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Si no salvo mis ideales, no me salvo a mi.







maito:%20msierrahoyos@gmail.com







































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Hoy en LA SER

A causa del cambio del formato usado actualmente por La SER, hemos de facilitar las noticias de manera diferente, ahora lo haremos remitiéndoles a las páginas donde se encuentran las noticias y vds. eligen finalmente su audición, distinto es en la versión anterior donde nos permitía ofrecerles individualmente las mismas.
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lunes, julio 26, 2010

¿Será cierto esto? Porque lo de Olivenza, huele a observatorio muerto.

 

Luz verde al anteproyecto que transpone la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad

Amplía un 2% el cupo de empleo reservado y modifica el régimen sancionador para perseguir la discriminación

   MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que contempla la modificación de un total de diez leyes para implantar, entre otras medidas, una revisión del acceso al empleo público ampliando al siete por ciento el cupo de reserva.

   Así lo ha explicado la vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien ha destacado en rueda de prensa que el anteproyecto introduce además una "nueva definición del concepto de personas con discapacidad y favorece que puedan presentar por sí mismas su consentimiento en los procesos sanitarios".

   En concreto, en materia laboral, se recoge el citado aumento del cupo de reserva, que pasa del cinco al siete por ciento, con la previsión de que el dos por ciento de empleos reservados sean ocupados por personas con discapacidad intelectual. Además, se ordena al Gobierno que en un año promueva medidas para garantizar que esta reserva se produce "en las empresas de más de 50 trabajadores".

   El antreproyecto modifica también el régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad a fin de que si una administración de servicios sociales comete una infracción muy grave, pueda conllevar la "inhabilitación definitiva" de estas actividades.

   Además, en los procesos judiciales en los que se deduzca que ha habido discriminación por razón de discapacidad, se invertirá la carga de la prueba; es decir, corresponderá a la parte demandada probar que no ha habido discriminación, como ocurre con los casos de género.

   En materia de sanidad, la información que reciban los pacientes deberá ser "accesible y adaptada a sus diversas capacidades" igual que la prestación de consentimiento de los pacientes con discapacidad para someterse a pruebas e intervenciones.

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN EL TRANSPORTE Y LOS SEGUROS

   Por otra parte, la norma contempla que "todos los proyectos de infraestructuras de interés general de transporte", como carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos promovidos por la Administración General del Estado "incorporarán una memoria de accesibilidad que analice las exigencias y determine las soluciones técnicas necesarias para garantizar la accesibilidad universal y no discriminación".

   En este sentido, se prohíbe la discriminación por discapacidad en la contratación de todo tipo de bienes y servicios, con particular énfasis en la contratación de seguros para que no se pueda denegar este servicio o imponer condiciones más gravosas que al resto de la población.

   En materia de protección civil, se regulan protocolos de actuación específicos para garantizar la asistencia a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.

   Asimismo, se reconoce legalmente el Observatorio Estatal de la Discapacidad como instrumento técnico de la Administración General del Estado. Este Observatorio, situado en Olivenza (Badajoz), se encarga de la recopilación de información relacionada con el ámbito de la discapacidad. Con carácter anual, confeccionará un informe sobre la situación y evolución de la discapacidad en España, que se elevará al Consejo Nacional de la Discapacidad, para su conocimiento y debate.

   Este anteproyecto es fruto del trabajo de un grupo interministerial cuyo informe fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de marzo. En total, modifica diez leyes aunque se completará en los próximos meses con la modificación de otras normas, conforme ha avanzado el Gobierno.

Fuente: EP Social

miércoles, junio 09, 2010

Cualquier parecido con la realidad no es más que producto de una buena y costosísima además de ineficaz publicitación.

 

España propone a la UE ratificar la Convención de la ONU de discapacidad

Servimedia (08/06/2010)


La presidencia española acaba de presentar una resolución al Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) de la Unión Europea, relativa al nuevo marco europeo de discapacidad, en la que invita a la Comisión Europea a apoyar la implementación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad e incitar a que los Estados Miembros y las Instituciones Europeas la apliquen cuanto antes.


Dicha resolución subraya que la cohesión social en Europa se debe basar en el principio de "nada sobre las personas con discapacidad, sin las personas con discapacidad" y en que el acceso al empleo, bienes, servicios, educación y vida pública y social son un prerrequisito para la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.


Así, la propuesta de resolución indica que el Consejo invita a la Comisión Europea a apoyar la implementación de la Convención. También propone preparar una nueva Estrategia Europea de Discapacidad que se integre en el marco de la Estrategia Europea 2020, los Tratados Europeos y la Convención de Naciones Unidas, así como promover y mejorar la accesiblidad, gracias al establecimiento de un premio europeo anual para las ciudades accesibles.


Asimismo, plantea reforzar los mecanismos de colaboración y participación por parte de las personas con discapacidad, sus familias y los organismos o asociaciones que las representan.


Además, la resolución también invita a las instituciones Europeas, entre otras cosas, a garantizar el principio de igualdad de trato e igualdad de oportunidades, por ejemplo, incrementando el número de trabajadores con discapacidad en las instituciones; al mismo tiempo que hace un llamamiento a las futuras presidencias de la UE para que continúen manteniendo regularente las reuniones informales de ministros en materia de discapacidad.

Más información

miércoles, marzo 31, 2010

Poder no es deber y seguimos a la espera de que otros decidan si somos plenos perceptores del derecho de decidir por nosotros mismos.

España modificará leyes para adaptar la Convención de la ONU de Discapacidad

Foto de la Noticia

Foto: BALONCESTO PARA TODOS

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) - 
  

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un informe en el que se detalla que el Gobierno tendrá que realizar "ajustes normativos" en ámbitos que van desde la sanidad hasta la legislación civil, mercantil, penal o de integración laboral para que España pueda adaptarse a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en vigor desde mayo de 2008.

   Según informó en rueda de prensa la vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el informe, elaborado por un grupo interministerial presidido por la cartera de Sanidad y Política Social, plantea "una serie de ajustes normativos en diversos campos que inciden directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos".

   Para Fernández de la Vega, la traslación al ordenamiento jurídico español de la Convención de la ONU sobre discapacidad, supone que en España la atención a las personas en esta situación no se aborde como  "una preocupación de bienestar social, sino como una cuestión básica de derechos humanos".

   El informe detalla que si bien "la legislación española es una de las más avanzadas en el mundo en reconocimiento de derechos a las personas con discapacidad", aún "hay que realizar modificaciones normativas en diferentes materias para adaptarla a las directrices de la Convención".

DECIDIR "POR SÍ MISMOS"

   Entre las medidas propuestas, la vicepresidenta destacó la modificación legal que habrá que emprender para que las personas con discapacidad puedan decidir "por sí mismas" en procesos sanitarios como transplantes o ensayos clínicos o aquella que promoverá la igualdad de trato tanto en el matrimonio como en la paternidad.

   Además, se establecerá una "nueva definición del concepto de persona con discapacidad que supere la contenida en la Ley de Igualdad de Oportunidades" y se incluirá la discapacidad "como causa de no discriminación en su relación con las administraciones públicas sanitarias". En este sentido, se propone eliminar de las normas "los términos peyorativos como 'incapaz' o 'minusválido' y sustituirlos por 'persona con discapacidad'".

   En las áreas de legislación civil, mercantil y penal, las reformas afectarán a "cuestiones de Derecho Civil y de Derecho Procesal, para garantizar la igualdad en el reconocimiento como personas ante la ley, en el acceso a la justicia y el respeto del hogar y la familia y la igualdad de trato en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia y la paternidad", explica la referencia del Consejo.

   Respecto a la integración laboral, se prevé la revisión de la normativa sobre el acceso al empleo público, aumentando el cupo de reserva para las personas con discapacidad al siete por ciento; y sobre la contratación en el sector privado, para asegurar el cumplimiento de la cuota de reserva.

   El informe también recomienda realizar un estudio más exhaustivo en ámbitos como la educación, la accesibilidad o la propiedad horizontal, "debido a la complejidad de estos temas", conforme informó el Consejo de Ministros.

lunes, febrero 08, 2010

Los que dicen que nos representan parece que ya se mueven

Propondrán ajustes jurídicos

20 expertos velarán por el respeto a los derechos de los discapacitados

ESte lunes se ha constituido en Madrid el Comité de Apoyo del CERMI para el seguimiento en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Compuesto por 20 expertos cualificados en materia de derechos humanos, de diversas instancias tanto públicas como de la sociedad civil, el Comité es un órgano de soporte a la labor del CERMI de supervisar la aplicación de la Convención de la Discapacidad en España.

