A causa del cambio del formato usado actualmente por La SER, hemos de facilitar las noticias de manera diferente, ahora lo haremos remitiéndoles a las páginas donde se encuentran las noticias y vds. eligen finalmente su audición, distinto es en la versión anterior donde nos permitía ofrecerles individualmente las mismas.
De la Rúa quita importancia a las críticas contra los jueces por la huelga.
Medio centenar de personas integradas en la Plataforma en Defensa de les Persones en Dependència de L'Alcoià i El Comtat, recibió al presidente de la Generalitat valenciana, Francesc Camps, a la puerta del nuevo Palacio de Justicia de Ibi con pancartas en las que mostraban sus reivindicaciones. El colectivo aprovechó la presencia de Camps en la inauguración de este edificio para pedirle "agilidad" en la concesión de las ayudas previstas por el Gobierno central en la ley de Dependencia y que debe distribuir el Ejecutivo autonómico.
Camps atendió personalmente las quejas de los afectados y destacó a continuación el "esfuerzo inversor" de su Gobierno en la justicia y políticas sociales. Tras repasar las cifras en su discurso, aseguró que "esta comunidad autónoma es la que más ha invertido en construir edificios y en las personas que vienen a trabajar en ellos".
El Palacio de Justicia de Ibi inaugurado ayer ha costado dos millones de euros, que ha adelantado el Ayuntamiento de la localidad. La Generalitat valenciana, según el convenio firmado entre administraciones, reintegrará a plazos el coste de la obra. La cifra ha subido 800.000 euros más de lo previsto.
Juan Luis de la Rúa, presidente de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, trató de restar importancia a las acusaciones de "corporativismo" o "interés por las cuestiones económicas" hacia los jueces que han decidido secundar la huelga. "Lo que nos interesa es el servicio a los ciudadanos, que presupone exigencias que vienen determinadas por un número de juzgados, que determine una carga de trabajo y permita dar una respuesta inmediata a los ciudadanos", aseguró. El nuevo Palacio de Justicia de Ibi, tiene 2.500 metros cuadrados para dar servicio a 40.000 ciudadanos. El diputado de Esquerra Unida Lluís Torró aprovechó esta inauguración para criticar el retraso de las obras del Palacio de Justicia de Alcoi y sin financiación garantizada por parte de la Generalitat.
Camps, en su periplo por comarcas alicantinas, inauguró la nueva sede del Consejo Regulador del Turrón en Xixona donde recordó que el sector agroalimentario emplea a 300.000 personas y supone el 10% del PIB valenciano, con 9.500 millones de euros. El sector del turrón emplea a 2.000 personas y factura 72 millones de euros anuales. Camps visitó también La Nucia, localidad afectada por el incendio del pasado fin de semana.
Alicante, Elche, Alcoy y Sax salen a la calle para pedir que se aplique la norma.
A. A. F./ M. A./J. A.
Cerca de un millar de personas en toda la provincia se concentraron ayer para reclamar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que deje de boicotear la ley de Dependencia con demoras y trabas legales.
En Alicante, el acto se llevó a cabo frente al Ayuntamiento y reunió a unos trescientos asistentes, convocados por la Plataforma para la defensa de las personas dependientes. Los participantes exigieron el cumplimiento del texto legal "porque beneficia a muchos ciudadanos". Para la concejala socialista y miembro de la plataforma, Laura Soler, a la que también le afecta la inactividad del Gobierno valenciano en este asunto, se trata de un problema político: "Nos quieren hacer invisibles porque como esta ley beneficia a mucha gente si se aplicara se demostraría la efectividad de las políticas de izquierdas".
La redactora del INFORMACION Ángeles Cáceres fue la encargada de leer el manifiesto reivindicativo en el que denunció el desamparo legal en el que se encuentran los dependientes en la Comunidad, mientras "se derrocha el dinero en obras faraónicas". Dos años después de su aprobación por el Gobierno socialista, el Consell continúa sin aplicar esta controvertida ley.
En la provincia de Alicante hay más de 25.000 afecados que ya han sido valorados como grandes dependientes, aunque "se les priva de las prestaciones". Otros no sólo no perciben las ayudas sino que siguen a la espera de una valoración. "En algunos casos, las valoraciones llegan después de que el afectado haya fallecido", señaló Cáceres en un momento de su discurso. En similares circunstancias se encuentra el padre de María del Carmen Orgaz. Un hombre de 80 años al que le comunicaron que recibirá su prestación en 2013. "La ayuda se la llevaremos al cementerio", asegura indignada, Orgaz.
El silencio administrativo negativo que contempla la normativa valenciana en los casos de valoraciones fue otra de las quejas que Cáceres tildó de "excepción única". La plataforma también acusó a los políticos de desviar los fondos dirigidos a los afectados hacia residencias de ancianos privadas "donde algún político tiene intereses económicos particulares". Asimismo, se recordó que los dependientes son "ciudadanos libres y completos con unos derechos que les son negados".
La concentración contó también con la presencia de los representantes de los sindicatos de UGT y CC OO, Óscar Llopis y Consuelo Navarro, respectivamente. Al final del acto, los asistentes reclamaron la dimisión tanto del conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, y de Camps.
