Un año y medio después de la entrada en vigor de la Ley de la Dependencia, tanto las personas mayores como las personas con diversidad funcional seguimos igual o incluso peor que antes de tenerla.
Es frecuente y cada vez en mayor grado escuchar, ver o leer en cualquier medio de comunicación las múltiples quejas de los ciudadanos por las situaciones sociales de abandono que están soportando sin que nadie ponga remedio inmediato a su situación porque desde que nació la ley no pueden remangarse hasta que no dispongan de la valoración burocrática precisada para otorgar servicio o prestación económica alguna. Algo que antes no solía ocurrir porque en cada rincón de España se aplicaba el principio de la solidaridad y de la coherencia.
El gasto público, o más bien despilfarro, que esta ley está suponiendo a las arcas administrativas tanto autonómicas como del Estado y que además acabará siendo a través de la injusta fórmula del copago -para sabe Dios qué-, reportado nuevamente por la aportación de los usuarios, son una vez más otro de los muchos descalabros políticos a los que este sistema mercantilista, partidista y capitalista actual y brutal, desde hace tiempo ya nos tiene acostumbrados.
Mientras que la Ley se ciñe a la aportación de usuarios en base a sus ingresos y patrimonio, medida ya discutible en profundidad, los reglamentos autonómicos convierten en la práctica este requisito en los ingresos de la unidad familiar de las personas dependientes.
Otro ejemplo, y no como un hecho aislado pero sí documentando, la siempre socia-lista comunidad de Andalucía viene aplicando una norma antiley que deja prácticamente vacía de contenido la figura del asistente personal para menores y personas con diversidad intelectual, cuando precisamente en el contenido y peso de esta nueva e indispensable figura para promover la autonomía de personas (in)dependientes, residía uno de los pocos aciertos en ella contemplados.
Es frecuente y cada vez en mayor grado escuchar, ver o leer en cualquier medio de comunicación las múltiples quejas de los ciudadanos por las situaciones sociales de abandono que están soportando sin que nadie ponga remedio inmediato a su situación porque desde que nació la ley no pueden remangarse hasta que no dispongan de la valoración burocrática precisada para otorgar servicio o prestación económica alguna. Algo que antes no solía ocurrir porque en cada rincón de España se aplicaba el principio de la solidaridad y de la coherencia.
El gasto público, o más bien despilfarro, que esta ley está suponiendo a las arcas administrativas tanto autonómicas como del Estado y que además acabará siendo a través de la injusta fórmula del copago -para sabe Dios qué-, reportado nuevamente por la aportación de los usuarios, son una vez más otro de los muchos descalabros políticos a los que este sistema mercantilista, partidista y capitalista actual y brutal, desde hace tiempo ya nos tiene acostumbrados.
Mientras que la Ley se ciñe a la aportación de usuarios en base a sus ingresos y patrimonio, medida ya discutible en profundidad, los reglamentos autonómicos convierten en la práctica este requisito en los ingresos de la unidad familiar de las personas dependientes.
Otro ejemplo, y no como un hecho aislado pero sí documentando, la siempre socia-lista comunidad de Andalucía viene aplicando una norma antiley que deja prácticamente vacía de contenido la figura del asistente personal para menores y personas con diversidad intelectual, cuando precisamente en el contenido y peso de esta nueva e indispensable figura para promover la autonomía de personas (in)dependientes, residía uno de los pocos aciertos en ella contemplados.
La última realidad y de la que hasta el propio CERMI, casi siempre amigo de viajar junto al poder, ha alertado es que si bien esta ley y su plan de acción individual ha de ser consensuado entre la persona con cierto nivel de dependencia y el cuerpo administrativo del sistema de atención a la dependencia, y libremente aceptado o rechazado por los usuarios, estas personas están siendo directamente coaccionadas para aceptar el plan individual que el corporativismo de turno y conforme a sus reglamentos, tendencias y directrices internas les ofrece.
El Foro de Vida Independiente, una plataforma y corriente de opinión, de actualmente 740 personas con diversidad funcional (des) organizada, que, en ocasiones, se organiza a través de internet, de la que soy miembro, enviaba hace unos días un breve comunicado de prensa en el que expresaba textualmente:
“El Foro de Vida Independiente quiere denunciar públicamente que se está dando el caso de que personas dependientes han sido coaccionadas a firmar el acta de propuesta de Programa Individual de Atención (PIA) sin estar de acuerdo y con el condicionante de que si no lo hacen archivan el expediente y se quedan sin nada. El FVI comparte la recomendación del CERMI de que antes de firmar el acta pueden manifestar su disconformidad firmando NO CONFORME
Por otro lado son varias las comunidades autónomas que obligan a presentar un documento aportando datos personales de personas del entorno de los solicitantes y autorizando el acceso a datos personales que obran en poder de otras administraciones. La ley 39/2006 establece que la atención a las personas dependientes es un derecho subjetivo, y por tanto son las condiciones personales del solicitante las que determinan el acceso a los servicios y prestaciones, sin que la situación de otras personas deba de influir. El Foro de Vida Independiente recomienda no aportar ningún dato ni autorización a acceso a datos personales de persona distinta del solicitante.