Con la creación de este Comité, el CERMI quiere contar con el parecer, las propuestas y las recomendaciones de todas aquellas instituciones y personas comprometidas con los derechos humanos, para desplegar en las mejores condiciones su función de órgano de la sociedad civil encargado de supervisar la aplicación de la Convención en nuestro país.

En la reunión de hoy, se han adoptado los objetivos y el plan de trabajo para el año en curso, que se centrarán en gran medida en la elaboración del Informe sobre Derechos Humanos y Discapacidad 2009, y en el estudio de propuestas para el ajuste del ordenamiento jurídico español a los principios, valores y mandatos de la Convención.

El CERMI es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a casi 5.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.

viernes, enero 15, 2010

Con motivo de la inclusión una de indios y otra de vaqueros.

Con motivo de la campaña emprendida por padres y madres de niños con diversidad funcional para que el pacto educativo contemple la inclusión de sus hijos, envié un modelo de demanda a la presidencia del gobierno de lo que ya dimos cuenta e información en anteriores entradas, habiendo recibido con fecha de hoy la respuesta que podréis visualizar clicando en el interior del casillero y ante la que emití el envio que sigue a continuación, en aclaración o contraposición a dicha respuesta.

De: Ciudadan@s [mailto:no-reply@presidencia.gob.es]
Enviado el: viernes, 15 de enero de 2010 12:24
Para: msierrahoyos@derechoshumanosya.org
Asunto: Presidencia del Gobierno

GABINETE DE LA PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO

Sr/a.

Se adjunta contestación relativa al escrito remitido por usted.

Atte.
Presidencia del Gobierno

De: Mª Ángeles Sierra Hoyos [mailto:msierrahoyos@derechoshumanosya.org]
Enviado el: viernes, 15 de enero de 2010 19:07
Para: 'Ciudadan@s'
Asunto: RE: Presidencia del Gobierno

Estimado Sr

Agradezco su atenta de hoy, en la que sin duda me manifiesta todo el cúmulo de voluntades legislativas y políticas existentes en nuestro país respecto a las personas con diversidad funcional (discapacidad) y más específicamente en el sistema  educativo, pero no así, -he de manifestarle-, concordante con la realidad administrativa que impera a la hora de su aplicación y que en la práctica del día a día, las contraviene y derrumba.

Razón ésta  que conlleva a que ante el abandono administrativo y la falta o escasez de recursos  para proporcionar esa igualdad de oportunidades que nuestras leyes garantizan,  un cada vez más numeroso grupo de ciudadanos con diversidad funcional y sus familiares, nos veamos día a día teniendo que alzar la voz para reclamar el espacio social que nos pertenece y del que en la práctica se nos discrimina.

Si bien es cierto que España ha sido uno de los primeros países en ratificar la Convención Internacional de los Derechos de las personas con Discapacidad, de lo cual muchos nos felicitamos, como medida de arranque y sobre todo de garantía a la hora de ejercer la exigibilidad que la misma Convención nos otorga en pro de nuestro derecho de igualdad e independencia, no lo es menos que este derecho y de una forma mayoritaria, aun hemos de conquistarle a fuerza de demandas, denuncias y batallas públicas porque la práctica social y administrativa diaria nos le viene a arrebatar.

En un Estado de Derecho, moderno y desarrollado como el nuestro estas situaciones que se producen por miles y a diario provocando el dolor, el sufrimiento y la merma del desarrollo humano de muchas personas y sus familias,  no deberían en modo alguno de producirse, por lo que entiendo que compete en primera instancia al Gobierno de la Nación hacer saber y valer a todas las administraciones y departamentos públicos  que de él penden que son este tipo de situaciones por negación de los apoyos legislativos llevados a la práctica,  -como la que hoy demandan por la inclusión real en las escuelas los padres y la madres-, las que de inmediato y por mera cuestión de derechos humanos,  deben erradicarse.

A la espera y en la confianza de su plena acción al respecto para que así sea, le saluda atentamente

Mª Ángeles Sierra.

9280740X

Activista Social por los Derechos Humanos.

P.D. Participo el envío de  este correo al Foro de Vida Independiente del que soy miembro para  su posterior publicación como medida de apoyo en los diferentes medios de comunicación de que sus miembros disponen y como medida de apoyo al artículo 8 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad relativo  a la toma de conciencia.

miércoles, enero 13, 2010

Piden al Gobierno que cuente con los discapacitados en el Pacto Educativo

 


H.H. > A CORUÑA

“Por un pacto educativo para todos” es el nombre del colectivo de madres gallegas que ha creado un blog para exigir al Gobierno que tenga en cuenta a los niños discapacitados en el Pacto de Estado Educativo que está configurando el Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, junto con el resto de formaciones políticas. Destacan en este grupo la coruñesa, Ester Cuadrado, y la pontevedresa, Cuca Da Silva, ambas creadoras del portal multimedia e impulsoras de los primeros contactos con el Congreso para que éste traslade su reivindicación a la comisión encargada de la redacción del borrador del convenio formativo.

El colectivo lo completan Inma Cardona, Eva Reduello y Marichu Moreno, todas ellas madres de niños que han sufrido problemas en el ámbito educativo por sufrir algún tipo de diversidad funcional.

El objetivo de las progenitoras es que en este pacto, que según sus promotores proporcionará equilibrio, estabilidad, cooperación y coherencia al sistema educativo, se establezcan las bases esenciales para que los menores con necesidades educativas especiales cuenten con un modelo que les ofrezca una asistencia en igualdad de oportunidades, tal y como especifican las leyes españolas.

Apoyos >

Hasta el momento, la web (http://pactoeducativoparatodos.blogspot.com/) ha logrado el apoyo de más de 1.500 personas y aseguran que esto es sólo el principio. Exigen que los centros educativos aseguren la accesibilidad en general para que el modelo educativo se pueda tildar de “inclusivo”. Las madres han remitido una serie de reivindicaciones a los diferentes grupos políticos que configuran el Congreso de los Diputados. Entre ellas destacan la adecuación de los entornos físicos, ayudantes técnicos educativos, que asuman el apoyo en las actividades básicas de la vida diaria, como ir al baño, asistencia en el comedor, desplazamiento y apoyo en la aplicación dentro del aula de los ejercicios programados para el alumno, así como en excursiones o cualquier otra actividad exterior.

Por otro lado, demandan la implantación de las TIC (Tecnología de la Información y Comunicación) en las clases teniendo en cuenta la accesibilidad de los niños con diversidad funcional. Aseguran que es necesaria la incorporación de profesionales cualificados para niños con necesidades específicas que necesiten atención personalizada, independientemente de que su diversidad sea física, sensorial o intelectual.

Por último, señalan que para lograr esta inclusión en el Pacto de Estado Educativo la administración central debe asegurar la formación para todo el profesorado en diversidad funcional.

Obligación >

En este contexto, el colectivo recuerda que España ratificó en 2008 la convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas, por lo que sostiene que las autoridades educativas están obligadas a respetar este tratado mundial, “poniendo al día su política educativa según la normativa de este convenio”, indica Esther Cuadrado.

El secretario de Ideas y Programas del PSOE y ex ministro de Trabajo, Jesús Caldera, ya ha contestado a las reclamaciones de estas madres. Asegura que transmitirá a al Gobierno esta demanda lo antes posible.

Fuente: El Ideal Gallego

martes, enero 12, 2010

EL CERMI FORMARÁ A ESTUDIANTES DE LA CARLOS III EN DEFENSA JURÍDICA DE LA DISCAPACIDAD

 

                                        

12/01/2010 SERVIMEDIA

Estudiantes de Ciencias Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid recibirán formación práctica en el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) en cuestiones de defensa jurídica de la discapacidad, según un acuerdo suscrito entre ambas entidades.

Los estudiantes, seleccionados por la universidad madrileña, realizarán un completo programa de prácticas en la Delegación del Cermi para la Convención de la ONU, con el fin de adquirir conocimientos y habilidades en relación con este tratado internacional protector de los derechos de las personas con discapacidad.

