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Si no salvo mis ideales, no me salvo a mi.







maito:%20msierrahoyos@gmail.com







































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Hoy en LA SER

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sábado, noviembre 14, 2009

¡Hecha la Ley, hecha la trampa!

La Comunidad sortea con una ley un fallo judicial y mantiene el caos sobre dependencia



D. BORASTEROS - Madrid - 13/11/2009

 

Todo estaba atado y bien atado. La Comunidad de Madrid ya sabía -sus propios servicios jurídicos lo auguraban- que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), conocida el lunes, le impediría ampararse en el silencio administrativo de seis meses para no reconocer el derecho de un dependiente a ser valorado.

Y por eso, el 5 de noviembre, antes de conocerse el fallo, ya habían preparado un proyecto de ley, la de Medidas Liberalizadoras -se aprobará en diciembre-, que consagra esa coartada para demorarse en la atención a estas personas. Nada cambia, pues, para los más de 8.000 discapacitados que llevaban más de seis meses de espera y que pensaban que con la sentencia del TSJM habían conseguido de manera automática la condición de dependientes con derecho a alguna prestación.

En la ley, un texto que nada tiene que ver con la Ley de Dependencia, se incluye un punto en el que se otorga rango legal al silencio administrativo "desestimatorio" para el reconocimiento del grado de dependencia. Un mero truco administrativo, pues la Consejería de Asuntos Sociales nunca ha rechazado a nadie mediante ese procedimiento. Pero sí les es útil para no agilizar un sistema casi colapsado que supone una media de espera de más de un año.

"Se va a poner un añadido en la ley para que quede claro que nadie se puede quedar fuera por este concepto del silencio administrativo", afirma una portavoz de Asuntos Sociales.

Pilar Sánchez Acera, portavoz de Asuntos Sociales del PSM en la Asamblea, descubrió la triquiñuela escudriñando el proyecto de ley en el que se esconde. "Es todo un truco, siempre un truco con la Dependencia", exclama casi suspirando: "Y mira que se podría hacer bien". Sánchez Acera va enumerando sus objeciones al plan del Gobierno regional: "Para empezar, lo meten en una norma sobre empresas que no tiene absolutamente nada que ver con el tema", explica, y prosigue: "Lo peor de todo no es que insistan en el silencio administrativo, sino que además sus retrasos se van a más de dos años en muchas ocasiones".

La diputada socialista recuerda que el Defensor del Pueblo ha advertido a la Comunidad Valenciana por pergeñar un ardid muy semejante al de Madrid.



jueves, noviembre 12, 2009

¿Y después que nos dirán cuando nos pidan el voto?…



 

Información.es » Alicante

BIENESTAR SOCIAL
 

El 40% de los dependientes, en lista de espera


El 39,72 por ciento de las personas a las que se les ha reconocido como beneficiarias del Sistema de Dependencia en la Comunidad Valenciana se encuentran en lista de espera para que les asignen los servicios a los que tienen derecho.


REDACCIÓN Así lo asegura un informe del sindicato CCOO, que indica que el grado de implantación del Sistema de Dependencia en la Comunitat Valenciana es, tras el de Madrid, el más bajo de España, ya que los dictámenes solo alcanzan el 0,76 por ciento sobre el total de población. CCOO lamentó que algunas comunidades, como Valencia, Canarias y Murcia, hayan externalizado la valoración de la dependencia y que en algunas regiones las personas dependientes esperan tres meses para obtener la valoración, mientras que en otras este plazo llega a un año. A nivel nacional, casi cuatro de cada diez personas reconocidas como beneficiarias de la Ley de Dependencia esperan a que les asignen una prestación concreta, según CCOO, que reclama que del Plan E se consoliden 400 millones para un Fondo de Excelencia para la Dependencia.

lunes, noviembre 09, 2009

La atención a los dependientes no podrá denegarse por silencio administrativo, según una sentencia

 

 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula el sistema de la Comunidad de Madrid, según el cual si a los seis meses no se recibía contestación suponía la negativa de la Administración a prestar el servicio.

 

EP - Madrid - 09/11/2009

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido parcialmente la demanda interpuesta por la Plataforma por la Dependencia de Alcorcón contra la Orden 2386/2008 mediante la cual se regulan los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia, informaron hoy fuentes del colectivo. Este hecho conlleva, según explicaron desde la Plataforma, la anulación del proceso de regulación establecido por la Comunidad de Madrid, según el cual el silencio administrativo transcurridos seis meses desde la solicitud conllevaba la denegación automática de la condición de dependiente.

  La sentencia del TSJM anula por tanto el artículo 5 de la citada Orden, lo que supone que "a partir de ahora todos los solicitantes que seis meses después de haber presentado su solicitud no hayan obtenido respuesta pueden entender que se les ha reconocido como dependientes y tienen, por tanto, derecho a las prestaciones y servicios que la ley establece", indicaron fuentes de la Plataforma.

El colectivo considera que esta sentencia tendrá "un efecto positivo como elemento dinamizador" de la tramitación de las solicitudes de dependecia, ya que estimaron que desde este momento "la Comunidad de Madrid deberá ser mas diligente en la tramitación", ya que de lo contrario "muchos madrileños habrán ganado su derecho a recibir las ayudas de la Ley de Dependencia sin poseer los requisitos para ello".

La Plataforma por la Dependencia de Alcorcón está formada por la Asociación de Minusválidos de Alcorcón, la Asociación de Padres y Amigos de Niños Subdotados de Alcorcón, la Asociación de Laringetomizados y la Organización Empresarial de Alcorcón.

La verdades a medias siempre resultan una mentira

 

Levante-EMV.com » Comunitat Valenciana

 

Bienestar Social

 

El Gobierno y la Generalitat dedican casi el mismo

dinero a los dependientes

 

El esfuerzo financiero del Estado asciende a 105 millones y el del Consell a 98,8 - El coste por persona en la Comunitat Valenciana supone 11.729 euros anuales

LEVANTE-EMV/ E. P. VALENCIA

La aportación de Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana para el cumplimiento de la Ley de Dependencia es similar a la del Estado, de modo que se acercan a los parámetros correctos del modelo de financiación. Así lo confirma el informe Financiación y costes de la Ley de Dependencia, realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, del que ayer informó Europa Press y al que ha tenido acceso Levante-EMV.

                                                                                                  

Por el contrario, otras comunidades autónomas como Canarias, Baleares y Murcia vulneran el sistema de financiación de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia al no aportar nada al sistema y atender a sus dependientes con los fondos estatales y las aportaciones de los propios beneficiarios. 

                                                              

Así, la Administración General del Estado (AGE) aporta para 2009 más de la mitad de los fondos para el desarrollo de esta ley, es decir, 1.935 millones (55,7%), mientras que los usuarios aportan 585,1 millones (16,8%) y las comunidades 954,2 millones (27,5%). Sin embargo, la propia norma establece que, deducida la aportación de los dependientes, las administraciones autonómicas deberían aportar lo mismo que el Estado. En el caso de la Comunitat Valenciana, el Gobierno central aportará 105,7 millones de euros en 2009 (el 41%), según los niveles mínimos acordados con cada autonomía. Los usuarios cofinanciarán en 2009 (a través de sus pensiones o las cotizaciones a la seguridad social de los asistentes) el 19,8% (50,4 millones). Por lo tanto, si el coste total de los servicios y prestaciones que se dará a los dependientes asciende a 255 millones sólo en la Comunitat Valenciana, una simple resta desvela que la Generalitat aporta 98,8 millones de euros, el 38,8% del esfuerzo financiero, lo que la sitúa en la media del cumplimiento de la Ley de Dependencia.

