Mira tú por donde salen ahora...

Financiación de la asistencia médica | La situación

La Generalitat impulsa el debate sobre el copago sanitario en España

Salut defenderá ante el resto de comunidades el aumento del presupuesto de la sanidad pública

Los consejeros de Economía sopesan cobrar un euro por visita y receta a las rentas medias y altas

Lunes, 19 de julio del 2010

ÀNGELS GALLARDO
BARCELONA

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La insostenible situación económica del sistema sanitario público preocupa en todas las comunidades autónomas españolas, que buscan de forma acelerada soluciones capaces de salvar una asistencia de calidad reconocida pero presupuesto insuficiente. Aunque esta vía ¿el aumento del presupuesto sanitario¿ sería a juicio de sus responsables la solución más eficaz, no parece ser la opción más atractiva para los consejeros de Economía de las autonomías ¿ocho del PSOE, siete del PP y dos de partidos locales¿ que, desde hace semanas, debaten en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la aplicación de un «copago suave» para servicios de uso masivo. En esos debates interviene el conseller Antoni Castells.

Unos enfermeros atienden a una paciente en un CAP de Barcelona. ALBERT BERTRAN

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Información publicada en la página 20 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 19 de julio de 2010 VER ARCHIVO (.PDF)

Una propuesta similar aparece también en el segundo informe Vilardell que las conselleries de Salut y Economia encargaron el pasado año a un grupo de expertos con el fin de recibir sugerencias sobre la financiación del sistema sanitario. El documento será presentado esta semana ante el Consejo Interterritorial de Salud para que sea analizado por todos los consejeros de sanidad.

TASA DE USO / Dado que la palabra «copago» desagrada, los responsables de Economía reunidos en el CPFF hablan de fijar «tasas de uso» de pequeña cuantía: uno o dos euros por visita médica, más un euro por cada receta de fármacos, y otros dos euros cuando un usuario acuda al servicio de urgencias de un hospital sin sufrir una emergencia que lo justifique. También estudian cobrar de dos a cinco euros por cada cinco días de ingreso hospitalario.

Esos cobros, que entrarían en vigor al unísono, introducirían una cultura insólita en la sanidad pública española ¿la gratuidad de la asistencia está profundamente arraigada en la sociedad, aunque en realidad se financia con los impuestos de los ciudadanos¿, pero no serían capaces de resolver la insuficiencia económica del sistema. Los defensores de la idea sostienen, no obstante, que su objetivo sería más «disuasorio» que recaudatorio: cualquier cobro, sostienen, ejercería de eficaz resorte disuasivo en quienes hacen un uso «inadecuado o excesivo» de la asistencia. Los copagos, puntualizan, solo se aplicarían a usuarios de renta media y alta, con el fin de impedir que algún enfermo deje de ir al médico por causas económicas.

ZAPATERO / La alternativa del copago, cuyo debate está bastante adelantado, es suscrita por consejeros de Economía de los dos partidos mayoritarios. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero encabeza el bloque de los que, en estos momentos, se oponen. En un punto intermedio se sitúa la consellera de Salut, Marina Geli, que defiende como prioritario un aumento «del 4% anual» del presupuesto dedicado a sanidad, partida que este año no ha crecido. El informe Vilardell se pronuncia en el mismo sentido, y añade que ese incremento presupuestario debería alcanzar al 8% anual en 10 años.

Cualquier medida distinta a un mayor presupuesto será insuficiente si se aplica en solitario, por lo que se prevé que será imprescindible promover una batería de alternativas dirigidas a recaudar dinero para la sanidad. Aumentar los impuestos del tabaco y el alcohol con ese fin y fomentar la adscripción a aseguradoras privadas (porque si baja la demanda se reduce el gasto) son dos de ellas. La tercera alternativa sería suprimir alguna de las prestaciones que ofrece el sistema nacional de salud, opción que nadie contempla.

No será fácil que estas conjeturas ¿en especial la del copago¿ adquieran forma y se expongan en público de forma unánime por todos los consejeros de salud. Ahí es donde pretende incidir la entrega del informe Vilardell, dicen fuentes de Salut. En uno de sus últimos capítulos, el documento propone crear un Pacto de Salud estatal que, indican, «encauce la reforma del sistema sanitario por encima de intereses socioeconómicos y políticos». Un pacto difícil.

Y si un estamento democrático no lo consigue...

EN DIRECTO

Levante-EMV.com » Castelló

El PSPV exige que el Observatorio de la Ley de Dependencia se ponga en marcha

El grupo socialista
recuerda que en la
localidad hay, al menos,
mil solicitudes por tramitar

X. MANZANET VILA-REAL

La concejala del grupo socialista en el Ayuntamiento de Vila-real Sabina Escrig ha anunciado que su grupo "rogará" al pleno municipal "que ponga en funcionamiento el Observatorio de la Ley de Dependencia que ya solicitamos".

Escrig ha explicado que los socialistas no presentarán moción al pleno sobre el particular , dado que "preferimos hacer un ruego porque las mociones no sirven para nada ya que se dejan en un cajón y nunca más se supo como ha ocurrido en distintas ocasiones a pesar de haber quedado aprobadas".

Según Escrig, el Consell de Participació Ciutadana aprobó que se pusiera en marcha ese observatorio "pero no hay manera". "Que sepamos hay en Vila-real en torno a mil solicitudes para acogerse a esa ley", ha añadido la concejala socialista.

En opinión de Escrig, "el PP es poco sensible a estos asuntos y ni el partido ni el alcalde están interesados en lo que ocurres". "Vamos a pedir que se cree la figura que defienda a estas personas y que el consistorio reclame al Consell el cumplimiento de la Ley de Dependencia", ha añadido.

La Generalitat Valenciana sigue sin poner remedio.

Más de 300 ancianos sin residencia

Los geriátricos de la ciudad ofrecen 648 plazas frente a las 1.067 estipuladas

11.01.10 - 01:00 -

ANA TORRES | ELCHE.

Más de 300 personas mayores de 65 años están actualmente en lista de espera para conseguir plaza en uno de los tres geriátricos de la ciudad. Así lo asegura la edil de Bienestar Social, Vicenta Pérez, que señala que de las 648 plazas que ofertan estos centros, tan sólo 272 son públicas o concertadas frente a las 376 privadas.

Estas cifras chocan frente a las 1.067 plazas que debería ofertar la ciudad, ya que el Plan Gerontológico aprobado a principios de los noventa establecía que de cada cien ciudadanos mayores de 65 años, al menos el 3,5% debía disponer de una plaza, y Elche cuenta con 31.399 personas englobadas en este grupo de edad.

«Este déficit se debe a la mala gestión de la Conselleria de Bienestar Social, ya que desde el 2001 la Generalitat optó por dejar de construir geriátricos públicos para pasar al concurso y a la gestión por parte de empresas privadas», señala Pérez. De este modo, tal y como apunta la edil, en 2001 el plan de la Generalitat estableció como objetivos la construcción de siete nuevos geriátricos de gestión privada en la comarca del Baix Vinalopó; tres en Elche, dos en Santa Pola y dos en Crevillente. Pero a día de hoy, Elche sólo dispone de dos de nueva construcción, Santa Pola de otros dos y Crevillente todavía espera la llegada de alguno.

En el caso de Elche, la empresa Novaire gestiona los dos centros, ubicados en el barrio de Carrús. De un total de 280 plazas residenciales, 177 son concertadas, el 63%, mientras que el resto son privadas, con un coste mensual medio de 1.600 euros. Asimismo, estos centros disponen de 25 plazas libres.