Con este acuerdo, el Cermi pretende contribuir a la formación de futuros profesionales jurídicos en materias relacionadas con la defensa jurídica de la discapacidad y, en concreto, con la aplicación en España de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.

Los estudiantes en prácticas analizarán las quejas y reclamaciones por violación de derechos que se reciben en Cermi y plantearán vías de acción y soluciones a la luz de la Convención de la ONU. También colaborarán en la redacción de informes y propuestas que el Cermi elabore en desarrollo de su cometido como entidad privada responsable del seguimiento de la Convención en España.

viernes, enero 08, 2010

A algunos nos gustaría poder cantar su cumplimiento. Entre tanto y tanto, cada uno en su estilo: ¡Cantemos!

La Convención de la ONU ya tiene himno


Fecha : 08/01/2010

El compositor Pablo Peláez ha sintetizado en una obra los ideales del texto de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una composición para orquesta, coro y solistas que lleva por título “Himno a la esperanza (Spes)”.


En la imagen, el compositor Pablo Peláez

El Auditorio Nacional de Madrid ha sido el escenario en el que se ha estrenado esta brillante composición, interpretada por la Orquesta Filarmonía y Coro Filarmónico dirigidos por Pascual Osa. Todos los derechos generados por esta obra serán destinados a acciones encaminadas a difundir la Convención, tal y como explica Ana Sastre, delegada del CERMI para el texto de Naciones Unidas.

"Al principio, se pensó en crear una Fundación que gestionase los derechos de la obra, pero finalmente hemos decidido que, por cuestiones de operatividad, rapidez y eficacia, que sea un contrato de cesión de derechos los que vincule la sinfonía con la Convención", explica Sastre. "De este modo, todo lo que genere económicamente servirá para impulsar nuevas acciones que difundan el texto", apostilla.

La obra está escrita en latín a parte de por la querencia del compositor a esta lengua, porque tiene vocación universal. "La obra nace con la intención de ser una instrumento de la Convención, de ahí que, a cuantas más personas llegue, mejor", cuenta Pablo Peláez.

"Hemos conseguido hacer un himno vitalista, entusista, capaz de abrir nuevas puertas y capaz también de contribuir a un cambio de mentalidad profundo y radical", concluye Peláez.

jueves, enero 07, 2010

¿Máscara o realidad? Solo el tiempo nos sacará de la incertidumbre de su hoy dudosa validez por la relación de dependencia con que arranca y el maridaje que presenta.

Un comité ciudadano realizará el seguimiento de la Convención de la ONU sobre discapacidad

El CERMI fue designado por el Ejecutivo español como órgano privado para la supervisión de la aplicación de este tratado internacional

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha creado un comité para asesorar a la plataforma de la discapacidad en sus funciones de órgano oficial de seguimiento de la aplicación en España de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En el citado comité tendrán cabida diversas instancias de la sociedad civil y personas expertas en derechos humanos y discapacidad, miembros de la judicatura, el ministerio fiscal, la universidad, las entidades genéricas de defensa de los derechos humanos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, etc. Además, estará abierto a la sociedad civil española, según destacó el CERMI, que recabará el apoyo y el asesoramiento de este Comité para desplegar y llevar a efecto su función de promover, seguir y supervisar la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España.

En septiembre, el CERMI fue designado por el Gobierno español como órgano privado para el seguimiento de este tratado internacional en nuestro país. Con la creación del Comité, el CERMI pretende reforzar esta labor para que todas las actividades que desarrolle cuenten con el parecer y las aportaciones de todos los sectores cívicos interesados por el respeto a los derechos humanos.

 

Fuente: Consumer Eroski

miércoles, septiembre 30, 2009

Vulneración de derechos = a derechos impracticables = a sistema inservible.

Un informe analiza los derechos humanos de las personas con discapacidad

El Cermi denuncia las vulneraciones

Persona con discapacidad

El Comité Ejecutivo del Cermi, ha aprobado el Informe de Derechos Humanos y Discapacidad 2008, elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para dar a conocer las vulneraciones que presenta este sector social con el fin de eliminarlas y restituir los derechos a estas personas, tal y como establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

JESSICA HERNÁNDEZ.El Informe, cuya autora es la delegada del Cermi para la Convención de la ONU, Ana Sastre, pone de manifiesto los déficits en materia de accesibilidad, recursos o educación, así como la existencia aún de prejuicios sociales que provocan la vulneración de muchos derechos fundamentales de las personas con discapacidad.

Según el Informe, "muchos de los casos relatados se han solucionado, o están en vías de hacerlo, antes de emprender acciones administrativas o judiciales, lo que refleja que las discriminaciones son en muchas ocasiones fruto del desconocimiento y de los prejuicios sociales". Por este motivo, continúa siendo "imprescindible el impulso y desarrollo de campañas de sensibilización y programas educativos que lleguen a todos los estamentos de la sociedad".

El documento recoge algunas contradicciones normativas que vulneran los derechos de las personas con discapacidad. Se hace alusión al Código Penal donde se contempla el supuesto de poder abortar si el feto tiene "graves taras físicas o psíquicas". El Informe argumenta al respecto que "implícitamente esta disposición normativa considera la vida de una persona con discapacidad como menos valiosa que la de un niño sin discapacidad al no protegerlos de la misma forma". En este sentido, el Cermi considera la legislación "claramente discriminatoria por no respetar el derecho a la vida y se exige una rectificación en la ley del aborto que se está elaborando".

El Informe también cuestiona los internamientos forzosos, en tanto que vulneran el derecho de libertad de la persona como recurso para el grupo de población con enfermedad mental. "En muchas ocasiones ni siquiera son escuchados y se les aplican procedimientos penales sin diagnosticar su enfermedad, provocándoles daños irreparables".

Asimismo, el documento destaca una de las contradicciones más relevantes que contempla el ordenamiento jurídico en relación a la Convención de la ONU, ya que permite la esterilización de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente sin su consentimiento.

El Cermi recuerda que la defensa del derecho a la familia es una de las prioridades que recoge la Convención, haciendo especial hincapié en el sistema de apoyos que debe habilitarse al efecto. La Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia establece recursos importantes para desarrollar este derecho, pero ni permite al usuario elegir los apoyos que más se adecúen a su situación, ni extiende las ayudas del asistente personal a todas las personas con discapacidad, ni considera el ocio como una parte fundamental del desarrollo de la persona. Además, hay Comunidades Autónomas que han dejado fuera del sistema de ayudas a los niños con discapacidades severas menores de 16 años por considerarles responsabilidad de los padres.

La reformulación del concepto de discapacidad es otro de los temas aludidos. Al respecto dice que "se trata de un concepto flexible, que se debe actualizar y va encaminado a designar el resultado de que existan barreras que impiden el desarrollo de determinados derechos". La actualización de los servicios y herramientas administrativas también deben modificarse para adecuarse a las necesidades de un sector de la sociedad cada vez más integrado, según este documento. Del mismo modo, reclaman la incorporación sistemática del factor discapacidad o de módulos específicos en la Encuesta de Población Activa (EPA), la Encuesta de Hogares o la de Salud y otras similares.

Los ámbitos educativo, laboral o sanitario también se abordan en el Informe desde la perspectiva de la discapacidad por entenderlos clave para el desarrollo autónomo de este grupo de población. Asimismo, se habla de la participación de las personas con discapacidad en las políticas que les afectan.

Por este motivo, el Cermi ha denunciado que el Ministerio de Sanidad y Política Social les ha dejado al margen de dos órganos fundamentales: La Comisión de Seguimiento de la Valoración del grado de minusvalía, que interpreta y define los criterios oficiales de discapacidad y la Comisión Asesora de la Prestación Ortoprotésica, que pretende revisar y actualizar el catálogo disponible.

SUSPENSO EN ACCESIBILIDAD

Según el Informe, la accesibilidad constituye "uno de los grandes fracasos de la política española de atención a las personas con discapacidad". Solo durante 2008 el Cermi denunció a más de 50 establecimientos de uso público por incumplir las normas de accesibilidad o por ser muchos de ellos impracticables para este sector social. Entre las denuncias se encuentran más de 25 edificios pertenecientes a la Administración General del Estado.