Multitud en Elche
Un momento de la marcha en Elche, la más concurrida de la provincia.
DIEGO FOTÓGRAFOS
La misma reivindicación pudo escucharse en otros puntos de la provincia. La más multitudinaria se produjo en Elche con unos cuatrocientos participantes. La marcha, encabezada por el alcalde ilicitano Alejandro Soler, contó también con la presencia de miembros del equipo local.
En Alcoy la respuesta cívica fue, al igual que en Concentaina -donde como en Muro el manifiesto se entregó a los correspondientes ayuntamientos-, de un centenar de personas.
Por su parte, en la localidad de Sax, la concentración sólo superó el medio centenar que concluyó con la entrega del escrito a su alcaldesa y secretaria general del PSPV en Alicante, Ana Barceló, para que lo hiciese llegar al Gobierno valenciano, así como al concejal de Bienestar Social de la vecina población de Salinas.
El objeto de esta Ley es reconocer un nuevo derecho subjetivo de ciudadanía en el ámbito estatal; el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, mediante la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con la colaboración y participación de todas las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
- Administración General del Estado. - Administración de las Comunidades Autónomas. - Participación de las Entidades Locales.
Requisitos para ser beneficiario:
Ser español o con residencia legal en España (durante 5 años y 2 inmediatamente anteriores a la solicitud) mayor de 3 años.
Encontrarse en situación de dependencia según los grados establecidos.
Tienen tratamiento especial los menores de 3 años discapacitados (extranjeros cumplir 5 años de residencia de los padres).
El 1 de enero de 2007 entró en vigor la Ley, hace ya 2 años, las personas con Grandes Dependencias tendrían que estar ya atendidas, con los recursos que la Ley contempla.
El Gobierno Valenciano ha tomado un camino equivocado, al no atender estas necesidades que por Ley les corresponde.
Además de gastarse el dinero que recibe del Gobierno Estatal para financiar esta Ley en otros servicios, que les corresponde asumir y que ya las contemplaba en el presupuesto de la Consellería de Bienestar Social, tambien se vanaglorian que han creado más plazas Residenciales que otras Comunidades, pero todas son privadas, ¿y los recursos Públicos que contempla la Ley?, ¡póngalos en marcha ya señor Camps!, que además crearían muchos puestos de trabajo como: Asistentes Personales, Ayuda a Domicilio, plazas Residenciales Públicas, Centros de Día, ... y para la prevención fisioterapeutas ocupacionales, etc...
Todo lo que hemos recibido del Gobierno Valenciano ha sido escusas:
1º El programa informático no funciona.
2º El Gobierno Estatal no les da suficiente dinero.
Son todo excusas de mal pagador y además de mala gestión.
Esta mañana, a las 12 y en la plaza del Ayuntamiento de Alicante, ha tenido lugar la concentración de personas con diversidad funcional y dependientes de diversas asociaciones y federaciones que han respondido a la convocatoria unitaria realizada por la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia, para exigir al Consell de la Generalita Valenciana que active de inmediato la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia que Camps y sus acólitos están utilizando como arma arrojadiza contra el gobierno del estado español.
Ha leido el manifiesto de la plataforma, la periodista alicantina Ángeles Cáceres quien ha puesto en su voz la de todos los alicantinos que están siendo ninguneados, desde hace ahora exactamente dos años, por el molt honorable y todos los demás.
Al término de la alocución se ha pedido reiteradamente y voz en grito la dimisión de Francesc Camps y todo su gobierno autonómico, entonándolo a compás de la música interpretada por una colla de dolçainers i tabaleters.
En una próxima entrada facilitaremos el texto íntegro del manifiesto.
Mañana a las 12 hay manifestación en la plaza de la Montañeta. En ella se verán muchas muletas, muchas sillas de ruedas, muchas personas empujándolas porque es difícil, cuando no absolutamente imposible, manejarse solo y sin ayuda por la ciudad siendo tetrapléjico o padeciendo una enfermedad neurodegenerativa en estado avanzado. Porque esta guapa ciudad nuestra, cada día más acicalada con flores naturales o de plástico, y en estas fechas ya engalanada con los alegres adornos de la Navidad que a todos nos vuelve tan buenos y solidarios, sigue teniendo la mayoría de las aceras sin rebajar, constituyendo un obstáculo insalvable para quienes no pueden prescindir de la silla de ruedas. Sigue permitiendo que en los aparcamientos reservados para personas con discapacidad aparque cualquiera, con la excusa de que tiene muchísima prisa y será sólo un momentito, entrar y salir. Sigue, en resumen, viviendo al margen de las necesidades más básicas y elementales de quienes tienen que depender de otros para poder vivir con un mínimo de dignidad. Y, al mantenerse al margen de la problemática diaria de las personas dependientes, sigue marginándolas.
