La Sindicatura de Greuges ha remitido varias recomendaciones a la Conselleria de Bienestar Social para que resuelva los expedientes de diez personas dependientes que en 2007 solicitaron las ayudas contempladas en la conocida como Ley de Dependencia.
Las resoluciones, hechas públicas esta semana, llevan fecha del 3 de junio y están firmadas por la entonces responsable de la institución, Emilia Caballero, quien esta semana ha dejado de ejercer el cargo en funciones, en favor del adjunto segundo, Carlos Morenilla.
Caballero recomienda a la Conselleria que "proceda de inmediato" a resolver los expedientes, "reconociendo y otorgando las prestaciones que, de acuerdo con la valoración y el programa individual de atención corresponda" a cada una de esta personas.
La Síndica se pronuncia así en referencia a diez nuevas quejas de personas o familiares de personas en situación de dependencia, quienes presentaron la solicitud de ayudas entre marzo y octubre de 2007, y quienes en su mayoría sólo han sido valorados o no tienen reconocido el grado ni nivel de dependencia.
Otros, sin embargo, se quejan de que el día que presentaron la solicitud les faltaba algún documento, y casi once meses después no han recibido notificación para subsanar esta cuestión.
En su informe, Caballero recuerda que la Ley de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común dispone que cuando las solicitudes no reúnan los requisitos legalmente establecidos, se deberá otorgar un plazo de diez días para que se subsanen.
Además, hace un repaso de lo establecido en la Ley de Dependencia, respecto al tipo de prestaciones que se ofrecen y el procedimiento que se sigue para la obtención de las ayudas, al tiempo que recuerda las competencias que corresponden a cada de las Administraciones.
Asimismo, indica que "la falta de cumplimiento de los plazos para resolver expedientes conlleva la inobservancia de la normativa aplicable al respecto" y asegura que, en estos casos, se vulnera lo dispuesto en la ley de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
La Síndica también reconoce que el desarrollo normativo de la Ley de Dependencia, responsabilidad de la Administración General del Estado, "no ha sido diligente y es incompleto", pero señala que no le corresponde ni le está permitido investigar a dicha Administración.
No obstante, señala que si los peticionarios no han visto resueltas sus solicitudes y como consecuencia de ello han sufrido daños económicamente evaluables, pueden solicitar la correspondiente responsabilidad patrimonial de conformidad con lo dispuesto en la Constitución.
Por ello, recomienda a la Conselleria a que proceda a resolver los expedientes y le pide que remita en un mes el preceptivo informe en que manifieste la aceptación o no de la sugerencia que se realiza o, en su caso, las razones que estime para no aceptarla.
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