Otra condena al alcalde de Alicante.

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Otra condena al alcalde Alperi

Tras la lectura de las declaraciones del alcalde de Alicante, publicadas en este diario recientemente y referentes a que la llamada Ley de la Memoria Histórica «no contiene ningún mandato imperativo acerca de la cuestión planteada», es decir, de la retirada de los títulos honoríficos concedidos al dictador y la de los símbolos y exaltaciones del franquismo, la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica condena, una vez más, su reiterada y falaz argumentación, y le invita a reflexionar sobre sus propias palabras y a rectificar públicamente sus impertinentes afirmaciones, tanto en su condición de ciudadano, como, muy en particular, en la que ahora ostenta, transitoria y circunstancialmente, de presidente de la corporación municipal. En una y otra, su conducta debe ser escrupulosamente respetuosa con la legislación vigente y con los valores y principios democráticos que informan a nuestra sociedad. Situarse al margen del cumplimiento de la ley, y pretender burlarla o diferirla, con amaños y subterfugios, no supone más que un suicidio político, un mayor deterioro de su imagen o un malogro infiltrado en alguna urna. El señor Alperi debería seguir los consejos del presidente de su partido, señor Rajoy, quien insiste en que las leyes -todas, sin excepción- están para observarlas y acatarlas, y mirarse en el espejo del pleno del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig -o en otros municipios, igualmente vecinos-, cuya alcaldesa, también del PP, convocó, meses atrás, para retirarle al dictador el nombramiento de hijo adoptivo, después de solicitar un informe jurídico, en el que se hace constar el carácter imperativo de la Ley 52/2007, conocida como Ley de la Memoria Histórica: decididamente imperativa y no potestativa y aún menos manipulable.

Ley que en su artículo 15 establece que: «Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura», por lo que, en aplicación de la misma, procede la retirada- y posterior anulación, por nuestro actual Ayuntamiento constitucional, de las diversas distinciones honoríficas otorgadas al dictador, por corporaciones sumisas al mismo, así como a otros individuos implicados en los supuestos que más arriba se han relacionado. La Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica emplaza nuevamente al alcalde para que se retracte de sus evasivas declaraciones habituales y actúe por imperativo no sólo del mandato legal, sino también por la responsabilidad de un cargo democrático, que nadie ni nada debiera empañar.

Por la Comisión Cívica:
Fernando Trives, Daniel Moya, Antonio Martín Lillo, Óscar Llopis, Miguel Mauri, Manuel Parra, Luis Pesquera, Cerdán Tato y otros.