Sueldos públicos de lujo para los altos cargos cesantes
La clase política no se atreve a abrir el debate público sobre sus sueldos por temor al desgaste que le supondría. Pero es evidente que ha legislado a su favor creando normas que le favorezca, sobre todo para garantizarse una cómoda salida económica cuando los partidos no cuentan con sus empleados en la primera línea o se acerca la edad de la jubilación. Parece que cobran poco en comparación con otros países, pero siguen aumentando los blindajes, muchas veces nada transparentes. Ningún ciudadano puede percibir dos salarios del erario público, pero sí existe para los ex ministros, ex secretarios de Estado y ex altos cargos de las instituciones cuando cesan. Todos los contribuyentes tienen que tributar por todos sus ingresos, pero un tercio del sueldo de los diputados y senadores no pagan IRPF porque se le considera una indemnización para gastos de su función. Los empleadores no pueden abonar las cotizaciones sociales de sus trabajadores, pero las Cortes pagan las cuotas patronales y de empleado de diputados y senadores. Y mientras un ciudadano tiene que cotizar durante 35 años para cobrar la totalidad de la base reguladora de la pensión a que cause derecho, a los miembros del Gobierno le basta con jurar el cargo, y los diputados y senadores sólo tienen que acumular siete años.
Si la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, la más joven que ha llegado al cargo, decidiera no trabajar más, tendría ya asegurada la pensión máxima. Y los ex ministros y ex altos cargos acumulan además otro colchón importante, ya que cuando cesan pueden cobrar el 80% de su salario hasta dos años como máximo.
Se trata de una vieja Ley de 1980, que pactaron UCD y el PSOE, para acabar con las pensiones vitalicias del régimen franquista. Con el argumento de que los ex ministros pudieran tener dificultades en integrarse a su vida profesional ordinaria se acordó esta indemnización que es compatible con cualquier otra remuneración, pública o privada, incluida la actividad de diputado y senador.
Varios ex acumularán tres o más sueldos públicos, como es el caso del ex ministro de Defensa, José Antonio Alonso, o el Trabajo, Jesús Caldera, que también podrá añadir la remuneración de la Fundación para el desarrollo de ideas del PSOE. Otros ex ministros ya estaban cobrando el cese, y sumaran ahora el sueldo de diputado y de presidente de una comisión parlamentaria (Trujillo, López Aguilar o Calvo).
A este grupo se sumará también el ex presidente del Congreso, Manuel Marín, que percibirá 12.933 euros al mes. A lo que podrá sumar el cobro por impartir clases en la Universidad de Alcalá de Henares. Y por. primera vez los ex diputados y ex senadores podrán cobrar también una indemnización. Lo mismo sucede con los ex consejeros y ex altos cargos del Gobierno andaluz. Un chollo en plena desaceleración económica.
El ex jefe de la Oficina Económica del Presidente, David Taguas, que tiene la categoría administrativa de secretario de Estado, también va a cobrar el 80% de su salario (en este caso durante 18 meses, que es el periodo en que ocupó el cargo) como indemnización por cese.
Taguas, que sigue siendo funcionario (sus excedencias son vitalicias) percibirá esta dádiva (unos 6.500 euros brutos al mes) más el sueldo de Seopan, que podría alcanzar los 25.000 euros también mensuales. Son legales ambas percepciones. Los legisladores han sido tan permisivos en la elaboración de esta Ley 74/1980 para favorecerse que facilita este tipo de situaciones junto a una ley de incompatibilidades también generosa.
Solbes ha apelado a la «ética» de Taguas para que no reclame la paga del Estado. Sin embargo, el vicepresidente se olvida que él mismo está cobrando ahora, como pasivo, la pensión de ex comisario europeo (unos 3.800 euros al mes), mientras sigue en el Gobierno, como activo, con otro sueldo de 7.205 euros al mes (más la antigüedad por su condición de funcionario). Además, entre 2004 y 2007 estuvo percibiendo, junto al sueldo de vicepresidente, la indemnización por cese como comisario de Economía europeo (unos 8.500 euros al mes). Y cuando deje el actual cargo también cobrará la paga del 80% de su salario durante dos años.