                                                                                              

Aunque la diferencia entre lo que aporta cada administración en el caso de la Comunitat Valenciana se acrecienta si se añaden a los 105,7 millones que aporta el Gobierno otros 36 millones del fondo estatal. Con este este cálculo la aportación del Estado a los dependientes valencianos en 2009 sumaría 141,8 millones (el 55,6%) y la aportación de la Generalitat se reduciría hasta los 62,7 millones (el 24,6%). No obstante, los autores del estudio recuerdan que el fondo estatal que se pacta con cada comunidad autónoma "no es directamente aplicable a los gastos de prestaciones y servicios de los dependientes, por lo que creemos más correcto tener sólo en cuenta el nivel mínimo y el acordado" en el que el esfuerzo de la Generalitat y el Gobierno se equiparan.                                                                                                                    

La peor aplicación de la Ley de Dependencia se produce en Canarias, según los autores del estudio. El gobierno de las islas recibe del Estado 53,6 millones (118%) y los usuarios aportan más de 8.300 millones (18,5%), de tal manera que no sólo no aporta nada al sistema, sino que con estos fondos puede atender a todos sus dependientes e incluso le sobra dinero (3,9 millones).

         

Algo similar ocurre con Murcia, que percibe del Gobierno 63.492 millones (98,4%) y los beneficiarios pagan 5.276 millones (8,2%), de tal manera que le sobran 4.233 millones (6,6%). Por su parte, Baleares recibe del Estado 35.588 millones (93% por ciento del coste), los usuarios aportan 5.535 millones (14,5%) y, por tanto a esta comunidad le sobran casi 3.000 millones (8%). A esta lista de las autonomías que menos aportan se suman Extremadura, Galicia, Cataluña y Aragón.

El estudio también revela que el coste de un dependiente al año en la Comunitat Valenciana asciende a 11.729,41 euros al año. De esta cantidad total, el Estado aporta 6.521,98 euros por dependiente frente a los 2.885,58 euros con los que colabora la Generalitat, lo que supone que existiría un gasto por valenciano de 50,72 euros para mantener a los dependientes.

                      

Tarjeta para discapacitados en 2010

La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, anunció ayer que en 2010 se implantará una tarjeta acreditativa para personas con discapacidad, que beneficiará a las más 300.000 personas residentes en la Comunitat Valenciana que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Con su implantación se pretende ganar en rapidez y comodidad para acreditar su discapacidad ante los procesos de gestión administrativa, y deberá presentarse cuando se utilicen servicios o recursos del Sistema Valenciano de Servicios Sociales. La medida se implantará de forma progresiva empezando por las acreditaciones nuevas, funcionará como una tarjeta electrónica y servirá también para acreditar la discapacidad en aparcamientos, transportes e instalaciones públicas. Según resaltaron, en la Comunitat hay 315.716 personas con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

lunes, noviembre 02, 2009

El Icav formará a los abogados en la Ley de Dependencia

 

 

Servicios legales

 

http://www.icav.es/imagenes/cabecera_index/logo_icav_blanco.gif

El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav)

inaugurará mañana, 3 de noviembre, un curso para

abogados bajo el título 'La Ley de Promoción de la

Autonomía Personal y Atención a las Personas en

situación de Dependencia', según informaron en un

comunicado fuentes de la institución.

 

VALENCIA, 2 (EUROPA PRESS) 

                                                                                   

El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav) inaugurará mañana, 3 de noviembre, un curso para abogados bajo el título 'La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia', según informaron en un comunicado fuentes de la institcuión.   

                          

El objetivo del curso es, según la vicedecana del Icav y responsable del Área de Formación, María José Santa Cruz, "ofrecer la mejor formación especializada a los abogados para que puedan orientar jurídicamente a cualquier beneficiario de la Ley de Dependencia". En el Colegio, recordó, está previsto instaurar en un futuro próximo un servicio jurídico especializado en la materia, que será atendido por letrados con una formación exhaustiva y precisa.                                                                                                                         

El curso sobre Ley de Dependencia incluirá en su programa lectivo aspectos jurídicos y sociales, abordando cuestiones relacionadas con la discapacidad, la minusvalía y la autonomía personal, con tres bloques orientados según los distintos tipos de situaciones de dependencia: menores, discapacitados y personas mayores.

                                                                                                     

El abogado que atiende a una persona dependiente debe saber orientarle sobre las posibilidades que tiene de recabar de los poderes públicos la atención y garantías necesarias para su desarrollo, qué ayudas tiene a su disposición y qué le ofrece la legislación vigente. También debe conocer las circunstancias personales de quien sufre la patología, para orientarle de forma personalizada y efectiva. Todas estas cuestiones están presentes en el curso.

                            

Los letrados analizarán la normativa anterior a la actual Ley de Dependencia, así como la legislación relacionada y los recursos técnicos que pueden asistir a las personas en situación de dependencia.    

                                                          

El curso será impartido por miembros de la Fundación CEDAT, especialistas universitarios en evaluación de la dependencia. La Fundación pertenece a la Universidad Politécnica de Valencia y está orientada a la ayuda e integración de personas discapacitadas y dependientes, actuando en distintas áreas: accesibilidad, atención a discapacitados, empleo, formación y proyectos de investigación, principalmente.

                                                                                 

"La política del Colegio de Abogados pasa siempre por ofrecer una formación de la máxima calidad que garantice la mejor atención posible al ciudadano que demanda nuestros servicios", explicó el decano, Francisco Real. No en vano, el departamento de Formación del colegio "es un referente para la abogacía a nivel nacional, y sólo el pasado año 2008 formó a más de 8.000 abogados en las distintas áreas y especialidades del Derecho".

martes, octubre 27, 2009

AVADEC muestra su “indignación” por el retraso y anima a recurrir a los Tribunales

 

El PSPV afirma que el Gobierno valenciano “se burla”

de los Dependientes al “bloquear” las ayudas

 

27 Octubre, 2009

La situación de las personas dependientes en la Comunidad Valenciana es realmente lamentable. No sabemos qué se está haciendo con los 250 millones de euros que el gobierno central ha transferido a la comunidad para cubrir esta urgente necesidad social.

Sin embargo, sí sabemos que en esta Comunidad tenemos una Ciudad de la Luz -en la cual se han gastado cifras enormes en su creación y en las infraestructuras del entorno- para rodar películas, aunque no sabemos nada respecto al número de puestos de trabajo ni al dinero que genera, ni tan sólo si compensa esta inversión a largo plazo.

También tenemos maravillosos circuitos para carreras de moto, gastamos 2.000 millones de las antiguas pesetas para la visita del Papa (que venga el mismo Jesús y lo vea) y disponemos de instalaciones estupendas para que los veleros más suntuosos y que el personal de élite puedan competir.

Por fin queda la joyita de la corona, nuestra ruinosa TERRA MITICA, un espacio lúdico supuestamente pensado para generar dinero en esta comunidad, pero que hasta ahora nos ha costado a todos montones de dinero. Es muy probable, que en algún momento esos terrenos acaben en manos de constructores que intentarán “ayudar a crear puestos de trabajo”, para seguir ampliando la mole de cemento que rodea Benidorm.

Pero seguimos sin respuesta para aquellos que más lo necesitan. Para quienes cada día supone una lucha constante generar esos medios para sobrevivir o convivir con una enfermedad crónica o una discapacidad. Para quienes ven reducidas sus vidas al cuidado de un enfermo, sin ninguna expectativa más y sin posibilidades de llevar una vida profesional, con todos los beneficios que ello supone.

Los enfermos, los familiares y todos aquellos voluntarios que participan en la gestión de estos problemas, son los que están cargando en primera fila con el peso de La Ciudad de la Luz, Terra Mítica, circuitos de motos, competencias de veleros y visitas papales.

Para más inri, en el uso de las competencias delegadas, el parlamento valenciano ha sacado un decretazo a través del cual, una vez concedida la dependencia, cuando por fín llega si se sobrevive a ese largo periodo de espera, se pagará sólo a partir de la fecha de concesión y no de la fecha de solicitud como está pasando en el resto del Estado.

Sr. Camps… sabemos que no se sonroja, pero… ¿no se le ocurre pensar que cuando ya deje el cargo y vuelva a ser un ciudadano más -que algún día sucederá-, cuando vaya por la calle, más de un dedo -entre ellos estará el mío- le señalarán diciendo “Este hombre dejó que mi madre, o mi padre, o mi hija muriera sin los cuidados que necesitaba y se merecía”? ¿Qué explicación como ser humano le dará a sus propios hijos o nietos?

