Las ayudas de la Ley de Dependencia en Sagunto siguen aplicándose a cuentagotas. Los resultados hablan por sí solos ya que de un total de 1.430 solicitudes presentadas sólo se han concedido nueve Programas Individuales de Atención (PIAS), los tres últimos desde el mes de abril y 52 nuevos informes más remitidos a la Generalitat. Ante este retraso la plataforma que lucha por la aplicación efectiva de esta ley ha decidido recoger firmas en algunos Ayuntamientos de la comarca.
Este colectivo ha decidido empezar sumando apoyos por todo el Camp de Morvedre, aunque no descarta tomar otras acciones conjuntas con las plataformas de Elche y Alicante a partir del próximo 15 de septiembre.
Y es que el retraso en la aplicación de esta ley es patente en toda la Comunitat Valenciana, especialmente en Sagunto donde todavía no se ha percibido ninguna prestación económica.
"A fecha de hoy, la única persona que tiene aprobado el PIA aún no ha cobrado ni un céntimo", ha apuntado Javier Aparicio, miembro de la Plataforma por una Aplicación Efectiva de la Ley de Dependencia en el Camp de Morvedre.
También ha informado de que "las únicas personas que están percibiendo estas prestaciones son las que se encuentran en residencias".
Esta medida supone que "en vez de desarrollar nuevos servicios para garantizar los derechos de más personas, la Conselleria ha priorizado, incumpliendo lo que establece la ley, la valoración de las personas que ya están siendo atendidas en centros residenciales, independientemente de que su grado de dependencia fuera mayor o menor", han afirmado desde el colectivo.
Responsabilidad
Asimismo, Aparicio ha apuntado que debe ser la Generalitat quien "inste a la percepción de estas ayudas a las personas de gran invalidez. Por tanto, la Conselleria tiene que visitar a esa persona aunque no haya solicitado esa ayuda. No han valorado ni a los grandes dependientes", ha apuntado Aparicio.
Ante esta situación, desde esta plataforma se pide a estas personas, que no dispongan todavía de su PIA en forma de ayudas económicas o prestación de servicios, "deben reclamar directamente ante la Conselleria o elevar sus quejas ante el Síndic de Greuges", han declarado desde este colectivo.
Esta reivindicación se hace ante el "incumplimiento" de esta normativa que fijó que durante 2007, todos grandes dependientes "deberían ser atendidos, un plazo que ya `ha sido ampliamente rebasado", han afirmado desde la agrupación.
La plataforma ya ha conseguido la adhesión de 18 asociaciones de la comarca y de todos los grupos políticos, excepto del PP.
Además de estas críticas, la plataforma ha denunciado "los graves déficits que arrastra todo el sistema de servicios sociales de la Comunitat Valenciana, fruto de una política empeñada en la privatización permanente de todos estos servicios", han apuntado.
Aparte de estas reivindicaciones, este colectivo ha manifestado que a pesar del anuncio de la Conselleria de Bienestar Social de que "el 92% de las solicitudes de la Comunitat Valenciana ya habían sido atendidas, las personas afectadas y sus familias saben que la realidad está muy alejada de esas cifras".
Y es que la asociación también ha criticado la "poca transparencia" en los datos sobre los PIAS concedidos y solicitudes totales, ya que existe una "ocultación" en la información que desde esta agrupación y otras organizaciones se ha solicitado al Consell.
Este colectivo ha decidido empezar sumando apoyos por todo el Camp de Morvedre, aunque no descarta tomar otras acciones conjuntas con las plataformas de Elche y Alicante a partir del próximo 15 de septiembre.
Y es que el retraso en la aplicación de esta ley es patente en toda la Comunitat Valenciana, especialmente en Sagunto donde todavía no se ha percibido ninguna prestación económica.
"A fecha de hoy, la única persona que tiene aprobado el PIA aún no ha cobrado ni un céntimo", ha apuntado Javier Aparicio, miembro de la Plataforma por una Aplicación Efectiva de la Ley de Dependencia en el Camp de Morvedre.
También ha informado de que "las únicas personas que están percibiendo estas prestaciones son las que se encuentran en residencias".
Esta medida supone que "en vez de desarrollar nuevos servicios para garantizar los derechos de más personas, la Conselleria ha priorizado, incumpliendo lo que establece la ley, la valoración de las personas que ya están siendo atendidas en centros residenciales, independientemente de que su grado de dependencia fuera mayor o menor", han afirmado desde el colectivo.
Responsabilidad
Asimismo, Aparicio ha apuntado que debe ser la Generalitat quien "inste a la percepción de estas ayudas a las personas de gran invalidez. Por tanto, la Conselleria tiene que visitar a esa persona aunque no haya solicitado esa ayuda. No han valorado ni a los grandes dependientes", ha apuntado Aparicio.
Ante esta situación, desde esta plataforma se pide a estas personas, que no dispongan todavía de su PIA en forma de ayudas económicas o prestación de servicios, "deben reclamar directamente ante la Conselleria o elevar sus quejas ante el Síndic de Greuges", han declarado desde este colectivo.
Esta reivindicación se hace ante el "incumplimiento" de esta normativa que fijó que durante 2007, todos grandes dependientes "deberían ser atendidos, un plazo que ya `ha sido ampliamente rebasado", han afirmado desde la agrupación.
La plataforma ya ha conseguido la adhesión de 18 asociaciones de la comarca y de todos los grupos políticos, excepto del PP.
Además de estas críticas, la plataforma ha denunciado "los graves déficits que arrastra todo el sistema de servicios sociales de la Comunitat Valenciana, fruto de una política empeñada en la privatización permanente de todos estos servicios", han apuntado.
Aparte de estas reivindicaciones, este colectivo ha manifestado que a pesar del anuncio de la Conselleria de Bienestar Social de que "el 92% de las solicitudes de la Comunitat Valenciana ya habían sido atendidas, las personas afectadas y sus familias saben que la realidad está muy alejada de esas cifras".
Y es que la asociación también ha criticado la "poca transparencia" en los datos sobre los PIAS concedidos y solicitudes totales, ya que existe una "ocultación" en la información que desde esta agrupación y otras organizaciones se ha solicitado al Consell.
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