Mañana se pondrá en tela de juicio, públicamente, la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana. Se hará saber que las valoraciones no se realizan; que, las que llegan a realizarse, se retrasan injustificadamente; que contra toda legalidad, al aplicar la ley en nuestra Comunidad se da el caso único de considerar el silencio administrativo como una negación a las peticiones, cuando en todos los otros campos el silencio administrativo es considerado y aceptado como una aprobación implícita. Se hará saber la burla sangrienta que se repite una y otra vez al esperar a que mueran las personas para comunicarles oficialmente, después de muertas, que ya les toca ser valoradas para cuantificar su grado de dependencia. Se hará saber, por si alguien no se ha enterado todavía a través de los medios de comunicación, que los fondos que el Estado ha dado para ayudas a la dependencia se están desviando a las residencias de tercera edad, que la Comunidad tiene obligación de mantener con sus propios fondos y con esa maniobra se los ahorra. Mañana a las 12 en la plaza de la Montañeta, en fin, se intentará sacarles los colores a los políticos que siempre tienen dineros de sobra para fiestas, jolgorios y actividades deportivas de lustre y relumbrón, y son cicateros hasta la racanería con los fondos que les han dado para que los distribuyan con justicia y equidad entre todas aquellas personas que tienen el derecho de recibirlos. Se intentará sacarles los colores, pero seguramente no les saldrán: están tan curtidos que hay pocas cosas que los hagan enrojecer. Si es que hay alguna.
Sin embargo pasado mañana, 14 de diciembre, se cumplen dos años de la promulgación de la Ley de Dependencia. Ésa por la que tanto se luchó, que iba a servir para dar un respiro a las propias personas dependientes y a sus familias haciendo un poquito más fácil y llevadera su situación, y que a estas alturas es poco menos que papel mojado en nuestra Comunidad. Y mañana se hablará de eso. Pero al acto no acudirán ni el honorable señor Camps ni doña Rita Barberá para lucirse y, de paso, apoyar a los políticos alicantinos con su presencia, como hicieron con la salida de la Volvo Ocean Race. Porque los que se echarán a la calle mañana no son deportistas de élite, ni harán que Alicante aparezca en todas las televisiones del mundo mundial, ni llenarán los hoteles de cuatro y cinco estrellas. Así que ni Alicante ni la Comunidad Valenciana dependen de ellos para progresar. O al menos, eso creen los políticos.
Pero se equivocan. Porque todos, aunque no tengamos la gallardía de reconocerlo, somos dependientes. Dependemos de los sentimiento de afecto que nosotros damos y de los que recibimos; de un trabajo que nos proporcione lo suficiente para vivir; del reconocimiento de los demás a nuestros esfuerzos; de la estimación que nos demuestren; del espacio en que nos permitan desenvolvernos; de la familia que hemos formado y de la que venimos formando parte desde que nacimos; de los amigos que hemos elegido para que sean nuestros compañeros de vida en los momentos buenos y en los malos, sobre todo en los malos, que es cuando la amistad verdadera se contrasta y se aquilata. Y los políticos en concreto son incluso más dependientes que el resto de las personas, porque dependen del voto. Y deberían saber que el voto se merece, se gana y se conserva con obras y no con palabras, con hechos y no con mítines, con actos reales y no con promesas brillantes que se diluyen en el viento como pompas de jabón.
Deberían saberlo, pero se les olvida con demasiada frecuencia. Así que mañana a las 12, en la plaza de la Montañeta, un puñado de personas se lo van a recordar. Porque esas familias que se desestructuran irremediablemente al tener que aparcar todas sus obligaciones, afanes e ilusiones para dedicarse en exclusiva a cuidar a un gran dependiente sin ayuda, votan. Y esas mujeres que han tenido que dejar su trabajo, y desatender a sus hijos y a su marido, y renunciar prácticamente a su propia vida para ocuparse día y noche, sin ayuda, de un enfermo de alzheimer o un paralítico cerebral, votan. Y esas personas dependientes, amarradas de por vida a una cama o una silla de ruedas, incapaces de valerse por sí mismas para satisfacer sus necesidades más primarias, pero con el cerebro absolutamente lúcido; esas personas que se sienten amargamente culpables, sin serlo, de constituir una pesada carga para su familia porque no reciben ayuda, votan también. Así que bien harían los políticos de la Comunidad Valenciana en reconsiderar su postura, si no por sensibilidad al menos por egoísmo, no vaya a ser que con tantos votos de personas descontentas se les venga abajo la paraeta y se encuentren sin sillón y de patitas en la calle cuando menos se lo esperen. Y con un dependiente dentro de las paredes de su casa, que de esa contingencia nadie estamos libres. Como no lo estamos usted, lector/a, ni yo. O sea que, incluso aunque no fuere por justicia y solidaridad, sino por arrimar el ascua a la sardina que se nos puede venir al plato el día menos pensado, mañana nos vemos a las 12, en la plaza de la Montañeta. Y hacemos que nos vean y que nos oigan todos los que parece que no quieren ni ver, ni oír.
Aclaración: Pese a la referencia que hace en el artículo de opinión, Ángeles Cáceres, sobre la manifestación en la plaza de la Montañeta, se trata de un lapsus, pues en realidad será una concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante, mañana día 13, a las 12 horas.
