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Una España al borde del rescate, si es que no ha llegado a ser intervenida por la CEE, acaba de adquirir con dinero público, la ruinosa situación de varias autopistas de pago que actualmente estaban al borde de la quiebra. Lo que todavía nos sorprende más, ya que necesitando mayores recursos la mitad de la población que la habita, se decide por prestar una ayuda importante a la empresa privada antes que aliviar la penosa situación del colectivo de ciudadanos que componen el estado.
RESCATAN AUTOPISTAS DE PAGO CON
DINERO PÚBLICO.
Fomento rescata la segunda circunvalación
La empresa liderada por ACS, constructora dirigida por el presidente del Real Madrid, acepta integrarse en la sociedad pública con una quita del 80% de su capital
La segunda circunvalación de Alicante, la autopista de peaje que se construyó en pleno ciclo de expansión económica, bajo el mandato de José María Aznar como presidente del Gobierno, ya no se ve abocada a un cierre seguro. El Ministerio de Fomento informó ayer de que ultima la constitución de la nueva sociedad pública de autopistas con la que se busca evitar la quiebra a una decena de vías de pago, entre ellas la AP-7, que actualmente afrontan problemas económicos y financieros, y que en su mayor parte están en concurso de acreedores. Incluida la que construyó Ciralsa, una empresa participada y liderada por la constructora del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Todas estas autopistas, salvo Ausur (la que une Cartagena y Vera), han manifestado ya al Departamento que dirige Ana Pastor su disposición a sumarse a la empresa pública, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.
La sociedad de autopistas, que debe estar lista antes de fin de año y que se aprobará por Real Decreto, se constituirá así a partir del proyecto diseñado por Fomento. Hace justo un mes, Ciralsa desconocía, ante el ultimátum que le dio el Ministerio de Fomento, si aceptaría o no las condiciones de fuerte quita del capital social para integrarse en Seittsa.
Ahora ya se despeja la incógnita. Se acepta la gran rebaja del capital social a cambio del rescate. Según este proyecto, el Ministerio, a través de su sociedad Seittsa, controlará el 80% del capital de la empresa de autopistas. El 20% restante se lo repartirán las sociedades concesionarias actualmente titulares de las autopistas en problemas que se integrarán en la empresa. En el caso de la segunda circunvalación, Ciralsa (participada por ACS, Abertis y Globalvía, integrada a su vez por Bankia y FCC).
Este porcentaje de participación parte con un valor de 122 millones, dado que la sociedad se constituye valorada en 608 millones. La parte correspondiente al Estado equivale a la capitalización de las ayudas que hasta ahora ha dado al sector.
El proyecto contempla también que, además del porcentaje del 20% en la nueva sociedad, Fomento abonará a las concesionarias 350 millones de euros por los importes que les adeuda por las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron las autopistas y las modificaciones que sufrieron sus proyectos de obra.
En paralelo, el departamento de Ana Pastor ya tiene cerrado un acuerdo con los bancos acreedores de las autopistas, que suman una deuda de unos 3.500 millones de euros. Este acuerdo con la banca es el que exige que la nueva empresa de autopistas esté lista antes de fin de año.
Administrador concursal
El administrador concursal envió a principios de octubre al titular del Juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante, como adelantó este diario, el informe sobre la situación patrimonial y reclamación de los distintos acreedores y proveedores de Ciralsa, elaborado por PwC y que fija un pasivo de 528 millones de euros. Entre los principales acreedores financieros están SabadellCAM (heredero de CAM), Caixabank, Bankia y Banco Espíritu Santo. Este último banco participó como financiero y como inversor en varias sociedades concesionarias, al igual que Bankia.
Dentro del pasivo se incluyen los 74 millones de euros que están en litigio, la mayoría por el precio de las expropiaciones, que se dispararon por las resoluciones judiciales que tumbaban el justiprecio y que ganaron miles de afectados, también en Alicante.
Las autopistas que se integrarán en la sociedad son las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera, la circunvalación de Alicante y la que une Madrid y el aeropuerto de Barajas. Sus sociedades concesionarias están en su mayoría participadas por las grandes constructoras (ACS, Sacyr, Ferrovial OHL y Abertis), además de por Globalvía (grupo de concesiones de FCC y Bankia) y alguna entidad financiera.
Todas estas vías, las de más reciente construcción y que supusieron una inversión de unos 5.600 millones de euros, se han visto afectadas por los sobrecostes que afrontaron con la expropiación de los terrenos sobre los que se construyeron y el desplome de los tráficos por la crisis. En el caso de AP-7 la crisis lo ha reducido a solo 6.000 vehículos diarios, 2.000 menos de lo previsto
El pasado 19 de Noviembre de 2013, hará un año desde que iniciaran la 1ª Marcha de la discapacidad, por la dignidad y el respeto, es ahora que para nada han llegado a cambiar las cosas, es más la política social se ha visto recrudecida con la acción gubernamental que nos sitúa al borde de lo insostenible, razones y motivos no faltan a esta comitiva que ha iniciado su marcha desde el sur de la provincia de Alicante y que finalizará en nuestra hermana Valencia en donde llevarán las propuestas de solución al problema planteado por el gobierno central y secundado por el permisivo gobierno valenciano de Alberto Camps. En estas andamos camino a la esperanza, si es que podemos tenerla.