Por otra parte, la Residencia Tercera Edad de Elche, de gestión pública e implantada a principios de los 90 por el gobierno socialista de Joan Lerma, dispone de 116 plazas ocupadas en su totalidad, según personal consultado del centro. «Las cifras de la lista de espera de esta residencia las controla la Conselleria de Bienestar Social, y son datos que no tienen intención de hacer públicos», cuenta uno de los operarios.

Frente a estos tres centros, dependientes en su totalidad o parcialmente de la Generalitat, el Centro Residencial Seniors es el único privado y sin concierto de la ciudad. «Desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia muchos de nuestros usuarios se han marchado al Novaire porque la Generalitat no ha contratado con nosotros, y tenemos unas 45 plazas vacantes», asegura uno de los empleados.

«Lo que no se puede consentir es que habiendo espacio y plazas vacantes en los geriátricos de la ciudad, la Generalitat no contrate nuevas plazas y más de 300 personas estén desatendidas», remarca la edil del área.

A este respecto, subraya que el grupo socialista ha solicitado la construcción de una nueva residencia pública y un centro de día. «Sabemos que es más que improbable que nos hagan caso, pero es lamentable la situación en la que nos encontramos ya que aparte de que no abogan por una gestión pública, conciertan con las empresas que eligen a dedo».

A su juicio, la Conselleria debería llevar a cabo un estudio exhaustivo antes de realizar los conciertos, para evitar que algunos centros se vean desplazados.

Un gobierno que no gobierna y discrimina a las personas con diversidad funcional no puede gozar de nuestro respeto.

 

Comunidad Valenciana

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REPORTAJE

Aaron, otro año sin educador

 

Educación deja un curso más sin personal de apoyo escolar a un niño de un instituto de Chiva con Síndrome de Duchenne.

 

NEUS CABALLER - Valencia - 21/09/2009

Un año más, Aaron empieza sin educador. "Se supone que, al empezar el curso, debía de estar todo listo. Pero no ha sido así. El profesional de apoyo para Aaron sigue sin llegar", denuncia Amparo Navarro, madre de este alumno de 12 años, que estudia 2º curso de la ESO en el instituto público IES Marjana de Chiva. Aaron no puede andar. Vive en una silla de ruedas, porque padece el Síndrome de Duchenne: una enfermedad degenerativa de las más graves que afectan al ser humano, porque el tejido muscular deja de funcionar adecuadamente y es sustituido lentamente por tejido graso. De manera que, con la progresiva pérdida de fuerza muscular, cada vez se le hace más difícil realizar cualquier actividad de la vida cotidiana.

Este síndrome es una de las enfermedades raras más graves

"La situación es lamentable, porque necesita ayuda para todo"

La debilidad muscular primero afecta a los pies, el frente de los muslos, la cadera, la barriga, los hombros, codos y después afecta a los músculos de las manos, la cara y el cuello. Eso ocurre cuando la enfermedad está muy avanzada y ya no pueden mantener la cabeza erguida. A medida que pasa el tiempo, se caen y ya no hay remedio.

Eso es lo que le ha pasado a Aaron este verano. Tras tropezar con la silla de ruedas con un bache en la calle -al no tener fuerza en las manos y codos- cayó contra las rodillas y se rompió las dos piernas. Así que, además, va escayolado.

El inspector de Educación solicitó la plaza de educador el año pasado. Este curso, la dirección del centro -respaldada por el Ampa- tiene que iniciar el trámite otra vez. "Es desesperante, el niño sale del instituto con la bolsa abierta, que se le caen los libros y le cogen las gomas y sin poder ponerse ni la chaqueta", resume su madre.

Los neurólogos y médicos especialistas recomiendan que el niño o niña con DMD -además de asistir a terapias, revisiones médicas y sesiones de rehabilitación- tengan "la oportunidad de madurar con niños de su edad, de jugar, de aprender, y de vivir en un ambiente normalizado" y la escuela es un elemento integrador clave. Así lo certifica el médico que en octubre evaluó a Aaron el curso pasado. En tres años, certifica el historial médico, Aaron ha pasado de una distrofia del 60% de su cuerpo al 90% actualmente.

"La situación es lamentable, porque necesita ayuda para todo. Si el niño necesita ir al baño se tiene que quedar así, porque no hay nadie que le acompañe", añade su madre. En los cinco colegios públicos de Chiva y el instituto hay 19 casos reconocidos clínicamente con Síndrome de Down, que padecen Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDHA) y el caso más singular, el de Aaron, con este tipo de distrofia muscular muy inusual. Sólo la padecen 3 de cada 10.000 niños varones, mientras que la epilepsia afecta a 8 de cada 1.000 y la discapacidad mental compleja, a 5 por 1.000.

Un ejemplar de dudosa moral pone en evidencia la credibilidad de un partido político en las urnas.

 

7/6/2009 21:01 h EN UN COLEGIO DE PAMPLONA

 

Denunciado un apoderado del PP

por intentar cambiar el voto de un

discapacitado visual

 

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• Menos de la mitad de los españoles han acudido a las urnas

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• El PP gana las elecciones a Europa

• Catalunya registra una participación del 37,5%, ocho puntos menos que en España

EFE
PAMPLONA

El presidente de una mesa electoral de Pamplona ha comunicado a la Junta Electoral una presunta irregularidad cometida por un apoderado del PP que al parecer ha intentado cambiar el sentido del voto de una persona con dificultades visuales.

El suceso, ha informado la Delegación del Gobierno en Navarra, ha tenido lugar en un colegio de Pamplona, donde una persona mayor con problemas visuales ha pedido a un policía que le metiera en el sobre la papeleta del PSOE, aunque el agente le ha explicado que esa petición no podía atenderla él, sino el apoderado del Partido Socialista.

Delante de varios testigos

Mientras se intentaba localizar al representante del PSOE en ese colegio electoral, ha indicado la Delegación del Gobierno, un apoderado del PP ha metido una papeleta de su partido en el sobre de este votante, aunque su actuación ha sido observada por otras personas que se encontraban en el lugar.

Esta persona finalmente ha podido votar al partido político que deseaba y la actuación del apoderado del PP ha sido comunicada a la Junta Electoral.

Además, en Navarra se ha producido el caso de un elector que había remitido su voto por correo pero que había fallecido antes de la jornada electoral de hoy, aunque la Junta Electoral, tras estudiar lo sucedido, ha terminado por dar por bueno el sufragio.

El Consell de la Generalitat Valenciana parece haber renunciado a su obligación de gestionar y procurar el bien público,

Informacion.es » Opinión

ANÁLISIS

Las hechuras del traje

Antes de que cayera la que está cayendo, este Consell era un Consell cuya principal querencia eran los saraos: de la Copa de América a la Fórmula 1, pasando por la Volvo.

No creo que haya ninguna otra autonomía que tenga una empresa pública y dos vicepresidentes para ocuparse de "grandes eventos".

JUAN R. GIL

Pero con la crisis, los fastos han pasado forzosamente a un segundo plano y ha recuperado su lugar preferente la otra gran afición de Camps: los homenajes y la algaradas. Su gobierno no gobierna: se manifiesta. Y cuando no está protestando en la calle o en los púlpitos, está entretenido organizando actos para que las gentes de orden (empresarios y asimilados) puedan expresar públicamente su veneración por el líder: todos somos contingentes, sólo tú eres necesario, Paco, dicho con mayor o menor convicción y ardor patriótico hasta por gentes de criterio como Valenzuela.