Rectifique Sr. Camps, que es de sabios, aunque en su caso sólo serviría para devolver la dignididad y los cuidados de muchos desamparados.

Francisco Camps y Carlos Fabra.

 

El Sr. Camps y el Sr. Fabra

(este último implicado

en falsificaciones de permisos para

comercialización de plaguicidas)

AVADEC muestra su “indignación” por el retraso y anima a recurrir a los Tribunales


El diputado socialista en las Cortes Valencianas Manuel Mata afirmó hoy que el Gobierno valenciano “se burla” de las personas dependientes y de los grandes inválidos al tardar más de cuatro años en proporcionarles las ayudas a las que tienen derecho por ley como constata el hecho, dijo, de que “tras 250 millones de euros trasferidos desde el Gobierno de España y de que 50.000 personas tuvieran derecho a la prestación, sólo 27.000 hoy estuvieran en condiciones de percibirla”.

Mata mantuvo hoy una reunión con la Asociación Valenciana de Dependientes y Cuidadores (Avadec), Palmira Castellano, para analizar la situación de este colectivo y especialmente de los 25 afectados que recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, con el apoyo jurídico del grupo socialista, su situación por el “bloqueo” de las ayudas establecidas en la Ley por parte del Gobierno valenciano.

Así, estos 25 afectados solicitaron en mayo de 2007 el reconocimiento de su dependencia para percibir las ayudas pero pasado un año aún no habían recibido contestación con lo que, unido al cambio de criterio del Consell por el que el silencio administrativo en lugar de considerarse positivo se cambiaba a negativo, no sabían si sus reclamaciones habían sido aceptadas.

Ahora el recurso está listo para sentencia y Mata recalcó que a la vista de cómo evoluciona el pleito “va a ser que nos van a determinar que la gente es dependiente a los seis meses de que hayan cursado la solicitud, que tienen derecho a la prestación desde esa fecha y que además tienen que ser indemnizados por los daños morales que el retraso les supone”.

En ese sentido, destacó que el pleito ha servido para hacer un seguimiento de cada una de las situaciones y se ha constatado que el Gobierno valenciano “se burla” de las personas dependientes, de los grandes inválidos y de los que tienen graves enfermedades porque “tardan más de dos años en decirles que son dependientes, otro año en decirles qué les correspondería y otro más en proporcionarles estas ayudas” con lo que cuando al fin les llegan “lamentablemente muchos han fallecido”. Por contra, evidenció que la calidad de vida de estas personas “cambiaría muchísimo” si recibiera la prestación.

Por su parte, la presidenta de la Asociación, Valenciana de Dependientes y Cuidadores (Avadec), Palmira Castellano, mostró su “indigación” pues, dijo, desde que se aplica la ley en la Comunitat “sabemos que no estamos al mismo nivel del resto de las Comunidades” ya que “aquí se están cometiendo una serie de escándalos que hacen que tengamos menos derechos”, se lamentó.

Por ello, manifestó la necesidad de una mayor implicación de la Justicia en la defensa de sus derechos ya que el Colegio de Abogados de Valencia, pese a sus reiteradas peticiones, no les brinda los abogados del turno de oficio que requieren pese a que “no debería ser necesario discutir cuando es un dependiente”.

Al respecto, dijo no entender por qué se prolongan “tantísimo” los plazos, lo que supone “un incumplimiento manifiesto” de la ley, así como el no cumplimiento de la retroactividad o el que no se reconozca la compatibilidad de recursos como en otras comunidades, entre otros aspectos. “No queremos sentirnos ciudadanos de segunda”, proclamó.

CIFRAS REALES

Castellano reclamó conocer las cifras “reales” de dependientes y cuestionó en ese sentido las que aporta la Conselleria de Bienestar Social en las que en septiembre “hablaban de 40.000 solicitudes, lo que les valía para afirmar que aplican la ley en un 90 por ciento de los casos, cuando desde esta asociación se tiene conocimiento de que hay más de 120.000 expedientes“.

“Se está muriendo mucha gente, hay muchas quejas y se está creando un servicio doble que, en lugar de beneficiar al interesado ,está provocando un despilfarro de los recursos que no llegan a la persona que lo necesita”, criticó Castellano, quien añadió: “están destruyendo una cosa que funcionaba para montar otra que no sabemos aún si va funcionar”.

En ese sentido, mostró su oposición a la voluntad de un cambio administrativo ya que ello supondría “atascar la tramitación” al principio del proceso con el propósito de que “se presenten menos solicitudes” ya que se les exigirá una serie de informes que “se tardarán en reunir por el atasco de los servicios municipales”. Por ello, concluyó: “la mejor solución es a través de los tribunales”.

Fuente: AVADEC

José Cholbi y Angélica Such, un matrimonio muy bien avenido.

 

José Cholbi y Angélica Such, un matrimonio muy bien avenido.

El Síndic de Greuges valora el

interés de Angélica Such por

resolver los asuntos pendientes

de la Ley de Dependencia

 

26 de octubre de 2009.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, valoró hoy el "interés" de la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, por resolver los asuntos pendientes en un campo como el de la Ley de Dependencia "sobre el que se hace tanta demagogia cruel, ignorando que el 70 por ciento de la dependencia lo pagan las comunidades autónomas", según informó hoy en un comunicado la institución.

ALICANTE, 26 (EUROPA PRESS)

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, valoró hoy el "interés" de la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, por resolver los asuntos pendientes en un campo como el de la Ley de Dependencia "sobre el que se hace tanta demagogia cruel, ignorando que el 70 por ciento de la dependencia lo pagan las comunidades autónomas", según informó hoy en un comunicado la institución.

El Síndic de Greuges y Angélica Such se reunieron hoy en la sede de la institución para estudiar la situación de las quejas tramitadas por el Síndic sobre la Ley de Dependencia.

En la entrevista, se puso de manifiesto la política de "puertas abiertas" ofrecida por Angélica Such al Síndic de Greuges, así como su deseo de "intensificar las relaciones" entre la Institución y la Conselleria.

Por ello, Cholbi valoró el "interés" de la consellera por resolver los asuntos pendientes en un campo como el de la Ley de Dependencia "sobre el que se hace tanta demagogia cruel, ignorando que el 70 por ciento de la dependencia lo pagan las comunidades autónomas".

Por su parte, Such adelantó a José Cholbi la salida de un decreto, en el mes de enero del próximo año, en el que se reducen de forma considerable los trámites para solicitar las ayudas. Los trámites permitirán atender primero a los más necesitados, que son quienes no reciben ningún tipo de ayuda.

Tanto Cholbi como Such insistieron en el objetivo común que mueve a la Sindicatura y a la Conselleria de Bienestar Social, que es el de "servir al ciudadano y resolver las demandas que lleguen desde las capas más desfavorecidas", apuntó.

Such admite ´esperas indebidas´ en la tramitación de la Ley de Dependencia

 

 

Información.es » Alicante

 

BIENESTAR SOCIAL

 

Suma y sigue

POLÕTICA// LLEGADA DE LOS CONSELLERS AL PLENO DE LA REMODELACI”N. ANG…LICA SUCH.

´Mantendré un clima de

colaboración con los afectados

por la Ley de Dependencia´

 

(Titular de la entrevista realizada el día 30 de agosto de 2009)

 

La consellera anuncia un nuevo decreto para reducir los plazos de respuesta a las solicitudes y cumplir los seis meses que marca la norma.

 

A. PRADO

 

La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, reconoció ayer en Alicante que "las dificultades en la tramitación llevan a esperas indebidas" en la resolución de solicitudes presentadas por la Ley de Dependencia y anunció la elaboración de un nuevo decreto que reduzca el tiempo de respuesta, tras admitir que "la tramitación es excesivamente larga".

