EU rechaza que el Gobierno Central subaste tres viviendas procedentes de abintestatos y propone su cesión al Ayuntamiento o la Generalitat como viviendas públicas de alquiler
Miguel Ángel Pavón pedirá a la Delegación de Economía y Hacienda que suspenda la subasta publicada hoy en el Boletín Oficial de la Provincia. Eledil considera que todas las viviendas obtenidas por el Estado por falta de herederos o testamentos nulos deben mantener su carácter público para garantizar el derecho a una vivienda digna y luchar contra los desahucios
El portavoz municipal de EU, Miguel Ángel Pavón, ha rechazado hoy que tres viviendas de la ciudad, dos en el Pla y otra en el casco antiguo, sean subastadas por la Delegación de Economía y Hacienda de Alicante tras haber obtenido su propiedad por falta de herederos o testamentos nulos, una situación que se conoce juridícamente como "abintestato". El regidor ha anunciado que presentará un escrito ante la Delegación pidiendo que se suspenda el proceso de subasta, iniciado hoy mediante un anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y proponiendo que las viviendas mantengan su actual carácter público para ser cedidas a la Generalitat o al Ayuntamiento a fin de ser ofertadas como viviendas públicas de alquiler con las que garantizar el derecho a una vivienda digna y luchar contra los desahucios.
Para el edil, "la subasta de estas tres viviendas, en primera subasta por 135.000 euros y en segunda subasta por 115.000 euros, debe evitarse para conseguir aumentar el escaso parque de viviendas públicas de alquiler de la ciudad, ya sea cediéndolas al Patronato Municipal de la Vivienda o al Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA). Lo que sería un escándalo es que se subastaran para recaudar un dinero que lo más probable es que el gobierno de Rajoy destine a la banca, perdiéndose tres viviendas públicas cuando más falta hacen a los ciudadanos. La otra posibilidad, igualmente inaceptable, es que la subasta prevista el 10 de enero del año que viene acabe desierta y que las viviendas sigan vacías mientras siguen ejecutándose desahucios".
Por último, Miguel Ángel Pavón critica la falta de recursos municipales para hacer frente a los desahucios - las viviendas que alquila el Patronato tienen una abultada lista de espera y las denominadas viviendas puente sólo tienen 26 plazas para una ciudad de más de 300.000 habitantes y son sólo una solución provisional -, pide que el Ayuntamiento y el Patronato de la Vivienda – presididos ambos por la alcaldesa, Sonia Castedo - se impliquen en la mediación con las entidades bancarias que promuevan desahucios para que los suspendan y fijen alquileres sociales, y advierte de que los desahucios, además de dejar a familias en la calle, "sólo servirán para sumar más viviendas vacías a las casi 21.000 que el censo del INE de vivienda vacía detectó en 2001 en la ciudad y cuya revisión (cada diez años), probablemente arroje una cifra mucho mayor, incluso del doble".
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