La valenciana fue la comunidad que contabilizó un menor aumento del PIB en 2008, miedo da pensar en 2009. Es la más endeudada del país y la que presenta un mayor índice de fracaso escolar, al punto de que sólo Ceuta, como se ha sabido esta semana, registra más alumnos incapaces de conseguir ningún t ítulo que Alicante, lo que tiene sentido si tenemos en cuenta que Alicante es la provincia con más barracones en lugar de aulas de toda España. La atención sanitaria también aparece en el furgón de cola nacional en cuanto a medios y calidad. El paro, por último, crece muy por encima de la media estatal y la destrucción de empleo es aquí más rápida que en otros lugares.

Con todo eso encima de la mesa, con una radiografía que lleva años alertando de que ésta es una comunidad enferma por mucho que un magnífico maquillaje y un mejor marketing hayan conseguido que apareciera resplandeciente a l os ojos de los demás, Camps permite que su vicepresidente económico se borre de la fotografía y dedica a su vicepresidente político a hacer de apagafuegos, mientras esperamos a que el Tribunal Superior de Justicia decida qué hace con las acusaciones de malversación y cohecho que el juez Garzón y la Fiscalía Anticorrupción han puesto encima de la mesa en el llamado "caso Gürtel", un asunto que ha puesto en evidencia las hechuras del traje cuasi beatífico que el presidente se había ido confeccionando para presentarse ante los ciudadanos.

El PP tiene razón cuando acusa a Zapatero de haberse quedado paralizado por la crisis. Desde que ésta debutó con toda su intensidad, el Gobierno central ha perdido la credibilidad que tuviera, así como la iniciativa política: es un gobierno sonado, cuya necesidad de desviar la atención (Kosovo, por ejemplo) resulta lastimosa. Pero lo que ocurre en la Comunidad Valenciana no es que el gobierno esté bloqueado, es que no está: ha dimitido de su obligación de gestionar la cosa pública para procurar el bien común.

No se envían leyes a las Cortes y las que llegan se refieren a cuestiones menores. No se ha encargado al vicepresidente económico ningún plan de ajuste de nuestra economía para combatir con mayor solvencia la crisis, teniendo en cuenta que, aunque la recesión sea mundial, sus efectos se particularizan: tiene características propias en España y, dentro de ella, a su vez singularidades específicas en la Comunidad Valenciana, contra las que el Consell podría trabajar. Pero ya hemos dicho que el conseller de Economía se encuentra e n paradero desconocido. Tampoco se ha encargado al vicepresidente político la coordinación de iniciativas de todos los departamentos para configurar y sostener un programa integral de actuaciones. Pero ya se ha dicho también que la preocupación de Vicente Rambla, su dedicación prioritaria, es hacer de escudo humano del presidente frente a la oposición, los jueces, los fiscales y los medios de comunicación. De la labor durante estos años del otro vicepresidente, el teóricamente dedicado al bienestar social, Juan Cotino, mentor de Camps, lo único que ha trascendido de interés es que empresas vinculadas familiar mente a él obtuvieron concesiones de su departamento, una costumbre que comparte con el de Gobernación, Serafín Castellano. Y al conseller de Inmigración, Rafael Blasco, no le encargan en estos momentos preparar medidas para que un segmento de población tan en precario hoy no caiga en la desesperación ni el resto de la sociedad vuelque sobre él su frustración. No. Blasco para lo que está, según ellos mismos han dicho, es para ocupar su tiempo en diseñar estrategias que lleven al PP a arrasar en esta comunidad en las elecciones europeas de junio, a ver si consigue convertir las urnas en el Jo rdán que lava todos los pecados, incluso los del vestir. Y así podríamos seguir, porque no se conoce ninguna intervención seria, reseñable, de la consellera de Industria, ni de la de Turismo, y el de Educación está instalado en el disparate, pero con estas muestras basta.

Está bien salir a la calle para exigir que no se cierre el grifo del Tajo (aunque ya ni siquiera en las manifestaciones por el agua se siente seguro Camps, por eso se va de ellas tan pronto o ni siquiera va, para no escuchar lo del "trajes para todos") o reunirse para reclamar el Ave al único gobierno que lo está construyendo, cuando Aznar no colocó ni una traviesa y nadie rechistó. Pero el PP no puede pretender que esa sea toda la labor de su gobierno. Porque mientras el Consell no se da por aludido, las costuras económicas y sociales de esta Comunidad, con una depresión como la que atravesamos, están cada vez más cerca de reventar. Y si a Camps le parece esto demasiado exagerado, sólo tiene que contemplar la foto que este domingo domina la portada de INFORMACION. Aunque no lo crea, en esta comunidad que tanto m ola cada día hay más gente que come lo que encuentra en la basura que tiran los supermercados.

Personas no habituales de la mendicidad, rebuscando entre la basura para recuperar alimentos desechados por los supermercados de la industrial y zapatera ciudad de Elda.

Luego no hay presupuesto para materializar los derechos consagrados en la Convención ONU y en la LEPAP.

EPS: Evaluac. Prevalencia Social : CANELA FINA| LUIS MARIA ANSON El escándalo del Teatro del Canal · 24.02.2009 ESPERANZA AGUIRRE ha hecho exactamente lo contrario de lo que siempre ha defendido. Antes de ser concejalita del Ayuntamiento de Madrid proclamaba a los cuatro vientos y tempestades la superioridad de la iniciativa privada sobre la gestión pública, las ventajas de la sociedad de libre mercado y los fallos del sistema socialista. Ahora ha olvidado sus prédicas de antaño y ha construido un edificio gigantesco destinado al teatro, en competencia arisca, clara, desleal, con los empresarios privados. El costo real de la operación, si sumamos el precio de mercado de los terrenos al de la construcción y otras bagatelas se mueve en el entorno de los 50.000 millones de pesetas. Con ese dinero, los empresarios privados hubieran situado a Madrid durante los próximos diez años en el puesto de cabeza de las grandes ciudades con actividad teatral. Ciertamente, Esperanza Aguirre heredó el despropósito. Se trata de un edificio teatral de corte soviético al estilo de los que se construyeron en el Moscú comunista y otras capitales del Este europeo. Que eso saliera del magín de Alicia Moreno, cuya ideología es notoria, tiene alguna explicación. Que lo haya financiado y concluido Esperanza Aguirre no hay por dónde cogerlo. Que encima se gastara en el festolín de inauguración del teatro más de 200 millones de pesetas, menudo escándalo. Tras meses de espera, el pasado fin de semana se ha puesto en marcha por fin el teatro, con derroche de personal subalterno. Se tiene la esperanza de que la señora presidenta envíe a sus consejeros y consejeras a interpretar allí la comedia del espionaje y, a continuación, el vodevil de las contratas públicas con las correas desatadas. Va de apuesta. Los madrileños que, a través de unos impuestos casi confiscatorios, hemos despilfarrado 50.000 millones de pesetas por este capricho comunitario, deberemos pagar en no demasiado tiempo a 500 funcionarios o empleados pues la voracidad de los políticos irá colocando en el Teatro del Canal a parientes, amiguetes, enchufados y simpatizantes, que chuparán todos del bote con entusiasmos recentales. En el Teatro María Guerrero y sus aledaños del antiguo Olimpia trabajan cerca de 300 funcionarios o empleados. En el Teatro Español más de 100. Enrique Cornejo gestiona magníficamente cada uno de sus teatros con una docena de personas. ¿Qué cantidad adicional deberemos pagar los madrileños por la calefacción, el aire acondicionado, el agua, la luz, el teléfono, la limpieza, el mantenimiento de ese gigantesco teatro? ¿Y cuánto nos costarán dentro de diez años los sueldos, las jubilaciones, las dietas, la seguridad social, los viajes, las vacaciones, las enfermedades, los gastos de oficina de los varios centenares de funcionarios y empleados que de forma inevitable irán poblando el inmenso edificio construido? Ni una pega a la sabiduría, a la capacidad de Albert Boadella.Esperanza Aguirre ha acertado con el hombre que ha puesto al frente del Teatro. Es un maestro. Llegará un día, sin embargo, en que los socialistas gobernarán Madrid. ¿Qué pasará entonces con el Teatro del Canal? ¿Qué disparatado gasto habrá que sufragar? ¿Qué programación será impuesta por el sectarismo político? No parece muy difícil responder a estos interrogantes. Esperanza Aguirre podría hacerlo mejor que nadie. Luis María Anson es miembro de la Real Academia Española

Del decretazo de la exclusión al plan de reactivación

Plan de reactivación de la educación inclusiva para alumnos con discapacidad

La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, ha anunciado que pondrá en marcha un plan para incluir a los niños con necesidades especiales en el sistema educativo.

