El Ejecutivo vasco y las diputaciones, que han acordado 'suavizar' el impacto económico en Euskadi, rechazarán hoy la iniciativa en el Consejo de Dependencia
23.07.08 -
JAVIER MUÑOZ
SAN SEBASTIÁN.
DV. El Gobierno Vasco y las tres diputaciones expresarán hoy su rechazo a la pretensión del Ejecutivo central de establecer en un reglamento de la Ley de Dependencia que las personas mayores atendidas en una residencia respondan con su piso habitual para hacer frente al copago; es decir, a la parte del servicio que les corresponde pagar. Las instituciones vascas, que han pactado 'suavizar' esa formula en los geriátricos de la comunidad autónoma, dejando exento el valor medio de la vivienda usada, expondrán su postura en el Consejo Territorial de la Dependencia, un órgano que congrega periódicamente a todas las autonomías, a los gobiernos forales en el caso de Euskadi, y al Ministerio de Educación y Política Social.
Según explicó el Departamento vasco de Vivienda y Asuntos Sociales, la ministra Mercedes Cabrera presentará a los gobiernos autónomos un texto que desarrolla la Ley de Dependencia en el capítulo del copago. El documento tiene mucha importancia porque detalla los bienes que una administración puede reclamar a una persona por un servicio en el que debe pagar una parte de los costes. El Gobierno central indica los ingresos del usuario que pueden computarse (nómina o pensión); e incluye también su patrimonio, pero dejando claro que, cuando el servicio consista en la estancia en una residencia o en una cantidad económica para irse a un centro privado, se le podrá reclamar la vivienda principal.
Esa pretensión choca frontalmente con el acuerdo alcanzado en Euskadi entre el Ejecutivo autónomo y los entes forales. Tras largas negociaciones, estas instituciones decidieron que, en la comunidad vasca, el usuario de un geriátrico público sólo responderá con el piso habitual cuando el valor de ese inmueble exceda de un 'mínimo exento' (el valor medio de la vivienda usada). Y únicamente lo hará a partir de esa cantidad. Ese compromiso institucional ha quedado plasmado en el proyecto de ley vasca de Servicios Sociales, que debe debatirse en el Parlamento de Vitoria.
En realidad, el reglamento que defiende la Administración central no tiene por qué afectar a los tres territorios históricos del País Vasco, pues las prestaciones de la dependencia son una competencia de las diputaciones, y éstas ya han decidido suavizar el copago. El texto presentado por la ministra Cabrera simplemente marcaría un 'suelo' que las autononías podían elevar a su criterio. Por ejemplo, en Navarra ya existe un mínimo exento que asciende a 150.000 euros.
La versión «más dura»
No obstante, el viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Consuegra, criticó que la Administración central haya optado, precisamente, por «la reglamentación más dura» respecto al copago de las residencias. A su modo de ver, quienes opten por ella sólo «desincentivarán» el uso de los servicios sociales entre amplios sectores de la clases medias. Consuegra recalcó que en el País Vasco se ha realizado, precisamente, un gran esfuerzo para reducir el impacto económico sobre las personas mayores que no tienen más remedio que acudir a un geriátrico.
El viceconsejero también se refirió a un apartado del proyecto de ley vasca de Servicios Sociales que ha sido objeto de polémica porque establece que, a la hora de fijar el copago de un usuario, no sólo se valorarán sus ingresos y su patrimonio (con el mínimo exento para la vivienda principal). También podrá tenerse en cuenta el patrimonio de las personas obligadas a prestarles asistencia.
Los socialistas vascos han criticado esa 'coletilla', porque creen que se contradice, por ejemplo, con la ley vasca de Complemento de Pensiones, que contempla a los beneficiarios de los subsidios al margen de su familia. El PSE-EE recuerda que la propia Ley estatal de Dependencia y la Generalitat catalana hacen lo mismo. Sin embargo, Consuegra replica que el propósito de las instituciones vascas no es «ir por el patrimonio de la familia extensa», sino afrontar dos situaciones concretas.