Además, las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas han agravado, según este Informe, los problemas de accesibilidad, "ya que en muchas de ellas ni siquiera tienen actualizado el concepto de discapacidad o incluidos los criterios de diseño para todos".

Algunas de las acciones positivas que se proponen en el Informe son la adaptación de los prospectos de los medicamentos mediante la inclusión de los textos en una página Web, el diseño de autobuses acondicionados para personas con discapacidad física y la incorporación de la accesibilidad en las páginas de Internet.

El Cermi valora, sin embargo, algunas experiencias positivas que ya se están desarrollando para la accesibilidad a los recursos culturales y de ocio como visitas específicas para este sector social en el Centro de Arte Reina Sofía y la utilización de audioguías y signoguías en el Museo de Arte Romano de Mérida.

En cuanto al acceso a la justicia, el movimiento asociativo lamenta que, por ejemplo, el Reglamento del Notariado califique como incapaces a todas las personas con discapacidad, salvo cuando ésta sea física. También, existe una falta de previsión en el ejercicio de la función de jurado en los tribunales populares, escasez de recursos accesibles para personas con discapacidades sensoriales y multitud de barreras arquitctónicas en las dependencias judiciales.

Las fuentes de información utilizadas para realizar el Informe han sido consultas y denuncias recibidas en el propio Cermi, acciones emprendidas, etc. Además, el documento resume casos de discriminación flagrante, se recogen resoluciones judiciales y se proponen iniciativas que se deberían llevar a cabo para que se apliquen los mensajes de la Convención de la ONU.

martes, septiembre 22, 2009

Mientras Rajoy critica a la oposición por su falta de sensibilidad con los dependientes, la alcaldesa de Aspe le contradice con su actitud.

 

Información.es » Elda

 

CRÍTICA MUNICIPAL

    La alcaldesa María Nieves Martínez Berenguer (PP)

  • · A l c a l d e s a ·

  • D o ñ a  M a r í a  N i e v e s  M a r t í n e z  B e r e n g u e r (P P)

       

    •  

    • El PSOE pide a la  alcaldesa

    • que no dé la espalda a los

    • dependientes de Aspe

    •  

    P. G. El portavoz del grupo municipal socialista de Aspe, Manuel Díez, ha reclamado a la alcaldesa, la popular Nieves Martínez, "un mayor compromiso con los posibles beneficiados por la Ley de Dependencia" que establece importantes prestaciones para aquellas personas que tienen problemas de autonomía en su vida.

    Los socialistas, adheridos a la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, vuelven a criticar los escasos recursos que el Ayuntamiento dedica a solucionar los graves problemas que la falta de aplicación de la Ley está produciendo en muchas personas mayores y enfermos crónicos.

    Diez explicó ayer que el equipo de gobierno del PP se ha limitado a realizar un contrato de acumulación de tareas a una trabajadora social para agilizar las visitas a domicilio y todo ello mediante dos contratos de dos meses cada uno. "Una actuación que -según el socialista- pone de manifiesto que ni para el PP ni para la alcaldesa, las personas y sus problemas son lo primero. Primero está la lealtad a su partido, que entorpece y pone trabas al cobro de esta prestación". Por eso exige todos los recursos necesarios para que los vecinos de Aspe disfruten de un derecho reconocido por Ley y critica a Nieves Martínez por dedicar esos a la "autopromoción y autobombo". Del mismo modo considera que no se puede consentir que 43 personas de Aspe hayan fallecido en estos dos últimos años esperando las ayudas. "En este caso la pasividad de la alcaldesa y sus concejales, sumado a la dejadez del Consell, les hace cómplices de estas tragedias", subraya Díez exigiendo "más valentía" al grupo municipal popular en la defensa de los intereses de sus vecinos en situación de dependencia. Que hasta el día de hoy son 400.

    domingo, septiembre 20, 2009

    El CERMI vigilará la aplicación en España de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad

     

    CERMI_10Aniversario

    Es el primer organismo

    independiente de la sociedad civil

    al que se encarga esta misión.

     

    • Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2009

    El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha sido designado esta semana, por acuerdo del Consejo Nacional de la Discapacidad, como primer organismo independiente de la sociedad civil encargado de la supervisión y seguimiento en España de la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

    Este tratado internacional establece en su artículo 33 que todos los países que hayan ratificado la Convención tendrán que designar uno o varios organismos privados, independientes de los gobiernos y administraciones, que velarán desde la sociedad civil por la correcta aplicación de este instrumento jurídico.

    Para desarrollar su cometido, el CERMI "creará un consejo amplio y plural en el que se integrarán instancias académicas, juristas expertos, activistas de derechos humanos y del movimiento de la discapacidad, entre otros". Este consejo elaborará un informe anual sobre derechos humanos y discapacidad en España, en el que se examinará el grado de cumplimiento de la Convención en nuestro país y su evolución. El estudio será trasladado al Gobierno español y a las Naciones Unidas.

    El CERMI aglutina a casi 5.000 asociaciones y entidades, que "representan en su conjunto a los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España".

     

     

    Bibiano

     

    El Cermi, designado organismo de la sociedad civil

    para el seguimiento de la Convención de la

    Discapacidad

     

    Es la primera instancia cívica que asume esta función

    Servimedia / Madrid- 18/09/2009

    El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha sido designado, por acuerdo del Consejo Nacional de la Discapacidad, presidido por la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, como primer organismo independiente de la sociedad civil encargado de la supervisión y seguimiento en España de la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

    Este tratado internacional establece en su artículo 33 que todos los países que hayan ratificado la Convención tendrán que designar uno o varios organismos privados, independientes de los gobiernos y administraciones, que velarán desde la sociedad civil por la correcta aplicación de este instrumento jurídico.

    El Cermi es la primera instancia cívica que asume esta función, pero nada impide que puedan sumarse otras en el futuro, siempre que acrediten vinculación con el activismo y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

    Para desarrollar este cometido, el Cermi creará un consejo amplio y plural en el que se integrarán instancias académicas, juristas expertos, activistas de derechos humanos y del movimiento de la discapacidad, entre otros.

    Anualmente, este consejo elaborará un informe sobre derechos humanos y discapacidad en España, en el que se examinará el grado de cumplimiento de la Convención en nuestro país y su evolución, que será trasladado al Gobierno español y a las Naciones Unidas.

    El Cermi es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a casi 5.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España.

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    lunes, junio 08, 2009

    Carta abierta al Secretario General de Políticas Sociales del Ministerio de Sanidad y Política Social.

     

    Francisco Moza Zapatero

    Estimado señor Francisco Moza Zapatero,

    Me dirijo a usted como Secretario general de políticas sociales del Ministerio de Sanidad.

    Mi nombre es Javier Romañach Cabrero y soy miembro del Foro de Vida Independiente, una agrupación ciudadana de más de 800 personas, coordinada por Internet, que lucha por los derechos de las personas discriminadas por su diversidad funcional (discapacidad) y por el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (diversidad funcional) de Naciones Unidas.

    Hoy he leído con sorpresa que van a dedicar 12 millones de euros al futuro centro de referencia estatal Stephen Hawking para discapacitados psíquicos y físicos que se va a construir en Langreo (Asturias)

    http://www.publico.es/ciencias/230800/tecnologia/vanguardia/discapacidad

    Desde el Foro de Vida Independiente asistimos con sorpresa al goteo incesante de inversiones millonarias en políticas sociales que contravienen lo establecido en el artículo 19 de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (diversidad funcional), que está vigente en España desde el 3 mayo 2008. 

    Si el dinero público se dedica a lo que contraviene la Convención, la lucha por conseguir la asistencia personal, que sí está establecida en esta Convención y es por lo tanto respetuosa con nuestros derechos humanos, se hace cada vez más ardua por los incesantes bloqueos que sufrimos por parte de las diferentes administraciones.

    Más desafortunado es todavía el nombre, ya que Stepehen Hawking llevó siempre una vida acorde con el artículo 19 de la Convención, lo que le permitió seguir investigando y dar clases en una universidad en lugar de ser recluido en un centro de este tipo.

    Ya se ha demostrado con proyectos pilotos de vida independiente realizados en varias comunidades autónomas que, con ese dinero, se podría pagar la asistencia personal de 60 personas durante un mínimo de seis años. De esta manera, el dinero en vez de ir a parar a constructoras, arquitectos, tecnología, etc. se dirigiría directamente a dar soluciones a las personas, a permitirles llevar una vida en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía; a llevar a cabo verdaderas políticas sociales orientadas a las personas.