Madrid. La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, anunció hoy que el departamento que dirige pondrá en marcha un Plan de reactivación de la educación inclusiva para los alumnos con necesidades especiales.
Cabrera reaccionaba así durante a sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde la diputada del PP María Castro denunció que el Ejecutivo gallego está preparando un decreto por el que la Xunta podrá elegir el centro donde estudiará un niño con discapacidad, "negando así el derecho de los padres a elegir la el sistema educativo de sus hijos".
Sobre este asunto, la ministra dijo que su ministerio no puede impedir la aprobación de un decreto autonómico, pero añadió que la mejor garantía de la educación inclusiva es la Ley Orgánica de Educación (LOE), "una normativa de obligado cumplimiento para todas las autoridades educativas".
Según dijo, la inclusión de los niños con algún tipo de discapacidad en el sistema educativo "es uno de los principales objetivos del ministerio", para lo que se ha puesto en marcha una comisión de seguimiento sobre la aplicación del convenio de la ONU relativo a los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por su parte, la diputada 'popular' aseguró que en Galicia los padres con hijos con necesidades educativas especiales "se encuentran con serias dificultades para acceder a una educación inclusiva, ya que el Gobierno presidido por Emilio Pérez Touriño está trasladándolos a unos centros concretos".
"La consellería de Educación gallega está comunicando a los padres de estos niños el traslado de sus hijos a centros de educación especial aunque estuvieron cursando de forma satisfactoria sus estudios en centros ordinarios", aseveró.
(Ep)

Fuente: Gaceta.es

Que perra por no soltar una perra pa hacernos la vida perra.

El Gobierno todavía perfila "las líneas de trabajo" de un estudio de discapacidad que el Congreso le pidió hace dos años

Europa Press (15/02/2009)

El Gobierno ha asegurado que se encuentra "definiendo las líneas de trabajo" de un estudio para conocer el coste económico que les supone a las familias tener un persona dependiente, que había sido solicitado por el Congreso de los Diputados hace más de dos años, según un escrito del Ejecutivo, al que ha tenido acceso Europa Press.

La Comisión de Políticas de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad, en noviembre de 2006, una iniciativa de CiU que pedía al Gobierno que elaborara un informe sobre "el agravio económico comparativo que origina la discapacidad", en el que se tuviera en cuenta "los tipos de discapacidad y las realidades socio-económicas de cada comunidad autónoma", con la finalidad de que fuera utilizado para orientar las políticas públicas en esta materia.

En octubre de 2008, CIU preguntó por escrito al Ejecutivo sobre la fase en la que se encontraba dicho estudio, a lo que el Gobierno respondió -en enero de 2009- que "se están definiendo las líneas de trabajo en las que se debe desarrollar, con el fin de cumplir los objetivos reseñados y hacer del mismo un instrumento útil, exhaustivo y práctico".

En el texto del Gobierno, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte asegura que "el sobrecoste económico que soportan las personas con discapacidad y sus familias es una barrera para su plena inclusión" y añade que el departamento dirigido por Mercedes Cabrera "pretende conocer en qué medida los ciudadanos españoles con discapacidad se ven afectados por esta situación".

Ante esta respuesta, la portavoz de CiU en la Comisión de Políticas de la Discapacidad, Concepció Tarruella, mostró su "profunda indignación". "Es inconcebible que en más de dos años el Gobierno no haya tenido tiempo para hacer el estudio", señaló la diputada.

Por ello, ha vuelto ha registrar un escrito en el que pregunta al Gobierno si "considera lógico tardar dos años y dos meses para definir 'las líneas de trabajo' del estudio" y si piensa "adoptar alguna medida para mejorar la eficiencia de los organismos responsables de la elaboración del mencionado informe". Finalmente, exige al Gobierno que se comprometa a tener el documento en una fecha concreta.

Fuente: SID

Afortunadamente de impuso la Justicia

Alejandra regresa a su colegio de toda la vida

Educación quiso trasladar a la niña a Villagarcía

A.T. - VILAGARCÍA A las nueve de la mañana, Alejandra llegó al colegio Progreso de Catoira del brazo de su madre, Mónica Sumay. Las dos enfilaron el callejón tras casi cinco meses de batalla con la Administración educativa que, al carecer de sentimientos, decidió que la estudiante se desplazase a Vilagarcía para proseguir sus estudios, debido a su grado de incapacidad.

Pero el juez de primera instancia número 1 de Pontevedra devolvió la cordura a la situación y determinó que Alejandra debe seguir escolarizada en su centro de toda la vida, en el que cursó todas las etapas educativas hasta el pasado año.

Mónica Sumay cree que su impenitente lucha le permitió salvar el primero de los escollos que la administración puso a su paso. "Yo sólo busco la felicidad de mi hija, es lo único que pretendo", dice una y otra vez.

Y ese gesto alegre lo pudo ver ayer cuando Alejandra salió de clases. "Al principio estaba un poco sorprendida pero luego se vio arropada por el cariño de sus compañeros que la recibieron con los brazos abiertos. Creo que también los profesores". El caso es que Alejandra también puede estar con sus dos hermanos: "Son menores, pero ella se siente más arropada", indica.

Mónica Sumay reconoce que se trata de un pequeño primer paso y que la pelea con la Administración "no va a ser fácil", pero su trayectoria seguirá siendo la de defender a su hija "porque se trata de reclamar los derechos que le pertenecen como persona, como ser humano".

Está convencida de que son los padres quienes tienen el derecho a elegir el centro en el que debe cursar sus estudios obligatorios la alumna y que "Educación no puede actuar contra nuestra voluntad, sobre todo cuando creemos que estamos haciendo lo que más conviene a nuestra hija".

Preguntada por el recibimiento que dieron los profesores a Alejandra, Mónica Sumay no se muestra tan convencida como con los compañeros. "La han recibido bien, pero quizás por obligación". Recuerda que se trata de profesores de Secundaria, que son licenciados, y que creen que su misión es la de "inculcar conocimientos en vez de atención a los adolescentes". Por ello, entiende que es una misión que les va a resultar más compleja pues en anteriores etapas había profesores y educadores especializados.

Esta mujer afirma que seguirá con su lucha personal en lo sucesivo y, en este sentido, señala que una reciente resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU), del 3 de mayo, obligará a modificar muchas leyes que todavía discriminan a los discapacitados.

"Si hay leyes que no se ajustan a las demandas de la sociedad van a tener que cambiarlas, porque de lo que se trata es de defender los Derechos Humanos. Esa es mi única lucha, porque además creo en ella", explica con toda la naturalidad.

