Por Antoni Such
Indignación, es la situación en la que nos encontramos miles y miles de valencianos después de escuchar las palabras del conseller de Economía el sr. Camps en los momentos previos a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en las que manifestaba la necesidad de retrasar la aplicación de la Ley de la Dependencia dos años debido a la escasez de recursos económicos del Consell y para poder aplicar el plan de austeridad económica requerido por el Gobierno de España.
Estupor, por desvergonzado, ya que nunca, nunca hubiera podido dar crédito a dichas palabras si no las hubiera escuchado de viva voz del conseller Camps y por tanto no se podrá desdecir diciendo que se ha malinterpretado o que los periodistas no han entendido lo que se ha querido decir.
Indignación y estupor, en tanto en cuanto estamos ante un Consell que se gasta el dinero público con una alegría nunca vista y que pretende hacer recaer la necesidad de austeridad sobre los ciudadanos más desfavorecidos, sobre aquellos que no pueden valerse por sí mismo.
Y el enfado procede de la realidad, y esta es que el Consell puede (si quiere) recortar gasto publico sin que afecte directamente a los dependientes. Para empezar podría suprimir rápidamente más de 10 fundaciones públicas (que se escapan al control de las Corts), y que generan unos gastos a todos los valencianos de más de 200 millones de euros. Para continuar podría proceder a eliminar otras 10 empresas públicas de las más de 50 existentes actualmente y que superponen sus competencias con las propias Consellerias de la Generalitat, lo que podría suponer un ahorro de más de 500 millones de Euros. También podría adecuar los salarios de gerentes y representantes de empresas públicas valencianas, de forma que ninguno de ellos cobre un salario mayor al percibido por el propio Presidente de la Generalitat.
También podría salir la Generalitat de Terra Mítica, ahorrándonos todos los valencianos las dotaciones económicas anuales que hay que poner para hacer frente a las pérdidas económicas de este parque de atracciones, así como que cuando una empresa privada no puede hacer frente al pago del Canon de la Formula 1, lo tengamos que pagar entre todos, costándonos a todos los valencianos más de 90 millones de euros. Y muchísimas más actuaciones que producirían grandes ahorros para poder destinar a las verdaderas necesidades de los ciudadanos.
Señor Camps, los dependientes no tienen porqué pagar la incompetencia del Consell, o los caprichos de los políticos de esta derecha insensible a los problemas sociales de los valencianos. El intento de retrasar dos años la aplicación de la Ley de Dependencia en nuestra Comunitat no es nuevo porque ya se está demorando, lo que no se había hecho hasta ahora es decirlo. Se ha perdido ya la vergüenza.
Fuente: Levante EMV
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