Such indicó que la puesta en marcha de este decreto se prevé para enero del próximo año y con ello se pretende reducir a seis meses el tiempo de resolución de las solicitudes, "trataremos de cumplir lo que marca la ley". Esta revisión de la normativa se produce, cabe recordar, casi tres años después de que se aprobara la Ley de Dependencia, en diciembre de 2006, aunque la norma comenzó su desarrollo a mediados de 2007.

La titular del departamento, que sólo lleva dos meses en el cargo, se reunió ayer con el Síndic de Greuges, José Cholbi, que valoró el interés de la consellera en resolver este asunto, ya que a esta institución han llegado 2.000 quejas por los retrasos en aplicar la ley, lo que supone aproximadamente el 50% del total de reclamaciones. Such consideró "importante" esta cifra, aunque "no excesiva", y apuntó que agilizar la ley de Dependencia "en el menor tiempo posible es y será uno de los objetivos en el tiempo que resta de legislatura".

La consellera, no obstante, recordó que el informe del comité de expertos del Congreso de los Diputados sobre la aplicación de dicha ley "establece las dificultades de llevarla a la práctica y su inestabilidad, ya que las comunidades autónomas financian el 70% de su coste" y no al 50%, como contempla la ley. Por ello, reclamó financiación "adecuada y suficiente" al Gobierno central, y que ésta se realice "en función, no sólo del número de personas, sino de los recursos con los que se atienden".

Añadió que en el último año la cifra de resoluciones en la Comunidad se ha incrementado en un 60% "y cada vez irá a más" tras indicar que en la Comunidad Valenciana hay 57.000 personas que tienen reconocido sus derechos como dependientes y 26.000 de ellos reciben alguna prestación o servicio. Respecto al desajuste en la contabilización de expedientes entre el Gobierno central y el autonómico, la consellera apuntó que "el sistema estadístico del Gobierno no respondía a las cifras que teníamos" y, tras la aprobación de un sistema homogéneo el pasado 22 de septiembre, "no creo que estemos a la cola en aplicar la ley, eso lo veremos en breve".

Such afirmó que el presupuesto del Consell en 2010 para dependencia aumentará un 22% con respecto al año anterior y, en términos generales, el presupuesto de Bienestar Social crecerá un 13%.

Por otra parte, el grupo socialista en las Cortes denunció ayer que los dependientes tardan más cuatro años en empezar a percibir las ayudas que les otorga la Ley de Dependencia, debido al retraso en la aplicación de esta norma por parte del Gobierno valenciano. Así lo afirmó el diputado Manuel Mata, quien asesora legalmente a un grupo de dependientes en la consecución de las ayudas.

viernes, octubre 23, 2009

Los recortes de prensa del verano y estadísticas de la aplicación de la Ley de Dependencia.

 

Hace unas fechas, en una reunión que mantuvieron las diferentes plataformas constituidas en la comunidad valenciana, la correspondiente a la comarca del Medio Vinalopo (Aspe, Hondón de las Nieves y La Romana), nos mostraron una recopilación de recortes de prensa con relación a las noticias y actividades que habían generado desde julio a septiembre de 2009 y nos gustó la colección. Se habló de recibir copias para tenerlas en cada una de las plataformas y así poder consultar, leer o recordar algunos acontecimientos.

Pues bien, ahora acabamos de recibir por correo electrónico, unos cuantos ficheros que recogen esa interesante iniciativa y la traemos hoy para mostrarla, como una curiosidad y para que los amantes de la historia, pues sin lugar a dudas, un día toda esta frenética actividad por lograr todo lo que siendo nuestro se nos niega desde el gobierno valenciano, será historia que la podrán conservar en sus particulares hemerotecas.

Al tratarse de ficheros en formato .pdf que por su amplitud se alojan fuera de esta Weblog, puede demorar un poco su aparición en función de su peso.

 

pdfDía 17 de julio de 2009

Día 20 de julio de 2009

Día 30 de agosto de 2009

Día 3 de septiembre de 2009

Día 6 de septiembre de 2009

Días 10 y 16 de septiembre de 2009

Día 18 de septiembre de 2009

Día 19 de septiembre de 2009

Estadisticas

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sábado, octubre 17, 2009

"¿Qué objeto tiene alargar este proceso? No van a conseguir que me canse".

 

Información.es » Alicante

 

TRIBUNALES

 

Bienestar Social logra suspender

el primer juicio por la Ley de

Dependencia

 

La juez levanta la vista al plantear el abogado de la Generalitat que la demanda se traslade al TSJ

 

 

 

 MULTIMEDIA

Fotos de la noticia

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"¿Qué objeto tiene alargar este proceso? No van a conseguir que me canse". Alicante

El padre de Ayeisa sostiene una camiseta de las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ

 

Era la crónica de una suspensión anunciada. El juicio por la primera demanda a la Generalitat por la Ley de Dependencia acabó aplazándose al cuestionar el letrado de la Conselleria de Bienestar Social la competencia del juzgado para resolver esta demanda, que según él debe ir al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Los demandantes son los padres de Ayeisa Méndez, una joven de 26 años que sufre parálisis cerebral y con una discapacidad del 85%, que fueron a la vía judicial un año y medio después de haber pedido la ayuda en Conselleria y no haber recibido respuesta. Bienestar Social contestó dos años después, reconociendo un grado de discapacidad inferior al planteado por la familia.

La cita era en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Alicante. En una sala de vistas de apenas diez metros cuadrados donde más de medio centenar de representantes de las plataformas en Defensa de la Ley de la Dependencia esperaban que la vista marcara un precedente y abriera un nuevo camino a otros afectados. Finalmente, la magistrada suspendió el juicio para pedir un informe al fiscal sobre qué juzgado debe ser el competente y después se tomará una decisión.

image Desde primera hora de la mañana, los miembros de la Plataforma por la Ley de Dependencia se concentraron frente a los juzgados de Pardo Jimeno exhibiendo la pancarta "Nuestro apoyo para Ayeisa y su familia. ¡Cumplid con la Ley de Dependencia ya!". En la entrada repartieron sus reivindicaciones y exhibieron camisetas de la plataforma. Hasta ahora, todas las demandas eran rechazadas y derivadas al TSJ, alegando falta de competencia territorial. Ayer era la primera vez que se aceptaba una y se señalaba la vista. "Si este recurso prospera, se van a beneficiar centenares de familias que están en esta situación con una Generalitat que se niega a aplicar la ley", explicó Mercedes Pastor, miembro de la plataforma. El secretario provincial del PSPV para asuntos de Bienestar Social, Luis Briñas, cargó contra la Generalitat de Camps, "más preocupada del Gürtel que de los problemas de los dependientes".
Nada más empezar el juicio, el abogado de la Generalitat planteaba que se suspendiera por "falta de competencia objetiva de este juzgado" y que se resolviera en el TSJ de la Comunidad, porque se estaba recurriendo una resolución de la administración autonómica emitida en Valencia.

Por su parte, el letrado de la familia, David Gandía, recordó que el espíritu de la ley es el apoyo a las personas dependientes y recalcó las dificultades de una persona discapacitada para desplazarse a Valencia para defender su recurso y subrayó que trasladar la demanda a otros juzgado supondrá alargar más el procedimiento cuando lleva esperando la ayuda desde el año 2007. Gandía recordó que la Conselleria de Bienestar Social tiene una dirección territorial en Alicante y que los técnicos que valoraron a la joven eran de Alicante.

Finalmente, la juez suspendió la vista para decidir si se queda la demanda, la traslada al TSJ o incluso a un juzgado contencioso de Valencia.

La Generalitat fuerza la suspensión del primer juicio por la Ley de la Dependencia

 

Información.es » Alicante

JUZGADO ALICANTINO

 

La primera vista oral en la

Comunitat Valenciana en demanda

de la aplicación de la Ley de la

Dependencia ha sido suspendida

por una jueza de Alicante después

de que el abogado de la

Generalitat pusiera en duda la

competencia territorial del

tribunal.

 

EFE / INFORMACION.ES


Según ha explicado a Efe el abogado de los demandantes, David Gandía, el letrado de la Conselleria de Bienestar Social ha puesto en entredicho la competencia objetiva y territorial de la titular del juzgado administrativo número 1 de Alicante.