Mónica Sumay señala que este primer día de clases en el curso 2008-09 ya ha sido muy positivo para Alejandra "aunque haya tenido que empezar un viernes, debido a que Educación decidió enviar a la educadora en ese día de la semana".

De todos modos cree que la tardanza de Educación en contratar a la educadora "es un mal menor" y no le da importancia, ya que lo más probable es que el resto del curso Alejandra pueda seguir en el colegio catoirense.

Desde el pasado septiembre, la adolescente tuvo que conformarse con las clases de apoyo que recibió de forma particular por un gabinete privado. "No perdió el tiempo, siempre estuvimos a su lado", señala la madre.

Para Mónica Sumay, el camino es el de la "inclusión". "Estamos en el siglo XXI y la educación secundaria es obligatoria; por lo tanto, la Administración tiene que adoptar todos los medios para que los alumnos, con independencia de su situación y su capacidad, puedan ver cumplido este derecho".

"Sólo quiero que mi hija tenga los mismos derechos que los demás; en absoluto he buscado que Alejandra sea igual que ellos, significaría que no la quiero. Es una joven distinta, pero tiene unos derechos que nadie le puede quitar", afirma.

La chica sufrió al nacer una gran discapacidad, a consecuencia del sufrimiento fetal que conllevó un trastorno generalizado del desarrollo. Hasta los 14 años pudo recibir clases en el colegio Progreso, donde estuvo desde los 5 años, con profesores de apoyo. Cumplida esta edad surgieron los problemas, pues Educación pretendía que la joven cursara el resto de años en Vilagarcía, en un centro en el que carece de compañeros y amigos. Mónica Sumay afirma que seguirá pelando porque su hija se encuentre en el ambiente más adecuado y entiende que introducirla en otro diferente "puede provocar reacciones adversas".

En ese sentido recuerda el caso de una chica con parálisis cerebral que incluso perdió el contacto con sus padres durante 20 años porque la Administración le buscó centros que siempre la han alejado de la familia.

Fuente: El Faro de Vigo

Clickair: suma y sigue.

diariodeibiza.es » Pitiüses i Balears

Una madre denuncia el servicio de Clickair a los niños

con discapacidad

La mujer critica que la compañía no ofrece sillas de ruedas adaptadas para ir desde el avión a las cintas de equipajes y que tratan las que llevan los viajeros como una maleta a pesar de que deben entregarlas en mano

La mujer critica que no es la primera vez que tiene problemas con la silla adaptada de su hijo.
D. I.

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EIVISSA | MARTA TORRES

La madre de un niño con discapacidad ha denunciado el mal servicio que ofrece la compañía Clickair a los pequeños que van en silla de ruedas. Carmen Escandell ha presentado una reclamación, pero asegura que no es la primera vez que tiene problemas cuando viaja con su hijo en esta aerolínea. Hace varios meses, la madre de otra niña que se mueve en silla de ruedas también criticó las dificultades que le suponía viajar con esta compañía.

Carmen Escandell explica que el lunes voló a Barcelona en el primer vuelo y que tanto al hacer la reserva como al sacar las tarjetas de embarque indicó que su hijo es discapacitado. Como en otras ocasiones, el niño estuvo en su silla especial hasta el mismo momento de subir al avión, cuando el personal la guardó en la bodega del aparato.

La mujer señala que los problemas comenzaron al aterrizar en Barcelona. «Nos vino a buscar un chico con una silla de ruedas, pero era para adultos, así que el niño no se podía montar, ya que no tiene fuerzas para sujetarse y se hubiera caído», indica. En ese momento, la denunciante afirma que pidió que le devolvieran su silla, que estaba marcada con una etiqueta especial, para poder dirigirse a las cintas de recogida de equipaje, a lo que se negaron. «Por suerte, viajaba con mi madre y entonces se montó ella en la silla de ruedas y se puso encima al niño», añade. La madre afirma que si no hubiera acudido acompañada no le habría quedado más remedio que cargar con el niño, de seis años, en brazos hasta que recogiera la silla. Carmen afirma que lo que no entiende es por qué a otra viajera sí se le entregó su silla de ruedas nada más aterrizar mientras que a ella se le negó esta posibilidad.

Sillas en la cinta
Carmen Escandell explica que al llegar a las cintas se encontró la silla adaptada de su hijo «tirada en el suelo», momento en el que le pidió explicaciones al chico que les había recogido al aterrizar en Barcelona. «Vale más de 3.000 euros y, si se pierde o alguien la roba pensando que es un cochecito de bebé normal, tardan más de dos meses en enviarla de nuevo desde Alemania», comenta. La mujer critica que el chico les abandonó en ese momento, sin esperar a que estuviera montada la silla. «Si no hubiera venido mi madre habría tenido que dejar al niño tumbado en el suelo mientras desplegaba la silla, como le pasó hace unos meses a otra madre», lamenta Carmen Escandell, que se confiesa «indignada».

Tras recoger la silla, señala que se dirigió a la ventanilla de atención al cliente para pedir una explicación de por qué no le habían entregado la silla en mano, como deberían haberlo hecho, ya que llevaba la etiqueta que la identifica como silla para discapacitados. «La chica me dijo que hiciera un cartel grande con rotulador rojo y que lo pegara a la silla», afirma.

«Esto sólo nos pasa con Clickair, porque con las otras compañías no tenemos problemas, nos devuelven las sillas a pie de pista o dejan que las llevemos en cabina y ya está», insiste Carmen Escandell, que asegura que esta misma situación la vivió ya el pasado 21 de enero, cuando también viajó con su hijo a Barcelona para acudir al médico.

Primer vuelo a las once
Esta madre ha criticado también que el primer vuelo Eivissa-Barcelona esté programado a las once de la mañana. «Tenemos que viajar a esta ciudad para ir al médico y que no haya vuelos antes de esa hora nos obliga, en muchas ocasiones, a pasar la noche allí, pagando el hotel», señala.

¿Para cuándo la Ley de Dependencia, Sr. Camps, para cuando?

Levante-EMV.com » Comunitat Valenciana

El Consell da 5.000 euros a

NN.GG. para fomentar la

bicicleta.

Vaivén

El de ayer no fue un gran día para el presidente del Consell, Francisco Camps. A las dos horas de recorrido esquivando a los medios de comunicación por Feria Valencia se unió el fallo del sonido durante su discurso a los empresarios del sector cerámico. Camps tuvo que detenerse casi un minuto mientras se colaba una voz en off que nada tenía que ver con su discurso.

Nada menos que 5.000 euros de subvención le ha soltado la Conselleria de Infraestructuras que preside Mario Flores a Nuevas Generaciones del PP de Gandia para "fomentar el uso de la bicicleta para fines deportivos y turísticos", según la resolución del director general de Transportes, Vicente Dómine, hecha pública ahora.

La tensión política de estos días salió ayer a relucir en la junta de portavoces. Joaquín Puig (PSPV) censuró al PP el "asesinato" de la Síndica de Greuges. "Matar, lo que es matar, mataba el GAL", le soltó Rafael Maluenda (PP). Mònica Oltra (Compromís) le preguntó si al compararse con el GAL y Filesa, está admitiendo que la trama que investiga Garzón "es lo mismo".

Ética reprobable.

Levante-EMV.com » Castelló

El Consell enajenó sin subasta 4 solares de la

herencia Martell por más de 1 millón de euros.

Columbretes.
Los documentos del Consell desvelan otra operación en un solar de la calle Columbretes.

Vicent Gamir

Las operaciones se cerraron después de 2002 sin cumplir el reparto legal que exigió una sentencia del Supremo.

