Centenares de personas se han manifestado esta mañana en Madrid contra el real decreto que deja sin asistencia sanitaria desde hoy a los inmigrantes sin permiso de residencia. Gritos como “no son recortes, es xenofobia” o “ningún ser humano es ilegal” fueron constantes en un acto que pretendía llamar la atención sobre la situación en la que quedan las personas sin papeles –unos 150.000 no comunitarios entre ellos, según los cálculos de este periódico-.
Faloo, de 30 años, es uno de los afectados. Este senegalés acudió junto a su amigo Mustafá. Llevan cuatro y cinco años en España, respectivamente, siempre en situación ilegal. “Me dedico al top manta” admite Faloo, quien ya ha tenido que acudir a la sanidad pública “por problemas en una pierna”. “Ahora no sé qué va a pasar”, dice. “En el hospital no me han dicho nada, pero la cosa va a ir a peor”.
Faloo representa la incertidumbre en la que vive esta población después del anuncio de los recortes y las distintas declaraciones después de representantes del Ministerio de Sanidad –con la titular, Ana Mato, a la cabeza- y la consejería de Salud de Madrid de que ninguno va a quedar desatendido. “Con esta ley van a machacar a los inmigrantes. Aunque esté bien, de vez en cuando tengo que ir al médico. Hay que revisarse”, dice lleno de sentido común. “Pero no sé cómo lo voy a pagar”.
La misma duda corroe a Lucrecia Sáenz, una nicaragüense de 53 años. “Llevo ocho años en España, siempre en situación irregular”, admite. Se dedica al trabajo doméstico. “He tenido problemas de dolores en la columna, hipertensión y alergias. En el centro de salud no saben qué va a pasar a partir de ahora. Creo que no tengo derecho a volver”, dice resignada. Por si acaso, va a mirar seguros privados, “a ver si hay alguno barato”. Por lo que no puede es quedarse sin atención. “Con que no tome las pastillas un día me pongo fatal”. Ese es, de momento, la principal preocupación de Lucrecia. “Son caras”, dice. “Bueno, para mí lo son. Hay una que son unos 30 euros”. Con la tarjeta, pagaba el 40%, como todos los trabajadores. Sin ella, tendrá que pagar el 100%.
Y ellos siempre han estado en esa situación. Pero anímicamente puede ser aún peor para otros extranjeros: los que han tenido papeles, pero que al quedarse sin trabajo, no han podido renovar la tarjeta. “Tienen la desgracia de haber perdido el trabajo y la sanidad”, afirma Juan Sotelo, presidente del Centro Uruguayo de Madrid. “Yo estoy legal, pero conozco a muchos así”. La discriminación para ellos es mayor, ya que en ese caso un español no pierde la cobertura.
El acto, convocado por una veintena larga de asociaciones - Red por el Derecho a tener Derechos, la Federación de Asociaciones de Refugiados e Inmigrantes, Médicos del Mundo, Economistas sin Fronteras, Cumbre Eslava, Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos, Asociación de Chilenos Violeta Parra, Ari-Perú, Pueblos Unidos, Paz Ahora, Zerca y Lejos, Territorio Doméstico, Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid, Parroquia San Carlos Borromeo y Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, entre otras- duró algo más de una hora. Relegados a una estrecha acera frente al hospital Gregorio Marañón de la capital por la delegación del Gobierno, los manifestantes pronto ocuparon la calle O’Donnell. Los esfuerzos de la organización para reconducir la protesta para evitar represalias fueron inútiles. Solo después de una hora, ante la amenaza de que la Policía Nacional iba a cargar –y con el peligro de que detuvieran a algún indocumentado, lo que podría acarrearle la expulsión-, la protesta se tornó poco a poco en una cadena humana que abarcaba toda la fachada de del hospital.
Miguel Falcones, presidente de Médicos del Mundo de Madrid, una de las organizaciones con más presencia en el acto, afirmó que el objetivo de la protesta era la “derogación del decreto por injusto y discriminatorio”. “El turismo sanitario no afecta a los inmigrantes en situación irregular, que no pueden regularizar su situación porque no les dejamos. Eso es cosa de ciudadanos europeos que vienen de su país para que les operen aquí más barato”, dijo. “Los inmigrantes vienen aquí a trabajar y aportar, y los estudios demuestran que van entre un 20% y un 30% menos al médico que los españoles”, añadió.
"En el hospital no me han dicho nada, pero la cosa va a ir a peor", dice un senegalés
Falcones dijo también que con el decreto se corría el peligro de que se colapsaran las urgencias –un servicio al que sí tienen derecho los inmigrantes-. “La primaria es más barata; con este decreto se encarece y se agrava “ el tratamiento de su enfermedad añadió.
Entre las personas que acudieron a la concentración estaba la diputada del PSOE Marisol Pérez, vicepresidenta segunda de la Comisión de Sanidad. Esta anunció que su grupo iba a presentar una proposición de ley para que se derogara la parte correspondiente del decreto a lo que calificó de “apartheid sanitario”. También estaban Tomás Hernández, ex secretario del Plan Nacional sobre Sida y actualmente miembro de la dirección de Médicos del Mundo, y Luis Montes, el médico que fue acusado y absuelto por el caso de las supuestas eutanasias en el hospital de Leganés de 2003. Este manifestó que creía que el decreto “era una chapuza”. “Parece que actúan improvisando. Han querido acabar con el turismo sanitario y han metido en el mismo saco a los inmigrantes”, dijo.
No debía de andar muy equivocado Montes. De hecho, poco antes de la manifestación, tras un acto en la Organización Médica Colegial, el director general de Cartera de Servicios y Farmacia, Agustín Rivero, admitió que el objetivo de la medida era el turismo. Y reconoció que él mismo, ”como médico”, si tiene “un paciente delante”, no lo va a “dejar de atender”. “Otra cosa es la facturación”, añadió.
Más injusto es, todavía, para los que sí cotizaron pero han perdido trabajo y tarjeta
Con ello Rivero quiso fijar las líneas del real decreto y defender la interpretación que hace el ministerio (al menos es el único alto cargo que ha hablado de él en rueda de prensa en los últimos meses). “Es posible que hayamos juntado ambos aspectos”, dijo sobre el hecho de que por acabar con el turismo sanitario se había dejado sin atención a los inmigrantes sin papeles.
Pero dejó esa pelota en el alero de cada servicio de salud. “Habrá facturación que se podrá cobrar. Hay convenios con países, y también otros de cooperación internacional”. Lo que está claro, para él, es que “si alguien está enfermo, alguien lo va a ver”. Eso sí, “habrá que ver cómo”, dijo ante la imposibilidad de precisar el mecanismo y la variedad de propuestas que manejan ahora las comunidades. “El que pueda pagar, pagará”, insistió. De hecho, hasta planteó la posibilidad de que una persona que estaba en situación ilegal y no hubiera pagado, recibiera la factura después si era regularizado.
Al margen de las manifestaciones -las de la calle y las declaraciones-, hoy era el primer día en que los inmigrantes se quedaban sin tarjeta, pero al ser sábado los centros de salud no han registrado incidentes. Tampoco los ha habido en las farmacias, aunque hoy entra en vigor el fin de la financiación de 417 medicamentos.
Fuente: El País
Manu Chao "Clandestino"
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