Finalmente el Foro de Vida Independiente quiere manifestar su preocupación por el hecho que para la determinación de la capacidad económica y patrimonial de los beneficiarios, son varias las comunidades autónomas, que han publicado órdenes en las que se establece que esa capacidad económica cabe entenderla como la de la unidad familiar, cuestión que contraviene la ley y que es una burda repetición de lo ocurrido con la aprobación de las prestaciones económicas establecidas en la LISMI. La administración estableció por Decreto como capacidad económica la de la unidad familiar, contraviniendo lo establecido en la LISMI, y el Tribunal Supremo falló en contra de la administración.”
Pero hay más… Esta historia no acaba aquí. Podría darnos para escribir novelas respecto a un sistema “progresista”, cada vez más injusto y retrógrado. Hace tan sólo unos días, la Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Emilia Caballero, era destituida de su cargo por haberle llevado al simple extremo de cumplir con su función de defender a su pueblo y haber elevado una crítica investigación sobre el desarrollo de esta ley, que otros pancistas defensores de otros pueblos no han tenido el arrojo de efectuar quizás por temor a correr su misma suerte y que como prueba de no estarme inventando nada, pueden los lectores descargarse clicando » aquí «
“El Foro de Vida Independiente quiere denunciar públicamente que se está dando el caso de que personas dependientes han sido coaccionadas a firmar el acta de propuesta de Programa Individual de Atención (PIA) sin estar de acuerdo y con el condicionante de que si no lo hacen archivan el expediente y se quedan sin nada. El FVI comparte la recomendación del CERMI de que antes de firmar el acta pueden manifestar su disconformidad firmando NO CONFORME
Por otro lado son varias las comunidades autónomas que obligan a presentar un documento aportando datos personales de personas del entorno de los solicitantes y autorizando el acceso a datos personales que obran en poder de otras administraciones. La ley 39/2006 establece que la atención a las personas dependientes es un derecho subjetivo, y por tanto son las condiciones personales del solicitante las que determinan el acceso a los servicios y prestaciones, sin que la situación de otras personas deba de influir. El Foro de Vida Independiente recomienda no aportar ningún dato ni autorización a acceso a datos personales de persona distinta del solicitante.
Finalmente el Foro de Vida Independiente quiere manifestar su preocupación por el hecho que para la determinación de la capacidad económica y patrimonial de los beneficiarios, son varias las comunidades autónomas, que han publicado órdenes en las que se establece que esa capacidad económica cabe entenderla como la de la unidad familiar, cuestión que contraviene la ley y que es una burda repetición de lo ocurrido con la aprobación de las prestaciones económicas establecidas en la LISMI. La administración estableció por Decreto como capacidad económica la de la unidad familiar, contraviniendo lo establecido en la LISMI, y el Tribunal Supremo falló en contra de la administración.”
Pero hay más… Esta historia no acaba aquí. Podría darnos para escribir novelas respecto a un sistema “progresista”, cada vez más injusto y retrógrado. Hace tan sólo unos días, la Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Emilia Caballero, era destituida de su cargo por haberle llevado al simple extremo de cumplir con su función de defender a su pueblo y haber elevado una crítica investigación sobre el desarrollo de esta ley, que otros pancistas defensores de otros pueblos no han tenido el arrojo de efectuar quizás por temor a correr su misma suerte y que como prueba de no estarme inventando nada, pueden los lectores descargarse clicando » aquí «
Emilia Caballero, últimamente perseguida por sus críticas a la gestión del Ppero gobierno autonómico de la comunidad Valenciana fue destituida de forma sorpresiva y curiosamente suplantada por su Adjunto segundo Carlos Morenilla, marido de la actual consellera de Turismo, Angélica Such, quien se autoproclamó, al estilo de los años del dictador el pasado día 1 de julio, el nuevo Sindic en funciones de la Generalitat Valenciana.
Pero aun sigue habiendo más y aquí no voy a extenderme porque mejor les dejo pensando con mis cuestiones. ¿Se resarcirá algún día el pisoteo de los derechos humanos de los miles que en tan solo un año ya se han muerto esperando y de sus familias? ¿Llegarán a tiempo de soluciones quienes a dia de hoy en el más absoluto de los abandonos ya están expirando? ¿Cuánto tardaremos las personas con diversidad funcional y con necesidad de apoyos para promover nuestra autonomía personal, en poder servirnos de esta ley como un recurso más para poder igualarnos?
Demasiado serio es el asunto como para tomárselo con la frivolidad de celebrarlo, así que no me queda más remedio que decir que
Pero aun sigue habiendo más y aquí no voy a extenderme porque mejor les dejo pensando con mis cuestiones. ¿Se resarcirá algún día el pisoteo de los derechos humanos de los miles que en tan solo un año ya se han muerto esperando y de sus familias? ¿Llegarán a tiempo de soluciones quienes a dia de hoy en el más absoluto de los abandonos ya están expirando? ¿Cuánto tardaremos las personas con diversidad funcional y con necesidad de apoyos para promover nuestra autonomía personal, en poder servirnos de esta ley como un recurso más para poder igualarnos?
Demasiado serio es el asunto como para tomárselo con la frivolidad de celebrarlo, así que no me queda más remedio que decir que
¡Fuera estos politicastros! O como diría en sentido figurado un vasco: Txakurrak kanpora!
Mª Ángeles Sierra
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