IU pidió informes al Ayuntamiento en mayo sobre licencias de taxi de la FAMF
- FAMF transfirió una licencia tras despedir al conductor de forma improcedente
M. S. E. | Málaga
Actualizado sábado 15/08/2009 11:02 horas
El que fuera portavoz adjunto de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga, Antonio Serrano, interrogó al equipo de gobierno del PP el pasado mes de mayo acerca de las supuestas irregularidades en relación a la transferencia de una licencia de taxi para discapacitados, titularidad de la Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos de Málaga (FAMF).
El conductor del citado taxi para discapacitados ha ganado el juicio por despido improcedente que emprendió en su día en contra de la FAMF, ante las condiciones abusivas impuestas desde la federación.
La FAMF obligaba al taxista –que fue víctima de un despido improcedente al negarse a que se mercadeara con su trabajo – a aportar el 50% de los gastos de amortización del coche; a abonar el alquiler de la cochera donde se guardaba el vehículo; a descontar de sus ingresos 100 euros mensuales para pagarse el mes de vacaciones o a abonar las reparaciones y el combustible, tal y como se recoge en una conversación con uno de los directivos que fue aportada por el denunciante como prueba en el juicio.
«Si ganas 3.000, se desquitan 1.000 de gastos y quedan 2.000. 1.000 para ti y 1.000 para nosotros» , dice en la citada conversación el directivo de la asociación sin ánimo de lucro, presidida por Joaquín Fernández.
Tras el despido del trabajador, que fue declarado improcedente posteriormente por un juzgado de Málaga, la FAMF transfirió la licencia del taxi , sin que el Instituto Municipal del Taxi pusiera objeciones, y cuando dicha licencia había sido obtenida por la federación para la contratación de un trabajador discapacitado.
Además, dado que se trataba de un automóvil adaptado al uso de un discapacitado se percibieron ayudas especiales por parte del Instituto Municipal del Taxi , de casi 5.000 euros sólo en el año 2007.
El propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, respondió al entonces portavoz adjunto de IU –expulsado posteriormente de la coalición de izquierdas–, Antonio Serrano, que en el proceso de transferencia de la licencia se había cumplido «en todo momento» la normativa municipal del taxi, a pesar de que la licencia no se revocó, tras tener noticia de que hacía semanas que no se prestaba servicio desde ese taxi.
«La Administración municipal no puede oponerse a la transferencia de la licencia de taxi si existe causa para la misma» , añade el alcalde en su escrito de respuesta a IU. En aquel caso la FAMF remitió un escrito señalando que no se prestaba el servicio al carecerse de asalariados para trabajar, y añadiendo que se estaban haciendo gestiones para la contratación de una persona. Todo ello tras el despido del taxista citado.
La Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos de Málaga (FAMF) además acumula al menos seis sentencias por despido improcedente de miembros de este colectivo que trabajan en el Centro Especial de Empleo, según publicó ayer este diario.
Nuevo despido
Desde el sindicato CNT se remitió además un comunicado a los medios de comunicación asegurando que el presidente de la FAMF, Joaquín Fernández, había despedido este jueves a otro trabajador como consecuencia de las informaciones aparecidas en la prensa. Según la CNT, el trabajador despedido cubría un puesto interino, y desde la FAMF se le argumentó que la persona a la que sustituía había obtenido la incapacidad absoluta, y que el puesto no sería cubierto por nadie desde ese momento.
A juicio del sindicato el despido practicado este jueves es de nuevo improcedente, y es consecuencia de una «represalia» contra la CNT por la aparición en la prensa de los anteriores despidos.
Lo grave del caso es que todos estos puestos de trabajo han obtenido importantes subvenciones de la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía, así como de otros organismos públicos como la Delegación de Bienestar Social de la Junta o el Ayuntamiento de Málaga, tal y como se puede comprobar en el Boletín Oficial de la Junta, en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia. De hecho, los contratos de carácter indefinido para personas con discapacidad cuentan con importantes incentivos de la administración pública.
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