    Por eso, desde el Foro de Vida Independiente no dejamos de preguntarnos cuándo las administraciones públicas se van a plantear realizar políticas sociales que sean acordes a la legislación vigente, que promocionan nuestra vida independiente, que promuevan nuestra igualdad de oportunidades, que erradiquen nuestra discriminación, y que no sean orientadas a recluirnos en edificios especiales para promover nuestra desigualdad de oportunidades y nuestra discriminación.

    De éstos y otros asuntos nos gustaría tener la oportunidad de hablar directamente con usted, para hacerle ver que existe un colectivo dispuesto a pedir a la administración que haga algo tan sencillo como cumplir la ley.

    Sabemos que lleva usted muy poco tiempo en el cargo y no podemos responsabilizarle directamente de estas actuaciones, pero sí nos gustaría colaborar con usted para qué, a partir de ahora, todas las políticas que salgan de su ministerio sean acordes a lo establecido en la Convención, que hoy es ley en España.

    La agradeceríamos tuviera a bien recibirnos cuando su agenda lo permita.

    Reciba un cordial saludo,
    Javier Romañach Cabrero
    Foro de Vida Independiente
    jromanac@diversocracia.org

    670 216 894

    PD - mando copia de este mensaje al Foro de Vida Independiente, más de 800 personas involucradas en el proceso de implantación de la Convención en España:

    http://www.derechoshumanosya.org/

    http://www.youtube.com/watch?v=xxzSf8UWmcA

    viernes, junio 05, 2009

    El cermi pide ser designado organismo privado de seguimiento de la convención de la onu sobre discapacidad en España

     

    MADRID, 4 (SERVIMEDIA) El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) solicitó hoy al Gobierno ser designado organismo privado para el seguimiento en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

    El citado tratado internacional obliga a los estados parte, entre los que se encuentra España, a designar uno o varios organismos privados, independientes de la Administración, encargados de realizar un seguimiento de la aplicación de la convención en cada país.

    Para dicho fin, el Cermi crearía un consejo amplio, que actúe como organismo de supervisión, en el que estarían representadas todas las instancias de la sociedad civil que trabajan en la promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

    Una vez recibiera la designación oficial por parte del Gobierno, dicho consejo operaría emitiendo informes anuales de seguimiento y planteando propuestas y recomendaciones como consecuencia de las investigaciones y quejas que reciba.

    Junto a los posibles organismos privados de seguimiento, la convención prevé que exista también un órgano público, de carácter gubernamental, que en el caso de España ha correspondido al Consejo Nacional de la Discapacidad, creado por la Ley 51/2003.

    (SERVIMEDIA) 04-JUN-2009 JHM/caa

    sábado, mayo 23, 2009

    INAUGURAN FORO DE DERECHOS HUMANOS EN BAJA CALIFORNIA

    Tijuana, B.C.., viernes 22 de mayo de 2009.-  arcoiris

    “El Congreso del Estado ha abierto las puertas a los discapacitados y el compromiso de hoy es que todas las iniciativas que se presenten sólo serán aprobadas hasta en tanto sean avaladas por las personas, grupos y asociaciones de discapacitados en el Estado”. Con estas palabras puso en marcha los trabajos del Foro de Derechos Humanos en Baja California, la Presidenta de la Comisión de Asistencia Social, Grupos Indí¬genas, Grupos Vulnerables y Derechos Humanos de la XIX Legislatura, Diputada Adriana Guadalupe Sánchez Martí¬nez, el cual tuvo verificativo este dí¬a en las instalaciones del Centro Cultural Tijuana. El evento tuvo como expositor al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), doctor José Luí¬s Soberanes Hernández, así¬ como al Coordinador de Asuntos Internacionales del mismo organismo, licenciado Alexis Asatashvili y al Procurador General de Justicia en el Estado, licenciado Rommel Moreno Manjares. El Foro se llevó a cabo en presencia del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Diputado Enrique Méndez Juárez, así¬ como de los Diputados locales Ana Marí¬a Fuentes Dí¬az, Juan Manuel Molina Garcí¬a y José Alfredo Ferreiro Velazco, además del Procurador de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, licenciado Francisco Javier Sánchez Corona. En su mensaje de inauguración, pronunciado ante un numeroso público entre los que estuvieron presentes representantes de organismos no gubernamentales dedicados a defender a personas con capacidades diferentes, la Diputada Sánchez Martí¬nez destacó la importancia del convenio de colaboración entre la CNDH y la Procuradurí¬a de Justicia del Estado, signado en este mismo evento, ya que tiene como propósito lograr una mayor protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes y de las personas con alguna discapacidad. Subrayó que una máxima hoy en dí¬a es que los derechos de la migrantes sean respetados y protegidos, independientemente de su nacionalidad o calidad migratoria, en tanto que las personas con discapacidad merecen vivir con la misma dignidad e igualdad de trato que el resto de la población y la sociedad debe proporcionarles una vida independiente y una participación plena. Abundó que el Congreso del Estado acordó abrirles las puertas a los discapacitados y para rematar adelantó que al final de este Foro de Derechos Humanos, se pretende que mediante el intercambio de ideas y experiencias se puedan conjugar esfuerzos para impulsar en los sectores gubernamentales, Iniciativa Privada y la sociedad civil, el respeto y protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos del Estado, “pero muy en particular de aquellos grupos más vulnerables”. Encuentro29.com

    sábado, mayo 16, 2009

    Algo personal

     
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    Nadie está preparado para enfrentarse a una situación tan complicada, como la que encaran día a día las personas en situación de dependencia y sus cuidadores.

    Te levantas una mañana y… ¡ahí está!.

    Resulta muy duro aceptar que un ser querido va a necesitar tu total ayuda durante mucho tiempo. ¿Quién de nosotros, cuidadores, no se ha desesperado, no ha querido que esta situación termine lo antes posible?

    Y luego, el remordimiento, cómo he podido yo pensar eso; si es lo que más queremos en el mundo, si vivimos y sufrimos por ellos?. Sabemos lo que necesitan antes de que lo pidan, con una simple mirada lo que sienten. Aguantamos situaciones absurdas, interminables noches sin dormir, "guarrerías" de todas clases,....

    ¿Quién está preparado para enfrentarse a esto? Dejar tu vida laboral, social, la familiar se altera hasta lo indecible... ¿Cuántas lágrimas hemos derramado, cuántas hemos contenido para que no se sientan culpables?

    Pero tenemos una fuerza increíble, un algo que nos sale de dentro, que nos impulsa a luchar, por ellos y por nosotros, por todos los que ya están y los que vendrán.

    No nos queremos esconder como en el siglo pasado, no queremos avergonzarnos de nuestros hijos, de nuestros familiares, ...no queremos que se les considere menos que a los demás.

    QUEREMOS QUE TENGAN LOS MISMOS DERECHOS QUE EL RESTO DE LA CIUDADANIA.

    Derechos que por primera vez en nuestra historia nos reconoce la Ley. ¿Y qué sucede?

    Que nuestros gobernantes valencianos, lo que hemos elegido nosotros en las urnas, los que administran nuestro dinero (el de todos), los que deben velar porque se cumplan las leyes. (La que en éste caso ellos mismos han votado) nos engañan, nos mienten con todo el descaro de que son capaces.

    Me indigna pensar que representan a todos los valencianos (por lo visto a nosotros un poco menos). Y me vuelvo a preguntar: ¿qué les dirá su confesor, o es qué para ellos no es importante un sector tan necesitado como el nuestro? Debe ser algo intrascendente que nos utilicen, qué creen falsas esperanzas, que echen la culpa a los demás....

    Pero son ellos, los Sres. Camps y Cotino, los que tienen la obligación, jurada ante toda la ciudadanía, ante Dios y los hombres de proteger nuestros derechos, de aplicar la ley, "sin tejemanejes", sin ocultismos, sin engaños,....

    Y nosotros, los que sufrimos su mala gestión, los que sabemos que las  cosas se pueden hacer mucho mejor, gastando menos dinero y beneficiando a más gente les queremos decir:

    Que no estamos solos, que la sociedad entera está reaccionando ante lo injusto de esta situación y que nos van a tener que oír, les guste o no.

