Ley de Dependencia y políticas
sociales: expectativas y
frustraciones.
PILAR RUEDA REQUENA *
La Ley de autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia fue recibida por la sociedad en general y nuestro colectivo profesional en particular como un gran avance en materia de políticas sociales. Políticas que pretenden mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta situación y de sus familias. Para los profesionales suponía la posibilidad de llevar a cabo intervenciones más eficaces , eficientes y de mayor calidad utilizando los recursos adecuados que pudieran satisfacer sus necesidades particulares.
Con la aprobación de la Ley las personas que se encuentran en esa situación y los familiares que se ocupan de su atención y cuidados, vieron una puerta abierta a la esperanza, después de tanto sufrimiento ,soledad y dolor, sintieron un soplo de aire fresco en sus vidas.
Año y medio después de su aprobación, no se están creando servicios para fomentar la autonomía personal, los retrasos en la tramitación de expedientes son constantes, la pasarela que facilita el acceso al reconocimiento del grado de dependencia no funciona, ha crecido muy poco el número de personas atendidas, muchas de ellas ya recibían atención con anterioridad a la Ley en los Centros residenciales. La coordinación socio-sanitaria es prácticamente inexistente por el momento. Muchas de estas personas necesitan cuidados y requieren de un control constante, los cuidadores apenas tienen tiempo para realizar gestiones o tramites, aún así se les requiere documentación en reiteradas ocasiones, alguna de la cual se posibilita el acceso a sus datos por la propia Administración, esto complica aún más su situación familiar ya que siguen sin recibir ni obtener los apoyos que requieren o los recursos más adecuados. El rol profesional de los trabajadores sociales municipales de atención a la dependencia es complicado ya que además de su temporalidad laboral, se une un volumen de trabajo excesivo, con desplazamientos constantes a centros residenciales y domicilios que en algunos casos, ha de sufragar personalmente y que implican espacios de tiempo de traslados, que redundan acortando su jornada laboral. Además en muchas ocasionas las personas afectadas exponen sus quejas en relación a la aplicación de esta Ley al trabajador social ya que es el técnico más cercano y no disponen de los suficientes medios para hacerlos llegar a las administraciones competentes.
El 12 de marzo del presente año, entró en vigor la aplicación de la Ley de renta garantizada de ciudadanía, para la Comunitat Valenciana como derecho a una prestación económica para promover la inserción laboral de los beneficiarios, atendiendo a los principios de solidaridad, subsidiariedad y complementariedad, otro soplo de aire fresco en la intervención integral de las personas. Han pasado siete meses desde las primeras solicitudes y la Administración sigue sin responder, no sólo a los solicitantes sino que la información a los profesionales es inexistente.
A esto se añade la caducidad de los reconocimientos de minusvalía, por el que se percibe una pensión no contributiva, que sin haber recibido carta alguna de aviso y habiendo pasado varios años desde su concesión, la cuantía mensual les ha sido suspendida, transcurriendo varios meses hasta su reanudación. Mientras tanto la Administración más cercana a los ciudadanos, Las corporaciones locales, que pueden poner caras a los nombres y conoce sus situaciones de precariedad, ha de asumir, duplicando en algunos casos los presupuestos, la atención de las necesidades más básicas de sus vecinos y ciudadanos. Ciudadanos que en ocasiones no pueden distinguir entre competencias de las distintas administraciones pero si tienen claro que requieren de los apoyos institucionales necesarios para llevar una vida digna, en igualdad de condiciones.
Por todo ello desde nuestro colegio profesional queremos alzar la voz y ofrecemos nuestra colaboración a nuestra Administración autonómica para que se trabaje para y por las personas, aplicando las leyes de manera eficaz, construyendo un Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) que haga realidad las expectativas generadas, que priorice la coordinación socio-sanitaria , que se potencie la prevención de estas situaciones desde el ámbito comunitario con la promoción de la salud y se cuente con los recursos del tercer sector y del privado. Para ello se debe unificar el sistema de servicios de atención a la dependencia y el de servicios sociales generales, potenciándolo y fortaleciéndolo para desarrollar una adecuada coordinación profesional e Institucional.
* Presidenta Colegio de Trabajadores Sociales y Asistentes Sociales de Valencia.
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