La diputada Amparo Marco denuncia "negocios oscuros en beneficio de particulares".

Nacho Martín, Castelló

Los expedientes de la Generalitat Valenciana revelan que desde el año 2002 el Partido Popular ha enajenado al margen de cualquier subasta pública al menos cuatro propiedades de la herencia Martell valoradas oficialmente en más de 1 millón de euros antes de cumplir el reparto legal entre asociaciones sin ánimo de lucro que ordenó una sentencia del Tribunal Supremo.

El fallo judicial, fechado en 2002, concluyó que la Generalitat Valenciana se había apropiado indebidamente de la fortuna sin testar de Josefa Martell Farcha, labradora castellonense que falleció en 1988 dejando una fortuna valorada por el PSPV en 120 millones de euros.

El Supremo ha reiterado que la Ley exige que una junta tripartita distribuya la herencia entre entidades sin ánimo de lucro. Sin embargo, el Consell retrasa la distribución y el ayuntamiento no ha presentado reclamación alguna al respecto, a pesar de que fue el propio consistorio, gobernado por el PP, el que interpuso el recurso contra la Generalitat que entonces gobernaba Joan Lerma (PSPV). La Junta Distribuidora (compuesta por Consell, diputación y ayuntamiento) permanece bloqueada desde hace cuatro años y ahora salen a la luz nuevos documentos a raíz de preguntas parlamentarias presentadas por la diputada autonómica socialista Amparo Marco.

Operaciones inmobiliarias
Las operaciones inmobiliarias de bienes de la herencia Martell fuera de la subasta pública que exige la ley (el Código Civil y el Decreto 2091/1971) se han sucedido durante la última década y han sido denunciadas por el PSPV en las Corts Valencianes y en el ayuntamiento.

Hasta la fecha, la Generalitat había admitido la existencia de tres enajenaciones sin subasta acometidas después de la sentencia de 2002 a las que ahora se suma una cuarta. Esta última hace referencia a un solar situado en la confluencia de las calles Columbretes y José Barberá Cebría número 2, en las proximidades de la piscina provincial.

Según la respuesta parlamentaria del conseller de Economía, Gerardo Camps, a la diputada socialista Amparo Marco, de esta operación queda pendiente resolver "la cuota de participación" y "el trámite de disolución del condominio por medio de permuta a cambio de obra futura a construir sobre el solar". En este caso, la conselleria eludió precisar el montante económico de la transacción.

Valoraciones "irreales"
El resto de las enajenaciones reconocidas por el Consell con posterioridad a la sentencia de 2002 sí están cuantificadas, aunque la diputada Amparo Marco considera que las valoraciones "son irreales y no se ajustan al precio de mercado del momento, con lo cual se benefició a particulares e intereses privados". Se trata de un solar en las calles Doctor Ferrán y Miguel Servet (483.000 euros), un solar en la calle Enmedio (enajenado al ex presidente del Valencia, Francisco Roig, por 240.000 euros) y un solar en la calle Mayor número 83 valorado oficialmente en 351.000 euros.

La Generalitat nunca hizo publicidad de las mencionadas operaciones hasta que fueron denunciadas por el PSPV ante la opinión pública. Eso sí, llegado este momento, el Consell se apresuró a remitir comunicados oficiales en los que aseguraba que "todo es legal". Por contra, Marco sostiene que el PP ha propiciado "negocios oscuros" y ha incumplido reiteradamente la normativa estatal.

A este respecto, la sentencia del Supremo indica expresamente que se debe cumplir el Decreto 2091/1971. Dicha normativa explicita que cualquier enajenación encaminada a la liquidación y distribución de la herencia debe regirse por los principios de la subasta pública o procedimientos similares. "Los títulos-valores se enajenarán por medio de agente de cambio y bolsa o corredor de comercio colegiado y los demás bienes se venderán en subasta", la cual debe ser pública y publicitada con antelación.

Verdades a medias.

Zapatero anuncia una subida de un 4% del Salario Mínimo profesional y de un 6% de las pensiones mínimas

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que el salario mínimo interprofesional (SMI) subirá un 4% en 2009, lo que situará su cuantía total en 624 euros mensuales, frente a los 600 euros actuales. Zapatero anunció que las pensiones mínimas se incrementarán un 6% y confió en que la destrucción de empleo empiece a frenatse en la segunda mitad de 2009.

Zapatero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se ha aprobado esta medida y el incremento de las pensiones mínimas en una media del 6%, destacó que esta subida del salario mínimo interprofesional permitirá a sus perceptores seguir ganando poder adquisitivo, al tiempo que reiteró su compromiso de llevar esta renta mínima hasta los 800 euros mensuales para 2012.
El jefe del Ejecutivo resaltó que en la pasada legislatura su Gobierno elevó el SMI en 200 euros, con una ganancia de poder de compra de 15 puntos, datos que comparó con los del periodo 1999-2004, cuando gobernaba el PP, en que el salario mínimo, dijo, sólo aumentó 36 euros, perdiendo seis puntos de poder adquisitivo.
Hace unos días, el Gobierno planteó a los agentes sociales subir el SMI un 3,5% para 2009, hasta los 621 euros mensuales, pero la idea no gustó a los sindicatos, que llegaron a calificar de "ridícula y raquítica" esta propuesta. CC.OO. y UGT recordaron además que para poder llegar los 800 euros comprometidos por el Ejecutivo, el SMI debería incrementarse en un 8% cada año del periodo 2009-2012.
Zapatero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros mantuvo que el SMI se situará en 800 euros al final de la actual legislatura.
Con carácter general, el SMI para 2009 queda fijado en 20,80 euros al día y 624 al mes, mientras que en cómputo anual no podrá ser inferior en ningún caso a 8.736 euros. Para los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días, el salario mínimo no podrá ser inferior a 29,56 euros por jornada. Para los empleados de hogar la cuantía establecida es de 4,89 euros por hora trabajada.
El Ministerio de Trabajo e Inmigración explicó en un comunicado que a la hora de fijar la subida del SMI para el año próximo se ha tenido en cuenta el "difícil contexto económico" y el impacto que puede tener sobre la creación de empleo. En este punto, el Departamento dirigido por Celestino Corbacho indicó que la previsión de que la tasa de inflación tenga un comportamiento por debajo de los niveles actuales "debería permitir la continuación de una moderación salarial que ha contribuido de manera decisiva a la creación de empleo en los últimos años".

LAS PENSIONES MINIMAS SUBIRÁN UNA MEDIA DEL 6%

. En cuanto a las pensiones mínimas, que subirán una media del 6% en 2009, Zapatero hizo hincapié durante su intervención en que estas prestaciones han aumentado un 36% en los cinco años que lleva gobernando, "el tiempo de mayor subida de las pensiones mínimas de todo el periodo democrático", lo que, según manifestó, se ha traducido en una una ganancia de poder adquisitivo para sus perceptores de 20 puntos.
El presidente volvió a comparar estos datos con los obtenidos por el PP entre 1999 y 2004, periodo en el que las pensiones mínimas subieron un 19%, "prácticamente la mitad" de lo que se han elevado con el Ejecutivo socialista, con una "modesta" ganancia de poder adquisitivo, de sólo tres puntos.
Zapatero destacó que todo ello pone de manifiesto que uno de los objetivos "esenciales" de su Gobierno es la mejora de la protección social, sobre todo de aquellos ciudadanos con menores ingresos y rentas más bajas. En este sentido, afirmó que cada año de gobierno, con independencia de cuánto ha crecido la economía, los perceptores del SMI y los pensionistas han ganado poder adquisitivo. "Es una constante de nuestro proyecto", agregó.