Del tenor roncalés y navarro Julián Gayarre se cuenta una anécdota bien significativa sobre su carácter y su pérdida de facultades cuando la edad y la enfermedad no perdonaban: Aseguran que se encontraba al final de su carrera interpretando una de sus romanzas favoritas en el último acto de "L'elisir d'amore". Gayarre, que había cantado la famosa "Furtiva lacrima" centenares de veces, con la garganta forzada por el cáncer de laringe que ya asomaba, bajó considerablemente el tono de su voz. El público de las últimas filas comenzó a sisear y uno de sus figurantes, soplándole por lo bajinis, le espetó: "Maestro, que dicen los del final que no le oyen". Y Gayarre, todo carácter recordando viejos tiempos en que debía enfadarse con las cabras del rebaño que como pastor debía cuidar, no se cortó nada y exclamó: "Pues que se acerquen".
Los problemas del público operístico con Julián Gayarre parecen calcados del que tenemos los valencianos con el titular de Bienestar Social -parece increíble el nombre de la Conselleria pero les aseguro que es bien cierto-, el sordo Juan Cotino. Ni las quejas de los miles de usuarios que no han sido valorados y a los que, por supuesto, no les ha sido aplicado el Plan de Atención Individualizada y por lo tanto siguen a la espera de un milagro para que sus carencias físicas o psíquicas sean reconocidas por un Consell que tan sólo piensa en obras faraónicas, sirven para nada. Juan Cotino hace caso omiso, también, a las manifestaciones que reclaman su atención a las puertas del Palau de la Generalitat, un edificio que pagamos entre todos, al igual que el suntuoso sueldo que cobran sus gerifaltes, incluido el de su pío presidente y factótum del conseller, el molt honorable Camps, personaje curioso que, a pesar de la incapacidad manifiesta de su protegido político no ha dudado en elevarlo a las cotas de vicepresidente social de ese gobierno que hace oídos sordos al tumulto popular de miles de personas.
Por si faltara algo, a la dureza de oído del conseller y sus amigos, los presupuestos que ha preparado el Partido Popular de esta Comunidad plena de auditorios de ópera medio vacíos, circuitos de F1 recién inaugurados y atenazados por la crisis económica o Grandes Proyectos, así, con mayúsculas en Castellón, Valencia y Alicante pertenecientes a patronatos, fundaciones e institutos que dejan sus cuentas más opacas que un muro de hormigón, se une la dureza de alguna parte de su cuerpo serrano. Las enmiendas que se han hecho a sí mismos los gobernantes peperos que sufrimos hace ya largo tiempo en este Levante feliz indican que se han recortado más de un 60% las ayudas para las familias de esos dependientes y que esas cantidades, desaparecidas como por arte de magia, de magia negra, han trasladado los dichosos fondos a las residencias que se ocupan de nuestros discapacitados, dependientes o mayores. Con una parte del rostro sumamente dura, como su oído, el conseller y vice de lo que la derecha valenciana llama Bienestar Social, ha decidido eliminar de un plumazo lo recibido del Gobierno central para atención de esos dependientes y no ha dudado, insisto, en llevarla al capítulo que debe incrementar las cuentas de las residencias, especialmente las privadas, claro, y en las que al decir, el señor Cotino y su familia tienen algún interés que otro según una vox pópuli que, con toda seguridad, anda tan de falsete como aquel Gayarre... Las cifras en esta provincia son apabullantes: el 6% de la capital alicantina, 65.205 personas, son discapacitadas. Y entre ellos, más de 27.000 son dependientes totales y más de 15.000 dependientes severos. El responsable de ese desaguisado, el de la cosa del Bienestar, ha sido torero antes que fraile. Tras su paso por una concejalía del Ayuntamiento de Valencia, su amigo Aznar le nombró director general de la Policía, con el escaso éxito al que este político nos tiene acostumbrado. Más tarde, tras su merecido cese, Cotino ejerció la Conselleria de Agricultura, donde cosechó, nunca mejor dicho, graves discrepancias con sindicatos y patronales agrarias. Como quiera que este personaje lo mismo sirve para un roto que para un descosido, su benefactor Camps le nombró responsable de Bienestar Social, cargo al que últimamente le ha sumado el de vicepresidente del Consell. Casi nada para ser tan duro de oído. O, a lo mejor, por eso.
Finalmente, hartos de estar hartos, los familiares de los dependientes, los sindicatos, los partidos políticos, las diversas asociaciones creadas ante el desamparo de este gobierno valenciano que se empeña en olvidarse de los más necesitados, han tocado a rebato. Para el sábado, 13 de diciembre, pasado mañana, a las 12 horas, se ha convocado una manifestación frente al Ayuntamiento de Alicante, la penúltima porque seguirán sin escuchar ya que son duros de oído y de lo otro, para protestar contra la inaplicación por parte del Consell de la Ley de Dependencia. Después de dos años de la aprobación por parte del Gobierno de Zapatero, esa ley en el País Valenciano se encuentra paralizada. No se han resuelto ni mucho menos las solicitudes de todos los grandes dependientes y de más de un tercio de los dependientes severos de Alicante, Valencia y Castellón. Ante la desfachatez de esos políticos que gastan el dinero público en obras fastuosas y rentables tan sólo para unos pocos, los ciudadanos debemos sentirnos solidarios con los más desfavorecidos, demandar que atiendan sus peticiones que son las de todos nosotros, y, por si nos tocara la Lotería, que está al caer, que se vayan a su casa toda esa pandilla de incapaces políticos. Cotino y Camps, los primeros. Aunque, saben, Font de Mora, por aquello de la Educación, también podría acompañarles
* Emilio Soler es profesor de Historia Moderna de la Universidad de Alicante.
