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VICENTE MAGRO SERVET
Dos normas jurídicas se acaban de aprobar como la relativa a las exigencias para conseguir un aplazamiento en las ejecuciones hipotecarias y la de las tasas judiciales, sin que en ninguno de los dos casos haya tenido el visto bueno ni del Poder Judicial ni de los colectivos que trabajan cerca o dentro de la Administración de Justicia, así como de los sectores sociales afectados por ambas normativas. En la primera se reclamó la dación en pago como medida lógica para solucionar, aunque sea provisionalmente, el drama de muchas familias y darles un respiro, aunque sea por dos años, para que no pierdan de inmediato su casa y tengan tiempo y oxígeno para rehacer sus vidas. Pero nada de eso se ha recogido en el Real Decreto Ley 27/2012 y estamos reclamando insistentemente de la forma que los juristas sabemos y debemos hacer -no lo olvidemos, que quede claro- que es con los escritos fundamentados y con argumentos jurídicos remitidos desde diferentes conductos a quien tiene la responsabilidad de modificar la situación creada, y que demuestran el error cometido. Es decir, que la norma debe ser modificada, y mucho, en el Parlamento para que afecte a las personas que se merecen esta nueva oportunidad en sus vidas.
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