Artículo de Opinión
MANUEL GIRÓN GIMÉNEZ
Dos artículos recientes en el periódico INFORMACIÓN tratan el tema de la atención de salud mental. Uno es un artículo de Ángeles Cáceres en donde se habla de una situación de padecimiento para familias y personas con enfermedad mental que se atribuye a "la dejación de obligaciones de un Estado que se saca de encima toda responsabilidad cargándosela a las familias". El otro es la noticia de las trabas para la aplicación del protocolo de Tratamiento Ambulatorio Involuntario que se dice, falsamente, que goza de amplio consenso. Los dos deforman, de forma estigmatizadora, la situación real de las personas con enfermedad mental y ocultan la realidad sobre el desarrollo de los recursos de atención a la salud mental.
No se debe ocultar que la atención de salud mental que se diseña en el País Valencià y en Alacant es de baja calidad. Así lo ha denunciado la Plataforma de Salud Mental en múltiples ocasiones.
Y esto es curioso porque se publicita que se crean algunos recursos, lo que ocurre es que son escasos y faltos de eficacia conocida. Sin embargo, los dispositivos y técnicas de intervención básicas y/o eficaces no se quieren ni mencionar (el trabajo con las familias en el hogar, los servicios de mediación de caso y de atención domiciliaria, la atención intensiva en la comunidad o los servicios de integración laboral). Si una persona con enfermedad mental para prevenir crisis necesita que unos profesionales de salud mental realicen un trabajo sistemático con la familia, pues no es posible. Si para mejorar necesita un piso tutelado, no hay. Si para mantenerse estable psicológicamente necesita un trabajo, no hay donde ir. Si necesita ingresar para curar una recaída, le dicen que el ingreso no lo necesita, que no hay camas o si se produce, es un ingreso ultracorto, y esto hace que muchas de las hospitalizaciones necesarias no puedan realizarse o se hagan mal (y muchos problemas importantes se derivan de ello). Estos recursos no se quieren ni mencionar porque lo que se busca en el País Valencià es enterrar un planteamiento sanitario que tiene como eje la atención continuada basada en equipos multidisciplinares en la comunidad, con atención domiciliaria y cercana, coordinados con atención primaria, con viviendas tuteladas y supervisadas, con miniresidencias en la comunidad, y con recursos suficientes de hospitalización psiquiátrica en todos los hospitales generales.
Lo más importante es que todos estos recursos han de estar dotados con programas eficaces para favorecer la autonomía y la libertad personal de las personas con enfermedad mental, para prevenir crisis, la excusión social y la carga familiar. Este es el planteamiento de la Ley General de Sanidad, así como de la reciente Estrategia de Salud Mental del Sistema Estatal de Salud (aprobada por la Conselleria de Sanitat Comité Interterritorial).
Claro retroceso. Se ha de decir bien alto que en el País Valencià, no sólo no se ha progresado en estos últimos años sino que se ha diseñado un proceso de claro retroceso en el campo de la salud mental recayendo sobre las familias el cuidado y la búsqueda de alternativas, a costa en muchas ocasiones, de embargarse económicamente para pagar centros privados, ante la ausencia de una respuesta pública, comunitaria y continuada.
La falta de una atención con unos mínimos de calidad no sólo produce padecimiento sino también una desorientación comprensible. Esta desorientación y las quejas -de tinte populista y estigmatizador- con las que va asociada no son nuevas. Todo el problema se atribuye de forma generalizada a unas personas con enfermedad mental que no quieren tomar medicación y que son, por tanto "una bomba de relojería". Esta puede ser la percepción inmediata de algunos familiares, pero no es la realidad de lo que sucede.
Ha de repetirse, la atención de salud mental que se diseña en el País Valencià y en Alacant es de baja calidad. Es deformador que se hable de "una sociedad" que es responsable de la situación, como hace Ángeles Cáceres en su artículo, y no de los responsables políticos, de los gestores y gerentes de área que diseñan y aplican las políticas sociosanitarias. Es deformador que una parte significativa de la solución sea un protocolo de tratamiento ambulatorio involuntario, que en contra de lo argumentado, no cuenta con el consenso de la federación de asociaciones de familiares, ni con el de los profesionales, ni desde ámbitos judiciales. No hay más que entrar en la página de la Confederación de Asociaciones de Familiares, http://www.feafes.es para ver la posición de las asociaciones de familiares y usuarios.
Si buscamos que las personas con enfermedad mental no "sean apartados de la sociedad y recluidos de por vida en manicomios" las soluciones son otras, que aunque ocultadas de forma interesada son bien conocidas.
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