La Plataforma denuncia que en dos años nadie ha recibido prestaciones al margen de plazas residenciales.
A. TERUEL La Conselleria de Bienestar Social sólo ha aprobado en los últimos tres meses cinco resoluciones de programas de ayuda individualizada a grandes dependientes en l'Alcoià y El Comtat, según los últimos datos de la Plataforma en Defensa de la Dependencia. Además, no consta que ninguna de estas personas esté recibiendo ya las prestaciones previstas, ni tampoco otros afectados a los que se les ha reconocido ya este derecho.
La portavoz del colectivo, Carme Insa, explicó ayer que, a los dos años de aprobarse la Ley de Dependencia, oficialmente sólo 9 personas en Alcoy disponen ya de algún recurso. Sin embargo, dijo, "no se sabe nada" acerca de qué prestación es en concreto, y se teme que se trate de plazas residenciales. Por ello, denunció que en todo este tiempo no se ha concedido ninguna ayuda específica de las recogidas en la normativa, como teleasistencias, apoyos personales o dotaciones económicas.
En dos años, el número de resoluciones de programas individuales de asistencia (PIA) en l'Alcoià y El Comtat es de sólo 20, de las casi 1.600 solicitudes que se han efectuado. El número de peticionarios que han fallecido sin una respuesta de la administración asciende ya a 66. No obstante, la plataforma teme que las cifras puedan ser aún mayores, dado que, según indicó Insa, el Ayuntamiento de Alcoy dejó de ofrecer datos el pasado mes de octubre, alegando que esa información "sólo puede ser facilitada por la Conselleria", algo que la portavoz puso en tela de juicio.
Insa también se refirió a la presentación de mociones en los Ayuntamientos de la zona para reivindicar ante el Consell el cumplimiento de la ley. Tras su aprobación en Cocentaina y Muro, podría debatirse en el próximo pleno de Alcoy, si sobrepasa el trámite de la Junta de Portavoces, la próxima semana. Antes, este mismo sábado al mediodía, se han convocado concentraciones de propuesta ante los Consistorios de los tres municipios, con el lema "Por la defensa de los derechos de las personas en dependencia". Los manifiestos que se leerán serán entregados a los alcaldes.
Paralelamente, la plataforma sigue con otras medidas como la consecución de un turno de oficio especializado en dependencia en el Colegio de Abogados de Alcoy. Según Insa, se ha avanzado al respecto y existe una "voluntad firme" por parte de los letrados, por lo que podría ponerse en marcha en febrero. Antes, los interesados recibirían un cursillo formativo específico. Asimismo, el colectivo prevé extender sus acciones a la Foia de Castalla y para ello ya se encuentra en conversaciones con asociaciones de estas localidades, de forma que se confía en poder realizar pronto una presentación de la plataforma en Ibi.
M. J. MORA Los miembros de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia anunciaron ayer su intención de celebrar el próximo sábado una manifestación para exigir al Consell la puesta en marcha de las ayudas que contempla la normativa "y que en la Comunidad Valenciana están bloqueadas", explicó Marisa Bartolomé, presidenta de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos.
La manifestación tendrá lugar a las 12 de la mañana en la Plaça de Baix y los participantes recorrerán la Corredora y el Carrer Ample para acabar en la plaza del Congreso Eucarístico, donde se dará lectura a un manifiesto. "En la Comunidad Valenciana se está haciendo oídos sordos al tema de la Ley de Dependencia y únicamente se ha valorado a las personas que están ya en residencias", manifestó Bartolomé, quien recordó que el conseller Juan Cotino ha hecho caso omiso a las solicitudes de reunión que se le han cursado tras las movilizaciones realizadas con anterioridad por las distintas plataformas de la Comunidad. "Estamos en punto muerto y hay que desbloquear el tema", dijo Bartolomé.
Manifestación de protesta celebrada en Alicante en el mes de junio
NANI GUTIÉRREZ
A. P. La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Alicante ha convocado una concentración de protesta el próximo sábado, 13 de diciembre, por el retraso en la aplicación de esta norma en la Comunidad Valenciana, donde se encuentra "prácticamente paralizada", según denuncian sus integrantes.
La movilización, que se extenderá también al resto de comarcas de la provincia, se ha organizado coincidiendo con el segundo aniversario de la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia por el Parlamento español, el pasado 14 de diciembre de 2006. La concentración en Alicante se celebrará el sábado a las 12 horas en la plaza del Ayuntamiento, donde la periodista y colaboradora de este diario, Ángeles Cáceres, leerá un manifiesto, tras el cual los manifestantes acudirán a la Explanada.
