Los efectos del recorte Las negociaciones.
IU acusa al PSOE de retrasar la ley de
dependencia a propósito
Martín afirma que Migoya paraliza la renovación de diez contrataciones.
10/06/2010 PABLO ZARIQUIEGUI
RD Doce meses de media, con un intervalo de entre seis y 18. Es el tiempo que esperan los 
asturianos para la tramitación de las prestaciones correspondientes a la ley de dependencia. La Consejería de Bienestar Social alertó ayer de que estos tiempos empeorarán, y mucho, tras el cese, previsto para e 14 de junio, de diez trabajadores que se encargan de llevar a cabo los trámites.
Lo que subyace, en el fondo de la cuestión, es un nuevo conflicto entre los dos socios de Gobierno. Izquierda Unida, que dirige la Consejería de Bienestar Social, acusa abiertamente a la Consejería de Administraciones Públicas, en manos del PSOE, de frenar voluntariamente el desarrollo de la ley de dependencia. El mecanismo es sencillo de entender. Y es que, pese a que Bienestar Social lleva el peso en la aplicación de la ley de dependencia, Administraciones Públicas tiene las competencias sobre el personal. Si no se renuevan los contratos en vigor --sostiene Bienestar-- los plazos serán aún más largos.
La no renovación de los contratos encaja dentro de la política de ajuste emprendida por el Ejecutivo autonómico. La consejería que dirige Noemí Martín considera, por decirlo de una manera burda, que la parte socialista del Gobierno, con su negativa, mata dos pájaros de un tiro. Primero, porque se ahorra los sueldos de los diez trabajadores. Y, segundo y más importante, porque al retrasar el reconocimiento de la dependencia no tiene que hacer frente, al menos de inmediato, a sus costes. Bienestar Social lo dice más claro. "La medida afecta directamente a las políticas sociales". Y este segundo punto es, precisamente, el grueso del problema. El departamento de Noemí Martín señala, de hecho, que su consejería tiene presupuesto para hacer frente a las renovaciones. Y añade que la consejera ha enviado hasta cuatro peticiones por escrito a Administraciones Púbicas sin que haya servido para desbloquear el tema.
La reacción de Bienestar Social se produce tras salir a la luz la denuncia formulada por el 
sindicato de funcionarios CSIF. Su Secretario de Acción Sindical, Juan Gavira, afirma textualmente que el PSOE está "torpedeando" o "bloqueando" el pago de las ayudas y prestaciones de la ley de dependencia. Gavira recuerda que el próximo 14 de junio está previsto rescindir los contratos de 10 empleadas --cinco auxiliares y cinco administrativas-- encargadas de la tramitación de las prestaciones de la dependencia. Realizan la valoración económica, resoluciones, notificación a las áreas territoriales, altas a la Seguridad Social de los cuidadores...
CSIF coincide con Bienestar Social en que estos ceses provocarán un retraso de muchos meses en el cobro de las prestaciones de dependencia, acumulado al ya existente. El sindicato de funcionarios considera que la situación es más grave, si cabe, dado el anuncio del Gobierno central de suprimir la retroactividad en el pago de las prestaciones. CSIF interpreta que los dependientes nunca recuperarán los retrasos e incluso fallecerán sin haber recibido las prestaciones sociales o económicas. CSIF lamenta que las diferencias políticas entre miembros del mismo Gobierno acaben afectando a servicios básicos.
Fuente: La voz de Asturias
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