Carta abierta al Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía.
Cuando ya han pasado los dos primeros meses desde, el nacimiento de Esmeralda Olvera Maldonado sin que esta inocente niña pueda gozar del mismo derecho que tienen otros niños españoles, a crecer bajo la protección y el amparo de sus progenitores, llega el momento de preguntarse qué delito habrá cometido para no merecer el respeto de la sociedad donde ha venido al mundo, ni de sus dirigentes políticos que practicaron la discriminación con sus padres al no prestarles los apoyos que legalmente le son conferidos por Ley.
No puedo ni pensar que el delito de Esmeralda haya consistido en nacer en el seno de una familia que sistemáticamente ha sido y es discriminada por sus gobernantes, pues eso denotaría la falta de sensibilidad y humanidad de los mismos.
No puedo ni debo pensar en que los responsables de sus padres se hayan desentendido de ellos, hasta el punto de abandonarles a su suerte, a pesar de seguir beneficiándose de las ayudas económicas a las que tiene derecho Sara. Eso sería realmente muy preocupante, tanto por la actuación de los responsables directos como por los responsables administrativos, siendo que estos últimos no les prestaron la debida protección a la que están obligados por las diversas leyes existentes.
No puedo pensar, ni por un solo instante, que los responsables judiciales pudieran pretender darle a todo este sin sentido una apariencia de justicia, descuidando los derechos de Sara y David, bajo la más que sospechosa protección a la menor.
No puedo pensar que los responsables administrativos actúen bajo el negligente despropósito de vulnerar la Ley que ampara a Sara y David, bajo la infantil argumentación de pretender aparecer como una administración responsable y veladora de los derechos de Esmeralda. Y al mismo tiempo me pregunto ¿cómo es posible que los Servicios Sociales les presionasen para que aceptasen el aborto del embarazo? ¿Esto es legal? ¿Acaso no contravienen y vulneran la Convención de los Derechos de las personas discapacitadas de la ONU, la misma que el estado español ratificó recientemente? ¡Cuánta hipocresía!
No puedo aceptar ninguno de los anteriores supuestos, por el sencillo planteamiento del agravio comparativo con miles de familias desestructuradas a las que la administración no les aplica el mismo rasero; mujeres que están atadas a la drogodependencia y al parir sus hijos nadie se los arrebata bajo el pretexto de los derechos de la menor; gentes que viven en situaciones límite, como pueda ser el caso de Sara y David, pero a las que la administración ignora y… no sé por qué sencilla regla de tres vienen a fijarse, única y exclusivamente, en ellos. En Sara Maldonado y David Olvera. Ni siquiera se toma en consideración la humillante discriminación a la que se les somete, cuando en la prensa se aseveran derechos reconocidos a casos como el que se pueden leer en este enlace:
¿Qué sucedería si Esmeralda hubiese tenido la feliz idea de haber elegido una familia en la que ninguno de sus miembros tuviese una diversidad funcional (o minusvalía, como reza en sus certificados), y que económicamente no tuviesen situaciones agobiantes? Posiblemente no estarían pasando por este calvario, ni ellos ni Esmeralda.
Imaginemos una Sara y un David igual de pobres y carentes de medios, pero sin diversidad funcional, ¿Servicios Sociales hubiese adoptado las mismas medidas? Posiblemente estaría en una casa de acogida para madres como los contemplados para mujeres en situación de riesgo de exclusión social o para madres jóvenes con hijos pequeños.
Resulta todo muy evidente. David y Sara son pobres, carecen de los medios más elementales, no tienen una situación familiar acostumbrada; alguien no cumple con sus obligaciones morales ni administrativas en lo concerniente a la administración de los recursos económicos que tiene concedidos Sara, no dando cuenta a nadie de la percepción de una pensión que solamente le corresponde percibir a Sara y que jamás le llega. Ni a su curador le importa, como tampoco les importa a jueces y fiscales incluidos; respecto a los servicios sociales solo les ha preocupado a que naciera Esmeralda para quitársela a la madre en periodo de lactancia, olvidándose de ella mientras estuvo durante nueve meses en las entrañas de su madre, sin preocuparse de haber tomado las medidas necesarias para evaluar la capacidad tanto de Sara como de David para ser padres y facilitarles los medios necesarios a los que tengan derecho. ¿Si esto no es un caso de discriminación negativa, que alguien me lo aclare, por favor? Nunca podremos evaluar el daño que se le está haciendo, principalmente a la niña. Una niña sana, fuerte y además muy hermosa, al decir de quienes la han conocido. ¿Qué se esconde de bajo de todo esto, que ni el Defensor del Pueblo Andaluz se digna contestar a nuestras reclamaciones; que el CERMI pasa de puntillas sin querer agraviar, pero sin dar apoyo jurídico ante un caso tan evidente de discriminación? ¿A quién o quienes representan?
En todos los países civilizados que conozco tú escribes una carta al primer ministro y te contestan por escrito, aun sabiendo que lo hace un manzanillo, y esas cartas se archivan en los archivos oficiales.
¿A ver si resulta que no estamos en un país civilizado?
¿Qué se puede esperar de un sistema que culpabiliza de sus negligencias al más débil y desoye el sufrimiento que causa apelando a un bien superior?
¿Qué se puede esperar de una sociedad que guarda silencio?
Enric Rubio i Aracil,
Activista del Foro de Vida Independiente
