Al circo de Camps le están creciendo los enanos. A los valencianos les cuesta cada vez más digerir las mentiras de Camps, que por lo visto no se ha dado cuenta de que ésta (la mentira) tiene las piernas muy cortas.
El viento del descontento, de la protesta y de la desconfianza de los ciudadanos le va levantando poco a poco la carpa al circo que ha montado Camps y un día llegará en que se vea claramente el interior del mismo y la falsedad que contiene.
En todo lo concerniente a la Ley de Dependencia ya se ha llegado hasta el extremo de que el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha denunciado ante el Tribunal Constitucional la mala gestión que el Gobierno de Camps está llevando a cabo para cumplir lo que dicha ley demanda y obliga a los poderes públicos.
Más de cien familias de Orihuela, Sax, Elche, San Miguel de Salinas, Elda Petrer y Fuente la Higuera, se han unido ya para reclamar sus derechos y exigir la aplicación de la ley a fin de que sus familiares sean debidamente atendidos. Están cansados de burocracia, de que les digan que les faltan papeles cada vez que preguntan cómo van las gestiones. Estas familias quieren hacer patente su descontento y están pensando en concentrarse en Valencia. Su indignación es enorme pues están hartos de que desde el Consell se les de cómo excusa la consabida cantinela de que Madrid no manda dinero. Esto es totalmente falso. Madrid manda el dinero necesario cuando los afectados están ya ingresados y por tanto atendidos en centros o en sus domicilios, lo que no puede, ni debe, hacer el Gobierno central es mandar un dinero a la Generalitat cuando ese dinero no se justifica ya que no están ni tan siquiera valorados los casos y por tanto no existe ingreso alguno en los centros de acogida. El Consell ha recibido de Madrid entre 2005 y 2007 más de 60 millones de euros para la aplicación de la Ley de Dependencia a los que hay que añadir 85 millones de euros más que ya están autorizados por el Ejecutivo de Zapatero con destino a la Comunidad Valenciana y cuyo envío se materializará cuando el Consell remita las resoluciones de valoración. Sería una temeridad poner en manos del Consell un dinero que de momento no tiene destino alguno al no aumentar los ingresos de las personas dependientes en residencias, pues ya sabemos que el Consell es muy dado a emplear dinero destinado a Sanidad y a Educación para pagar los intereses de la enorme deuda que tiene contraída y para pagar las obras faraónicas a que nos tiene ya acostumbrados.
Mientras en Andalucía son 3.756 personas las que reciben una ayuda de 405 euros por cuidar a un familiar dependiente que establece la Ley de Dependencia, en la Comunidad Valencia, por la desidia y las trabas del Consell, sólo cobran esta ayuda 7 personas, de esas siete ninguna pertenece a la provincia de Alicante. Es evidente que Camps no está por la labor y quiere que la ley fracase aunque ello suponga el que miles y miles de personas dependientes estén desatendidas en nuestra comunidad.
Allá por el mes de junio de 2007 se hizo público que la familia de Juan Cotino, conseller de Bienestar Social y del cual depende el desarrollo de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana, preside el mayor grupo de geriátricos de titularidad privada en la Comunidad Valenciana y que el hermano de Juan Cotino es el principal accionista de Sedesa, siglas que han sustituido a la antigua Construcciones Cotino y que por ello ocupa la presidencia de Genocentros del Mediterráneo, S.L. Esta sociedad, que opera con la marca Savia Centros Residenciales, cuenta con una red de 14 geriátricos en la Comunitat Valenciana, más otros diez que por aquel entonces estaban en construcción, en virtud del plan de creación de nuevas residencias impulsado por Rafael Blasco en 2001, del que fue la principal adjudicataria con 28 centros. Cuando todos estén en marcha, si no lo están ya, esta sociedad gestionará más de 3.200 plazas, lo que la convierte en el principal grupo geriátrico valenciano. Como es sabido, estas residencias destinan un porcentaje muy bajo a plazas públicas el resto son todas privadas y ya sabemos lo que cuesta la estancia en uno de estos centros de gestión privada. En aquel entonces alguien dijo que con estos antecedentes la desconfianza en la gestión de Juan Cotino al frente de la Conselleria de Bienestar Social estaría más que justificada a la hora de que en la Comunidad Valenciana hubiera que poner en marcha la Ley de Dependencia.
Por último, un ruego señor. Camps, póngase a trabajar por los valencianos y valencianas, hay tantas cosas por hacer: completar una red hospitalaria adecuada a las necesidades, adecuar la red educacional (fuera barracones), que los tribunales funcionen y se les dote de los mínimos medios, y deje de gastar el dinero a espuertas en macroproyectos que sólo alimentan su ego, pero que a los ciudadanos de esta Comunidad no benefician en nada.
