ENTREVISTA
Como representante de 8.000 personas con discapacidad en la provincia, agrupadas en Cocemfe, no alcanza a entender cómo una "gran ley" como la de la Dependencia sigue sin aplicarse en la Comunidad, ni las quejas del Consell por falta de dinero mientras destina millones a la Fórmula 1. Cree que el Gobierno debería sancionar a las comunidades que retrasan su puesta en marcha y confía en que este despropósito culmine ahora que la ley ya no es arma electoral porque, recuerda, detrás hay personas.
«No puede haber dinero para la Fórmula 1 mientras haya casos sangrantes dentro de la discapacidad»
«El Gobierno debería pedir responsabilidades y no tendría que haber dejado tan pronto la ley a las comunidades»
«El Gobierno debería pedir responsabilidades y no tendría que haber dejado tan pronto la ley a las comunidades»
ÁFRICA PRADO
Qué piensa de la Ley de Dependencia y dónde falla?
Cocemfe ha sido una de las impulsoras de esta ley, que no es de cuño nuevo, sino fruto de trabajos anteriores. Es una gran ley, de largo recorrido, por tramos, y ahí ha fallado la información del Gobierno, porque se han creado falsas expectativas y todo el mundo quiere participar ya. Y la Generalitat, como otros gobiernos autonómicos, ha utilizado esta ley como arma arrojadiza contra el Gobierno, y en medio hay seres humanos, que están pagando la falta de respeto de nuestros políticos. Es de vital importancia y urgente la puesta en marcha de la ley en una provincia como la alicantina, que ni siquiera tiene una residencia para discapacitados físicos, ni una sola plaza.
¿Sus expectativas de la ley han variado 14 meses después?
No. O somos capaces de reivindicar la ley por derecho propio o la ley peligra. O ganamos esta gran oportunidad que se nos brinda, o se va al traste, si no somos capaces de exigir a nuestros políticos que la hagan real. No cuestiono que pueda haber proyectos como la Fórmula 1 o la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pero sí cuestiono que se nos prive de un derecho como es la asistencia a las personas con afectaciones graves.
¿Usted ha pedido su valoración?
¡Para qué voy a pedirla, si sé el atasco que hay! Al revés, ahora toca precisamente apoyar a los marginados entre los marginados, a los que no han tenido oportunidad de cotizar y están en sus casas y nadie atiende, aquellos a los que se está faltando el respeto. Me parece que paralizar la ley es un atentado social hacia estas personas, así de duro.
¿Y a quién culpa?
A los responsables políticos que tenemos en nuestras administraciones. La ley debería ir acompañada de un régimen sancionador, como en otras leyes. Y deberíamos pedir responsabilidades a aquellos que están paralizándola. Y no me importa que sea el director general de discapacidad, el conseller o la propia oposición que no hace los deberes. Acuso a todos los políticos, a los que están en el poder y a la oposición que no reivindica como es debido una ley tan necesaria. Le suplico al presidente de la Generalitat que se ponga al frente de este gran problema y que sepa que somos seres humanos. No cuestionamos ningún proyecto de envergadura, al revés, apoyaremos todos, siempre que él sea deferente con nosotros.
¿Cree que no se está aplicando la ley en la Comunidad?
Sé que no se está aplicando porque es una tomadura de pelo. No se puede generar un silencio administrativo negativo, como ha dicho el Defensor del Pueblo. Algo que se ha hecho mal es que la ley dice que lo que había, haylo y eso hay que mantenerlo, y de lo que se trata es de asistir a aquellas personas que no están dentro de los programas asistenciales, sean mayores o jóvenes, y ese espíritu de la ley no se está respetando. Y no hay aplicación porque no se están creando medidas asistenciales, como la construcción de residencias, centros de día, teleasistencia... ni siquiera hay capacidad económica. Y no puede haber dinero para la F-1 habiendo casos sangrantes dentro de la discapacidad. Invitaría a los políticos a que atendiesen a un gran dependiente, que le cambiaran los pañales y las cánulas.
¿Y por qué no se aplica?
Por puro electoralismo, porque se ha utilizado como arma arrojadiza en este año electoral y tengo la esperanza de que a partir de ahora no haya más contradicciones. Y si la Generalitat se siente afectada porque no hay dinero, que exija lo que tenga que exigir, pero que ponga en práctica ya la ley porque es una necesidad.
Precisamente la Generalitat se queja de que el dinero del Gobierno es insuficiente.