    Porque somos fuertes, porque esa rabia contenido ante lo injusto e inesperado de las situaciones a las que nos enfrentamos va a salir (el sábado 16 de mayo a las 6 en San Agustín, (Valencia). Por las personas que más queremos, por nosotros mismos, por nuestros derechos.

    TODOS JUNTOS LO CONSEGUIREMOS, PORQUE ES JUSTO LO QUE PEDIMOS, PORQUE LA LEY NOS HA OTORGADO UNOS DERECHOS.

    No vamos a dar un paso atrás ni para tomar impulso, nos apoyaremos en los demás para seguir si es necesario, pero nunca cederemos un centímetro de lo que se avance en materia social ¿qué se han creído?

    Nos van a oír porque se lo vamos a gritar bajo su balcón.

    Hasta el sábado.

    Palmira Castellano (AVaDeC)

    jueves, mayo 07, 2009

    Derechos para las personas con discapacidad

    Logo ONU

    Magdy Martínez Solimán, coordinador resi -


    06/05/2009


    Ayer celebramos un año, tras haberse recibido la vigésima ratificación de la Convención y la décima del Protocolo Facultativo, de la entrada en vigor del mejor instrumento normativo de que se haya dotado la comunidad internacional para adelantar la frontera de derechos y la esperanza de una vida con dignidad de las personas con discapacidad. En ese año hemos podido sumar 139 estados firmantes de la Convención, 82 signatarios del protocolo, 53 ratificaciones de aquélla, y 32 de éste, siendo Sudán el más reciente. Mucho debemos a la ciencia y a la sociedad civil.
    Ahora sabemos que en la vulnerabilidad de nuestros conciudadanos que viven con discapacidad hay no sólo una condición diagnosticable sino sobre todo una negativa social a que aumenten sus capacidades, al vedárseles la educación, el trabajo, el ocio, el acceso a casi todo, la salud, los demás servicios públicos y una vida familiar digna de ese nombre.
    También hemos aprendido cuánto tienen que ver las discapacidades con el desarrollo. Cuántas de ellas tienen su origen o su agravante en situaciones de escasez y necesidad, trabajos penosos, accidentes laborales en condiciones insalubres o peligrosas, o debidos a malas infraestructuras, violencia y conflictos, guerras y tortura. Hay en el mundo en torno a 650 millones de seres humanos que viven con discapacidad, un 10% de la población mundial, y en torno al mismo porcentaje cifra en México. Son la mayor minoría discriminada del planeta. Estas personas suelen proceder de un entorno pobre, a veces causante de la discapacidad, y su discapacidad les empobrece, en una espiral sin salida.
    Como siempre, las personas con discapacidad y sin medios lo tienen casi imposible para superar las barreras y necesitan un apoyo más intenso. De nuestra acción depende su porvenir. Eso han venido a decir los 139 firmantes de la Convención: si antes se afirmaba que el grado de civilización de una sociedad se podía medir, a simple vista, por el trato que dispensaba a sus mayores, añadamos ahora a las personas que viven con discapacidad. Y desconfíe quien esto lea de los lugares en que 10% de la población se torna invisible: es porque está escondida, oculta a las miradas, atemorizada y segregada en guetos y reclusorios cuyas paredes son, a veces, los muros de la vergüenza ajena de sus familias.
    Frente a ese pasado, tenemos por delante un futuro de derechos. Estamos construyendo un mundo con menos pobreza, en el que nacerán menos personas con discapacidad por falta de atención médica a sus madres, en el que se evitarán accidentes y violencia, en el que se atenderán situaciones de riesgo y atraso para evitar que se agraven y deriven en discapacidad. Estamos reduciendo la vulnerabilidad. También está promoviéndose el desarrollo humano de las personas que viven con alguna discapacidad, con avances médicos y tecnológicos pero sobre todo con solidaridad social, desterrando la discriminación. Nada duele más a un/a joven que vérsele negado el acceso a un lugar de ocio por causa de una discapacidad, no poder presentarse a una oferta de trabajo a causa de las barreras de la indiferencia, tener prohibidas relaciones normales para la gente de su edad porque los tabúes lo impiden. Nada integra más que la diversión, la cultura, un empleo o un noviazgo. Ellos y ellas también tienen derecho a eso.
    No se trata sólo de construir miles de rampas en nuestras aceras. Las mayores empresas comerciales de los países ricos ya han descubierto -y bienvenidas sean- que los carritos eléctricos en los supermercados aumentan las ventas ya que sus productos devienen accesibles a un sector de consumidores antes excluidos. La accesibilidad del entorno físico es un primer paso. Es preciso efectuar un gran número de lo que la Convención llama "ajustes razonables", es decir, modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan cargas desproporcionadas, para garantizar a las personas con discapacidad el disfrute de sus derechos humanos y libertades. Es aún más importante pensar los productos, entornos y servicios con diseños universales, de manera que puedan ser utilizados por todas las personas sin necesidad de ajustes.
    Los estados, los particulares, las empresas, los centros de enseñanza, los municipios, la sociedad civil, todos y todas tenemos algo que aportar para hacer avanzar esta frontera de civilización. Lo primero es actuar, ya que no hacerlo equivale a discriminar. Lo segundo es, obviamente, no discriminar por acción. Estas letras forman parte de un esfuerzo de abogacía para que tomemos conciencia, que comparte Naciones Unidas, quien esto escribe y el diario que lo publica. No debería ser preciso recordarlo, pero hay situaciones de crueldad extrema que nos obligan a decir que las personas con discapacidad tienen derecho a la vida y a la libertad. Hemos de pensar en las situaciones específicas que viven las mujeres con discapacidad, y los niños y niñas con discapacidad, todas las personas con discapacidad cuando se dan situaciones de riesgo y de emergencia. La accesibilidad ha de superar el entorno y adentrarse al mercado de trabajo. Es importante vigilar que en ese y otros contextos no se produzca ni abuso, ni explotación, ni violencia.
    El acceso a la justicia es fundamental para personas en riesgo permanente de que se les cercenen sus derechos. Deben tener derecho a moverse libremente dentro y fuera de su país y a vivir de forma independiente. Para estas personas son fundamentales los derechos a la salud y a la educación, pero también el de participación política, en la vida cultural y en el deporte. Para que se desarrollen con éxito políticas públicas integrales, son finalmente necesarios un nivel adecuado de recursos y una información precisa de la realidad y evolución de las distintas situaciones de discapacidad, datos y estadísticas, análisis e investigación.
    Dentro de un año México y las demás naciones firmantes deberán presentar al secretario general de Naciones Unidas su primer informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la Convención y sobre los progresos realizados. México fue uno de los países líderes en el Comité Especial que preparó el tratado, un liderazgo personificado en don Gilberto Rincón Gallardo, que simboliza en una simbiosis perfecta al Estado mexicano y a su sociedad civil. El mejor tributo que pudiéramos rendir a su incansable y exitosa labor de defensa de los derechos humanos sería ayudar a producir avances claros en la condición social de las personas que en México viven con discapacidad. El Congreso de la Unión, en una encomiable revisión legislativa, está reformando la Ley General de las Personas con Discapacidad, para recibir de forma plena las normas más progresivas de la Convención en el corpus legal de la República. El Senado podría asimismo reflexionar sobre la efectividad de reservas que pueden confundir, más que ayudar a promover derechos en base al principio "pro persona", es decir la aplicabilidad de la norma más beneficiosa de cuantas puedan invocarse. Y los tribunales del país podrían aportar un activismo tutelar de los derechos de quienes menos los pueden defender, haciéndose valedores de la Convención como los demás poderes del Estado.
    Hemos avanzado en la definición de derechos a nivel internacional, pero no es a ese nivel al que se disfrutan y ejercen las libertades, sino en nuestras ciudades y pueblos, en el trabajo y en la escuela, en los lugares de diversión y encuentro, ante las cortes de justicia y en los servicios públicos, en los medios de comunicación, en los hospitales. En las mil y una actividades que tejen el presenten, que crean posibilidad de futuro. Como dice la Convención, es preciso promover el respeto de la dignidad inherente de las personas con discapacidad; esa es la mejor medida de nuestra propia dignidad. Garanticemos los derechos de nuestras y nuestros conciudadanos, sin reserva alguna.