Si la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, la más joven que ha llegado al cargo, decidiera no trabajar más, tendría ya asegurada la pensión máxima. Y los ex ministros y ex altos cargos acumulan además otro colchón importante, ya que cuando cesan pueden cobrar el 80% de su salario hasta dos años como máximo.
Se trata de una vieja Ley de 1980, que pactaron UCD y el PSOE, para acabar con las pensiones vitalicias del régimen franquista. Con el argumento de que los ex ministros pudieran tener dificultades en integrarse a su vida profesional ordinaria se acordó esta indemnización que es compatible con cualquier otra remuneración, pública o privada, incluida la actividad de diputado y senador.
Varios ex acumularán tres o más sueldos públicos, como es el caso del ex ministro de Defensa, José Antonio Alonso, o el Trabajo, Jesús Caldera, que también podrá añadir la remuneración de la Fundación para el desarrollo de ideas del PSOE. Otros ex ministros ya estaban cobrando el cese, y sumaran ahora el sueldo de diputado y de presidente de una comisión parlamentaria (Trujillo, López Aguilar o Calvo).
A este grupo se sumará también el ex presidente del Congreso, Manuel Marín, que percibirá 12.933 euros al mes. A lo que podrá sumar el cobro por impartir clases en la Universidad de Alcalá de Henares. Y por. primera vez los ex diputados y ex senadores podrán cobrar también una indemnización. Lo mismo sucede con los ex consejeros y ex altos cargos del Gobierno andaluz. Un chollo en plena desaceleración económica.
El ex jefe de la Oficina Económica del Presidente, David Taguas, que tiene la categoría administrativa de secretario de Estado, también va a cobrar el 80% de su salario (en este caso durante 18 meses, que es el periodo en que ocupó el cargo) como indemnización por cese.
Taguas, que sigue siendo funcionario (sus excedencias son vitalicias) percibirá esta dádiva (unos 6.500 euros brutos al mes) más el sueldo de Seopan, que podría alcanzar los 25.000 euros también mensuales. Son legales ambas percepciones. Los legisladores han sido tan permisivos en la elaboración de esta Ley 74/1980 para favorecerse que facilita este tipo de situaciones junto a una ley de incompatibilidades también generosa.
Solbes ha apelado a la «ética» de Taguas para que no reclame la paga del Estado. Sin embargo, el vicepresidente se olvida que él mismo está cobrando ahora, como pasivo, la pensión de ex comisario europeo (unos 3.800 euros al mes), mientras sigue en el Gobierno, como activo, con otro sueldo de 7.205 euros al mes (más la antigüedad por su condición de funcionario). Además, entre 2004 y 2007 estuvo percibiendo, junto al sueldo de vicepresidente, la indemnización por cese como comisario de Economía europeo (unos 8.500 euros al mes). Y cuando deje el actual cargo también cobrará la paga del 80% de su salario durante dos años.
Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que «Taguas es el único español sin problemas de trabajo» en referencia a la duplicidad de empleos y sueldos del asesor de José Luis Rodríguez Zapatero. Se olvida también de que el PP modificó en la Ley 24/2001, cuando estaba en La Moncloa, la norma que regula estas indemnizaciones para que los miembros de su gabinete que antes de ser ministros fueron secretarios de Estado (ganan más que los ministros) pudieran cobrar la paga compensatoria como secretarios, porque les resultaba más elevada. Por ejemplo, los anteriores ministros de Ciencia y Tecnología, Juan Costa; Hacienda, Cristóbal Montoro; Justicia, José María Michavila; y la ex titular de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, cobraron 6.332 euros brutos mensuales como ex secretarios de Estado en vez de los 4.997 euros que le correspondían como ex ministros.
