Las demandas por la Ley de Dependencia tardarán al menos dos años en resolverse
Los abogados denuncian que el decreto de la Generalitat que regula las ayudas impide que las denuncias de los afectados se presenten en Alicante y les obliga a acudir al TSJ a Valencia
DAVID NAVARRO
Enfrentarse a la Administración nunca resulta sencillo pero, en el caso de las personas que decidan reclamar por vía judicial las ayudas previstas en la Ley de Dependencia, va a ser "especialmente complicado y largo", según pronostican desde el Colegio de Abogados de Alicante. Los letrados que han presentado las primeras demandas han visto cómo los jueces de la provincia se declaraban incompetentes y les remitían al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ), un órgano cuya única sede está en Valencia y que, además, rara vez logra dictar sentencia en menos de dos años.
El problema está en el reglamento de la Generalitat que desarrolla la Ley de Dependencia en la autonomía y que ya generó una fuerte polémica al establecer que el silencio administrativo sería negativo en este caso (las solicitudes no contestadas se entienden como rechazadas), al contrario de lo que es habitual. Este documento también señala que es el conseller de Bienestar Social quien tiene la potestad para resolver las reclamaciones, por lo que sus decisiones sólo pueden recurrirse ante el TSJ, según explica Lydia García Olcina, responsable del turno de oficio del Colegio de Abogados.
Este organismo puso en marcha el pasado mes de febrero un servicio de asesoramiento gratuito para los afectados por los retrasos y otras incidencias que se están registrando en la tramitación de las ayudas. Desde entonces se ha atendido a 366 personas y ya hay concertadas otras 90 citas hasta el próximo mes de septiembre, muchas más de las que se esperaban en un principio. La mayoría de ellas todavía no ha agotado la vía administrativa pero, hasta en este supuesto, la asistencia de un abogado parece más que recomendable. "Es muy difícil argumentar una reclamación y, si no lo hacen bien, luego no les servirá como base para demandar", advierte García Olcina.
Lo más habitual son los recursos contra el citado silencio administrativo negativo (82), las solicitudes para exigir que se reconozca la retroactividad de las prestaciones (73) y las alegaciones al Plan Individualizado de Atención, en el que se evalúan las necesidades de cada dependiente (60).
Ya hay, sin embargo, 30 personas que han dado el siguiente pasos y se les ha asignado un abogado de oficio para que emprendan acciones judiciales; y unas 15 demandas presentadas, con el resultado ya conocido de que los juzgados alicantinos se han declarado incompetentes para resolverlas.
Para presentar su demanda ante el TSJ, los afectados necesitan que se les asigne un nuevo letrado de oficio en Valencia y también un procurador. "Estamos intentando articular un sistema para evitar que estas personas tengan que desplazarse. Vamos a recoger y comprobar la documentación aquí y nos encargaremos de enviarla a Valencia, pero esto complica mucho, muchísimo las cosas. Si tienen que tomarles declaración o cualquier otro trámite tendrán que ir y los procesos son mucho más farragosos", asegura Paloma Cascales, una de las abogadas del servicio de orientación. Además, si en un juzgado normal estas demandas podrían tardar un año en resolverse, "en el TSJ échale dos años, como mínimo", añade.
Para las personas que no tienen derecho a la justicia gratuita existe un problema añadido, el coste. Las tarifas que cobran los abogados son superiores si se trata de un tribunal superior y hay que tener en cuenta que también es necesario contratar al procurador.
Más sencillo en Cataluña
Cascales denuncia que estas demandas resultan mucho más sencillas en otras comunidades autónomas y cita el caso de Cataluña. Al contrario de lo que sucede aquí, el reglamento catalán de la Ley de Dependencia establece que los recursos judiciales se presentarán en los juzgados de lo Social, que están implantados en "todo el territorio" y que, además, "son mucho más ágiles ya que una buena parte del proceso es verbal y no hay tanto papeleo", asegura la abogada. Esto también reduce a "sólo unos meses" la resolución de los expedientes.
En cualquier caso, apunta, en Cataluña también será menor el número de demandas porque el Gobierno de José Montilla sí que ha decidido reconocer la retroactividad de las prestaciones, incluso para las personas que ya han fallecido, una de las reivindicaciones de las plataformas de afectados que se han constituido en la Comunidad. Según los últimos datos oficiales, 36.095 personas han solicitado las ayudas de la Ley de Dependencia en la autonomía.
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