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Con la llegada del nuevo gobierno y las reformas y ajustes que se anuncian es necesario que se produzca una reflexión profunda sobre la situación de la Ley de Dependencia que de una forma tan irregular se ha aplicado en estos años de funcionamiento.
En el momento actual no se ha establecido un marco regulador que establezca para toda España la determinación de la capacidad económica del beneficiario y los criterios de participación de éstos en las prestaciones del Sistema de Dependencia.
Se está sembrando un terreno propicio para que en España haya 17 sistemas distintos de Atención a la Dependencia con diferentes sistemas de copago y acreditaciones de centros con ratios de calidad diferentes.
Y, sobre todo, el problema principal es que no se la ha dotado de la financiación suficiente.
Es preciso impulsar definitivamente la Ley de Dependencia, garantizando la calidad y equidad de los servicios y prestaciones, promocionando la autonomía personal de las personas que solicitan las ayudas.
Es necesario definir el contenido de la cartera de servicios y promover los baremos de la evaluación de la dependencia.
Se debería mejorar e incrementar la financiación, para asegurar la calidad de los servicios y la recepción de las prestaciones que son imprescindibles para las personas dependientes.
No se trata de dificultar aún más el acceso a las ayudas por parte de las personas que lo necesiten, ni bajo ningún concepto recortar la dotación de fondos que se inyectan, sino de optimizar los medios para que el mayor número de dependientes y sus familias puedan acceder a las mismas.
De cualquier forma, lo más importante de todo es no olvidarse que además del carácter político de las medidas, hay un factor humano fundamental y que detrás de todo ello hay personas necesitadas para las que las ayudas suponen un balón de oxígeno y una forma de hacer más llevadera una situación que en la mayoría de los casos es terriblemente difícil.
Por todo ello se le debe dar un impulso definitivo a la Ley de Dependencia para que empiece a cumplir de una vez por todas con las expectativas que generó en su momento.
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(Si resultásemos garantes de la deuda, cada valenciano tendríamos que
pagar aproximadamente 5.000 euros o más)
Miércoles 04 de enero de 2012
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