SIN REFORMA PARA LA PROTECCION POR DESEMPLEO

Por otro lado y preguntado por una posible reforma del sistema de protección por desempleo, el presidente manifestó que, "a día de hoy", no hay ningún plan relativo a revisar el sistema actual. "No hay ninguna previsión de revisar la protección por desempleo", zanjó. Eso sí, como ya ha hecho en otras ocasiones, Zapatero dijo que el Gobierno será "sensible" a los planteamientos sindicales sobre la materia y atenderá algunas de sus ideas "en función de cómo evolucione el desempleo".

CONFÍA QUE LA DESTRUCCION DE EMPLEO EMPIECE A FRENARSE EN LA SEGUNDA MITAD DEL 2009

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, confió en que la destrucción de empleo comenzará a frenarse en la segunda mitad de 2009, y añadió que el paro es el "efecto más pernicioso de la crisis" y, por ello, el "objetivo número uno" del Ejecutivo durante el próximo año.
Zapatero, que compareció en el Palacio de la Moncloa para hacer un balance del año y de las perspectivas para 2009, afirmó que el próximo año será un ejercicio "difícil", pero indicó que España tiene "fortaleza como país" para salir de la crisis económica. "Lo vamos a hacer sin ninguna duda. Enfrentar la crisis es nuestra principal tarea y la recuperación económica nuestro único horizonte", reiteró.
El jefe del Ejecutivo rechazó algunas de la "recetas anticrisis" que se proponen desde diversos ámbitos políticos y económicos, como la contención del gasto público, los sacrificios salariales o las facilidades para el despido que son, según dijo, "altamente contraproducentes".
"No responderemos a la crisis desde el recorte social, sino desde el aumento de la política social", añadió Zapatero, quien reconoció que agentes sociales, partidos políticos y ciudadanos tendrán que hacer un "gran esfuerzo y sacrificios" para superar la crisis y que los principios del Gobierno para afrontarla son la solidaridad y la protección social, "que es más necesaria que nunca".
Zapatero, avanzó que el Ministerio de Administraciones Públicas ha recibido ya 2.200 proyectos, valorados en 1.000 millones de euros, dentro del fondo especial de inversión de 8.000 millones creado para los Ayuntamientos. De ellos ha autorizado 700 proyectos y aseguró que en el mes que queda de plazo para tramitar las solicitudes se cumplirán las expectativas.

Fuente: Telemadrid.es

¡Increible, pero aquí está la noticia!

Información.es » Alicante

BIENESTAR SOCIAL

Una discapacitada reclama a Pimesa

diversos arreglos para poder vivir en su

piso adaptado.

La empresa pública asegura que la vivienda se ajusta a la normativa.

La madre de la joven afirma que los cuartos de baño y la habitación no reúnen los requisitos necesarios.

Una imagen de archivo de la
empresa municipal Pimesa


ISABEL RAMÓN

V. L. DELTELL

La madre de una joven discapacitada que adquirió una vivienda de protección de la empresa pública Pimesa ha presentado una queja por las carencias que tiene el piso para estar destinado a personas con minusvalías. Según esta mujer, los cuartos de baño y el dormitorio no están adaptados, mientras la empresa asegura ajustarse a la normativa.
La habitación de matrimonio no dispone del espacio suficiente para maniobrar. Tampoco son correctas las distancias en los aseos y el plato de ducha tiene un escalón insalvable. El piso de protección oficial que Pimesa construye para la hija de Ana en el número 40 de la calle Antonio Ripoll Javaloyes no está adaptado a personas discapacitadas. Así lo asegura la madre de una joven que, por su minusvalía, se mueve con una silla de ruedas. La empresa municipal no es de la misma opinión.

Según el gerente de Pimesa, Antonio Martínez, "nosotros ejecutamos un proyecto con los requerimientos técnicos que requieren las normativas, ajustándonos a ellas para que la Conselleria de Vivienda apruebe la obra". Pero sus explicaciones no son suficientes para una madre molesta con la Administración. "Estamos conformes con los pasillos y las puertas, que sí se adecuan a los requerimientos de una persona minusválida, pero los aseos no". Según Ana, el inodoro "está pegado al lavabo. Éste debería ir sin pie para que desde una silla de ruedas se pueda acceder al agua".

A su vez, el plato de ducha "tiene un escalón que una persona minusválida no puede salvar". Esta mujer añade que "la ducha debería tener el suelo corrido". Además, en la habitación principal "no se puede maniobrar por el escaso espacio que han dejado entre la cama y la pared, por lo que habría que correr el tabique unos centímetros para que mi hija pueda pasar con la silla de ruedas".

Esta madre reclama a Pimesa que solvente todos estos inconvenientes a su cargo, ya que "una vivienda para discapacitados debería estar adaptada". Su piso es uno de los diez que Pimesa está construyendo para personas con minusvalías en su promoción de viviendas protegidas de Altabix, "y me consta que en otro caso se han hecho todas estas reformas que también precisa mi hija".

El final de obra está cercano y, por ello, el gerente, Antonio Martínez, asegura que "ahora no podemos hacer nada". Las demandas han llegado tarde y "no podemos introducir modificaciones en ese proyecto ya prácticamente finalizado. Los pisos están terminados, ya han pasado la inspección de los técnicos municipales y ahora sólo falta la inspección de la Conselleria".

Solicitud anterior
El responsable de la empresa pública Pimesa asegura que "si las mejoras se hubieran solicitado en fase de construcción se podía haber estudiado cada una de las particularidades de esta persona". Sensible a este problema, Antonio Martínez señala que "todos los pisos cumplen con la normativa en espacios, distribución de los sanitarios, etcétera. Luego es cierto que algunas personas, por la particularidad de su minusvalía, pueden necesitar algo distinto, pero eso no puede correr a cuenta del promotor".

El gerente de Pimesa recuerda el caso de una persona que, al ir en silla de ruedas, pidió que no le colocaran los armarios elevados de la cocina. "Hicimos lo que pidió, pero en una fase anterior a la que nos encontramos".

La firma de las escrituras está prevista para el mes de febrero, según asegura la madre de la discapacitada, que no puede entender "cómo es posible que se destinen viviendas de protección oficial a personas discapacitadas sin tener realmente en cuenta cuáles son sus necesidades".

Además de la queja de Ana, Pimesa cuenta con otra dirigida por una persona que sufre parálisis en la mitad de su cuerpo. "Él tampoco puede salvar el escalón de la ducha", afirma la mujer. Algo tan sencillo y que en obra tiene fácil solución "quieren que ahora corra de nuestra cuenta. No es justo", concluye Ana.

Estafadores de guante blanco

ÁNGEL COLLADO MADRID ABC
Domingo, 21-12-08
El Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador del Estado, ha encontrado irregularidades de todo tipo -en adjudicaciones, vigilancia de inversiones y programas, publicidad de concursos, contratos con monopolios encubiertos o ausencia de subastas- en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) durante el ejercicio de 2005, el primero de la vuelta del PSOE al poder con Zapatero. En el Ministerio de Trabajo, del que depende el instituto, se estrenó entonces Jesús Caldera, que puso a Ángel Rodríguez Castedo al frente del organismo.
«El Imserso, en general, no ha justificado suficientemente la elección del procedimiento y forma utilizados en la adjudicación de los contratos». Así empieza la larga lista de once conclusiones -reprimendas- que incluye el citado informe de fiscalización remitido a las Cortes y que, pese a utilizar los términos técnicos habituales, cuestiona la gestión general del organismo y da pie a las sospechas por el grado de opacidad denunciado en el seguimiento del gasto en contratos.
La «apreciación» más negativa y concreta del tribunal está referida a los famosos viajes del instituto, que se llevan cientos de millones del erario público desde que se pusieron en marcha cuando Felipe González estaba en el poder.
El órgano fiscalizador insta a terminar con «la creciente dependencia del Imserso respecto de cuatro concretas empresas de servicios turísticos, las cuales en su contratación con el Imserso actúan tradicionalmente unidas, concretamente en la ejecución de los Programas de Vacaciones y Culturales para personas mayores, programas que representan, de forma muy destacada, las partidas de gasto más importantes del propio Imserso».