La primera se produce cuando una persona está incapacitada legalmente por un juez, de manera que una persona o una fundación se ocupan de ella y de sus bienes. Según el viceconsejero, esos 'tutores' no responderían del copago con sus propios patrimonios, sino con el que les han encargado administrar. El segundo supuesto es el de las personas mayores que, en un futuro próximo tendrán que ir a una residencia. Se trataría de prevenir que sus familiares sucumban a la tentación de que les vaya traspasando los bienes hasta que llegue ese momento. Esta casuística quedaría detallada en un reglamento.
Según explicó el Departamento vasco de Vivienda y Asuntos Sociales, la ministra Mercedes Cabrera presentará a los gobiernos autónomos un texto que desarrolla la Ley de Dependencia en el capítulo del copago. El documento tiene mucha importancia porque detalla los bienes que una administración puede reclamar a una persona por un servicio en el que debe pagar una parte de los costes. El Gobierno central indica los ingresos del usuario que pueden computarse (nómina o pensión); e incluye también su patrimonio, pero dejando claro que, cuando el servicio consista en la estancia en una residencia o en una cantidad económica para irse a un centro privado, se le podrá reclamar la vivienda principal.
Esa pretensión choca frontalmente con el acuerdo alcanzado en Euskadi entre el Ejecutivo autónomo y los entes forales. Tras largas negociaciones, estas instituciones decidieron que, en la comunidad vasca, el usuario de un geriátrico público sólo responderá con el piso habitual cuando el valor de ese inmueble exceda de un 'mínimo exento' (el valor medio de la vivienda usada). Y únicamente lo hará a partir de esa cantidad. Ese compromiso institucional ha quedado plasmado en el proyecto de ley vasca de Servicios Sociales, que debe debatirse en el Parlamento de Vitoria.
En realidad, el reglamento que defiende la Administración central no tiene por qué afectar a los tres territorios históricos del País Vasco, pues las prestaciones de la dependencia son una competencia de las diputaciones, y éstas ya han decidido suavizar el copago. El texto presentado por la ministra Cabrera simplemente marcaría un 'suelo' que las autononías podían elevar a su criterio. Por ejemplo, en Navarra ya existe un mínimo exento que asciende a 150.000 euros.
La versión «más dura»
No obstante, el viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Consuegra, criticó que la Administración central haya optado, precisamente, por «la reglamentación más dura» respecto al copago de las residencias. A su modo de ver, quienes opten por ella sólo «desincentivarán» el uso de los servicios sociales entre amplios sectores de la clases medias. Consuegra recalcó que en el País Vasco se ha realizado, precisamente, un gran esfuerzo para reducir el impacto económico sobre las personas mayores que no tienen más remedio que acudir a un geriátrico.
El viceconsejero también se refirió a un apartado del proyecto de ley vasca de Servicios Sociales que ha sido objeto de polémica porque establece que, a la hora de fijar el copago de un usuario, no sólo se valorarán sus ingresos y su patrimonio (con el mínimo exento para la vivienda principal). También podrá tenerse en cuenta el patrimonio de las personas obligadas a prestarles asistencia.
Los socialistas vascos han criticado esa 'coletilla', porque creen que se contradice, por ejemplo, con la ley vasca de Complemento de Pensiones, que contempla a los beneficiarios de los subsidios al margen de su familia. El PSE-EE recuerda que la propia Ley estatal de Dependencia y la Generalitat catalana hacen lo mismo. Sin embargo, Consuegra replica que el propósito de las instituciones vascas no es «ir por el patrimonio de la familia extensa», sino afrontar dos situaciones concretas.
La primera se produce cuando una persona está incapacitada legalmente por un juez, de manera que una persona o una fundación se ocupan de ella y de sus bienes. Según el viceconsejero, esos 'tutores' no responderían del copago con sus propios patrimonios, sino con el que les han encargado administrar. El segundo supuesto es el de las personas mayores que, en un futuro próximo tendrán que ir a una residencia. Se trataría de prevenir que sus familiares sucumban a la tentación de que les vaya traspasando los bienes hasta que llegue ese momento. Esta casuística quedaría detallada en un reglamento.
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