Desde que entró en vigor este blindaje hace 27 años (estuvo operativo el uno de enero de 1981), muy pocos ex han apelado a la «ética» para no reclamar la cesantía. Manuel Chaves, Joan Lerma y José Montilla, ex ministros de Trabajo, Administraciones Públicas e Industria en distintos momentos, no solicitaron esta paga (la tramita el ministerio de Presidencia del Gobierno) cuando fueron nombrados presidentes autonómicos de Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña respectivamente. Pero, legalmente, podrían haber compatibilizado las dos percepciones.
Desde que entró en vigor este blindaje hace 27 años (estuvo operativo el uno de enero de 1981), muy pocos ex han apelado a la «ética» para no reclamar la cesantía. Manuel Chaves, Joan Lerma y José Montilla, ex ministros de Trabajo, Administraciones Públicas e Industria en distintos momentos, no solicitaron esta paga (la tramita el ministerio de Presidencia del Gobierno) cuando fueron nombrados presidentes autonómicos de Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña respectivamente. Pero, legalmente, podrían haber compatibilizado las dos percepciones.
Otro de los altos cargos que decidió no cobrar esta indemnización fue el actual ministro de Industria, Miguel Sebastián, tras su cese como Jefe de la Oficina Económica del Presidente. Obviamente, tuvo que ver su presencia en el cartel socialista de las elecciones al ayuntamiento de Madrid.
Sobre este asunto los grupos políticos guardan, también Presidencia del Gobierno, un hermético silencio, sobre todo cuando se les pregunta si durante los dos años de este pensionazo los afectados cobran además la nómina del partido.
Por ejemplo, no hay respuesta sobre si José Antonio Alonso o Jesús Caldera percibirán remuneraciones del PSOE además de los tres sueldos públicos que tienen a partir de ahora: la indemnización por cesantía de ex ministros; su condición de diputados; y de portavoz del grupo en el primer caso y de presidente de la comisión de Política de integración de Discapacidad en el segundo. Según los cálculos realizados por este periódico (homogeneizados en 12 pagas brutas al año, que es la fórmula de cobro de los ministros) Alonso lidera el ranking de los bien pagados. El actual portavoz socialista sumará unos ingresos mensuales de 14.728 euros (sin incluir los trienios que percibe por los años de antigüedad en la carrera judicial). Caldera, o los que cesaron hace unos meses (como Juan Fernando López Agui-lar, Carmen Calvo, María Antonia Trujillo) acumularán más de 13.000 euros al mes porque además de diputados han sido designados para presidir distintas comisiones parlamentarias.
Sobre este asunto los grupos políticos guardan, también Presidencia del Gobierno, un hermético silencio, sobre todo cuando se les pregunta si durante los dos años de este pensionazo los afectados cobran además la nómina del partido.
Por ejemplo, no hay respuesta sobre si José Antonio Alonso o Jesús Caldera percibirán remuneraciones del PSOE además de los tres sueldos públicos que tienen a partir de ahora: la indemnización por cesantía de ex ministros; su condición de diputados; y de portavoz del grupo en el primer caso y de presidente de la comisión de Política de integración de Discapacidad en el segundo. Según los cálculos realizados por este periódico (homogeneizados en 12 pagas brutas al año, que es la fórmula de cobro de los ministros) Alonso lidera el ranking de los bien pagados. El actual portavoz socialista sumará unos ingresos mensuales de 14.728 euros (sin incluir los trienios que percibe por los años de antigüedad en la carrera judicial). Caldera, o los que cesaron hace unos meses (como Juan Fernando López Agui-lar, Carmen Calvo, María Antonia Trujillo) acumularán más de 13.000 euros al mes porque además de diputados han sido designados para presidir distintas comisiones parlamentarias.
