Alicante, 1 jun (EFE).- La plataforma en defensa de la Ley de Dependencia en Alicante ha lamentado hoy que el Gobierno central haya decidido aplazar en cinco años el pago de las retroactividades a los dependientes, ya que eta medida "favorecerá" a las autonomías que "hayan intentado retrasar las resoluciones de los expedientes".
El portavoz de la asociación, Miquel Martorell, se ha referido de ese modo al decreto aprobado por el Ejecutivo central, según el cual podrá aplazarse hasta en cinco años el pago de las cantidades adeudadas por efectos retroactivos a los dependientes que soliciten, a partir de hoy, las ayudas contempladas en la Ley de Dependencia.
Para Martorell, el decreto "favorecerá" a comunidades autónomas como la Valenciana que "no ha hecho los deberes" y que, a pesar de ello, tendrá la "facilidad" de pagar las retroactividades en cinco años.
El portavoz de la plataforma ha asegurado que, en la Comunitat, la retroactividad "no se ha dado de oficio", sino que los solicitantes han tenido que pedirla presentando un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Al mismo tiempo, el decreto establece que el plazo máximo entre la fecha de entrada de la solicitud y la de la resolución por la que se reconoce la prestación de dependencia pasa a ser de seis meses.
Esa modificación de la ley añade que, si transcurrido ese periodo no se notifica la resolución al demandante, éste tendrá derecho a la prestación económica al día siguiente de que se cumpla este plazo.
En este sentido, Martorell ha expuesto que, si bien esa medida puede suponer un "perjuicio" para otras autonomías, en el caso de la Valenciana se convierte en una "garantía" porque la Generalitat ha tardado hasta ahora "de dos a tres años" en resolver las resoluciones.
No obstante, el portavoz ha destacado que esa "garantía" sólo lo será si el Gobierno central "tiene capacidad de forzar a las comunidades autónomas" a cumplir el plazo establecido.
Fuentes de la plataforma han recordado que "muchas personas han fallecido" esperando la aplicación del derecho que concede la Ley de Dependencia.
En el caso de la Comunitat Valenciana se han contabilizado hasta el momento 106.185 peticiones de ayudas registradas -el Gobierno autonómico las ha enviado al Ejecutivo central-, pero sólo 34.000 de los solicitantes están recibiendo un servicio, según el trabajador social de la plataforma Juan Bueno.
Como consecuencia, las personas que actualmente tienen a familiares con un nivel tres de discapacidad en residencias de la ciudad de Alicante están pagando una media de 2.600 euros mensuales por una habitación individual y 2.000 euros por otra compartida.
Para asesorar a las personas con discapacidad o a sus familiares en la Ley de Dependencia y los derechos que tienen a partir de ella, en las ciudades de Alicante, Elche y Benidorm se han puesto en marcha servicios de orientación jurídica en la que colaboran los colegios de abogados.
Sin embargo, sólo en las dos últimas localidades, los consistorios se encargan de financiar el 50 por ciento de ete servicio, ya que, en palabras de Bueno, el Ayuntamiento de Alicante "ha sido incapaz de dar esa prestación económica".
La plataforma ha acusado al Consell de "boicotear" la Ley y de practicar la "demagogia" y la "desidia" en lo que a su aplicación se refiere.
Con el fin de hacer públicas esas reivindicaciones, la asociación ha convocado una manifestación de ámbito comarcal el próximo sábado en Alicante.
La concentración dará comienzo a las 19 horas en el cruce entre la Rambla Méndez Núñez y la Explanada y la marcha se iniciará alrededor de las 19.30 horas para dirigirse al edificio PROP de la Generalitat, donde los manifestantes pegarán corazones con los nombres de las personas dependientes que han fallecido esperando sus resoluciones.
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