Si esa intención prospera, el asunto debería ser trasladado a un juzgado de lo contencioso-administrativo de Valencia o, en todo caso, al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).

Ante esta situación, la jueza ha decidido suspender la vista y pedir un dictamen jurídico que aclare si es competente en este caso, que podría estar en unos días.

La parte demandante es la familia de Ayeisa Méndez, de 27 años, que sufre parálisis cerebral de nacimiento y tetraplejia y que, con un grado de discapacidad reconocido por la Conselleria del 85 por ciento, actualmente es atendida por el centro de día de parálisis cerebral Infanta Elena, en Alicante.

La familia pide que le reconozca una discapacidad superior, el grado tres nivel dos con el fin de que sea atendida por la misma institución (Infanta Elena) pero no únicamente en horario de centro de día sino con una plaza de residencia (24 horas).

Según el abogado, el centro de día hace que la familia tenga que hacerse cargo a partir de las 17 horas los días laborales, todos los fines de semana, así como en las vacaciones de Navidad, Semana Santa y durante el verano.

Por ello, en su demanda plantean que si no hay plaza como residente, al menos la Conselleria sí sufrague los gastos económicos de mantenimiento de la joven dependiente durante las horas que excedan del servicio del centro de día.

En contra de la postura de la Generalitat, la familia ha argumentado ante la juez que la competencia objetiva para tratar este caso es del juzgado de Alicante porque el órgano que dicta la resolución sobre la Ley es la Conselleria que, aunque con sede en Valencia, tiene una dirección territorial con ubicación física en la ciudad.

Además, han recordado que la Constitución Española refleja la necesidad de que los poderes públicos apoyen a los dependientes, por lo que el traslado del juicio a Valencia sería una grave dificultad para esta familia, por la discapacidad de la joven.

Para la familia, al discutir la competencia de la juez la Generalitat únicamente busca "alargar el procedimiento" y dejar "totalmente abandonados" a la familia.
A la vista oral han acudido numerosos colectivos políticos y sociales de la ciudad para arropar a la familia, entre ellos miembros de la Plataforma por la Aplicación de la Ley de Dependencia, los sindicatos UGT y CCOO y los partidos PSPV-PSOE y EU, entre otros.

miércoles, octubre 07, 2009

Una vez más, y van..., el informe del Síndic de Greuges es demoledor con la Administración valenciana y su gestión de la Ley de la Dependencia.

 

El Síndic y la dependencia.

Gustavo Zaragoza

Una vez más, y van..., el informe del Síndic de Greuges es demoledor con la Administración valenciana y su gestión de la Ley de la Dependencia, nada menos que el 47% de las quejas presentadas tiene que ver con la gestión ­ineficaz de una ley que supuestamente debería ser prioritaria para cualquier Gobierno que realmente fuera sensible a lo que pasa en las vidas cotidianas de sus ciudadanos. Sensible ante personas mayores que necesitan cuidados y que carecen de recursos para ello, familias, en plena crisis económica, que se están endeudando para pagar los gastos de una residencia, un centro de día o una cuidadora en el domicilio de personas dependientes que con la pensión que cobran les resulta absolutamente insuficiente para atender a sus necesidades.

Resulta extraña la forma en que, de manera reiterada, el Gobierno de la Comunitat acepta estos tirones de oreja del Síndic, sin sonrojo. El informe es una llamada de atención que no va acompañada de sanción, únicamente muestra la evidencia de incompetencia y falta de sensibilidad ante los temas que realmente preocupan a los ciudadanos. Sí, hay mucha costumbre entre la clase dirigente de utilizar «lo que preocupa a los ciudadanos» para despejar a córner cuando les hacen preguntas incómodas o molestas, pero difícilmente podrán justificar estos evasores de la responsabilidad que la dependencia y sus consecuencias no preocupan a cada uno de los más de 150.000 valencianos que la están sufriendo, a sus familiares, y a todas aquellas personas que nos parece que se debería poner toda la maquinaria de la Administración al servicio de aquellos que más lo necesitan y además lo pagan con sus im­puestos, no es un regalo, una dádiva, estamos hablando de prestaciones de derecho que se están incumpliendo.

De momento, están anunciando esta falta de interés instituciones como el Síndic, pero seguramente no van a tardar en aparecer sentencias judiciales que, en este caso sí con sanción, condenen una mala praxis de los responsables del desastre por no atender debidamente aquello que realmente preocupa a los ciudadanos, y en este caso, la frase no es un latiguillo evasor.

"Presidenta, mi marido se murió antes de que le llegara la ayuda"

 

aguirreUna mujer reprocha a

Esperanza Aguirre, en un

acto, el retraso en la Ley

de Dependencia

 

PILAR ÁLVAREZ - Madrid - 07/10/2009

María Ángeles cogió ayer a Aguirre del brazo. La interceptó cuando salía del aula de una guardería nueva tras dejar una pregunta en el aire. "Presidenta, mi marido se murió antes de que le llegara la ayuda", le dijo. Y añadió: "La Ley de Dependencia no me sirvió, es una pena". Así, cara a cara, a menos de un metro, en un pasillo lleno de niños, vecinos, políticos, periodistas, la mujer le lanzó su reproche. "Nosotros hacemos la valoración en el momento que nos llega", le respondió Esperanza Aguirre.

Antonio sufrió un infarto cerebral que le dejó en cama durante cinco años

La presidenta acababa de salir de un aula llena en Fuenlabrada. Terminó un discurso sobre escuelas infantiles. Respondió -a pesar del empeño de sus asesores por evitarlo- a cuestiones relacionadas con el caso Gürtel o el chasco olímpico de Madrid. Pero no contestó a la última pregunta de este periódico sobre los retrasos en la tramitación de las ayudas de la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid. Sólo reciben ayuda la mitad de quienes tienen reconocido ese derecho, 18.588 personas. La Comunidad está por detrás de Castilla y León o Galicia en casos atendidos, a pesar de que ambas autonomías tienen muchos menos habitantes.

"No me ha gustado que se fuera sin responder, conozco a ancianos, a vecinas desbordadas, gente sin ayuda para nada, por eso la paré", explica María Ángeles Ortega ya en casa, con los ojos azules escondidos tras las gafas. Vive rodeada de recuerdos de su marido, Antonio Fernández. Conserva la cama hospitalaria, que compraron sin subvención, el sillón terapéutico con el que uno de sus hijos lo incorporaba.

Antonio, oficial de construcción, sufrió un infarto cerebral en 2003, con 63 años. Perdió la capacidad de hablar. Quedó inmóvil, "como esta lata de Coca-Cola", dice la mujer. María Ángeles dejó su trabajo de limpiadora para cuidarle. Pidió un crédito de 30.000 euros para reformar la casa: puertas más anchas, una ducha sin bordillo, más espacio en el salón... "Ha sido un enfermo muy sufrido, no daba guerra, pero había que estar con él todo el día", recuerda la mujer. Fernando, uno de sus hijos, le atendía por la mañana; ella, por la tarde, con sus otros tres hijos o algún vecino.