El viento del descontento, de la protesta y de la desconfianza de los ciudadanos le va levantando poco a poco la carpa al circo que ha montado Camps y un día llegará en que se vea claramente el interior del mismo y la falsedad que contiene.
En todo lo concerniente a la Ley de Dependencia ya se ha llegado hasta el extremo de que el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha denunciado ante el Tribunal Constitucional la mala gestión que el Gobierno de Camps está llevando a cabo para cumplir lo que dicha ley demanda y obliga a los poderes públicos.
Más de cien familias de Orihuela, Sax, Elche, San Miguel de Salinas, Elda Petrer y Fuente la Higuera, se han unido ya para reclamar sus derechos y exigir la aplicación de la ley a fin de que sus familiares sean debidamente atendidos. Están cansados de burocracia, de que les digan que les faltan papeles cada vez que preguntan cómo van las gestiones. Estas familias quieren hacer patente su descontento y están pensando en concentrarse en Valencia. Su indignación es enorme pues están hartos de que desde el Consell se les de cómo excusa la consabida cantinela de que Madrid no manda dinero. Esto es totalmente falso. Madrid manda el dinero necesario cuando los afectados están ya ingresados y por tanto atendidos en centros o en sus domicilios, lo que no puede, ni debe, hacer el Gobierno central es mandar un dinero a la Generalitat cuando ese dinero no se justifica ya que no están ni tan siquiera valorados los casos y por tanto no existe ingreso alguno en los centros de acogida. El Consell ha recibido de Madrid entre 2005 y 2007 más de 60 millones de euros para la aplicación de la Ley de Dependencia a los que hay que añadir 85 millones de euros más que ya están autorizados por el Ejecutivo de Zapatero con destino a la Comunidad Valenciana y cuyo envío se materializará cuando el Consell remita las resoluciones de valoración. Sería una temeridad poner en manos del Consell un dinero que de momento no tiene destino alguno al no aumentar los ingresos de las personas dependientes en residencias, pues ya sabemos que el Consell es muy dado a emplear dinero destinado a Sanidad y a Educación para pagar los intereses de la enorme deuda que tiene contraída y para pagar las obras faraónicas a que nos tiene ya acostumbrados.
Mientras en Andalucía son 3.756 personas las que reciben una ayuda de 405 euros por cuidar a un familiar dependiente que establece la Ley de Dependencia, en la Comunidad Valencia, por la desidia y las trabas del Consell, sólo cobran esta ayuda 7 personas, de esas siete ninguna pertenece a la provincia de Alicante. Es evidente que Camps no está por la labor y quiere que la ley fracase aunque ello suponga el que miles y miles de personas dependientes estén desatendidas en nuestra comunidad.
Allá por el mes de junio de 2007 se hizo público que la familia de Juan Cotino, conseller de Bienestar Social y del cual depende el desarrollo de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana, preside el mayor grupo de geriátricos de titularidad privada en la Comunidad Valenciana y que el hermano de Juan Cotino es el principal accionista de Sedesa, siglas que han sustituido a la antigua Construcciones Cotino y que por ello ocupa la presidencia de Genocentros del Mediterráneo, S.L. Esta sociedad, que opera con la marca Savia Centros Residenciales, cuenta con una red de 14 geriátricos en la Comunitat Valenciana, más otros diez que por aquel entonces estaban en construcción, en virtud del plan de creación de nuevas residencias impulsado por Rafael Blasco en 2001, del que fue la principal adjudicataria con 28 centros. Cuando todos estén en marcha, si no lo están ya, esta sociedad gestionará más de 3.200 plazas, lo que la convierte en el principal grupo geriátrico valenciano. Como es sabido, estas residencias destinan un porcentaje muy bajo a plazas públicas el resto son todas privadas y ya sabemos lo que cuesta la estancia en uno de estos centros de gestión privada. En aquel entonces alguien dijo que con estos antecedentes la desconfianza en la gestión de Juan Cotino al frente de la Conselleria de Bienestar Social estaría más que justificada a la hora de que en la Comunidad Valenciana hubiera que poner en marcha la Ley de Dependencia.
Por último, un ruego señor. Camps, póngase a trabajar por los valencianos y valencianas, hay tantas cosas por hacer: completar una red hospitalaria adecuada a las necesidades, adecuar la red educacional (fuera barracones), que los tribunales funcionen y se les dote de los mínimos medios, y deje de gastar el dinero a espuertas en macroproyectos que sólo alimentan su ego, pero que a los ciudadanos de esta Comunidad no benefician en nada.
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