Pese a todo, el Ministerio de Trabajo ha persistido en esa práctica en los ejercicios siguientes y en el verano de 2007, antes de las elecciones, volvió a adjudicar los viajes a las mismas empresas por otros dos años y con un gasto aún mayor, que llegó a los 206 millones. El contrato se lo quedó el consorcio que agrupa a esas empresas. Otras, que aspiraban a entrar en los contratos, se quedaron completamente fuera aunque sólo pretendían hacerse con una porción del pastel.
Sin planificación ni control
El otro gran bloque de amonestación y exigencia de mejora en la gestión que plantea el tribunal se refiere a otra destacada faceta de gasto del instituto, también cuestionada de raíz -contratos de obra- que se planifican mal y no se controlan después. «El cumplimiento de las previsiones presupuestarias del gasto ha primado respecto de las posibilidades reales de ejecución de las obras, condicionando de forma negativa tanto la tramitación de los expedientes de contratación, como la propia ejecución de los contratos».
En 2005, el Imserso adjudicó un total de 187 contratos por un importe total de 212 millones de euros. El grueso de esa cantidad, exactamente un 67 por ciento, se va en servicios de consultoría, asistencia y servicios y en esa partida están incluidos los programas de vacaciones para mayores.
El Tribunal de Cuentas hace dos consideraciones generales al organismo dependiente de Trabajo. En la primera le invita a aumentar las adjudicaciones de los contratos de obras mediante subasta en vez con concurso público porque en la práctica el Imserso no sabe sacar partido de esta última modalidad, no hay garantías «de una correcta ejecución» y, al final, todo sale más caro.
La segunda recomendación del organismo fiscalizador es más de fondo e incluye la acusación de no aprovechar bien los recursos asistenciales del Imserso. «Debe adoptar las medidas necesarias para evitar en el futuro que se reproduzca la infrautilización de sus recursos asistenciales, especialmente la de los destinados a los colectivos de personas dependientes», dice el informe.

Centros incontrolados
El Tribunal de Cuentas describe las irregularidades en la gestión e incluye los centros donde se cometieron. Cita tres contratos adjudicados por criterios de «calidad» en vez de por precio y que luego, además de caros, resultaron fallidos hasta a la hora de cumplir plazos de entrega. Figuran en ese caso el «Centro Estatal de referencia de atención socio-sanitaria a personas con enfermedades raras y sus familias en Burgos», otro destinado a enfermos de Alzheimer en Salamanca y el centro para personas con grave discapacidad construido en San Andrés de Rabanedo, en León.
En los tres centros citados resulta que se realizaron pagos de material «al mismo tiempo que se llevaba a cabo la adjudicación» y con fecha en el último día del año. Es decir, que el constructor ya sabía que se le iba a adjudicar el contrato y ya había empezado a cobrar.
El órgano fiscalizador se refiere también a irregularidades en un centro para minusválidos en Bergondo (La Coruña) y a unas obras en Alcuescar (Cáceres) en que la ampliación y remodelación del mismo acabó por costar un 45 por ciento más de lo presupuestado.
Obras aparte, se destaca también que en la residencia de La Bañeza (León) se hayan mantenido plazas reservadas «sin ocupación durante todo el ejercicio fiscalizado». El Imserso se gastó el dinero sin que los enfermos se pudieran beneficiar.
Sin Consejo de Ministros
La advertencia número 8 del Tribunal incide en una irregularidad de fondo: la prórroga del contrato del programa de vacaciones de las temporadas 2005-2006 y 2006-2007 sin la preceptiva autorización del Consejo de Ministros. El «olvido» libró al Imserso de aportar «certificado de existencia de crédito, acreditación del cumplimiento de los límites presupuestarios derivados del carácter plurianual, fiscalización previa, aprobación del gasto y adecuada contabilización».

Los datos del informe obligan a intervenir a la Fiscalía

El informe de fiscalización del Imserso correspondiente al ejercicio de 2005 fue presentado en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas por el propio presidente del máximo órgano fiscalizador del Estado, Manuel Núñez, sin que la portavoz del PSOE, María José Fernández Aguerri, intentara entrar en la defensa de la gestión que los responsables de su partido habían hecho en el Ministerio de Trabajo pese a las demoledoras denuncias que contenía el texto.
Todo lo más, se escudaba en el hecho de que había prácticas que venían de antiguo, como el monopolio encubierto en los programas de viajes, aunque antes de 2005 fueran menos opacas, más baratas y cumplieran todos los trámites, empezando por el preceptivo acuerdo del Consejo de Ministros.
El caso más escandaloso
Núñez tuvo que recordar que el caso más escandaloso es el de las plazas asistenciales que se reservan, se pagan y no se ocupan, un asunto que ha puesto en marcha a la Justicia. «En cuanto a las responsabilidades presupuestarias, en ocasiones no se ha acreditado la existencia del crédito correspondiente para poder adjudicar determinados servicios», explicó el presidente del Tribunal para añadir después que «tanto el Ministerio Fiscal como el servicio jurídico del Estado solicitaron la remisión de antecedentes a la sección de enjuiciamiento, en la que aún no se ha resuelto sobre la cuestión planteada».
Manuel Núñez dejó claro ante la comisión que la mala gestión del Imserso se había agravado en 2005 y que esa falta de eficacia o despilfarro de fondos públicos era especialmente sangrante cuando afecta a recursos destinados a ancianos o personas dependientes en general.

El presidente del órgano fiscalizador, según consta en las actas de la reunión, evitó salirse del contenido del informe, pero el portavoz del PP, Ramón Aguirre, entró a saco en lo que llamó «orgía presupuestaria y de falta de ortodoxia en la forma de adjudicar y ejecutar contratos» aplicada por el Imserso.
Aguirre insinuó que los concursos de servicios, edificios y viajes parecían hechos con «pliegos rectores de diseño» destinados a determinadas «finalidades». Además, destacó el dato de que en el informe de fiscalización hubiera un solo renglón redactado en términos positivos para el Imserso en un documento que abarca 44 folios repletos de denuncias de irregularidades y reconvenciones de tipo administrativo.
Responsabilidad de los gestores
El diputado del PP pidió que se indague sobre las posibles responsabilidades de los gestores del organismo y de los centros que vienen citados en el informe y denunció una práctica muy extendida en el Imserso: «Se saca un pliego de condiciones a unos precios bastante atractivos, concurren, se adjudica y el ganador, pasado un tiempo prudencial, modifica el contrato inicial al alza y, como ya está trabajando, se paga y se dejan estar las cosas».
El portavoz del PP destacó que esa práctica puede ser admisible cuando se trata de una excepción, pero resulta más que sospechosa cuando se convierte en la norma, que es lo que ocurre en el Imserso. En un centro para minusválidos en Alcuéscar (Cáceres) las obras acabaron por costar un 45 por ciento más de lo presupuestado.