Fernando tramitó las ayudas. Llega al salón con un montón de papeles en cada mano. "Hice muchos viajes de un lado a otro... para nada", resume. Presentó la solicitud para que le reconocieran la situación de dependencia en mayo de 2007. En agosto llegó el expediente con la valoración: grado II, nivel 2, el segundo en importancia tras los grandes dependientes. El informe incluye una lista de ayudas posibles: teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día, dinero... El hombre murió siete meses después, en febrero de 2008, antes de recibir nada. Una portavoz de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales justificó ayer que la atención a enfermos con el grado de dependencia de Antonio entró en vigor en 2008. El plazo administrativo para responder era de seis meses, añade. No se retrasaron, aunque ninguna normativa les obliga tampoco a apurar los plazos de cada trámite. Para Antonio llegaron tarde. Su familia aún paga el préstamo que pidieron para hacer su vida más fácil.

domingo, octubre 04, 2009

Calabuig: “Si Camps no hubiera boicoteado la Ley de Dependencia habría prestaciones para cerca de 50.000 personas y 20.000 nuevos empleos”

 

 

02 de octubre de 2009

El diputado socialista por Valencia destaca que el Gobierno de Rodríguez Zapatero es el que más ha apoyado a la Comunitat Valenciana “en los últimos 25 años”

El diputado socialista en el Congreso por Valencia, Joan Calabuig, ha destacado hoy que, en los Presupuestos Generales del Estado para 2010, la dotación para la dependencia “ha aumentado en el conjunto del Estado de manera muy notable”. “Si esta apuesta fundamental de los socialistas que ha sido la Ley de Dependencia no hubiera sido boicoteada conscientemente en la Comunitat Valenciana por Francisco Camps, en estos momentos habría prestaciones para cerca de 50.000 personas y probablemente se habrían creado ya 20.000 empleos más”, ha criticado. Empleos que no se han creado “precisamente por esta falta de compromiso del gobierno de Camps”.




Calabuig que ha hecho estas valoraciones en una rueda de prensa, ha expresado su “satisfacción”, porque “éste es el Gobierno de España, un Gobierno socialista, que ha apostado en mayor medida por esta Comunitat en los últimos 25 años”. Este es, según ha añadido, “un hecho incontestable, absolutamente fundamentado en todos los datos objetivos que se puedan dar”. 

El diputado socialista ha declarado que hay “dos elementos fundamentales” en este presupuesto. Por un lado, es la “apuesta por la protección social” y por otro, es “intentar dar un impulso a un nuevo modelo productivo que nos permita salir fortalecidos de la crisis”. Además, ha admitido que se trata “evidentemente” de un presupuesto “austero”, porque lo que quiere es “empezar a iniciar el camino hacia el reequilibrio de las cuentas públicas una vez superemos la crisis”.

A este respecto, ha indicado que donde se hace más hincapié es “en el gasto social y, fundamentalmente, en la protección de las personas que han quedado sin empleo y en la inversión productivo para salir de la crisis”. En este sentido, ha declarado que los datos de gasto social no son ajenos a la Comunitat Valenciana, puesto que hay 250.000 personas que se han quedado sin empleo y, por lo tanto, “el hecho de que éste sea un presupuesto que apoya a estas personas quiere decir que hay miles de valencianos y valencianas que van a poder estar protegidos en una situación de dificultad”.

Además, ha recalcado que esta Comunidad tiene una tasa de paro superior al resto de España, con lo que “el hecho de que el Gobierno central apueste por estas personas es especialmente beneficioso para muchos miles de valencianos”.

También ha querido apuntar que en esta Comunidad hay 260.000 pensionistas “que saben que pueden estar tranquilos, porque tienen un gobierno que está apostando por ellos”. “Ante los cantos de sirena permanentes del PP que plantea recortes sociales y recortes del presupuesto, el Gobierno de Rodríguez Zapatero está claramente comprometido con la constante mejora del nivel de vida de nuestros jubilados y jubiladas”, ha argumentado.

En el caso de los jóvenes, ha destacado que “evidentemente el incremento de las becas supone una clara apuesta por la igualdad de oportunidades”. Así, ha recordado que en esta Comunidad “con nombres y apellidos hay más de 71.000 jóvenes que reciben ese apoyo” y “este año habrá 2.800 que podrán también acceder” a estas becas.

De esta manera, el diputado socialista ha apuntado que “pese a la propaganda del Consell”, de quien sólo hay “anuncios vacíos, mentiras y planes que jamás se llegarán a concretar”, estamos ante “el Gobierno que claramente más se ha comprometido con esta Comunidad”. Se trata de la Administración que “está combatiendo más activamente la crisis” aquí. “Es, precisamente, en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el que los valencianos y valencianas pueden confiar para impulsar la salida de la crisis”, ha declarado.

viernes, septiembre 25, 2009

Demasiados yacimientos de empleo y pocas prestaciones de Asistencia Personal a las personas dependientes y con diversidad funcional.

 

 

imageUGT ve "una

barbaridad" que un

curso de 25 horas

permita  ser

“trabajador

profesional"

 

UGT calificó hoy de "barbaridad" que las personas que realicen un curso de 25 horas puedan acceder a la categoría de "trabajador profesional", y añadió que de ser así sería una medida lejos de la profesionalización que impediría construir un sistema de servicios a la altura del resto de pilares del Estado de Bienestar.

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

La directora general del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) de la Generalitat, Carolina Homar, explicó ayer que a partir de octubre se impartirán cursos de 25 horas que formarán este año a unos 1.300 cuidadores catalanes.

La Conselleria de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat afirmó hoy que esta formación no dará acceso a un certificado profesional y que el objetivo de la misma es ayudar a los cuidadores no profesionales en su labor.

Las personas que superen los cursos y lo deseen tendrán la posibilidad de reconocer esta formación y su experiencia, cosa que les servirá como primer paso para acceder a formación de más larga durada.

En un comunicado, UGT aseguró que están a favor de las actividades formativas que mejoran la calidad de vida de dependientes y cuidadores, pero siempre y cuando "no busquen sustituir la asistencia social y la intervención sociosanitaria profesional" a la que tienen derecho los ciudadanos.

El sindicato se opone también a que esta medida pueda servir para amortizar "una cierta acomodación" al desplegar la oferta pública de servicios y para profesionalizar el sector tanto socialmente como económicamente. Por ello, consideró que la formación y apoyo al cuidado no profesional "no es ni puede ser en sí mismo un mecanismo lícito de integración laboral paralelo a la oferta formativa".

Esta situación condenaría a los futuros trabajadores a unas condiciones laborales y salariales "extraordinariamente precarias", señaló UGT, a la vez que calificó de "impensable" que un curso de esas características permita una habilitación laboral que de una atención de calidad a las personas. Recordó que los trabajadores del sector requieren un perfil formativo como el de trabajadores y educadores sociales, técnicos sociosanitarios y trabajadores familiares.

El sindicato reiteró su crítica a que en la práctica, el despliegue de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia está "acomodado a la distribución de cheques" y se apoya principalmente en el cuidado de familiares, principalmente mujeres, algo que está generando necesidades y gastos añadidos.

jueves, septiembre 24, 2009

En Madrid también conocen que la Asistencia Personal es más barata, más efectiva, mejor atendida y más querida por las personas con diversidad funcional que la precisan. ¿Entonces?…

 

 

Juan CotinoMás negocio en

Bienestar Social para

una firma vinculada a

Cotino

Las plazas concertadas con la consejería por el grupo Savia, del que forma parte Sedesa, aumentaron un 170% de 2006 a 2008

 

JAIME PRATS - Valencia - 24/09/2009

Entre los años 2006 y 2008, las plazas que la Generalitat concertó con el grupo Savia, una red de residencias de la tercera edad vinculada a la familia del vicepresidente del Consell, Juan Cotino, crecieron un 170%.

El PSPV sostiene que en 2008 Savia recibió unos 30 millones del Consell.

Bienestar Social indica que sólo se ha beneficiado a los usuarios.

En 2006, los Centros Residenciales Savia, nombre comercial de la empresa Gerocentros del Mediterráneo, SL, tenían 213 plazas subvencionadas por la Consejería de Bienestar Social. Por entonces Cotino era consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación. Tras las elecciones de 2007, este importante dirigente del PP valenciano recibió el encargo del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de asumir la supervisión de la política social como vicepresidente tercero y de ocuparse de la Consejería de Bienestar Social.

Meses más tarde, en enero de 2008, un acuerdo tomado en sesión plenaria del Consell modificó las reglas de juego de la financiación de plazas concertadas en centros privados de la tercera edad. A finales de ese año, las residencias de Savia-Gerocentros vieron incrementadas las plazas concertadas con la Administración valenciana hasta alcanzar el número de 1.938, según un listado de la consejería al que ha tendio acceso este periódico. Esta cifra representa casi tres veces más de las plazas subvencionadas en 2006 y una cifra cercana a los 30 millones de euros de financiación pública, según el diputado socialista Antonio Torres.

