1º - En Enero de 2005, y en la Avda. de Guatemala , me fue adjudicado un piso de planta baja accesible, de forma verbal, por parte de un funcionario de la Delegación de Obras Públicas y Transporte, que sí acepté en su momento, pero que me fue posteriormente arrebatado y ninguneada mi necesidad, en el momento en que mi familia y yo nos encontrábamos ya en situación de mudanza, cuando se personaron en nuestro domicilio D. José María Marques y un abogado para notificarme que la decisión de entrega de la vivienda la había tomado un funcionario que estaba sustituyendo al titular por vacaciones y que no tenía potestad para adjudicarme tal permuta. Provocando en el seno familiar una gran decepción y angustia por lo injusto de aquella actuación.
2º - Poco tiempo después de la abortada permuta, por parte de la Delegación de Obras Públicas y Transporte, se me ofertó sin aportación documental, nuevamente alguna, otra vivienda en la Avda. Cristobal Colón. Un segundo piso que resultó ser un apartamento de entre 30 y 40 metros, con un solo dormitorio, por lo que de aceptar, me veía obligado a desalojar a nuestro hijo del núcleo familiar por falta de espacio vital para él. Cuando pregunté que hacía con nuestro hijo menor, entonces de 16 años, porque en esa vivienda era imposible su presencia, me respondieron los funcionarios de turno que se emancipara.
3º - El pasado día 25 de abril, el mismo día en que me entero posteriormente de que se está ensombreciendo mi imagen, ante un nuevo intento de desbloquear esta situación, que vengo atravesando y desde hace siete años denunciando, se personó en mi domicilio el Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transporte, de Huelva, D. Gabriel Cruz Santana, quien me ofertó permuta en la provincia, lo que me originaría nuevamente un grave quebranto familiar y personal, especialmente en el transporte, debido a mis continuadas revisiones médicas. Se me ofertó como posibilidad la remodelación de los interiores del piso, cuando el problema principal que tengo es el de la imposibilidad de la puesta de ascensor por lo que mi situación de cautiverio no alcanzaría solución alguna.
Puesto que parecen estar conformes con efectuar un gasto a todas luces innecesario, con fecha de ayer, que adjunto, remití un escrito al antes citado Delegado de Obras Públicas y Transporte, en el que le solicito cooperación en el alquiler de una vivienda accesible por la diferencia entre su coste y lo que yo por el piso vengo pagando, hasta que dispongan de vivienda para llevar a cabo dicha permuta, sin con ello tener que perder los derechos que ya tengo adquiridos, cuya respuesta está por llegar, al tiempo en que el mismo día de ayer se personaron en mi domicilio Doña Encarnación García, aparejadora y D. Juan Gómez de los Servicios Técnicos, para hacer un peritaje en el interior de la vivienda.
4º - No obstante, entiendo por el daño moral que se me está provocando, que la junta de Andalucía está dejando de manifiesto con sus actuaciones, la falta de voluntad tanto administrativa como política, no solo porque no me oferta las soluciones viables y legítimas a que viene obligada al construir edificaciones fuera de la ley de accesibilidad, sino porque además, está intentando confundir a la opinión pública que me apoya, a las entidades de apoyo que han luchado y están luchando por ver solución al caso, como son el CERMI y el Foro de Vida Independiente, a los medios de comunicación, que tanto se han molestado en esclarecer mi caso, también a instituciones tan insignes como la del Defensor del Pueblo Andaluz, quien por lo visto en el escrito que acabo de recibir y basándose en unos argumentos acusatorios por parte de la Junta de Andalucía, no demostrados fehacientemente, me ha remitido en el día de hoy el siguiente documento que adjunto, en el que me emplaza por motivos de haber rechazado tales permutas a comprar nueva vivienda cuando proceda en tiempo y forma. Acusaciones éstas, que siendo una verdad a medias, resulta ser una burda mentira manipuladora. La primera permuta que me ofrecieron, sí la acepté al resultar una oferta digna y acorde con mis necesidades, pero simplemente nos la arrebataron cuando ya gozábamos ilusionadamente con el fin de un cautiverio al que nos abocó la propia Junta de Andalucía.
Así pues ante tales acusaciones de las que soy victima y no culpable debido a la negligencia administrativa que vengo soportando, emplazo públicamente a la Junta de Andalucía a que demuestre fehacientemente la veracidad de las mismas de las que ni siquiera existe constancia escrita, que en su día registraron.
En Huelva a 30 de abril de 2008