La plataforma llama a la ciudadanía a participar en este acto para manifestar nuevamente su repulsa "por la inacción de la Conselleria de Bienestar Social y, en consecuencia, con el proceder del señor Camps y su gobierno ante esta ley, que desde un principio han estado boicoteando de forma partidista en perjuicio de los dependientes y de sus familias".
Los miembros del colectivo afectado por el retraso en aplicar la normativa recuerdan que "ya deberían estar resueltas las solicitudes de todos los grandes dependientes y de un tercio de los dependientes severos en la Comunidad Valenciana".
Sin embargo, todavía hay gente que, dos años después, ni siquiera ha sido valorada como gran dependiente en la provincia de Alicante. De hecho, desde hace unas semanas valoradores de Valencian realizan sus funciones en Alicante para descongestionar el atasco existente en la provincia.
El Síndic de Greuges en funciones y adjunto segundo en la institución en representación del Partido Popular, Carlos Morenilla Jiménez, que fue designado para el cargo a principios de julio, en virtud de un reforma de la normativa que el grupo popular aprobó en Las Corts Valencianas para apartar del cargo a la anterior responsable en funciones, Emilia Caballero - adjunta primera en representación del PSOE- por sus críticos informes contra la gestión del Consell, ha llamado al orden a los dos consellers con mayor proyección social del Gobierno de Francisco Camps: al titular de Bienestar Social, Juan Cotino, y al responsable de Sanidad, Manuel Cervera.
Morenilla, esposo de la consellera de Turismo, Angélica Such, ha dictado catorce resoluciones referidas a otras tantas quejas planteadas por ciudadanos que reclaman a la Conselleria de Bienestar Social el cobro de las ayudas a que tienen derecho por la ley de la Dependencia.
El Sindic de Greuges en funciones recomienda al vicepresidente primero del Consell y conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, que "proceda de inmediato" a resolver los expedientes de las respectiva resoluciones, "reconociendo y otorgando las prestaciones que, de acuerdo con la valoración y el programa individual de atención, correspondan".
En su escrito, Morenilla insta a la conselleria a que remita en el plazo de un mes el preceptivo informe en el que informe sobre la aceptación o no de la sugerencia y de las razones para no aceptarla.
Vulnerar la ley En los argumentos que dan lugar a la resolución, Carlos Morenilla recuerda a Juan Cotino que la falta de cumplimiento de los plazos para resolver expedientes "vulnera el artículo 42.2 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas".
El Síndic, asimismo, plantea a Cotino la obligación que se recoge en la misma ley de cumplir los plazos y de "remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de los procedimientos".
Dos años para ser intervenida Carlos Morenilla también pone firme al conseller de Sanidad, Manuel Cervera, en otras tres resoluciones dictadas recientemente y que hacen referencia a la demora en la lista de espera y la pérdida de una historia clínica.
Tras investigar la queja sobre la demora quirúrgica que se produjo en el hospital La Fe, el Síndic de Greuges en funciones indica en la resolución que la paciente esperó más de dos años para ser operada.
Y en este sentido, Morenilla recuerda al responsable sanitario la obligación de organizar y tutelar la salud pública con los servicios necesarios para garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos y le advierte de que la eficacia depende del buen funcionamiento de los servicios sanitarios.
Morenilla resalta que las demoras en la asistencia sanitaria, tanto en la entrega de resultados de pruebas clínicas, como en la aplicación de tratamientos, "hace que los pacientes afectados vean obstaculizado el acceso efectivo a las prestaciones, con la carga de soportar un importante desfase entre el diagnóstico y el probable tratamiento".
En cuanto a la pérdida de la historia clínica de una paciente del hospital General de Alicante, el Síndic sugiere a la conselleria que inice un expediente de responsabilidad patrimonial para resarcir a la afectada por los daños ocasionados.
Míriam Estela Moneta, usuaria afectada por el recorte en la prestación.
JOSÉ NAVARRO
A. PRADO
La edil socialista en el Ayuntamiento de Alicante Laura Soler pedirá explicaciones a la titular de la Concejalía de Acción Social, Asunción Sánchez Zaplana, acerca de los recortes que han comenzado a producirse en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), después de que cerca de un centenar de personas fueran advertidas de la suspensión temporal del servicio que tenían concedido antes de su renovación, según indicaron trabajadores de la empresa Servisar, que gestiona esta prestación municipal.
La concejal socialista acudió ayer al domicilio de una de las afectadas por el recorte del servicio, Míriam Estela Moneta, acompañada de la también edil Carmen Sánchez Brufal, que fue quien pudo acceder a su domicilio, ya que la vivienda no es accesible y ni Soler podía subir al piso en silla de ruedas ni la usuaria podía descender.
Tras interesarse por su caso, Soler señaló ayer que la situación de esta usuaria, valorada ya como gran dependiente, era "muy grave" tras habérsele recortado a la mitad el servicio para tareas domésticas que tenía concedido desde hace seis años y se comprometió a reclamar a la concejal de Acción Social información sobre éste y otros casos que hayan podido verse afectados por una reducción en las horas del servicio o suspensión del mismo, como ayer confirmaron los trabajadores.