¡Pero que lo gasten! La Generalitat tenía unos programas y ha cogido ese dinero para mantener esos programas. Ahí es donde se rompe el espíritu de la ley, que dice que usted debe mantener lo que tenía con sus propios ingresos y ahora lo que necesita poner es lo que dice la ley: yo pongo una cantidad y usted, otra, cosa que se ha vulnerado por la Generalitat, porque ellos no están asistiendo a la gente. No sé si es poco o mucho lo que les han dado, pero sé que el 19 de junio, según el DOCV, tuvieron 21,2 euros del Gobierno. Yo no sé si ellos han puesto otros 21,2 euros, como recoge la ley. Y sabemos que con ese dinero se está dando lo que no se debe dar, asistencia a lo que ya había. Y eso no puede ser. Yo pediría responsabilidades a quien está haciendo de esta ley imposible llevarla a cabo.
¿Debe el Gobierno central pedir responsabilidades al Consell?
Sí, igual que se piden cuando hay una agresión al medio ambiente. Yo sé que hay políticos que han preferido no ponerla en marcha, a sabiendas de que en su propia familia hay personas con gran discapacidad. Esta ley se tenía que haber enmarcado dentro del régimen de la Seguridad Social, el Gobierno no se tenía que haber desligado tan pronto de esta ley, no haber dejado las competencias tan pronto a las comunidades autónomas porque, dado el ejemplo, es un error.
Y provoca discriminación entre comunidades...
Efectivamente. Hay comunidades como la navarra o la vasca donde el avance ha sido tan notorio que prácticamente están al día. Y no se entiende que unas comunidades sí y otras, no. ¿Es que somos diferentes en la Comunidad Valenciana? Si esta ley necesita suficientes trabajadores para hacer la valoración, ¿por qué no se ponen como es debido? Han creado una empresa, Avapsa, donde hay 35 ó 40 valoradores y eso es insuficiente.
¿Es farragosa la ley?
No, está bien clara, dice que hay unos tramos y un calendario. Hay unas pautas y un dinero hasta culminar en 2015 con 12.600 millones de euros y otro tanto que ponen las comunidades autónomas. Tenemos que ser capaces de construir aquello que nos falta. Si tuviéramos un modelo ya instaurado como en Alemania, Finlandia o Dinamarca no haría falta, pero no estamos preparados ni para tener geriátricos ni residencias de menores de 65 años. ¿Y quién soporta residencias de 1.500 euros al mes como hoy, cuánto se tiene que ganar, cuánto tiene que ganar una persona con gran dependencia? ¿Qué barbaridad es esa?
¿Han sido informados por el Consell para desarrollar la ley?
A nivel autonómico nunca se nos ha consultado. Nosotros tenemos una batalla, como es la residencia de grandes discapacitados en Petrer, en construcción. Nos ha costado muchísimo la firma del convenio el pasado noviembre y ha sido un punto de crispación entre las administraciones autonómica y central. Yo espero que ahora nos llamen y que esto cambie al haber pasado ya las elecciones.
Ha habido 300 quejas al Síndic de Greuges, protestas, pero sólo se manifiestan los afectados...
Y las familias. La gente cree que esto no le va a tocar nunca, pero ser gran dependiente no significa nacer con ello.
Cocemfe ha sido una de las impulsoras de esta ley, que no es de cuño nuevo, sino fruto de trabajos anteriores. Es una gran ley, de largo recorrido, por tramos, y ahí ha fallado la información del Gobierno, porque se han creado falsas expectativas y todo el mundo quiere participar ya. Y la Generalitat, como otros gobiernos autonómicos, ha utilizado esta ley como arma arrojadiza contra el Gobierno, y en medio hay seres humanos, que están pagando la falta de respeto de nuestros políticos. Es de vital importancia y urgente la puesta en marcha de la ley en una provincia como la alicantina, que ni siquiera tiene una residencia para discapacitados físicos, ni una sola plaza.
¿Sus expectativas de la ley han variado 14 meses después?
No. O somos capaces de reivindicar la ley por derecho propio o la ley peligra. O ganamos esta gran oportunidad que se nos brinda, o se va al traste, si no somos capaces de exigir a nuestros políticos que la hagan real. No cuestiono que pueda haber proyectos como la Fórmula 1 o la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pero sí cuestiono que se nos prive de un derecho como es la asistencia a las personas con afectaciones graves.
¿Usted ha pedido su valoración?
¡Para qué voy a pedirla, si sé el atasco que hay! Al revés, ahora toca precisamente apoyar a los marginados entre los marginados, a los que no han tenido oportunidad de cotizar y están en sus casas y nadie atiende, aquellos a los que se está faltando el respeto. Me parece que paralizar la ley es un atentado social hacia estas personas, así de duro.
¿Y a quién culpa?
A los responsables políticos que tenemos en nuestras administraciones. La ley debería ir acompañada de un régimen sancionador, como en otras leyes. Y deberíamos pedir responsabilidades a aquellos que están paralizándola. Y no me importa que sea el director general de discapacidad, el conseller o la propia oposición que no hace los deberes. Acuso a todos los políticos, a los que están en el poder y a la oposición que no reivindica como es debido una ley tan necesaria. Le suplico al presidente de la Generalitat que se ponga al frente de este gran problema y que sepa que somos seres humanos. No cuestionamos ningún proyecto de envergadura, al revés, apoyaremos todos, siempre que él sea deferente con nosotros.