Les sigue en este peculiar ranking el ex presidente del Congreso, Manuel Marín, que a su largo curriculum profesional se une el de haber sido el político con mayores ingresos. Por ejemplo, entre 1999 y 2002, junto al sueldo de diputado a partir de 2000, cobró la indemnización por cese como ex comisario europeo (unos 11.000 euros al mes en euros constantes). Ahora, como ex presidente del Congreso, percibirá unos 13.000 euros mensuales). Y a partir de 2009, cuando cumpla los 60 años, podrá acogerse a la pensión anticipada de ex comisario (rondará con los coeficientes que le corresponde los 3.800 euros al mes). Y hay más: también tendrá derecho a la pensión máxima de la Seguridad Social que le garantiza haber cotizado el Congreso por él en más de siete años, y que será complementada con otra privada sobre la que la Cámara ha realizado aportaciones al Plan de previsión.
Sus señorías, diputados y senadores, tampoco van a andar descalzos cuando el paro acecha a los votantes.
Los representantes políticos se han adjudicado después de varias intentonas una cesantía que entra en vigor ahora por primera vez. Eso sí, la indemnización es algo más modesta que la de los ex ministros ya que percibirán el salario de un mes por cada año de mandato.
Sus señorías, diputados y senadores, tampoco van a andar descalzos cuando el paro acecha a los votantes.
Los representantes políticos se han adjudicado después de varias intentonas una cesantía que entra en vigor ahora por primera vez. Eso sí, la indemnización es algo más modesta que la de los ex ministros ya que percibirán el salario de un mes por cada año de mandato.
De esta forma, aquellos que el partido decidió no incluirles en las listas del 9-M, y que por lo tanto no repiten mandato en esta legislatura, podrán percibir al menos cuatro meses de sueldo (14.590 euros en total, a razón de 3.647 euros por mes correspondientes a la asignación constitucional, que es parte del sueldo de los parlamentarios que tributa a Hacienda). El límite se ha puesto en el cobro de hasta 24 meses que, en este caso, podrán percibir cuando dejen el Congreso veteranos diputados como Alfonso Guerra o Francisco Fernández Marugán que recibirán en euros constantes más de 51.000 euros.
Fuentes del Congreso dicen que todavía no se sabe el número de parlamentarios afectados. Pero la cifra no será inferior a la treintena. También se está viendo a quienes, por edad, la Cámara tiene que complementar su suspensión hasta la máxima pública y quienes empezarán a cobrar también la privada.
El caso andaluz
Todos estos blindajes, ampliados en muchos casos, se han replicado en las comunidades autónomas. En Andalucía, los ex altos cargos salientes, con ocasión del nuevo Gobierno formado por Manuel Chaves después de las elecciones autonómicas del 9-M, podrán percibir al menos tres mensualidades (pueden llegar hasta 12 según los años en el cargo) como indemnización. Y aquí la extensión de esta paga es más amplia porque se incluyen hasta a los directores generales.
Además de la misma cesantía contemplada para los ex ministros, Chaves se ha asegurado una pensión vitalicia del 60% de su salario cuando deje el cargo, y que superará en más de 17.000 euros anuales el límite de la pensión máxima de la Seguridad Social que determina la Ley de los presupuestos generales del Estado. Lo mismo se ha reservado para los ex vicepresidentes y ex consejeros salientes. El nuevo Gobierno andaluz ha incluido en el nuevo organigrama dos vicepresidentes que no figuraban anteriormente y de los 15 miembros del equipo, siete son nuevos.
Los ex parlamentarios de la Asamblea andaluza también podrán acceder a la indemnización. La asignación será de una mensualidad de sus retribuciones y periódicas por cada año de ejercicio con un mínimo de tres y un máximo de 12.
Hasta el PSOE pide a Zapatero que controle el gasto de sus altos cargos
Si hasta el PSOE lo reconoce, la cosa debe ser grave. Y ya no valen los apaños semánticos. Porque, diga lo que diga el vicepresidente económico, Pedro Solbes, que ayer volvió a sacar el manual de eufemismos para llamar "contracción económica" a la galopante crisis, lo cierto es que incluso el propio PSOE le ha pedido al Gobierno que haga un "esfuerzo de austeridad" y ponga freno al número de altos cargos ministeriales, que se ha disparado más de un 20% en esta segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.