Gerocentros del Mediterráneo, SL, es una empresa presidida por Sedesa Concesiones -filial de la matriz Servicios de Excavaciones SA (Sedesa)-, ligada a la familia de Juan Cotino a través de su sobrino, Vicente Cotino Escrivá, que es la persona que gestiona el Grupo Sedesa.

El control de la firma es compartido con la empresa Enrique Ortiz e Hijos, SL, la otra accionista mayoritaria. A esta promotora-constructora le corresponde ocupar el puesto de consejero delegado.El año clave en el aumento de plazas concertadas por parte de Sedesa es 2008. En 2006, según las respuestas parlamentarias remitidas por el Consell a preguntas del diputado socialista Antonio Torres, el número de personas alojadas en las residencias del Grupo Savia con subvención pública eran 716 (bajo el bono-residencia 213 y con la modalidad de accesibilidad social 503). En el año 2007, el mismo en que Cotino accedió a Bienestar Social, el número de plazas financiadas con fondos públicos, según la misma fuente, creció ligeramente hasta alcanzar las 928 (680 de accesibilidad social y 248 de bono).

Sin embargo, el gran impulso a la subvención pública de plazas del grupo Savia llega en el año 2008. A finales de diciembre de ese año, la cifra se dispara hasta las 1.938 (1.563 de accesibilidad social y 375 de bono). En este caso, la información no proviene de las respuestas parlamentarias a las preguntas formuladas por el PSPV, ya que, a partir del año pasado, la Consejería de Bienestar Social dejó de detallar las plazas subvencionadas que corresponden a cada centro. Los datos se han extraído de un listado elaborado por el propio departamento de Bienestar Social al que ha tenido acceso este diario.

Este incremento del 170% de plazas se produjo meses después de un importante acuerdo del Consell, de enero de 2008, en el que se modificó el mapa de la atención residencial a la tercera edad diseñado por Rafael Blasco en 2001 cuando llegó a la Consejería de Bienestar Social. "Y no es ninguna casualidad la relación entre los dos hechos", como apunta el diputado socialista Antonio Torres. De hecho, este representante del PSPV sostiene que el acuerdo del Consell es la causa directa del aumento de plazas subvencionadas.

El llamado plan de las 9.000 plazas de Blasco pretendía que la iniciativa privada construyera y pusiera en el mercado 9.000 plazas residenciales para personas mayores a través de un concurso en el que la Generalitat elegía el lugar en el que debían construirse los centros. A cambio, la Administración se comprometía a ocupar el 30% de estas estancias bajo la modalidad que se denominó accesibilidad social. Este programa no obtuvo el resultado esperado y, tras muchos problemas, siete años después se quedó a 1.500 plazas del objetivo.

Gerocentros del Mediterráneo (con una composición accionarial distinta a la de 2008) fue la principal adjudicataria del plan, al conseguir 20 de los 52 centros. Tras el acuerdo del Consell del año pasado, la Generalitat eliminó el tope del 30% a todos estos centros, que tenían dificultades para ocupar el 70% de las habitaciones restantes con clientes privados. De esta forma, se abrió la posibilidad de concertar el resto de plazas, como así ha sucedido, "de lo que se benefició la firma vinculada a Cotino", apunta Torres. Según sus cálculos, el grupo Savia pasó de facturar en 2007 casi 16 millones a Bienestar Social a 30 millones el año pasado.

"No se ha beneficiado a ningún centro, sino a los usuarios que necesitaban plazas", señalaron ayer a este diario fuentes de Bienestar Social. "Había dependientes que necesitaban asistencia y había que dársela; como había plazas libres para atenderlos, se ha hecho lo posible para cubrir su atención". Además, fuentes de este departamento apuntan que se ha realizado una concertación global también con centros sin ánimo de lucro. "Esto no beneficia más a ellos [Savia] que a otros".

Una argumentación similar es la que recoge el acta del acuerdo del Consell de enero de 2008. Este documento alude a las necesidades que plantea a la ley de Dependencia y a la necesidad de "dotar de una mayor agilidad en los procesos de asignación de plazas residenciales para personas mayores dependientes". También sostiene que la medida introduce "mayor transparencia".

La visión de Torres -quien tuvo que esperar 10 meses a que el Consell le remitiera su acuerdo- es opuesta. "Lo que los ciudadanos quieren no son plazas en residencias sino servicios próximos, como ayuda a domicilio, teleasistencia o asistencia personal, que además son más baratos. Lo que ha hecho Cotino es potenciar los ingresos en residencias, unos servicios en los que tiene especial interés". Por ello el diputado socialista cree que el vicepresidente del Consell "ha prevaricado al primar la atención más cara sobre la más económica y la preferida por los usuarios".

miércoles, septiembre 23, 2009

¿Verdaderamente conoce la ministra Trinidad Jiménez la realidad de los dependientes en la Comunidad Valenciana o ha sido un lapsus?

 

Información.es » Nacional

PROMESA DEL GOBIERNO

 

Trinidad JiménezAtenderán a dos

de cada tres

dependientes

este año.

 

EFE. MADRID Dos de cada tres personas declaradas dependientes serán atendidas por el Sistema Nacional de Dependencia antes de acabar el año, y nueve de cada diez solicitantes ya han sido evaluados, anunció ayer la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez.

Tras presidir el Consejo Territorial de Dependencia, en el que Gobierno y comunidades autónomas han alcanzado varios acuerdos por unanimidad, Jiménez aportó los principales datos de la Ley de Dependencia desde su entrada en vigor en 2007 y reconoció que la construcción de una sistema de esta envergadura requiere su tiempo. Así, en los primeros nueve meses de 2009 se ha evaluado el mismo número de personas que en el conjunto de los dos años anteriores. Hasta la fecha, el sistema de Dependencia ya ha valorado a 877.000 personas; de éstas 654.000 tienen derecho a una prestación, 140.000 la recibirán en el año 2011 -según establece la gradual aplicación de la ley en función del nivel de dependencia- y el resto no son beneficiarios. En la actualidad, más de 400.000 ciudadanos han recibido prestación.

viernes, septiembre 18, 2009

Hecha la Ley…

 

Dependientes La Ley de

Dependencia

financia de forma

irregular   a miles

de usuarios.

 

Tres años después de aprobar la ley aún se desconoce la cifra actual de beneficiarios

 

Muchos ciudadanos se registran por duplicado o triplicado

CARMEN MORÁN - Madrid - 14/09/2009

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Casi tres años después de que arrancara la Ley de Dependencia, el Gobierno desconoce aún con exactitud cuántas personas se benefician de una de esas ayudas. Los datos de usuarios que facilitan las comunidades siempre han estado inflados. Primero, con más de 50.000 muertos que no se habían sacado de la estadística. Y ahora con casi el mismo número de personas que aparecen repetidas. El sistema de información es tan deficiente que el Gobierno desconoce datos imprescindibles para financiar correctamente esta ley. El Ejecutivo estaría pagando a las comunidades por una cifra de ciudadanos alterada, porque algunos están registrados por duplicado o triplicado, como reconocen algunas comunidades consultadas.

Es imposible que coincida el número de necesitados con el de ayudas.

La asistencia en casa se da a veces junto a una plaza en un centro de día

Los últimos datos, del 1 de septiembre, muestran que hay 654.035 beneficiarios. Y la misma cifra de prestaciones, entre las concedidas y las que están por concederse. Por tanto, se equipara el número de personas con el número de ayudas concedidas. Y eso es, sencillamente, imposible.

Imposible, porque miles de ancianos están recibiendo más de una ayuda. Por ejemplo, van a un centro de día y además perciben una asistencia a domicilio. Eso ocurre en muchas comunidades.

