud mental, en cambio, tiene uno de los ratios más bajos de camas por habitante destinados a estas personas de toda España". También criticó que faltan recursos humanos y materiales para la atención de enfermos mentales además de servicios como Viviendas de Protección Pública (VPP) destinadas para este colectivo.
En la misma línea, se mostró "absolutamente en contra" de que los servicios de rehabilitación de enfermos crónicos mentales dependan de la Conselleria de Bienestar Social. En este sentido, lamentó que la gestión del hospital psiquiátrico de Bétera (Valencia), que era competencia de la Diputación de Valencia, se haya transferido a Bienestar Social, aunque los trabajadores hayan pasado a formar parte de la Agencia Valenciana de Salud.
Para la portavoz, la rehabilitación psiquiátrica "debe depender de la Conselleria de Sanidad" ya que los asuntos que son competencia de Bienestar Social "son graciables, por lo que pueden ser suspendidas en caso de que no haya presupuesto", mientras que "todos tenemos derecho a recibir atención sanitaria".
Fuente: Panorama actual
Art. 25 de la Convención de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad.
Salud
Los Estados Partes reconocen que las personas condiscapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivelposible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad.
Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes:
a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población;
b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores;
c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de las personas con discapacidad, incluso en las zonas rurales;
d) Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado;
e) Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida cuando éstos estén permitidos en la legislación nacional, y velarán por que esos seguros se presten de manera justa y razonable;
f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad.
Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes:
a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población;
b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores;
c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de las personas con discapacidad, incluso en las zonas rurales;
d) Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado;
e) Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida cuando éstos estén permitidos en la legislación nacional, y velarán por que esos seguros se presten de manera justa y razonable;
f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad.
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