Es más, el departamento municipal que dirige Paz Pérez Asorey tampoco tiene conocimiento de que se hayan hecho efectivos pagos a dependientes de otros municipios de la comarca. Esta situación es generalizable al resto de Galicia, debido a la tardanza del Gobierno central en remitir a la comunidad los fondos necesarios para aplicar la norma, pese a las gestiones realizadas desde la Xunta, según Paz Pérez. Esto provoca gran "descontento" y "preocupación" entre usuarios y agentes locales, que ven como no se consiguen los fines que propugna la ley a pesar de tener su parte de los deberes "cumplidos".
En la unidad técnica que dirige Chus Tablanca Pallares hay en la actualidad 402 expedientes de dependencia, acumulados desde abril de 2007, en que empezaron los trámites. De esos informes, 18 se refieren a personas que ya no podrán beneficiarse de las ayudas, pues fallecieron a lo largo del último año. "Que pasa con esas 18 persoas que terían dereito a unha prestación e non se lles recoñeceu?", inquiere la concejala.
Un total de 375 expedientes han sido valorados ya por los servicios sociales municipales y remitidos a la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Los 27 restantes se refieren a casos registrados esta misma semana o pendientes de aportar documentación por parte de las familias solicitantes. Y es que los trámites, ya de por sí lentos, se complican todavía más por las constantes peticiones de documentación por parte de la administración autonómica, que en ocasiones solicita papeles que ya le fueron remitidos hasta "dúas ou tres veces".
La ley diferencia tres grados de dependencia. Al de grandes dependientes (3) se adscriben 79 expedientes de Lalín, de los que 48 serían de nivel 2 o dependientes totales, esto es, necesitados de asistencia personal constante, y 31 serían de nivel 1. Hay 25 personas con dependencia severa (2): 7 de nivel 2 y 8 de nivel 1. Y otras 2 presentan dependencia moderada, es decir, que pueden realizar la mayoría de las tareas básicas; ambos están en el nivel 2.
Los usuarios valorados como grandes dependientes tendrían que estar siendo beneficiarios de sus derechos, pero al concello no le consta que así sea. Ni siquiera dispone de información directa, ya que las resoluciones llegan a los domicilios de los interesados. "Non se conta cos concellos como se debería, cando somos os que temos que facer os trámites e coñecer a demanda existente", señala la edil. Servicios Sociales debe hacer un seguimiento de cada caso, pero "non podemos porque non nos informan das resolucións; sabémolo polos usuarios", alega.
De los 106 casos resueltos por la Xunta, al menos 86 deberían estar recibiendo ya ayuda, según se recoge en los plazos de aplicación de la ley: Los 79 considerados grandes dependientes y los 7 del nivel 2 de los dependientes severos. La administración dispone de seis meses para aprobar o denegar los expedientes y clasificarlos según el grado de dependencia y de otros seis para elaborar el Plan Individual de Atención (PIA), por lo que, en el peor de los casos, los primeros solicitantes con gran dependencia tenían que haber empezado a cobrar en abril pasado. Pérez reclama un mayor "feeling" entre las administraciones a la hora de compartir información y tramitar las solicitudes, que primero van a Vigo para su resolución y después a Pontevedra para su valoración, lo que dificulta cualquier seguimiento desde el concello.
Nuevas ayudas
Por último, Vicepresidencia lanza una nueva convocatoria de ayudas destinadas a dependientes de grado 3 o grado 2 con nivel 2 para adaptación funcional del hogar (hasta un máximo de 2.500 euros) y supresión de barreras arquitectónicas (máximo de 3.000 euros) y de comunicación en el interior de la vivienda (2.500). Los solicitantes deben tener reconocida su condición de dependientes y residir en Galicia. El plazo de solicitud se cierra el día 14 de agosto.
Faro de Vigo.es
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