Imposible que haya el mismo número de personas que de prestaciones, porque todavía se están incorporando a las listas de la Dependencia los más graves, o sea, los grandes dependientes y los dependientes severos. Y a éstos, no se les puede prescribir solamente un servicio de teleasistencia. La teleasistencia es un dispositivo que llevan los ancianos que suelen vivir solos. Lo usan para avisar a alguien si tienen algún percance. Tampoco los grandes dependientes pueden recibir sólo una ayuda técnica para adaptar la bañera, ni un taller de psicomotricidad, ni de rehabilitación, ni de terapia ocupacional. Estos servicios han de ir complementando a otros, como la asistencia a un centro de día o a un geriátrico.

Sin embargo, en las estadísticas de la Ley de Dependencia que hace públicas el Imserso, cada una de esas ayudas figura como correspondiente a una persona distinta. De otro modo no saldría el mismo número de beneficiarios que de prestaciones. Como esa forma de contar falsea la realidad, ¿cuántos beneficiarios hay de verdad? Imposible es, también, saberlo.

Pero se puede ensayar un cálculo simple. Han de desaparecer de la lista las 2.554 personas (o prestaciones, da igual) que figuran como usuarias de una ayuda para prevenir la dependencia (ver gráfico). Esos están repetidos por fuerza. Han de desaparecer también los 28.286 que tienen concedida teleasistencia, porque están repetidos en otros servicios. Y haciendo un cálculo, seguramente a la baja, habría de caer de la lista al menos un 10% de los que aparecen en ayuda a domicilio y centros de día porque son dos ayudas que suelen ir juntas para una sola persona. Sumado todo ello, unas 40.000 personas están repetidas.

El Gobierno siempre ha equiparado el número de beneficiarios con el de prestaciones. "La cifra no puede ser muy diferente", aventuran fuentes del Ministerio de Sanidad y Política Social. Pero las comunidades reciben dinero por esas personas y, de paso, sus estadísticas regionales salen maquilladas.

El Gobierno está librando dinero a las comunidades sin conocer el número exacto de beneficiarios, aunque afirma que paga por persona atendida (en el llamado nivel mínimo, de 70 a 263 euros por persona y año según su gravedad). Pero las comunidades también reciben financiación por el número de beneficiarios con derecho a prestación, aunque aún no estén atendidos. Y en esa bolsa hay más de 209.000 ciudadanos, de los que se desconoce los repetidos. No hay forma de saberlo. También las comunidades afirman que cobran por persona.

jueves, septiembre 03, 2009

La Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana, de mal en peor.

 

Información.es » Integrados

 

BIENESTAR SOCIAL

 

La Ley de Dependencia

acumula 1.042 retrasos.

 

La Conselleria registra desde el año pasado más de un millar de resoluciones del Síndic de Greuges por incumplimiento.

 

 

 

 

 

 

Imagen de la manifestación celebrada el pasado mes de mayo exigiendo el cumplimiento de la Ley de Dependencia

M. A. MONTESINOS

REDACCIÓN En el año 2008 el número de resoluciones remitidas por la Sindicatura de Greuges a la consellería de Bienestar Social se situó en 336, incluida la investigación realizada de Oficio, mientras que en los siete primeros meses del año 2009 se acumulan 706 recomendaciones.

En este sentido cabe destacar que el 72% de las quejas resueltas por la Sindicatura desde enero a julio de este año y publicadas en la pagina web de la institución, afectan directamente al departamento que dirige Juan Cotino. De un total de 982 recomendaciones realizadas a diferentes instituciones (ayuntamientos, conselleries..) en el periodo analizado, 706 hacen referencia al incumplimiento de la denominada Ley de Dependencia y son responsabilidad de Bienestar Social, según apuntan fuentes de CCOO.

En la mayoría de los casos las reclamaciones de los ciudadanos se producen por el retraso en la valoración y el reconocimiento de las prestaciones contempladas en la cartera de servicios de la propia Ley, en otras se trata de personas que, habiendo solicitado las ayudas, han fallecido sin obtener respuesta de la administración y mientras el Sindic reclama el pago de las prestaciones a los familiares, en este sentido también existen decenas de reclamaciones referentes al pago retroactivo de las ayudas económicas. En el comunicado facilitado por el sindicato, las resoluciones de las personas que aparecen recogidas en el documento y analizadas, que habían acudido al Sindic de Greuges, iniciaron los tramites ante la administración en el año 2007.

Prestaciones
Los datos reflejan la situación de miles de personas con algún tipo de dependencia, que teniendo derecho a una serie de prestaciones, que faciliten su autonomía personal, no pueden acceder a las mismas de manera ágil y en el tiempo efectivo.

jueves, agosto 20, 2009

El colectivo Papás de Alex denuncia las irregularidades en la aplicación de la LEPA que hace la Generalitat de Catalunya.

 

SOCIEDAD | Denuncia ciudadana

 

 

Generalitat_de_Catalunya-logo-CBABF319A1-seeklogo.com

 

La Generalitat reduce

en 2009 las ayudas a

discapacitados          

 

 

 

  • Rehabilitación del lenguaje, fisioterapia y psicomotricidad desaparecen.

  •                                         

  • El Departamento de Acción Social se niega a dar información.

Efe | Barcelona

Las asociaciones que representan a personas con discapacidad psíquica han denunciado que la Generalitat ha eliminado, sin ofrecer alternativa alguna, las ayudas económicas de las que se beneficiaba este colectivo incluidas en las llamadas PUA, el programa de atención a los discapacitados.

La convocatoria de la PUA correspondiente al año 2009 no contempla, a diferencia de otros años, las ayudas para rehabilitación del lenguaje, fisioterapia y psicomotricidad, precisamente los tratamientos que utilizan más las personas con una discapacidad psíquica.

La desaparición de estas ayudas no ha sido comunicada a los hasta ahora beneficiarios, que se han encontrado de repente con que no pueden solicitar la prestación económica sin saber por qué motivo ni si cuentan con otras alternativas, según han explicado familiares de personas que se beneficiaban de estas subvenciones.

Antonio Moreno, presidente del Colectivo Papas de Alex, una entidad que aglutina a familiares de discapacitados, ha asegurado que la Generalitat aduce que las ayudas para rehabilitación del lenguaje, fisioterapia y psicomotricidad están previstas en la cartera de servicios sociales, "pero en ningún lugar se especifica cómo se pueden solicitar" y desconoce incluso si existe un modelo específico de solicitud.

"Las familias que recibían estas ayudas están perdidas y sólo se encuentran con el silencio de la administración cuando preguntan por la manera de solicitarlas. Sospechamos que su eliminación debe tener algo que ver con los recortes presupuestarios, pero no creemos justo que sean los más desfavorecidos y frágiles de la sociedad los que paguen por la crisis", ha afirmado Moreno.

V.S.E., padre de un niño con una discapacidad psíquica, se ha mostrado indignado por el hecho de que, tras recibir un año una ayuda para logopedia integrada en las PUA, Acción Social haya decidido eliminar esta prestación de la convocatoria del 2009 "sin dignarse ni a informarnos, y sin darnos alternativa alguna cuando hemos requerido si se trataba de una reestructuración y podíamos solicitar la ayuda de otra manera".

"A mí me ha llevado bastantes años enterarme de que existían estas ayudas de la Generalitat. Y ahora, cuando ya creía tener controlada la situación, resulta que vuelvo al punto inicial y me encuentro con una administración opaca que parece que tiene como objetivo intentar eludir las peticiones de ayudas en lugar de prestar servicios", afirma.

El departamento de Acción Social no ha respondido a la petición de información sobre estas ayudas, aunque en la convocatoria de 2009 de la PUA efectivamente no se prevé ninguna prestación para rehabilitación del lenguaje, psicomotricidad y fisioterapia.

 

Por otra parte, Antonio Moreno ha denunciado que Acción Social ha denegado una solicitud de ayuda de atención domiciliaria aplicando unas instrucciones internas del departamento que no están publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), en lugar de hacer referencia a decretos u órdenes.

Esta situación crea "indefensión" en las familias, afirma Moreno, porque "cuando les notifican la resolución denegatoria dicen que te aplican la normativa de la convocatoria y en realidad lo hacen en base a instrucciones no que no aparecen en el DOGC".