La provincia sufre las consecuencias de una sequía cuyas motivaciones son únicamente de origen político, invariablemente han estado manipulando este tema y da como resultado que hoy tengamos una situación de necesidad que pasan por todo lo alto, las consideraciones que lo hacen necesario quedan disipadas por la lucha fraticida de un bipartidismo que no nos ha originado más que serios problemas. ¿Como se puede permitir a una comunidad que nos niegue el líquido elemento cuando una inmensa población de manchegos lo necesitan?... ¿Es que ya no son manchego-castellanos? ¿Acaso no tienen la consideración de sus líderes políticos?... Pero hagamos un breve repaso a las políticas ligadas a este estado de cosas que nos ha ido ocurriendo desde que José María Aznar accedió al gobierno que es en la actualidad que podemos comprobar los frutos que junto a otros nos trajeron:
El objetivo principal del Plan Hidrológico Nacional era transferir el agua del Ebro a las zonas más secas del sureste peninsular, sobre todo a la Región de Murcia y a la Comunidad Valenciana. El proyecto recibió el apoyo de los agricultores de estas zonas, y algunos gobiernos autonómicos (incluidos tres socialistas). Los gobiernos de Aragón y Cataluña así como diversas plataformas ecologistas como Ecologistas en Acción tacharon al proyecto de pretender camuflar otros factores políticos y económicos, como la especulación a gran escala en el levante. Aunque el proyecto se aprobó como decreto ley bajo el gobierno de Aznar, fue cancelado una vez el PSOE llegó al gobierno.
El Presidente electo de Venezuela, Hugo Chávez, acusó a Aznar de estar entre los dirigentes internacionales que apoyaron un golpe de estado contra él. De hecho, su gobierno no condenó dicho golpe y el ministro de exteriores del gobierno posterior, Miguel Ángel Moratinos, también sostuvo que lo legitimó basándose en ocho telegramas remitidos por el entonces embajador de España en Caracas, Manuel Viturro, al Ministerio de Exteriores encabezado por Josep Piqué. Hugo Chávez ha repetido en diversas ocasiones su convencimiento llegando incluso a llamar fascista públicamente a José María Aznar, con el conscuente reproche de José Luís Rodríguez Zapatero y Juan Carlos I.
El 23 de julio de 2003 el magistrado Pablo Burgos de Andrés de la Audiencia Nacional condenó a Televisión española por «considerar probado que en junio de 2002 vulneró los derechos de huelga y libertad sindical en la información que ofreció sobre la huelga general del 20-J», tras la denuncia por manipulación informativa que hiciera el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.). El magistrado consideró probado que TVE omitió los datos favorables a la movilización y a los sindicatos de una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, centrándose en cambio solo en respuestas contrarias a la huelga, sin aportar «justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad para evitar la lesión del derecho de huelga y libertad sindical». En 2004 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa citó esta condena a TVE como ejemplo de influencia del poder político en la radiodifusión pública en varios países de Europa Occidental, como Grecia, Italia, Portugal y la misma España.
Posteriormente el gobierno de la Junta de Galicia y la Abogacía del Estado defendieron en sendos estudios la decisión del Gobierno de Aznar de alejar el buque de la costa gallega como la más acertada. Finalmente, el juzgado encargado de investigar el caso exculpa a Fomento y señala que no cabía otra opción que denegar el acceso a puerto y alejarlo de la costa.
Fallos en la planificación del vuelo, sobre todo en lo referente a la contratación del mismo, en la gestión del accidente de avión español en Turquía del 2003 y, especialmente, la invención de las autopsias para conseguir acabar las identificaciones en un tiempo récord fueron criticados por la oposición y los propios familiares de los fallecidos, que en el juicio celebrado en 2009 para discernir las responsabilidades por el escándalo suscitado entre la opinión pública llegaron a declarar haber sido maltratados psicológicamente y engañados por los responsables políticos en 2003. El gobierno contestaba diciendo que durante su mandato se había invertido más en infraestructuras que en cualquier periodo precedente y consideraba el accidente de Turquía un accidente sin responsabilidades políticas, ya que la organización del vuelo correspondía a la OTAN y no al Gobierno español.
Tras las primeras investigaciones policiales y de los servicios secretos los partidos de la oposición y los medios de comunicación internacionales empezaron a dar por más probable la autoría de algún grupo terrorista yihadista, desmarcándose así de la postura defendida por el Gobierno que insistía en la autoría de ETA como principal hipótesis.
¿Podremos seguir aguantando tanto desacierto como es el que nos han originado? Creo llegado el momento de tener que pensarlo mejor a la hora de emitir nuestro voto, de otro modo...
¿Verdaderamente la creación de la Ley de Dependencia fue celebrada con el mismo entusiasmo por todos los partidos firmantes del pacto? Sinceramente no nos lo podemos creer, podría ser algo así como el tira y afloja del plan hidrológico nacional que viene siendo utilizado por estos dos partidos como un arma arrojadiza de cuyas consecuencias es el pueblo llano es quien lo sufre. Seguramente será cuando comience a aplicarse todas estas leyes regresivas que han sido promulgadas por el gobierno de Mariano Rajoy cuando el pueblo se de perfectamente cuenta de lo ocurrido. Al tiempo.
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