¿Cree que no se está aplicando la ley en la Comunidad?
Sé que no se está aplicando porque es una tomadura de pelo. No se puede generar un silencio administrativo negativo, como ha dicho el Defensor del Pueblo. Algo que se ha hecho mal es que la ley dice que lo que había, haylo y eso hay que mantenerlo, y de lo que se trata es de asistir a aquellas personas que no están dentro de los programas asistenciales, sean mayores o jóvenes, y ese espíritu de la ley no se está respetando. Y no hay aplicación porque no se están creando medidas asistenciales, como la construcción de residencias, centros de día, teleasistencia... ni siquiera hay capacidad económica. Y no puede haber dinero para la F-1 habiendo casos sangrantes dentro de la discapacidad. Invitaría a los políticos a que atendiesen a un gran dependiente, que le cambiaran los pañales y las cánulas.
¿Y por qué no se aplica?
Por puro electoralismo, porque se ha utilizado como arma arrojadiza en este año electoral y tengo la esperanza de que a partir de ahora no haya más contradicciones. Y si la Generalitat se siente afectada porque no hay dinero, que exija lo que tenga que exigir, pero que ponga en práctica ya la ley porque es una necesidad.
Precisamente la Generalitat se queja de que el dinero del Gobierno es insuficiente.
¡Pero que lo gasten! La Generalitat tenía unos programas y ha cogido ese dinero para mantener esos programas. Ahí es donde se rompe el espíritu de la ley, que dice que usted debe mantener lo que tenía con sus propios ingresos y ahora lo que necesita poner es lo que dice la ley: yo pongo una cantidad y usted, otra, cosa que se ha vulnerado por la Generalitat, porque ellos no están asistiendo a la gente. No sé si es poco o mucho lo que les han dado, pero sé que el 19 de junio, según el DOCV, tuvieron 21,2 euros del Gobierno. Yo no sé si ellos han puesto otros 21,2 euros, como recoge la ley. Y sabemos que con ese dinero se está dando lo que no se debe dar, asistencia a lo que ya había. Y eso no puede ser. Yo pediría responsabilidades a quien está haciendo de esta ley imposible llevarla a cabo.
¿Debe el Gobierno central pedir responsabilidades al Consell?
Sí, igual que se piden cuando hay una agresión al medio ambiente. Yo sé que hay políticos que han preferido no ponerla en marcha, a sabiendas de que en su propia familia hay personas con gran discapacidad. Esta ley se tenía que haber enmarcado dentro del régimen de la Seguridad Social, el Gobierno no se tenía que haber desligado tan pronto de esta ley, no haber dejado las competencias tan pronto a las comunidades autónomas porque, dado el ejemplo, es un error.
Y provoca discriminación entre comunidades...
Efectivamente. Hay comunidades como la navarra o la vasca donde el avance ha sido tan notorio que prácticamente están al día. Y no se entiende que unas comunidades sí y otras, no. ¿Es que somos diferentes en la Comunidad Valenciana? Si esta ley necesita suficientes trabajadores para hacer la valoración, ¿por qué no se ponen como es debido? Han creado una empresa, Avapsa, donde hay 35 ó 40 valoradores y eso es insuficiente.
¿Es farragosa la ley?
No, está bien clara, dice que hay unos tramos y un calendario. Hay unas pautas y un dinero hasta culminar en 2015 con 12.600 millones de euros y otro tanto que ponen las comunidades autónomas. Tenemos que ser capaces de construir aquello que nos falta. Si tuviéramos un modelo ya instaurado como en Alemania, Finlandia o Dinamarca no haría falta, pero no estamos preparados ni para tener geriátricos ni residencias de menores de 65 años. ¿Y quién soporta residencias de 1.500 euros al mes como hoy, cuánto se tiene que ganar, cuánto tiene que ganar una persona con gran dependencia? ¿Qué barbaridad es esa?
¿Han sido informados por el Consell para desarrollar la ley?
A nivel autonómico nunca se nos ha consultado. Nosotros tenemos una batalla, como es la residencia de grandes discapacitados en Petrer, en construcción. Nos ha costado muchísimo la firma del convenio el pasado noviembre y ha sido un punto de crispación entre las administraciones autonómica y central. Yo espero que ahora nos llamen y que esto cambie al haber pasado ya las elecciones.
Ha habido 300 quejas al Síndic de Greuges, protestas, pero sólo se manifiestan los afectados...
Y las familias. La gente cree que esto no le va a tocar nunca, pero ser gran dependiente no significa nacer con ello.
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