Miembros de la Plataforma, con la edil Laura Soler, ayer, antes de presentar las firmas ante Benestar Social
Social MORELL/ EFE
A. PRADO
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Alicante presentó ayer en el registro de la dirección territorial de Bienestar Social 15.000 firmas para exigir la inmediata aplicación de esta ley, a las que se suman otras 5.000 firmas ya presentadas en Elche.
Los miembros de la plataforma se encontraron ayer con el recelo inicial de los funcionarios para que les sellaran los escritos, que finalmente hicieron, y aprovecharon para reclamar de nuevo una entrevista con el conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, para exponerle la situación de gravedad que sufren miles de personas con discapacidad que aún no han sido ni siquiera valorados, como señalan.
La plataforma, a la que acompañó la concejal socialista Laura Soler, sacó recientemente a la calle a más de 2.000 personas en una manifestación para exigir sus derechos, contemplados en la ley.
El colectivo también ha criticado el anuncio del conseller de ofrecer a discapacitadas 420 entradas gratis para asistir al circuito de Fórmula 1 de Valencia, ya que señalan que sus acompañantes deberán abonar unos 480 euros, que es lo que cuesta pagar a un cuidador durante ocho noches al mes.
"Le pedimos a Camps y a Cotino que primero es la justicia y el cumplimiento íntegro de las leyes, en concreto la de Dependencia, y luego la caridad y el ocio", indicaron.
La manifestación del sábado ha sido sólo el punto de partida. Familiares y afectados por la Ley de Dependencia mantendrán su ofensiva contra la Conselleria de Bienestar Social hasta conseguir las ayudas que contempla la normativa y que, según denuncian, están bloqueadas por el enfrentamiento político que mantiene la Generalitat con el Gobierno central. Los convocantes de la protesta, -que reunió a más de 1.500 personas en Alicante-, mostraron ayer su satisfacción por el respaldo que obtuvieron pero, sobre todo, porque fueron los propios afectados -es decir, las personas que sufren grandes minusvalía- los que tomaron las calles alicantinas.
'Lo que se ha evidenciado es una gran indignación en miles de ciudadanos por la situación injusta que tienen que soportar', manifestó ayer Salvador Roig, secretario de Comunicación de CC.OO., uno de los colectivos convocantes de la movilización, junto a UGT, las plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia y Contra la Pobreza y la Exclusión Social así como el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales. 'Cotino -en referencia al conseller Juan Cotino- no puede dar la callada', añadió. El problema, a juicio de Roig, es que en la Generalitat hay un 'apagón informativo' sobre los plazos en la aplicación de la ley y, además, intentan justificar los retrasos en la falta de financiación por parte del Gobierno Central.
Ante tal situación, los afectados y familiares han decidido que continuarán con las medidas de presión y no cesarán mientras no lleguen las ayudas. 'La manifestación de ayer -por el sábado- es un punto y seguido', advirtió Roig, quien recordó que ya se han recogido 20.000 firmas de apoyo que se entregarán a la Generalitat. Además, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia hapedido una entrevista al conseller de Bienestar Social y hasta que no reciban una respuesta, las plataforma de dependientes mantendrán la convocatoria de movilizaciones.
Las previsiones que realizaron desde el Gobierno central cuando se aprobó la Ley de Dependencia señalaban que unos 40.000 alicantinos iban beneficiarse y los primeros serían más de 7.000 personas consideradas grandes dependientes. Las familias acogieron la normativa con gran expectativa. Sin embargo, año y medio después 'está siendo un desastre', aseguraron durante la movilización. Los últimos datos oficiales publicados por el Gobierno confirman esta denuncia. En el último mes no se ha registrado ninguna nueva solicitud de dependientes, lo que deja a la Comunitat a la cola en la aplicación de la normativa, sólo por delante de Murcia.
Así, a fecha de 5 de junio, el número de solicitudes realizadas no había variado con 10.163 peticiones y 6.999 dictámenes, que supone la valoración y prescripción de servicios. Ahora bien, según CC.OO. estas cifras tampoco son reales ya que en la mayoría corresponden a la atención residencial, es decir, a la homologación de las plazas cubiertas por el bono-residencia para los centros de la tercera edad. Esta situación contrasta con otras autonomías como la andaluza, que acapara el 34% del total de solicitudes registradas en el país (144.824 casos) y ya ha realizado un total de 113.144 valoraciones.
'Basta de boicot', 'con Cotino, la Ley de Dependencia es un timo', 'todos podemos ser dependientes' o 'la ley, ya' fueron los mensajes más escuchados durante la manifestación del sábado a la que acudieron niños con parálisis cerebral, mujeres afectadas por una atrofia muscular, enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, de salud mental y de enfermedades raras, entre otros colectivos de afectados. Y es que la escasez de profesionales contratados por Bienestar Social para poner en marcha la ley, pero sobre todo 'la falta de voluntad de la Generalitat' están dejando a miles de alicantinos sin prestaciones asistenciales, según las plataformas y sindicatos.