    (Artículo publicado en El Universal)

    viernes, mayo 01, 2009

    Derechos humanos ¡Ya!

    CáDIZ

    José Antonio Giñán, Presidente de la Junta de Andalucia
    Carta al nuevo presidente de la

    Junta de Andalucía






    Sr. Presidente:


    Desde principios de enero he venido siguiendo con inquietud las noticias relacionadas con la retirada a sus padres, personas con discapacidad, de una recién nacida en un hospital de Cádiz.

    El asunto tendrá la solución que tendrá, porque como persona con un elevado grado de discapacidad, que precisa importantes apoyos, incluso para respirar, le puedo garantizar que el personal sanitario implicado desaconseja casi sistemáticamente los embarazos por considerarlos de alto riesgo, ocultando su desconocimiento profesional para tratar a una mujer con discapacidad en esta situación.

    Pero en este caso la cuestión es más grave. Si el conocimiento profesional del personal sanitario es escaso, el del de Servicios Sociales es prácticamente inexistente, especialmente cuando se trata de discapacidades intelectuales o mentales. Es de público conocimiento que a la pareja de discapacitados fue conminada por parte de dos trabajadoras sociales a que la embarazada abortara, siendo lo grave del asunto que la situación de la embarazada y del feto no está contemplada como supuesto que permita la interrupción del embarazo. Ni hubo violación, ni la salud del feto y la madre corrían peligro.

    Usted es el responsable de que la legalidad impere en Andalucía y no puede mirar para otro lado. Como primer andaluz debe de ser el primer defensor de la legalidad vigente y no puede permitir que miles de ciudadanos nos preguntemos si el ofrecimiento de las trabajadoras sociales responde a instrucciones internas de la Junta, como en el caso de la denegación del derecho a la asistencia personal a los menores de 16 años. ¿Se llevan a cabo abortos en centros sanitarios del SAS a personas con discapacidad en supuestos que no contempla la legalidad vigente?

    El hecho de que no se hayan iniciado actuaciones para reunir a esta familia pone en cuestión el cumplimiento de lo ordenado por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y, entre otras cosas, la utilidad de programas financiados y publicitados a bombo y platillo por la Junta, como es el caso del Programa de Vida Independiente para personas con Síndrome de Down. ¿En qué consiste eso de: 'Este proceso es necesario culminarlo con el desarrollo de programas de formación en Vida Independiente, que van más allá de la mera satisfacción de las necesidades para entrar en el terreno de los apoyos para la autonomía personal, las oportunidades para la elección y la toma de decisiones, como reflejo de una vida integrada en la comunidad.'

    La actualidad me ha llevado a la conclusión de que desde los poderes públicos y la administración existe una doble vara de medir. La capacidad para cualquier cosa se cuestiona siempre cuando se trata de personas con discapacidad que precisan apoyos, y se da por sentada cuando se trata de ciudadanos 'perfectos'.

    Para ilustrar lo anterior quiero que considere dos casos.
    1) Los medios de comunicación se han hecho eco de que a principios del año pasado una niña de 5 años fue un domingo por la tarde sola a comprar un paquete de patatas y desapareció, seguramente no era la primera vez que iba sola, y el padre se plantó en casa de un vecino, conocido pederasta en el barrio, para interesarse por su hija. Días después apareció el cadáver de la niña y poco después la policía detuvo al pederasta que resultó tener una orden judicial para averiguar su paradero, pero no se había expedido la orden de busca y captura.

    Muchos ríos de tinta han corrido sobre el caso, la familia del menor clama públicamente por el mal funcionamiento del sistema judicial y han llegado a entrevistarse con Rodríguez para pedir la pena de muerte. La de Dios se ha liado con el expediente abierto al juez, una parte de este asunto ha llevado a dimitir a un ministro, pero nadie ha cuestionado públicamente la actuación de los padres. El servicio de menores de la Junta desde luego que no, ni ningún tertuliano de los muchos programas que han tratado el asunto. Cierto es que los padres arrastran un inmenso dolor, pero nadie se ha pronunciado sobre el hecho de que la menor fuera sola a la calle. De haber sido hija de los padres con discapacidad de Cádiz ¿Qué se hubiera dicho?

    2) También recogía la prensa recientemente que un penado había sido trasladado a un centro penitenciario en el que cumple condena su pareja; que ha tenido recientemente el segundo hijo, concebido como el primero en un bis a bis en otro centro penitenciario. El Ministerio del Interior posibilita que los penados mantengan relaciones íntimas en sus centros, incluso entre ellos, como es el caso, y no cuestiona la idoneidad de las reclusas para ejercer de madres. Incluso de aquellas que penan por haber por asesinato, entre otros de un joven de Ermua. Tampoco es baladí el hecho de que el padre también pena por asesinato, además del joven de Ermua por el hermano del Defensor del Pueblo, cosa que me llega a concluir de la legalidad de la situación, pero me plantea la pregunta de ¿Por qué se prestan apoyos para que una reclusa tenga a sus hijos con ella durante 3 años y a la madre discapacitada de Cádiz se le separa de su hija a las 48 de haber nacido? ¿Por qué se cuestiona la capacidad de los padres discapacitados y no se les presta ningún apoyo para ejercer la paternidad y a penados por asesinato no se les cuestiona y se les presta apoyos?

    Evidentemente el Ministerio del Interior ha evaluado la situación y circunstancias personales de la pareja de penados y considerado que su idoneidad para ejercer la paternidad, permitiendo la legalidad vigente que los hijos convivan con la madre hasta los tres años. Supongo que el periodo de tres años obedece, entre otras, a que el menor disfrute del derecho a la lactancia que preconiza la OMS; por ello se me hace especialmente difícil comprender los motivos por los cuales se le impide a la hija de la discapacitada disfrutar del derecho a la lactancia materna.

    Cuando presida el Consejo de Gobierno andaluz, por favor, lea en voz alta el art 23.4 de la convención y pregunte:

    • A la Consejera de Salud si se practican abortos en centros públicos de supuestos no contemplados en la ley.

    • A la Consejera de ¿Igualdad? y Bienestar Social si existe alguna instrucción para que se coaccione a las personas discapacitadas para que aborten, si en centros y residencias públicas de discapacitados se permite y prestan apoyos para el ejercicio del derecho a ejercer la sexualidad, qué apoyos existen para que residentes discapacitados en centros públicos convivan con hijos tenidos durante su estancia en el centro;

    • Al Consejero de Empleo qué prestaciones cubren a los desempleados discapacitados y qué programas o actuaciones han realizado respecto a esta pareja de padres;

    • A la Consejera de Justicia que seguimiento llevan los juzgados de la rendición de cuentas de quienes ostentan la curatela y si en el caso de Sara, la madre discapacitada, se ha verificado que el curador ha dado cuenta de sus actuaciones anualmente;

    • Al consejero de Vivienda,, dado que la pareja vivía en un piso sin agua y luz que no reunía condiciones de habitabilidad para un menor, qué procede para que se beneficien de una de las 700.000 viviendas a las que el anterior Presidente aludió en su intervención en el programa 'Tengo una pregunta para usted'.

    Su formación jurídica y experiencia como Ministro de Trabajo y Seguridad Social me dan la plena confianza de que sabrá encontrar el procedimiento pertinente para que se haga realidad lo preconizado por la Convención. No obstante me permito hacerle dos consideraciones. La primera es que desde tiempo inmemorial personas con capacidad intelectual limite han criado a hermanos y sobrinos, pero paradójicamente no se les ha considerado capacitadas para tener y criar hijos propios. La segunda es que los informes técnicos han avalado la incapacidad de personas con Síndrome de Down para completar estudios normalizados y prescrito la educación en centros especiales, pero la familia de Pablo Pineda no sabía que era imposible que su hijo pudiera obtener una titulación universitaria y lo hizo, quizá en una Universidad Especial.

    Si algo me ha decidido a escribirle es el hecho de que en su discurso de investidura usted hizo una apuesta decidida por la igualdad y transversalidad. Estoy seguro de que hará honor al compromiso adquirido en sede Parlamentaria.