Además de la misma cesantía contemplada para los ex ministros, Chaves se ha asegurado una pensión vitalicia del 60% de su salario cuando deje el cargo, y que superará en más de 17.000 euros anuales el límite de la pensión máxima de la Seguridad Social que determina la Ley de los presupuestos generales del Estado. Lo mismo se ha reservado para los ex vicepresidentes y ex consejeros salientes. El nuevo Gobierno andaluz ha incluido en el nuevo organigrama dos vicepresidentes que no figuraban anteriormente y de los 15 miembros del equipo, siete son nuevos.
Los ex parlamentarios de la Asamblea andaluza también podrán acceder a la indemnización. La asignación será de una mensualidad de sus retribuciones y periódicas por cada año de ejercicio con un mínimo de tres y un máximo de 12.
Hasta el PSOE pide a Zapatero que controle el gasto de sus altos cargos
Si hasta el PSOE lo reconoce, la cosa debe ser grave. Y ya no valen los apaños semánticos. Porque, diga lo que diga el vicepresidente económico, Pedro Solbes, que ayer volvió a sacar el manual de eufemismos para llamar "contracción económica" a la galopante crisis, lo cierto es que incluso el propio PSOE le ha pedido al Gobierno que haga un "esfuerzo de austeridad" y ponga freno al número de altos cargos ministeriales, que se ha disparado más de un 20% en esta segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.
El Congreso rechazó anoche una moción del PP que, además de denunciar el "considerable incremento de los altos cargos" y la "notable repercusión que supondrá para el gasto público en un periodo de recesión económica", instaba al Gobierno a limitar en el futuro el nombramiento de nuevos directivos en la Administración del Estado. El PSOE votó en contra de esa moción porque el PP se negó a aceptar una enmienda de los socialistas que, a juicio de los populares, desvirtuaba por completo el contenido del texto. Es verdad que la enmienda del PSOE, en un nuevo requiebro lingüístico, denominaba a la crisis, simple y llanamente, "nueva situación económica"; pero también es cierto que, en un gesto poco frecuente en un partido que sustenta al Gobierno, reclamaba a éste un "esfuerzo adicional de austeridad", además de "rigor y contención del gasto público". Y le instaba a adoptar medidas que favorezcan la "racionalización y eficiencia en la utilización de los recursos humanos existentes en la Administración".
El PP sostiene que la trampa de la enmienda socialista se esconde tras la expresión "recursos humanos", esquivando, de esta forma, el término "altos cargos" que figuraba en la moción popular. Y el PSOE se defiende con el argumento de que, si bien esa expresión figuraba en su enmienda, ésta también reclamaba al Gobierno que evite un "incremento en el número de puestos directivos" de la Administración.
Pero, más allá de las sutilezas semánticas, el hecho incontestable es que la cifra de altos cargos en el recién estrenado Ejecutivo ha aumentado un 21% con respecto a 2004, cuando Rodríguez Zapatero inició su primer mandato. Entonces había 374 altos cargos en la Administración central (ministros, secretarios de Estado, directores generales, secretarios generales, secretarios generales técnicos y asesores ejecutivos), frente a los 453 de la actualidad. Y eso que la vicepre-sidenta, María Teresa Fernández de la Vega, se jactó el pasado 14 de abril, tras la toma de posesión de los nuevos ministros, de que la estructura del Gobierno destacaba por su "austeridad", pese a contar en su organigrama con un ministerio más que en 2004 y seis nuevas Secretarías de Estado, que generan el correspondiente incremento de gasto: coche oficial, secretaria, asesores...
Esta circunstancia llama aún más la atención si se tiene en cuenta que Rodríguez Zapatero, durante su etapa en la oposición como portavoz socialista en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso (1996-2000), fustigó de manera implacable al Gobierno de José María Aznar por incumplir su compromiso electoral de reducir el número de altos cargos en la Administración.
El Confidencial (Francisco Núñez).-
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