Organizadores y afectados reclaman al Gobierno que "pida cuentas" a la Generalitat sobre los fondos transferidos a la Comunidad
Niños y mayores exigieron a la Generalitat las ayudas que les corresponden
NANI GUTIÉRREZ
O. CASADO
Ley de Dependencia a los discapacitados que estamos en casa ¡Ya!", reclamaba una de las pancartas que partía a la cabeza de la manifestación que ayer recorrió las calles de Alicante para exigir la puesta en marcha de esta ley en la Comunidad Valenciana. Más de 1.500 personas según la Policía Local y 3.000 según la organización, participaron en esta marcha que partió a las 19.00 horas de la plaza de Los Luceros, y realizó una parada frente a la Subdelegación del Gobierno y otra frente al edificio Prop de la Generalitat Valenciana, en la Rambla.
La organización de la manifestación corrió a cargo de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia, la Plataforma Contra la Pobreza y la Exclusión Social de Alicante, el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, CC.OO-PV y UGT, a la que se adherieron 73 organizaciones entre partidos políticos, asociaciones y colectivos de la provincia de Alicante y Valencia.
Para amenizar la marcha, a la cabeza de la manifestación una "batukada" a cargo de "Klan Bloco Klakibum", del barrio Virgen del Remedio, abría paso a un centenar de discapacitados en sillas de ruedas, y tras los cuales marchaba el resto de los participantes.
Así, a las puertas de la Subdelegación del Gobierno reclamaron la regulación de la figura de los asistentes personales, de los servicios de prevención y promoción de la autonomía personal y la puesta en marcha del sistema de copago. Además, reclamaron que el Gobierno Central "pida cuentas" a la Generalitat Valenciana de los fondos que ya se han transferido para la Ley. Ya en la Rambla leyeron un manifiesto en el que exigieron al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, una rápida actuación y que ponga el 50 por ciento del presupuesto que le corresponde a la Conselleria para atender la dependencia en 2008 en la Comunidad. Sobre la Síndica de Greuges, Emilia Caballero, calificaron de "desfachatez" su destitución, ya que consideraron que está trabajando mucho por esta Ley y por el pueblo valenciano.
Miles de alicantinos reclaman las ayudas de la Ley de Dependencia
Una multitudinaria manifestación recorre el centro de la capital
08.06.08 -
E. BROTONS
ALICANTE
Varios de los discapacitados, ayer, durante la manifestación que tuvo lugar en Alicante.
Más de 1.500 manifestantes, según la Policía Local, y 3.000 según los organizadores, recorrieron el centro de la ciudad de Alicante para exigir al Gobierno central y a la Generalitat el cumplimiento de la Ley de Dependencia, justo cuando se ha superado un año desde que fuera aprobada la normativa.
"Basta de boicot, ¿dónde está el dinero para las personas dependientes?", era uno de los mensajes que portaban ayer en pancartas los afectados por la normativa.
La manifestación partió de la plaza de Los Luceros y a ella se adhirieron 73 asociaciones de afectados y partidos de la provincia y del resto de la Comunitat. Los participantes denunciaron al Consell por "boicotear" la ley, lo que está impidiendo recibir las ayudas.
"Esto es un desastre. No se preocupan por las personas. Yo asisto las 24 horas a mi hijo y mi temor es el día en que caiga enferma. ¿Qué pasará con él?, se preguntaba Paquita, que acudió llevando a su hijo José Antonio en silla de ruedas. Convocados por las plataformas en Defensa de la Ley de la Dependencia y Contra la Pobreza y la Exclusión Social, así como por el Colegio de Trabajadores Sociales y los sindicatos CC.OO. y UGT, los afectados y familiares hicieron una parada frente a la Subdelegación del Gobierno, donde se leyó una carta dirigida al Ejecutivo central.
En el comunicado exigían que se regule el sistema de copago (aportación que cada dependiente debe realizar por los servicios recibidos según sus ingresos) y reclamaban la figura del asistente y los dispositivos de prevención. Unos metros después hacían una segunda parada frente al edificio Prop del Consell para pedir "que se valoren a todos los dependientes" y se deje de alargar el proceso de resoluciones con complejos trámites burocráticos.
50% del presupuesto
"Todos podemos ser dependientes. Las leyes son para cumplirlas", era el mensaje que mostraban, a través de carteles, niños, adolescentes y personas mayores afectadas por un gran discapacidad. Mientras, a los alicantinos que a las siete de la tarde estaban paseando por Luceros iban entregándoles folletos para informarles de su situación.
En el manifiesto también exigieron al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, una "rápida actuación" para poner el 50% del presupuesto que le corresponde a la Conselleria para atender los gastos de 2008. Recordaron que el Gobierno estatal ha presupuestado los 84,5 millones de euros que le corresponden y que el Consell debe hacer lo propio con idéntica cifra.
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Por un clavo se perdió la herradura.
Por una herradura se perdió el caballo.
Por un caballo se perdió el jinete.
Por un jinete se perdió la batalla.
Por una batalla se perdió el reino.
Conclusión:Por un clavo se perdió el reino.
Eso es Teoría del Caos.
Poema folclórico británico:
Memoria Histórica: Homenaje a los desaparecidos en la Guerra Civil Española
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