Las asociaciones dicen deber 200.000 euros, sólo en intereses, por los créditos solicitados
L.P. SANTA CRUZ DE TENERIFE
El impago de la financiación acordada en el corte evaluativo del Plan de Atención a la Discapacidad (PAD) por parte del Gobierno canario y de los siete cabildos ha provocado el endeudamiento de las asociaciones de discapacitados. "La situación económica actual de las entidades es muy precaria, dado que nos encontramos soportando altos intereses de pólizas de crédito para adelantar la financiación de los servicios prestados, que anualmente y sobre todo ahora en tiempos de crisis suponen cientos de miles de euros que van a entidades bancarias y no a las personas con discapacidad".
Así lo manifestaron ayer representantes de este colectivo, quienes aseguraron que, sólo las asociaciones que trabajan en Tenerife deben 200.000 euros en intereses por los créditos bancarios solicitados para hacer frente al pago de los salarios de aproximadamente unos 500 trabajadores.
Ante esta situación, las asociaciones de discapacitados de Tenerife, así como una de La Palma y otra de El Hierro, cerrarán hoy sus puertas y se manifestarán, a partir de las 11:30 horas, frente a la sede de Presidencia del Gobierno, en Santa Cruz de Tenerife, con el objetivo de reclamar los diez millones de euros que adeuda el Gobierno de Canarias y los cabildos, así como la actualización del IPC de 2007 y 2008 y la aplicación de la Ley de Dependencia.
Manifiesto. Los representantes del colectivo de discapacitados, que denunciaron su situación mediante la lectura de un manifiesto, exigieron a la Administración que no supla en ningún caso las ayudas que recoge el PAD, con la aplicación de la Ley de Dependencia, sino que sean ayudas complementarias. Además lamentaron que las expectativas sobre la creación de empleo que ha generado la puesta en marcha de esta nueva norma se "van a quedar en una mera expectativa".Con respecto a estos incumplimientos, recordaron que la Consejería de Sanidad se comprometió a financiar servicios de fisioterapia que actualmente no se están prestando, no porque este departamento no haya facilitado la financiación acordada, sino porque se desconoce dónde está ese dinero, denunciaron los representantes.
Al respecto, Cándida Rosa González indicó que la falta de fondos afecta a unos 500 trabajadores y a más de 3.000 usuarios, aunque recordó que existen muchos discapacitados que no tienen acceso a este tipo de recursos por la falta de medios de las asociaciones que gestionan estos centros.
Por su parte, Raúl Cordero advirtió de que la medida de presión prevista para hoy es sólo el inicio de otras que se podrían tomar si la Administración no responde y antes de que la falta de medios económicos suponga el "cierre indefinido de los centros de atención a las personas discapacitadas de la provincia tinerfeña".
Retraso por la Ley de Dependencia
La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, hizo un llamamiento ayer a la "tranquilidad y la seguridad" a las asociaciones de discapacitados y garantizó la financiación de los Planes de Atención a las Personas con Discapacidad (PAD), que esta misma semana contarán con 10 millones de euros adicionales.
Durante la presentación en Las Palmas de Gran Canaria del contenido de las ayudas económicas que el Gobierno regional concederá a las familias con menos recursos, Rojas aseguró que comprender las quejas de algunos colectivos por el retraso de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, pero explicó que se ha debido a que la ley estatal "entra y choca frontalmente con los planes en Canarias" y "no es más que una consecuencia de este período de transición". La consejera dejó claro que los planes en las Islas "van a seguir siendo financiados" y aseguró que todas las medidas que adopte el Ejecutivo regional de ahora en adelante sobre sus planes "van encaminados a encajarlos en la Ley de Dependencia" para lo que el plazo se prolonga hasta 2015.
Fuente: La opinión.es
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