    Valencia, 25 de abril de 2009

    Fdo: Vicente Valero Sanchis


    Fuente: La Voz Digital - Cádiz

    lunes, abril 27, 2009

    Carta remitida al nuevo Presidente de la Junta de Andalucía en relación al caso de Sara, David y su hijita Esmeralda.

    José A. Griñán, nuevo Presidente de la Junta de Andalucía



    José Antonio Griñán Martínez

    Presidente de la Junta Andalucía

    Palacio de San Telmo

    Avda. de Roma, s/n

    41013 - Sevilla




    Sr. Presidente:

    Desde principios de enero he venido siguiendo con inquietud las noticias relacionadas con la retirada a sus padres, personas con discapacidad, de una recién nacida en un hospital de Cádiz.

    El asunto tendrá la solución que tendrá, porque como persona con un elevado grado de discapacidad, que precisa importantes apoyos, incluso para respirar, le puedo garantizar que el personal sanitario implicado desaconseja casi sistemáticamente los embarazos por considerarlos de alto riesgo, ocultando su desconocimiento profesional para tratar a una mujer con discapacidad en esta situación.

    Pero en este caso la cuestión es más grave. Si el conocimiento profesional del personal sanitario es escaso, el del de Servicios Sociales es prácticamente inexistente, especialmente cuando se trata de discapacidades intelectuales o mentales. Es de público conocimiento que a la pareja de discapacitados fue conminada por parte de dos trabajadoras sociales a que la embarazada abortara, siendo lo grave del asunto que la situación de la embarazada y del feto no está contemplada como supuesto que permita la interrupción del embarazo. Ni hubo violación, ni la salud del feto y la madre corrían peligro.

    Usted es el responsable de que la legalidad impere en Andalucía y no puede mirar para otro lado. Como primer andaluz debe de ser el primer defensor de la legalidad vigente y no puede permitir que miles de ciudadanos nos preguntemos si el ofrecimiento de las trabajadoras sociales responde a instrucciones internas de la Junta, como en el caso de la denegación del derecho a la asistencia personal a los menores de 16 años. ¿Se llevan a cabo abortos en centros sanitarios del SAS a personas con discapacidad en supuestos que no contempla la legalidad vigente?

    El hecho de que no se hayan iniciado actuaciones para reunir a esta familia pone en cuestión el cumplimiento de lo ordenado por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y, entre otras cosas, la utilidad de programas financiados y publicitados a bombo y platillo por la Junta, como es el caso del Programa de Vida Independiente para personas con Síndrome de Down. ¿En qué consiste eso de: "Este proceso es necesario culminarlo con el desarrollo de programas de formación en Vida Independiente, que van más allá de la mera satisfacción de las necesidades para entrar en el terreno de los apoyos para la autonomía personal, las oportunidades para la elección y la toma de decisiones, como reflejo de una vida integrada en la comunidad."

    La actualidad me ha llevado a la conclusión de que desde los poderes públicos y la administración existe una doble vara de medir. La capacidad para cualquier cosa se cuestiona siempre cuando se trata de personas con discapacidad que precisan apoyos, y se da por sentada cuando se trata de ciudadanos "perfectos".

    Para ilustrar lo anterior quiero que considere dos casos.

    1) Los medios de comunicación se han hecho eco de que a principios del año pasado una niña de 5 años fue un domingo por la tarde sola a comprar un paquete de patatas y desapareció, seguramente no era la primera vez que iba sola, y el padre se plantó en casa de un vecino, conocido pederasta en el barrio, para interesarse por su hija. Días después apareció el cadáver de la niña y poco después la policía detuvo al pederasta que resultó tener una orden judicial para averiguar su paradero, pero no se había expedido la orden de busca y captura.

    Muchos ríos de tinta han corrido sobre el caso, la familia del menor clama públicamente por el mal funcionamiento del sistema judicial y han llegado a entrevistarse con Rodríguez para pedir la pena de muerte. La de Dios se ha liado con el expediente abierto al juez, una parte de este asunto ha llevado a dimitir a un ministro, pero nadie ha cuestionado públicamente la actuación de los padres. El servicio de menores de la Junta desde luego que no, ni ningún tertuliano de los muchos programas que han tratado el asunto. Cierto es que los padres arrastran un inmenso dolor, pero nadie se ha pronunciado sobre el hecho de que la menor fuera sola a la calle. De haber sido hija de los padres con discapacidad de Cádiz ¿Qué se hubiera dicho?

    2) También recogía la prensa recientemente que un penado había sido trasladado a un centro penitenciario en el que cumple condena su pareja; que ha tenido recientemente el segundo hijo, concebido como el primero en un bis a bis en otro centro penitenciario. El Ministerio del Interior posibilita que los penados mantengan relaciones íntimas en sus centros, incluso entre ellos, como es el caso, y no cuestiona la idoneidad de las reclusas para ejercer de madres. Incluso de aquellas que penan por haber por asesinato, entre otros de un joven de Ermua. Tampoco es baladí el hecho de que el padre también pena por asesinato, además del joven de Ermua por el hermano del Defensor del Pueblo, cosa que me llega a concluir de la legalidad de la situación, pero me plantea la pregunta de ¿Por qué se prestan apoyos para que una reclusa tenga a sus hijos con ella durante 3 años y a la madre discapacitada de Cádiz se le separa de su hija a las 48 de haber nacido? ¿Por qué se cuestiona la capacidad de los padres discapacitados y no se les presta ningún apoyo para ejercer la paternidad y a penados por asesinato no se les cuestiona y se les presta apoyos?

    Evidentemente el Ministerio del Interior ha evaluado la situación y circunstancias personales de la pareja de penados y considerado que su idoneidad para ejercer la paternidad, permitiendo la legalidad vigente que los hijos convivan con la madre hasta los tres años. Supongo que el periodo de tres años obedece, entre otras, a que el menor disfrute del derecho a la lactancia que preconiza la OMS; por ello se me hace especialmente difícil comprender los motivos por los cuales se le impide a la hija de la discapacitada disfrutar del derecho a la lactancia materna.

    Cuando presida el Consejo de Gobierno andaluz, por favor, lea en voz alta el art 23.4 de la convención y pregunte:

    • A la Consejera de Salud si se practican abortos en centros públicos de supuestos no contemplados en la ley.

    • A la Consejera de ¿Igualdad? y Bienestar Social si existe alguna instrucción para que se coaccione a las personas discapacitadas para que aborten, si en centros y residencias públicas de discapacitados se permite y prestan apoyos para el ejercicio del derecho a ejercer la sexualidad, qué apoyos existen para que residentes discapacitados en centros públicos convivan con hijos tenidos durante su estancia en el centro;

    • Al Consejero de Empleo qué prestaciones cubren a los desempleados discapacitados y qué programas o actuaciones han realizado respecto a esta pareja de padres;

    • A la Consejera de Justicia que seguimiento llevan los juzgados de la rendición de cuentas de quienes ostentan la curatela y si en el caso de Sara, la madre discapacitada, se ha verificado que el curador ha dado cuenta de sus actuaciones anualmente;

    • Al consejero de Vivienda,, dado que la pareja vivía en un piso sin agua y luz que no reunía condiciones de habitabilidad para un menor, qué procede para que se beneficien de una de las 700.000 viviendas a las que el anterior Presidente aludió en su intervención en el programa "Tengo una pregunta para usted".

    Su formación jurídica y experiencia como Ministro de Trabajo y Seguridad Social me dan la plena confianza de que sabrá encontrar el procedimiento pertinente para que se haga realidad lo preconizado por la Convención. No obstante me permito hacerle dos consideraciones. La primera es que desde tiempo inmemorial personas con capacidad intelectual limite han criado a hermanos y sobrinos, pero paradójicamente no se les ha considerado capacitadas para tener y criar hijos propios. La segunda es que los informes técnicos han avalado la incapacidad de personas con Síndrome de Down para completar estudios normalizados y prescrito la educación en centros especiales, pero la familia de Pablo Pineda no sabía que era imposible que su hijo pudiera obtener una titulación universitaria y lo hizo, quizá en una Universidad Especial.

    Si algo me ha decidido a escribirle es el hecho de que en su discurso de investidura usted hizo una apuesta decidida por la igualdad y transversalidad. Estoy seguro de que hará honor al compromiso adquirido en sede Parlamentaria.

    Valencia, 25 de abril de 2009

    Fdo: Vicente Valero Sanchis